Más de 10 expresidentes de la región piden “terminar con las proscripciones” en Ecuador

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Ex presidentes latinoamericanos encabezados por Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inacio Lula Da Silva (Brasil), José Mujica, (Uruguay), Ernesto Samper (Colombia), Evo Morales (Bolivia), y excancilleres, como Celso Amorin, Jorge Taiana, David Choquehucanca, Jose Miguel Insulsa, quien además fue secretario general de la OEA, pidieron este sábado a través de una nota al Gobierno de Ecuador que “termine con las proscripciones” de candidatos para las elecciones que se celebrarán en ese país en febrero de 2021.

“Expresamos nuestra honda preocupación por las decisiones adoptadas por las autoridades electorales ecuatorianas con el objetivo de proscribir a la agrupación política denominada ‘Revolución Ciudadana’, en la que participa el expresidente Rafael Correa, junto a destacados dirigentes políticos ecuatorianos”, se señala en la nota que firma además el presidente del Parlasur, Oscar Laborde.

La nota recuerda que “en los dos últimos años, les fue negada en tres ocasiones la autorización para obtener vida jurídica” a ese espació político y se instó al gobierno de Lenín Moreno a “respetar las normas nacionales e internacionales que aseguren la vigencia de la democracia efectiva” en la nación andina.

El pasado martes 15 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador eliminó del Registro de partidos políticos a “Fuerza Compromiso Social”, la agrupación en la que la Revolución Ciudadana había encontrado un espacio de participación para los comicios del año que viene.

“Esta eliminación se produce después de cuatro años que esa agrupación política fuera aprobada legalmente, después de haber participado en tres procesos electorales y dos días antes del período de inscripción de candidaturas”, sostienen los dirigentes que suscriben la misiva.

También remarcan que Compromiso Social obtuvo dos de las tres prefecturas o gobernaciones de mayor caudal electoral del país.

“Lo más grave es que estas decisiones estatales violan lo expresamente contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA y la propia Constitución de la República de Ecuador”. Todos esos estatutos “garantizan el derecho a la libre asociación, a la no discriminación y a la participación política de la ciudadanía”.

Revolución Ciudadana logró en los últimos días que otra organización política, denominada “Centro Democrático” les permita un nuevo espacio de participación, con la que inscribirán a sus candidatos en los próximos días.

“Sin embargo, un vocal del CNE ha hecho declaraciones en el sentido de que no aceptarían la inscripción de Centro Democrático alegando preceptos legales inexistentes, lo que devendría en quebrantamiento de la democracia y marginación de millones de ecuatorianos que han expresado su voluntad de apoyar al proyecto político de la Revolución Ciudadana”, se subraya en el texto.

Y por último, los dirigentes exhortan a las autoridades ecuatorianas “a respetar los principios y normas nacionales e internacionales que aseguren la vigencia de la democracia efectiva en el Ecuador”.

El texto también lleva las rúbricas de otros expresidentes como Manuel Zelaya (Honduras ), Alvaro Colom (Guatemala), Tabaré Vázquez (Uruguay), Martín Torrijos (Panamá ), Salvador Sánchez Cerén ( El Salvador ) y Leonel Fernández (República Dominicana ).

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Ámbito Financiero


CNE insiste en que Finanzas obstaculiza las elecciones presidenciales

Por Santiago Aguilar Morán

El Consejo Nacional Electoral (CNE) insiste en que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) obstaculiza las elecciones presidenciales de 2021, al no entregar los USD 20 millones que necesita el organismo electoral para iniciar los contratos del personal necesario para iniciar el proceso.

El CNE sostiene que para llevar adelante las elecciones se necesitan USD 114 millones. Sin embargo, para el MEF alcanza con el mismo presupuesto del año pasado, es decir USD 99 millones. Esta institución ya entregó USD 1,35 millones para pagar a quienes integren las Juntas Electorales en cada provincia y en ese rubro surgen las discrepancias.

Para Diana Atamaint, presidenta del CNE, los vocales de Junta deben ganar USD 2.597 en tanto que para el ministerio solo deben percibir USD 2.368. Lo mismo sucede en el caso de los secretarios de Juntas provinciales. El CNE propone un salario de USD 1.212, mientras que Finanzas insiste en que sea de USD 986. De acuerdo a la cartera de Estado, la asignación entregada permitirá la contratación de 149 personas.

Atamaint dijo que, de los USD 20 millones solicitados por el CNE a Martínez para poder empezar con los procesos de compras públicas, el órgano electoral no ha recibido un solo centavo del Ministerio de Finanzas. “Apenas hemos recibido dinero para los sueldos de los miembros de las Juntas Provinciales Electorales, que incluso está reducido y eso tiene que ser analizado si es pertinente o no”, dijo Atamaint.

“Haremos el requerimiento necesario para la ejecución de las actividades del 2020 y que deben entregarse de forma inmediata porque estamos con los tiempos y plazo justos”, dijo Atamaint.

La impresión de papeletas

El Ministerio de Finanzas entregó USD 3,12 millones al Instituto Geográfico Militar, que es la institución encargada de de imprimir las papeletas electorales. En ese hecho, se sostiene esta cartera para defenderse de las acusaciones de la presidenta del CNE, máxima autoridad del país durante el período de elecciones.

Finanzas defiende sus acciones bajo el argumento de que entregará los recursos económicos en la medida en que el proceso se desarrolle. Sostiene que no puede entregar todo debido a la crisis económica que atraviesa el país.

Richard Martínez, bajo presión

Tendremos que analizar la posibilidad de mirar de cerca de que no se esté entorpeciendo el desarrollo y el desenvolvimiento normal del proceso electoral”, señaló Diana Atamaint a la prensa el pasado viernes 18 de septiembre. La presidenta no descarta denunciar al Ministro de Economía, Richard Martínez, por incumplir con la asignación presupuestaria correspondiente a la primera fase del proceso electoral.

“No es una amenaza, estamos salvaguardando un proceso planificado, presupuestado para llegar a cumplir un calendario electoral. Esto se trata de defender la democracia”, mencionó la presidenta.

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