Evo Morales denuncia que su inhabilitación es ilegal e inconstitucional: “No podrán proscribir al pueblo”

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Evo califica de “ilegal” su inhabilitación como candidato pero dice que la acatará

El expresidente Evo Morales aseguró que la decisión de dejarlo fuera de las elecciones del 18 de octubre fue “ilegal e inconstitucional”, pero anunció que acatará el fallo judicial.

La tarde de hoy, lunes, el vocal Alfredo Jaimes emitió su voto para definir el empate de los vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en una demanda de amparo que presentó el expresidente Evo Morales, reclamando la vulneración de sus derechos porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inhabilitó para ser candidato a senador por Cochabamba.

Jaimes votó por denegar la tutela al expresidente y con ello confirmar la determinación del TSE que inhabilitó la postulación de Morales por considerar que no cumplía con el requisito de dos años de permanencia en el lugar al cual postula.

“Bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo”, dijo Morales en cuenta de Twitter tras conocer el fallo del vocal.

Tres horas después de que se conociera la decisión de la Sala Constitucional Segunda no se pronunciaron en sus cuentas de Twitter los candidatos a la presidencia de vicepresidencia del MAS, menos los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Eva Copa y Sergio Choque respectivamente.

Después de media, Morales volvió a colocar un nuevo tuit para decir que: Nosotros acataremos esa decisión porque nuestro compromiso y prioridad es que el pueblo salga de la crisis. No caeremos en ninguna provocación, el pueblo volverá a gobernarse a sí mismo, pacífica y democráticamente.

Correo del Sur


Políticos celebran la decisión de los vocales constitucionales sobre inhabilitación de Evo

Los políticos celebran la decisión del vocal dirimidor, Alfredo Jaimes, que resolvió denegar el amparo interpuesto por Evo Morales, con lo que se tendría que acatar la decisión del Tribunal Supremo Electoral que inhabilita la candidatura del exmandatario, porque no cumple con el requisito de la residencia permanente para ser candidato a senador por Cochabamba.

El candidato a presidente por Creemos, Luis Fernando Camacho dijo que este fallo es un mensaje de que la democracia boliviana se está recuperando y Evo Morales cada vez influirá menos en el sistema político boliviano. “Los únicos lugares seguros que tiene Evo son los tribunales de justicia que lo juzgarán por sus crímenes y la cárcel de Chonchocoro”.

Camacho indicó que “Evo Morales ya estaba inhabilitado por el TSE. La Sala Penal Constitucional de La Paz no podía prevaricar y emitir un fallo contraproducente que hubiera incendiado al país. Es evidente que Evo Morales no cumple con los requisitos para ser inscrito. Él fugó hace nueve meses del país, dejando detrás una montaña de crímenes e ilegalidades, entre ellas el fraude (electoral) del 20 de octubre”.

El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, también se manifestó. “Quedó definitivamente cerrado el debate sobre la pretensión de Morales de postularse al Senado violando la Ley. Saludamos la preeminencia de la decisión del TSE, la única instancia con la legitimidad para decidir sobre temas electorales”, escribió en su cuenta de Twitter.

Para su acompañante de fórmula, Gustavo Pedraza, Evo Morales ya estaba inhabilitado por el TSE, y el el Tribunal de la Sala Constitucional de La Paz “ha procedido correctamente, no podía modificar una decisión de un órgano de poder independiente”.

A criterio del vicepresidenciable de CC, “Evo Morales debe responder ante la justicia por varias acusaciones y los bolivianos debemos mirar el futuro, no podemos volver al pasado, el MAS ya gobernó 14 años y no resolvió los principales problemas, como la corrupción, el empleo y la salud”.

El candidato a vicepresidente de la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, calificó como una buena noticia la determinación de los vocales constitucionales. “Realizaremos las primeras elecciones de una nueva etapa histórica sin Evo Morales. Un símbolo de lo que queremos: un futuro fresco, nuevo, sin su sombra”, escribió en su cuenta de Twitter.

El vocero de la alianza Juntos, Carlos Manuel Saavedra, indicó que no se debió llegar a esa instancia tomando en cuenta que los fallos del Tribunal Supremo Electoral son inapelables.

Saavedra ve importante tener la certeza de que hay un ciudadano que mandó cercar ciudades, que no cumple con el requisito de la residencia permanente en el país, no será parte de la lista de candidatos para las elecciones del 18 de octubre.

Sobre el caso

El martes 1 de septiembre, los vocales René Delgado Ecos y Heriberto Pomier Madriaga no lograron ponerse de acuerdo sobre si Evo Morales puede ser o no candidato a senador por Cochabamba y la Sala Constitucional Segunda de La Paz declaró un cuarto intermedio, hasta que se convocara a un tercer vocal que debía dirimir este empate de votos.

Según los datos extraoficiales, René Delgado se inclinó por rehabilitar a Evo Morales como candidato; mientras que el otro vocal, Heriberto Pomier decidió la ratificación del fallo del Tribunal Supremo Electoral.

Alfredo Jaimes Terrazas, de la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto, fue convocado para dirimir en este caso y su decisión terminó inhabilitando la candidatura de Morales al senado nacional.

El Deber


El Procurador del Estado afirma que Morales será declarado prófugo de la Ley

Bolivia presentó ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, juicio penal por “genocidio y otros delitos de lesa humanidad” en contra de los ciudadanos Juan Evo Morales Ayma y Juan Carlos Guarachi.

El Procurador General del Estado, Dr. José María Cabrera Dalence, considera que, si los sindicados no se presentan ante dicha instancia internacional, se solicitará se los declare rebeldes y contumaces y por tanto prófugos de la Ley, en cuya consecuencia se tendrá que expedir mandamientos de aprehensión a nivel internacional que los debe ejecutar la INTERPOL.

Manifestó que el fundamente principal de la acción penal es que el ciudadano Juan Evo Morales Ayma instruyó a militantes del Movimiento Al Socialismo interferir todo tránsito y provisión de alimentos a ciudades capitales de Departamento de Bolivia, instruyó el cerco territorial a las ciudades donde habitan millones de seres humanos.

En cuanto al ciudadano, militante del MAS Juan Carlos Huarachi, por haber incitado y haber sido ejecutor del bloqueo de carreteras mediante explosiones de dinamita, obstrucción a la asistencia oportuna con oxígeno, elementos de bioseguridad como ser barbijos, respiradores para terapia intensiva e instrumental médico, atentando en forma criminal contra médicos, enfermeras, destrucción de ambulancias que llevaban las señales de Cruz Roja y no haber permitido el ingreso de alimentos, medicamentos, a los centros urbanos de todas las capitales de Departamento de Bolivia.

Cabe recordar que el 4 de septiembre 2020 el Procurador General del Estado se constituyó en la sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya, para presentar acción penal en contra de Juan Evo Morales Ayma y Juan Carlos Huarachi, en su condición de ciudadanos, por delitos de lesa humanidad, «genocidio, terrorismo», de acuerdo al artículo 14 del Estatuto de Roma, por cercos a las poblaciones y bloqueo de carreteras, que durante más de 10 días impidieron el paso de alimentos, oxígeno medicinal, ambulancias, médicos, enfermeras, paramédicos, que provocó la muerte de al menos 40 pacientes del COVID-19 por falta oportuna de oxígeno.

En la oportunidad fue recibido en audiencia oficial por la Fiscal General de la Corte Penal Internacional Dra. Fatou Bensoda. La CPI efectúa la investigación preliminar sobre dicho caso.

Jornada


Cuatro frentes políticos, en la mira por campañas masivas

Cuatro frentes políticos incumplieron las determinaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el inicio de las campañas con miras a las Elecciones Generales del 18 de octubre.

En las imágenes difundidas por diferentes medios, se puede evidenciar que algunos candidatos y sus seguidores no respetaron los protocolos de bioseguridad establecidos a nivel nacional y municipal y menos se adaptaron a las limitaciones y recomendaciones de salud, en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC), Juntos y Creemos organizaron caravanas y concentraciones en diferentes departamentos del país, que derivaron en críticas.

De acuerdo con el Calendario Electoral, el 6 de septiembre comenzó la campaña electoral y el 18 se realizará la difusión de la propaganda a través de medios masivos de comunicación.

A LA CÁRCEL El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó el lunes, citado por ERBOL, que el candidato del MAS, Luis Arce, debería ir preso por atentado contra la salud puesto que participó en una concentración proselitista en el Trópico de Cochabamba donde los asistentes no cumplían las medidas de seguridad de distanciamiento físico y uso del barbijo. El acto se registró en Ivirgarzama y también participaron dirigentes sindicales y el candidato Andrónico Rodríguez.

“Lo que se ve en esas fotos es un crimen, es un crimen total y a quién deberían meter a la cárcel es a los organizadores de este evento, comenzando del candidato, deberían ir presos”, dijo.

Para la autoridad, desde la Alcaldía de ese municipio se debería haber clausurado el acto de campaña, en el marco de las normativas vigentes.

UN DISCURSO El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, criticó la organización de caravanas, incluso de su propio partido, el MAS.

“Todos los partidos que decían que cuidemos nuestra salud para estas fechas salieron en caravana. En Santa Cruz salió Juntos, salió el MAS y dónde está lo que decían cuidemos la salud y quedémonos en casa”, manifestó.

En ese sentido, afirmó que los partidos deben coordinar con los municipios para hacer sus campañas con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y de quiénes participan en estas actividades y a quienes incumplan se los debe sancionar.

LA CAMPAÑA La Ley Electoral y su reglamento no contemplan las nuevas características de la campaña, en medio de la emergencia sanitaria, sin embargo establecen prohibiciones y restricciones por el uso de símbolos patrios; de niños y niñas en campaña; de bienes, personal, servicios y recursos públicos o la participación de funcionarios en horarios laborales en actos de campaña, entre otras que derivan en faltas y sanciones.

Asimismo, dispone que el TSE, de oficio o por denuncia dispondrá la remoción y destrucción de todo el material de campaña electoral que contravenga prohibiciones.

Por otro lado, establece que la difusión o fijación de cualquier material impreso, pintado, cartel, afiche, volante o análogo de campaña electoral en espacios públicos, así como la realización de actos públicos estarán sujetas de manera estricta a las disposiciones municipales y “no debe perjudicar la estética y la higiene urbana”.

ROMPETEXTO

MUNICIPIOS

La Ley Electoral señala que los gobiernos municipales son los encargados de establecer y aplicar las sanciones.

APUNTES

LAS PROHIBICIONES

* En la campaña electoral está prohibido:

a) Utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas.

b) Obstaculizar o impedir la realización de campaña electoral mediante

violencia o vías de hecho, en espacios públicos de todo el territorio

nacional.

c) Afectar la higiene y la estética urbana.

d) Fijar carteles, vallas, gigantografías, banners, pasacalles y otros en un radio de 100 metros del lugar de funcionamiento de un Tribunal Electoral.

e) Producir y distribuir materiales impresos para la campaña electoral, que contravengan las prohibiciones establecidas en la Ley para la propaganda electoral.

* A denuncia de cualquier persona o de oficio, la autoridad electoral competente dispondrá la remoción y destrucción de los materiales objeto de la infracción, con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario, y la utilización de esta última para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos lesionados por actos de violencia o vías de hecho. En caso de la comisión de delitos, además, remitirá antecedentes al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal pertinente.

Opinión


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