Evo Morales sobre su proscripción: “La derecha boliviana no respeta ni las leyes de la Constitución”

FOTO: SERGIO PIEMONTE
316

Evo Morales califica de ilegal su inhabilitación en Bolivia

El expresidente boliviano Evo Morales concedió este jueves una entrevista al programa Enclave Política de teleSUR. En su intervención en la emisión televisiva expresó su rechazo a la inhabilitación política de la que fue blanco en Bolivia el pasado día 7 de septiembre.

Sobre esto expresó que “inhabilitaron a Evo (Morales) pero no van a proscribir al pueblo porque está unido”. Asimismo indicó que “yo estoy fuera de Bolivia por el golpe de Estado” pero si el actual Gobierno de facto se apegara a la Constitución el exmandatario estaría presente en las elecciones.

También, precisó que “es ilegal mi inhabilitación en Bolivia” y al respecto agregó que “la derecha boliviana no respeta ni las leyes de la Constitución”.

Sobre el Movimiento al Socialismo (MAS) explicó que es “único en el mundo porque viene de los sectores humillados, discriminados y amenzados al exterminio”. Igualmente indicó que “hemos roto la política norteamericana” y que por eso algunos sectores “quieren proscribir el movimiento”.

Sobre los intentos de desestabilización que han sufrido en el país expuso que “en el año 2006 intentaron encerrarme, pero no lo lograron por la movilización popular”. “El plan era procesarme, sentenciarme e inhabilitarme como candidato a presidente”, agregó Morales.

Además, destacó varios de los asuntos característicos del movimiento político como por ejemplo que es el único que tiene visión de país.

Sobre algunos temas en América Latina expresó que “en Ecuador hubo una grave traición al compañero Rafael”. También, apuntó que la traición no solo era al expresidente ecuatoriano sino que era al propio pueblo.

Asimismo, detalló que existen algunos países de América que en coordinación con Estados Unidos buscan atacar a los países progresistas como Venezuela, Bolivia y Ecuador.

“La política de Estados Unidos en nuestra región es privatizar nuestros recursos naturales. Los pueblos y movimientos sociales son conscientes y están dispuestos para defender la democracia, la paz, la soberanía, etcétera”, comentó Evo Morales.

Dedicó algunos minutos para referirse a lo que acontece sobre la Covid-19. Al respecto dijo que “la pandemia del coronavirus es una guerra biológica para acabar con las personas de la tercera edad, con las personas discapacitadas, la gente humilde y pobre”, sobre todo en el trato que le han dado gobernantes como el estadounidense Donald Trump.

En tanto al tema de Bolivia expresó su preocupación con algunos miembros del MAS. “En Bolivia tenemos hasta ahora cuatro candidatos a la Asamblea detenidos injustamente por falsas acusaciones de terroristas y al menos 20 candidatos más en arresto domiciliario y con procesos judiciales” sostuvo.

Finalmente, expresó que “nos falta recuperar la democracia, recuperar la democracia es recuperar la patria” en Bolivia. “Estamos defendiendo y vamos a defender las políticas de nacionalización y profundizar la industrialización”, comentó para hacer más próspero el país.

Como último punto expuso su visión sobre lo que acontecía en el país. “Las elecciones en Bolivia no son libres, ni transparentes, ni democráticas. Sigue la persecución a dirigentes. Hago un llamado a la comunidad internacional para que vele por este proceso” enfatizó Morales.

TeleSur


Luis Arce denuncia sistemática violación de DD.HH en Bolivia

El candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, denunció la sistemática violación de derechos humanos que comete hoy el gobierno de facto en Bolivia.

En una videoconferencia organizada por el excandidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami, fundador del Grupo de Puebla, Arce subrayó que de ganar en los venideros comicios del 18 de octubre trabajará para sacar adelante al país.

Con la apuesta en el modelo económico redistribuidor del ingreso que aplicó la gestión del expresidente Evo Morales, víctima de un golpe de estado, el candidato presidencial del MAS destacó que desde ese brazo político plantean la industrialización con sustitución de importaciones y una revolución productiva agropecuaria y tecnológica.

En su propuesta programática de gobierno también está desarrollar el turismo interno mientras dure la pandemia y una serie de medidas como el impuesto a las grandes fortunas.

De ganar, en lo inmediato, dijo, vamos a asegurar la producción de alimentos, porque luego de una pandemia como la que sufrimos hoy viene un período de hambruna y hay que tomar previsiones para que se garantice el alimento y medidas de apoyo al sector agropecuario.

El aspirante presidencial tiene previsto un plan a corto, mediano y largo plazo que abarque la industrialización y apuesta por darles bríos a varios sectores.

Queremos tener una planta de tercera generación en tecnología, de producción de diésel a partir del reciclaje de algunos aceites y grasas animales, adelantó.

Al ahondar en lo hecho por el MAS durante la gestión de Morales, el exministro de Economía señaló que sacaron a más de dos millones de personas de la pobreza, somos apenas 11 millones de habitantes y había 3,6 millones de bolivianos en la pobreza extrema, recordó.

Cuando asumimos en 2006 el Estado estaba en quiebra, pero desde el primer momento se trabajó para sacar el país adelante. Esto estamos proponiendo en este nuevo momento histórico del país, concluyó.

La Época


HRW: El gobierno de Áñez abusa del sistema de justicia para perseguir a partidarios y colaboradores de Morales

Por Miguel Gómez

Human Rights Watch (HRW) publicó este viernes el informe La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, en el que acusa al gobierno transitorio de Jeanine Áñez de abusar del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales. Más aún, señala que los cargos por terrorismo contra el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) parecen responder a motivaciones políticas, por lo cual pide retirarlos.

El texto de 53 páginas documenta casos promovidos con “cargos desproporcionados o infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”, según una nota de prensa de la organización defensora de los Derechos Humanos; paralelamente, presenta casos de “abuso del sistema de justicia contra opositores a Morales durante su gobierno (2006-2019)”.

“Los fiscales pueden y deben investigar, si tienen información creíble, un delito cometido por quien sea, incluyendo altos exfuncionarios públicos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, según la nota de prensa. “Sin embargo, es crucial que la Fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del gobierno de turno”.

La indagación se realizó tras la renuncia de Morales, el 10 de noviembre del año pasado, asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que tome esa decisión, en medio de denuncias de fraude en las elecciones de octubre que le dieron por ganador. Además, un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó esa tesis, auditoría que ha sido criticada por estudios internacionales.

Ante ello, el entonces presidente partió con destino a México, para luego, en diciembre, trasladarse a Argentina como refugiado político, donde permanece actualmente. Dos días después de su dimisión, la senadora Jeanine Áñez asumió el poder, en una posesión salpicada de polémica, y se comprometió a convocar a comicios.

Más de 100 casos contra vinculados a Morales

“Áñez, actual presidenta interina, tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo. Decenas más están siendo investigadas penalmente por presunta pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos”, indica HRW.

El comunicado añade que la entidad analizó miles de páginas de documentos judiciales e informes policiales en 21 casos, además que tuvo acceso al expediente en el cual se acusa de terrorismo a Morales. Las entrevistas realizadas por HRW incluyen al “ministro de Gobierno, Arturo Murillo; la defensora del Pueblo, Nadia Cruz; fiscales, abogados defensores, personas que participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones (a favor y en contra de Morales), testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes asesinados”.

Se critica que hubo casos en que los fiscales presentaron cargos “por terrorismo contra personas por el simple hecho de haber tenido contacto telefónico con Morales. A otras personas se les imputaron delitos por haber ejercido su libertad de expresión al publicar críticas contra el gobierno en internet”.

Los casos descritos por el informe incluyen la imputación contra Patricia Hermosa, apoderada y exjefa de Gabinete de Morales, por los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, “exclusivamente en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que este renunciara. La detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada. En marzo, tuvo un aborto espontáneo”.

También se toma en cuenta la imputación contra Mauricio Jara, simpatizante de Morales, por los “delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública, al parecer por haber ejercido su libertad de expresión”. El documento añade que como “prueba de su participación en actividades delictivas, la policía manifestó que Jara supuestamente había calificado al gobierno de ‘tirano’ y ‘dictatorial’, se había referido a la muerte de al menos 10 manifestantes en Senkata en noviembre de 2019 como una ‘masacre’, había ‘desinformado’ y había exhortado a que se llevaran a cabo protestas. Jara se encuentra actualmente en detención preventiva”.

Y el caso del juez Hugo Huacani igualmente forma parte del informe, autoridad judicial que otorgó la detención domiciliaria a Edith Chávez, quien trabajaba como “empleada doméstica” del exministro Carlos Romero. El documnto indica que “dos abogados del gobierno denunciaron al juez ante la policía por su presunta ‘falta de independencia’. La policía aprehendió al juez, quien estuvo detenido hasta el día siguiente, cuando otro magistrado resolvió que su arresto había sido ilegal. Huacani fue acusado por la Fiscalía, por incumplimiento de deberes y por tomar decisiones contrarias a la ley”.

HRW señala que Morales fue imputado por terrorismo y financiamiento del terrorismo, delitos que son penados con hasta 20 años de cárcel, a la par de otras causas abiertas contra el expresidente y que son impulsadas por el gobierno de Áñez.

“Los cargos de terrorismo contra Morales se basan en una llamada telefónica realizada en noviembre de 2019, días después de que Morales dejara el cargo, en la cual una persona que presuntamente sería Morales instó a un colaborador a movilizar a manifestantes para que bloquearan carreteras de acceso a algunas ciudades e impidieran el ingreso de alimentos. En la llamada, la persona dice: “combate, combate, combate” e insta a ‘dar dura batalla a la dictadura’, en referencia al gobierno interino de la presidenta Áñez”, explica el documento.

El informe se refiere igualmente a las movilizaciones de octubre y noviembre. “Aunque la mayoría de las protestas se desarrollaron en forma pacífica, algunos manifestantes a favor y en contra de Morales presuntamente secuestraron a personas asociadas con el bando contrario, quemaron viviendas y otros edificios, y cometieron otros actos de violencia, incluyendo el asesinato de dos manifestantes contrarios a Morales en la localidad de Montero por presuntos simpatizantes de Morales”.

Asimismo, remarca que en la grabación por la cual se acusa a Morales, “las personas que hablan no se refieren al uso de la violencia ni a la participación en alguno de los actos violentos que se habían producido. Los fiscales sostienen que Morales ordenó que se cometieran actos de violencia. Sin embargo, las pruebas incluidas en el expediente a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch (que consisten, principalmente, en esa única llamada telefónica) no dan el menor sustento a esa acusación”.

“Las declaraciones atribuidas a Morales son, sin duda, preocupantes, y es razonable que los fiscales investiguen si constituyen un delito conforme al derecho boliviano”, afirmó Vivanco, siempre según la nota de prensa. “Sin embargo, aplicar la definición de terrorismo de la legislación boliviana, que es excesivamente amplia, para conseguir una condena a 20 años de cárcel contra Morales no guarda ninguna proporción con la conducta reflejada en la llamada telefónica y más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios”. Ante ello, la organización pide que se retiren los cargos contra el exmandatario.

La Razón


Mesa reta a Arce a un debate sobre salud y economía ‘cuando quiera’

Por Paulo Cuiza

Desde su cuenta en Twitter, el candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, retó a su contrincante Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), a un debate sobre salud y economía. Espero, dijo, que el exministro de Economía no rehúya al debate como lo hizo el exmandatario Evo Morales.

“Espero que Luis Arce acepte el debate cuando quiera, en el medio que quiera”, desafió Mesa, en un video, en el que también sostuvo que Arce “fue cómplice del despilfarro y la corrupción de @evoespueblo, y eso no le permite sostener las ofertas que hace. Por ello, lo reto a un debate público, espero que acepte y no huya como Morales. Aquí estoy, ponga fecha, hora y medio”.

Mesa dijo que en 14 años de Gobierno, el MAS gozó de los beneficios de los precios altos de las materias primas y recibió más dinero que “jamás haya recibido gobierno alguno durante la historia republicana”.

“Yo quiero debatir con él sobre salud pero sobre todo de economía, y que nos cuente que nos propone y quiero poner en evidencia el conjunto de contradicciones y de un pasado que no le permite hacer las ofertas que plantea”, dijo Mesa.

El vocero del MAS Sebastián Michel sostuvo que existen al menos cuatro invitaciones para debatir y que hay que ver cuál de ellas se consolidad, en tanto que en relación al reto de Mesa, éste advirtió: «Seguramente él piensa que todos están todos pendientes de sus tuits» indicó.

En una última encuesta difundida el domingo por la noche por la red Unitel, Arce tiene el primer lugar de intención de voto con 26,2%. Luego está Mesa con 17,1%, y el tercer lugar es para la actual presidenta Jeanine Áñez, de Juntos, con 10,4%.

La Razón


VOLVER
Más notas sobre el tema