Paraguay | El EPP libera al empleado del exvicepresidente Óscar Denis

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EPP libera a Adelio Mendoza, secuestrado junto a Óscar Denis

Adelio Mendoza (21), el joven que fue secuestrado el pasado miércoles junto al exvicepresidente Óscar Denis (74) fue liberado en la tarde de este lunes, algo que ya estaba previsto como parte de las negociaciones para el pago del chantaje impuesto por el grupo criminal EPP a la familia Denis. Su liberación fue confirmada por las autoridades.

La liberación del peón se produjo en un camino vecinal, cerca de la estancia Tranquerita, lo que indica que lo tenían próximo a la zona del secuestro.

Mendoza, integrante de la comunidad indígena Pãi Tavyterã, acompañaba a Denis cuando fueron interceptados por el grupo de criminales en un camino interno de la estancia Tranquerita. Su liberación ya había sido anticipada el pasado viernes por la familia del exvicepresidente, ya que esto fue anunciado en el panfleto que dejó el grupo criminal junto con sus exigencias.

En un video que muestra las primeras imágenes de Adelio luego de llegar a su comunidad se lo ve vistiendo una camiseta celeste, que luego se saca. Entre sollozos y gestos de cariño de quienes lo rodean, se lo ve también bebiendo agua y siendo refrescado.

ABC conversó telefónicamente con Ismael Mendoza, hermano de Adelio, quien confirmó que el mismo se encuentra bien pero que no quiere hablar en este momento. Indicó que mañana podría responder preguntas.

Más tarde se compartieron otras imágenes en las cuales se lo ve alimentándose, ya vestido con ropas limpias. También se distribuyeron fotografías en las que se observa a un militar haciéndole una inspección física. Según se puede ver, ya que Adelio está con el torso desnudo, y descalzo, no aparenta tener marcas de golpes o torturas. En las imagénes se nota que el joven es de contextura física menuda.

Se cree que Adelio trae un mensaje del grupo criminal para dar a la familia del político liberal, que clama un canal de comunicación con los secuestradores. Durante la noche, parte del equipo fiscal asignado al caso se reunió junto al liberado, y se aguardan novedades sobre cualquier pista respecto al exvicepresidente.

No obstante, previamente un equipo de psicólogos del Ministerio Público y funcionarios de Derechos Étnicos le brindaron asistencia.

No obstante, Óscar Denis sigue en poder de los criminales, ya que es utilizado por los mismos como principal elemento de extorsión, no solo a los familiares a los que exigieron la entrega de víveres con fines propagandísticos del EPP, sino también contra el Gobierno, ya que plantearon la liberación de los líderes del grupo criminal Carmen Villalba y Alcides Oviedo.

Respecto a dichas exigencias, los criminales del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) había emplazado hasta este domingo a las 22:00, como tiempo máximo para la liberación de Villalba y Oviedo, de los contrario, según sus propias palabras, “el caso quedará como cerrado y el retenido fusilado”.

ABC Color


Gobierno reitera recompensa de G. 1.000 millones por líderes del EPP

El Gobierno reitera el ofrecimiento de G. 1.000 millones por información certera de los líderes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que tiene en cautiverio al ex vicepresidente de la República Óscar Denis, su empleado Adelio Mendoza y al suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo.

El Gobierno ofrece la suma de G. 1.000 millones a aquellas personas que brinden alguna información certera sobre dónde encontrar a los líderes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que opera en la zona Norte del país.

Las autoridades necesitan información sobre Osvaldo Daniel Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, Esteban Marín López y Luciano Argüello.

Garantizan confidencialidad para aquellas personas que brinden información sobre estas personas llamando al número *377.

El ex vicepresidente de la República Óscar Denis, de 74 años, y su empleado Adelio Mendoza, de 21, fueron secuestrados en la tarde del pasado miércoles de su estancia denominada Tranquerita, en la ciudad de Bella Vista Norte, en el Departamento de Amambay.

La camioneta de Óscar Denis fue encontrada abandonada con las puertas abiertas y en ella había panfletos en los cuales una célula del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), denominada Brigada Indígena del EPP, se atribuye el secuestro de ambas personas.

El grupo criminal exigió el viernes pasado para la liberación de Óscar Denis y de Adelio Mendoza que la familia del político liberal reparta provistas a 40 comunidades por un valor total de USD 2 millones, USD 50.000 a cada comunidad, en un plazo que vence este miércoles.

Además, exigieron la libertad de sus principales líderes, Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, actualmente en prisión. Sin embargo, este plazo ya se cumplió este domingo a las 22.00 y ambas personas no fueron liberadas por el Gobierno.

Este lunes, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, aseguró que el Gobierno está actuando con prudencia y silencio ante los nuevos secuestros en el Norte, como parte de un acuerdo estratégico entre las fuerzas de seguridad y la familia de Óscar Denis y Adelio Mendoza.

Además, Acevedo aseguró que las fuerzas de seguridad aumentaron su presencia en el Norte para seguir con las tareas de búsqueda y rescate de los secuestrados. El secretario de Estado calificó la operación como “despliegue y saturación en el Norte”.

El EPP también tiene en cautiverio al suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo desde el 5 de julio de 2014, mientras que, el ganadero Félix Urbieta, también está desaparecido en poder del autodenominado Ejército del Mariscal López (EML).

Los fiscales asignados en la investigación son Lorenzo Lezcano, Federico Delfino, Carlomagno Alvarenga, Marco Amarilla, Alicia Sapriza, Marcelo Pecci, todos componentes del grupo de fiscales intervinientes, informó el Ministerio Público.

Última Hora


Miriam Villalba pidió resguardo a la Argentina por temor al gobierno paraguayo

Si bien ya vive en territorio argentino hace varios años, tras la muerte de su hija y su sobrina en un campamento del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Miriam Villalba pidió refugio político a la Cancillería argentina.

El pedido de resguardo también fue solicitado para su hermana y madre por supuestamente temer del gobierno de Mario Abdo Benítez. “Pedí refugio político para mi madre, para mi hermana y para mí porque temo por nuestras vidas y la de los chicos que estamos criando en nuestra chacra”, señaló.

Villalba reside en la colonia San Alberto de Puerto Rico, en Misiones, ubicado a no más de 400 metros del río Paraná.

Según comentó al medio Misiones Plural, desde la muerte de las niñas la mujer teme por el futuro de ella y de sus familiares. “Deseamos el refugio político porque estoy convencida que el Gobierno paraguayo va a venir por nosotros a Puerto Rico. Van a buscar la forma de involucrarnos en cosas ilícitas”, aseguró.

Agregó que, incluso, “el Gobierno de Mario Abdo es capaz de cualquier cosa, inclusive de buscar gente de este lado para que, por ejemplo, nos plante drogas en nuestra chacra y nos puedan culpar de un delito y lograr que volvamos a Paraguay”.

En ese sentido, contó que días pasados supuestos periodistas misioneros visitaron su casa cuando ella se encontraba dando una entrevista en Posadas. “Vinieron hasta mi casa para hacerme una nota, cuando todos sabían que yo estaba en Posadas. Eso es muy raro”, mencionó.

La mujer, de profesión abogada y agricultora, indicó al medio que desde Puerto Rico lleva adelante la defensa de su hermana Carmen Villalba, una de la líderes del grupo criminal, recluida en la cárcel del Buen Pastor, en Paraguay.

“Desde aquí llevo adelante la causa de mi hermana detenida, integrante del EPP, aunque la firma de los escritos lo hace una colega en Asunción”, señaló.

En el reportaje, Villalba afirmó que viven del autoconsumo tanto los adultos así como al menos 10 menores de edad: “hijos míos –no dijo cuántos- y sobrinos cuyos padres residen en Paraguay”, precisó.

Detalló que los menores son argentinos y van a la escuela, donde también asistían su hija y sobrina. “Ellas cursaban el sexto grado y cuando viajaron –a Paraguay, a través de Encarnación-, como no tenían que promocionar materias, terminaron una semana antes las clases”, recordó.

La versión de lo que sucedió con su hija

Miriam Villalba aseguró al mismo medio digital que acompañó a su hija hasta Encarnación, el 20 de noviembre, donde cruzaron de manera legal y la entregó a “gente de mucha confianza de la familia” para que la lleve a encontrarse con su padre, a quien no conocía, y deseaba conocerlo.

“Mi hija entró legalmente a Paraguay, por Encarnación y estoy convencida que ni bien entró al país, desde Migraciones paraguayas avisaron al Gobierno y desde ese momento comenzaron a preparar el asesinato de mi hija y mi sobrina. Tuvieron ocho meses para buscar a las niñas y cuando las hallaron, prepararon el supuesto enfrentamiento, porque no fue un enfrentamiento con el EPP. Fue un asesinato”, aseguró.

De acuerdo con la versión de la mujer, a las niñas “las torturaron y las mataron porque estaban convencidos que ni bien me enteraba del asesinato de mi hija, iba a cruzar a Paraguay a buscar el cuerpo y ahí me iban a detener, al igual que a mi hermana. También esperaban que los padres de ambas salgan de la clandestinidad y, de esta forma, detenerlos”, narró.

Villalba alegó que “el grupo de élite del propio presidente Abdo Benítez” mató a las niñas, al tiempo de decir que Abdo es “un títere del ex presidente Horacio Cartes y del presidente norteamericano Donald Trump”.

Siguiendo con la secuencia de los hechos, la madre de una de las víctimas contó que el 5 de diciembre fue el último día que tuvo contacto con su hija. “Yo la dejé en manos de una persona de confianza de mis hermanos en Encarnación, el 20 de noviembre; mantenía contacto con ella, pero los primeros días de diciembre ese contacto se perdió. Yo me enteré por una persona que el Ejército de élite estaba buscando a mi hija y a mi sobrina. En estos ocho meses no mantuve contacto con ellas, ni con su padre”, agregó.

La hermana de Carmen Villalba señaló que su hija y su sobrina debieron regresar antes del inicio de clases, que ese era el trato con el padre. “En todo momento, como madre, pensé en viajar a buscar a mi hija, pero el miedo a las fuerzas de élite y después el Covid-19 hizo que me quedara en Puerto Rico”, explicó.

“En ningún momento estuvo previsto que se quede con el padre en la clandestinidad. Mi hija ingresó legalmente e iba a salir por Encarnación de la misma forma, por eso es ridículo que se diga en Paraguay que la entregué para que la reclutasen en el EPP”, añadió.

Para Villalba, las muertes de su hija y su sobrina representan “un trofeo de guerra para el títere del presidente Abdo Benítez y así lo mostraron en el país y el mundo”.

La semana pasada en dialogo con PRIMERA EDICIÓN pidió que las niñas sean recordadas como mártires

En otro tramo de la entrevista dijo que tuvo intención de pedir la extradición del cuerpo de su hija, “pero luego decidí que lo mejor era que descanse en paz en Paraguay” y solicitó a Cancillería argentina que envíe peritos forenses para que se exhumen los cuerpos y se haga una nueva autopsia.

Manifestó no saber nada de los recientes secuestros

El medio señala que Villalba trató de hablar lo menos posible del Ejército del Pueblo Paraguayo, sin embargo, sostiene que la misma se adhiere a la causa y que se abstuvo de comentar cómo se inició el EPP, su financiación, y si fueron las FARC colombianas u otros grupos revolucionarios latinos –y de Centroamérica- los que les dieron apoyo en los primeros años.

Tampoco habló de los secuestros ni de los atentados que se le atribuyen al EPP y no confirmó si el secuestro del ex vicepresidente Óscar Denis y su secretario Adelio Mendoza lo llevó adelante el EPP. “No sé nada de lo que sucede allá”, afirmó.

Sin embargo, sí manifestó su enojo con el senador del Frente Guasu y ex presidente Fernando Lugo, a quien calificó como un traidor, por lo que no le sorprendió el apoyo al Gobierno de parte del Frente Guasu, que emitió un comunicado después del asesinato de las niñas demostrando un respaldo al actual Gobierno.

“Lugo nos acompañó en la lucha en favor de los campesinos desde que era obispo, cuando conformamos la Organización Lucha por la Tierra, pero en 2010 se dio vuelta al promulgar la Ley 4024 Antiterrorista; a partir de ese momento cada uno eligió un distinto camino”, dijo.

Villalba aseguró que Paraguay no tiene salida y que “con estos tipos de gobiernos la lucha continuará. Se debe liberar al pueblo de los terratenientes paraguayos, de los terratenientes brasileños e inclusive de los terratenientes menonitas”, sostuvo.

Primera Edición


¿Qué pasó en Yby Yau?

Por JACQUELINE CRUZ PEREIRA

El 2 de septiembre bajo el título de “operativo exitoso” el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez, a través de su cuenta de Twitter, anunciaba el “abatimiento” de dos “integrantes del EPP” como consecuencia un enfrentamiento de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y un grupo de civiles armados en la localidad de Yby Yaú, departamento de Concepción. Lo que hoy sabemos y está confirmado por la investigación es los militares de la FTC asesinaron a dos niñas argentinas. Se trató de un crimen de Estado.

Después de distintas versiones oficiales, irregularidades y hasta mentiras; las niñas fueron identificadas como María del Carmen y Liliana Villalba. Ingresaron a Paraguay desde la Argentina el 19 de noviembre de 2019, de a cuerdo al fiscal Federico Delfino. Eran hijas de integrantes del EPP. María Carmen sería hija de Manuel Cristaldo Mieres y Liliana Villalba, mientras que Lilian Mariana sería hija de Osvaldo Villalba y Magna Meza, todos miembros del EPP. A su vez, eran sobrinas de Carmen Villalba, presa política del EPP, desde 2004.

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es una organización autodenominada guerrillera activa desde el 2008 que se le atribuye la perpetración de varios secuestros. Con el fin de atrapar a los principales líderes del EPP, en 2013 con un presupuesto de 14 millones de dólares fue creada la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), como una unidad especial de las Fuerzas Armadas de Paraguay.

Los cuerpos de las niñas fueron enterrados sin habérseles realizado la autopsia, además, se destruyeron evidencias como la ropa por protocolo sanitario debido a la pandemia del Covid. Esto último, se contradice con la guía oficial del Ministerio de Salud que solo se aplica a personas fallecidas con sospecha de coronavirus y, aún en ciertos casos, se permiten autopsias si son necesarias.

El número de ataques documentados contra niños, niñas y adolescentes en zonas de conflicto se ha triplicado desde 2010, con un promedio de 45 violaciones por día, según un informe de UNICEF. En 2018, más de 12 mil niños y niñas murieron o resultaron heridxs a causa de la violencia relacionada a conflictos.

Mariana de Jesús Ayala López es paraguaya, tiene 76 años y es la abuela de las nenas. Vive en Puerto Rico, Misiones. Entrevistada por el Equipo Misionero de DD.HH, Género y Justicia -mientras mostraba fotos de las nenas e identificaba cada una de ellas- aseguró que efectivamente tenían 11 años de edad y estaban viviendo con ella hasta que fueron a Paraguay porque querían “conocer a sus padres”. Con respecto a las declaraciones del gobierno de Paraguay ella señaló: “dicen todo lo que se les da la gana, porque están en infracción, porque mataron a dos niñas y no saben cómo hacer para salir de esta situación. Se valen de la mentira, de la difamación”.

Una cronología de contradicciones, irregularidades y mentiras

Horas después de publicada la información inicial aquel 2 de septiembre y luego de que se hiciera eco en varios medios locales paraguayos, aún se desconocía la identidad de las personas “abatidas”. En redes sociales especulaban que se trataba de Magna Meza y Liliana Villalba, conocidas dirigentes del EPP. El mismo día se filtró la información que los dos integrantes que habían sido abatidos eran en realidad dos adolescentes mujeres.

Finalmente, el 3 de septiembre el médico forense Cristian Ferreira, encargado de la identificación, explicó en una conferencia de prensa que eran dos cuerpos del sexo femenino y que según sus características uno de los cuerpos tenía una edad aproximada de 17 a 18 años y el segundo cuerpo una edad aproximada de 15 años. A partir de esta comunicación oficial, empezó una cronología de dudas y contradicciones sobre los comunicados oficiales.

Genoveva Oviedo Brítez, hermana de Alcides Oviedo, identificado como uno de los líderes del EPP, aseguró que las niñas habían sido ejecutadas y vestidas con las ropas camufladas por miembros de la FTC. La fotografía de una de las menores asesinadas con un traje camuflado puesto circulaba en redes, con el detalle particular de que el traje se encontraba intacto y excedía las medidas corporales de una menor de 11 años.

A pesar de ser una unidad especial que recibe un importante presupuesto para sus operativos, aún así, este procedimiento no fue filmado. Héctor Grau, miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), dijo que se debe a que “no cuentan con los equipos necesarios” y que hacerlo en ese terreno “es difícil”.

En comunicación con un medio paraguayo, la abogada Daisy Irala, representante legal de Myriam Villalba, también identificada como líder del EPP confirmó: “Las niñas no son adolescentes, las que fallecieron son niñas, niñas de 11 años”. Y agregó: “No hay ninguna posibilidad de que haya ningún tipo de enfrentamiento, esas niñas de 11 años no pueden cargar fusiles, no pueden andar enfrentándose con ningún grupo de militares, ellos armaron ahí y desde un comienzo supieron que no mataron a Magna Meza (otra líder del EPP) ni a ninguna otra persona mayor. Desde el comienzo supieron que mataron a dos niñas, porque entre 11 años y 20 ya hay mucha diferencia, y entre 11 y 40, que es la edad de Magna Meza, aproximadamente, es abismal la diferencia”.

Así también la abogada también repudió que “desde el comienzo los militares supieron que mataron a niñas y también el presidente de la república y se fue, tapó, armó y vistió a las niñas para intentar justificar y hasta último momento dijo mujeres adolescentes, igual los periodistas, nunca dijeron que son niñas, porque es lo que son, niñas”

Grau negó que las menores fueron ejecutadas y afirmó que todo se trata de una guerra mediática y lo que se busca es deslegitimar las acciones del Estado y que “ambas fueron puestas por los líderes del grupo criminal en primera línea de la defensa de los campamentos”.

El 4 de septiembre la Cancillería argentina emitió un comunicado de prensa en el que demandó al Gobierno paraguayo el esclarecimiento y la identificación de responsables por la muerte de dos ciudadanas argentinas de 11 años: “Las autoridades paraguayas solicitaron la cooperación argentina ante la imposibilidad de identificar a las víctimas y que, al consultarse el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), fue posible determinar que las fallecidas son dos menores de nacionalidad argentina, nacidas el 29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por tanto ambas de once de años de edad”.

El 5 de septiembre el médico forense Pablo Lemir tras una inspección de los cuerpos de las menores confirmó que se trataban de niñas de 11 años.

Con la verdad una vez conocida sobre la identidad y edad de las niñas, aumentó la presión de las organizaciones sociales a nivel internacional, la Cancillería Argentina, la ONU, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciaron repudiando los asesinatos y la reacción posterior del gobierno paraguayo.

Las protestas se propagaron en todas partes sobre el asesinato de las dos niñas en manos de la FTC. Tanto en Asunción como en Posadas se hicieron movilizaciones para exigir justicia por las niñas. En Paraguay, Mariángela Guidita Abdala, Paloma Chaparro Panimboza y Giselle Noemí Ferrer Pasotti fueron imputadas por haber realizado pintadas en el Panteón de los Héroes en repudio al doble asesinato. El Fiscal que las imputó pidió su detención y aplicación de prisión preventiva.

A su vez, se abrió la conversación sobre la responsabilidad sobre los menores de edad en zonas de conflictos armados y el rol de los Estados en su protección. El gobierno paraguayo no pudo ignorar que el EPP tiene la práctica de reclutar a adolescentes en sus filas.

Paraguay adhirió alProtocolo de las Naciones Unidas sobre la Participación de los Niños en los Conflictos Armados y tiene la obligación de “adoptar todas las medidas posibles para impedir que grupos armados recluten y utilicen para sus fines a niños, niñas y adolescentes”.

La comunicación del gobierno, más tarde, hizo otra vuelta para desviar la atención a que la culpa la tienen los padres por exponerlas al peligro.

De acuerdo a la versión oficial, una de las niñas hizo disparos con una pistola 9 mm ya que dio positivo a la prueba de nitritos y nitratos, mientras que la otra dio negativo. Es importante aclarar que, esta prueba no demuestra que haya disparado e incluso pudo haber dado positivo por estar cerca de alguien que haya hecho disparos.

Sin dudas, el gobierno paraguayo incumplió con todas las obligaciones de garantizar la seguridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño ratificado por Paraguay desde 1990, y en cual se estipula y prevé las obligaciones y deberes de los Estados respecto a los menores en situación de conflictos.

Los niños, niñas nunca deben ser tratados como una amenaza, menos aún en una situación de conflicto o zona de conflicto armado. “¿Qué pasó en Yby Yau?”, es una pregunta que sigue abierta en busca de respuestas y responsabilidades.

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