Suman 59 masacres en 2020 y demandarán a Duque por crímenes de lesa humanidad

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Anuncian demanda contra Iván Duque y Carlos Holmes por crímenes de lesa humanidad

Este jueves el senador Iván Cepeda informó que radicarán ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional –CPI-, una comunicación sobre la presunta responsabilidad del presidente Iván Duque y el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo en crímenes de lesa humanidad como masacre y torturas cometidos por la Policía Nacional, institución que está bajo el mando de estas dos figuras.

El senador Cepeda señaló que en el Congreso, particularmente en la Comisión Segunda, se escucharon las voces de las víctimas de la brutalidad policial y sostuvo que este actuar es sistemático y se extiende, a mucho antes, de los hechos recientes como el asesinato de Javier Ordóñez y la utilización indiscriminada de armas de fuego en contra de civiles por lo que aseguró que «la excusa de las “manzanas podridas” ya no cabe más».

«En menos de 24 horas, 14 personas fueron asesinadas en 9 localidades de Bogotá y otras 218 resultaron heridas, 75 por armas de fuego. Videos captados por ciudadanos demuestran el uso doloso de armas de fuego por la Policía. Se trata de un crimen de lesa humanidad», señaló Cepeda.

Adicionalmente, Cepeda aseguró que el presidente Iván Duque es responsable bien sea por acción o por omisión, al igual que su ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, sobre quien declaró, que tiene que renunciar al cargo. Cepeda manifestó que acudirán a la Corte Penal Internacional porque el Estado colombiano ha dejado que reine la impunidad en casos de brutalidad policial, para lo cual se refirió al caso de Dilan Cruz que luego de casi un año, no ha arrojado condenas, ni responsables.

Reformas estructurales a la Policía

El senador señaló que es momento de una reforma estructural que desmilitarice la Policía, regule el uso de la fuerza y forme al personal en derechos humanos. Frente a esto, anunció que en los próximos días un grupo de congresistas de la oposición presentarán un proyecto de ley frente a la materia.

Por otra parte, solicitó a la Procuraduría General de la Nación aplicar el poder preferente para conocer de forma inmediata las 65 investigaciones que se adelantan en la Policía, advirtiendo que recurrirán a instancias y tribunales internacionales en caso de que las investigaciones se remitan a la Justicia Penal Militar, aspecto que también se espera que sea abordado y modificado en la reforma que se propone.

Contagio Radio


Hombres armados asesinan a tres personas en Ocaña, Norte de Santander

Las autoridades reportaron que tres personas fueron asesinadas en el corregimiento de Aguas Claras, ubicado en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. Los hechos son materia de investigación y aún no se ha conocido quiénes son los responsables.

El alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, informó acerca del suceso en su cuenta de Twitter y expresó su rechazo.

Asimismo, pidió el apoyo de entidades nacionales y regionales. Y le solicitó al Ministerio de Defensa priorizar la seguridad en ese sector del departamento de Norte de Santander.

Por su parte, el comandante de la Policía, coronel Jhon Harvey Alzate Duque, señaló que las tres personas asesinadas estaban departiendo en un establecimiento público cuando llegaron hombres armados y dispararon contra ellos “sin mediar palabra”.

Los delincuentes huyeron de inmediato. Miembros de la Policía y del Ejército acudieron al lugar para investigar lo sucedido y dar con los responsables.

Hace menos de un mes se registró una masacre similar, en la que perdieron la vida tres hombres jóvenes, que fueron encontrados en zona rural del municipio de Ábrego, en una vía que se dirige hacia Ocaña.

En la zona operan grupos ilegales como el Eln, el grupo armado Estructura 33 y miembros del Epl, también conocidos como ‘Los Pelusos.

El Tiempo


Masacre en Tarazá: tres personas fueron asesinadas

Los hechos sucedieron en la finca Matecaña de la vereda Abejales en Tarazá, Antioquia. Las tres víctimas eran trabajadores de la finca, uno de ellos era el administrador y los otros eran padre e hijo que se dedicaban a aserrar madera. El lugar está bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“Aproximadamente a las 7:30 a.m. encontré a dos personas esperándome en el despacho, entre esas la pareja de una de las víctimas, para ver qué posibilidades había de que la administración coordinara y diera apoyo para ingresar a la finca para verificar y corroborar la información. Aproximadamente a las 10 a.m. las fuentes oficiales que se encontraban en el lugar confirmaron que tres personas de sexo masculino habían sido asesinadas”, dijo el Secretario de Gobierno de Tarazá, Deiby Quintero. Se cree que las víctimas fueron atacadas con armas de fuego y armas blancas; al parecer fueron degollados.

El Proceso Social de Garantías para los defensores de derechos humanos en Antioquia hizo una denuncia publica a través de la cuenta de Twitter contra la presencia de grupos paramilitares en la zona.

En la comunidad se han presentado denuncias de violencia por grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio. La Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana emitida el 31 de agosto de 2020 informa que “en la actualidad, las AGC han logrado entrar en el territorio controlado por el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA) en jurisdicción del municipio de Tarazá. Avanzando en varios barrios periféricos del casco urbano, han logrado sostener sus posiciones en el corregimiento de El Doce y amenazar las que tiene el BVPA en Puerto Antioquia. En el norte, el frente Rubén Darío Ávila de las AGC ha logrado controlar las veredas del norte de Tarazá y la mayoría de la zona urbana del corregimiento de La Caucana, y se proyecta sobre El Guáimaro, mientras el Julio Cesar Vargas asesta golpes importantes en sus principales zonas de influencia”.

Por la disputa del territorio han cometido actos como el homicidio de un líder social el pasado 14 de mayo y el hostigamiento de la Estación de Policía de La Caucana el 16 de mayo. Además muchas familias, victimas de amenazas y acciones violentas, se han desplazado masivamente de sus viviendas. Otros grupos presentes en la zona son el ELN y la facción disidente de las ex FARC-EP, Frente 18, que disputan territorios al sur y el nororiente del municipio; donde también abundan cultivos de coca. En la Alerta temprana agregan que las incidencias más significativas desde el 2018 han sido por los grupos surgidos después de la desmovilización de las AUC.

El secretario Quintero dijo que aún no se tiene suficiente información para saber si los responsables del triple homicidio pertenecen a algunos de los grupos armados ilegales de la zona. Por lo tanto, la investigación permanece abierta.

El Espectador


“Colombia sigue bajo un clima de inseguridad y violencia”: dura alerta de la ONU

La Organización de las Naciones Unidas mostró su “profunda preocupación” ante los recientes asesinatos colectivos que se han dado en Colombia a pesar de la “reducción de la violencia” vista desde los Acuerdos de Paz que el Gobierno de entonces firmó en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.

“Seguimos profundamente preocupados por la inseguridad que impacta la vida de tantos colombianos en las zonas del país”, expresó la secretaria general adjunta de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo.

En un acto organizado por el Gobierno de Colombia, DiCarlo y el representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, coincidieron en resaltar que el país latinoamericano vive un “momento crucial” de su historia reciente, tras la firma de los Acuerdos de Paz en la búsqueda de poner fin a cinco décadas de conflicto armado.

“Los asesinatos y las amenazas contra líderes sociales, excombatientes y mujeres y jóvenes son una amenaza para la paz”, denunció DiCarlo en relación con las recientes masacres que se han producido en el oeste del país, en donde las bandas armadas se disputan las rentas de los cultivos ilícitos dejadas por la disuelta guerrilla de las Farc.

DiCarlo lamentó que pese a la crisis sanitaria de la covid-19, la violencia cometida por el resto de grupos armados ilegales, ya sea la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o los grupos paramilitares y del narcotráfico “ha continuado sin cesar”, en especial debido a “la presencia de economías ilícitas”, la limitada presencia institucional y las escasas oportunidades de desarrollo en esta regiones.

Por ello ha hecho suya también la petición del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, de un alto el fuego global “para dar alivio a las poblaciones más vulnerables y facilitar los esfuerzos contra la pandemia del nuevo coronavirus”.

Si bien DiCarlo reconoce “los esfuerzos de las autoridades”, apunta a que “es necesario hacer más”. En lo que va de 2020, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó del asesinato de 166 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, además de 36 antiguos guerrilleros de las Farc sujetos a los Acuerdos de Paz.

Los departamentos en donde más se sufre este tipo de violencia son Cauca, Antioquia y Nariño, en distintos puntos del oeste de Colombia. En total, son 971 personas asesinadas desde los Acuerdos de Paz hasta mediados de 2020, además de 200 antiguos integrantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc.

Por su parte, Ruiz Massieu apeló al compromiso de todos los actores implicados, pues llevar a cabo “cualquier acuerdo de paz” es “una cuestión compleja, a largo plazo, y no está exenta de dificultades”.

“Así como las comunidades claman desarrollo, piden estrategias para mejorar la protección y seguridad en las regiones. La presencia integral del Estado es necesaria para consolidar la confianza, la gobernabilidad y el Estado social de derecho”, expuso.

Semana


Tras las primeras capturas, ¿qué sigue en el caso Ordóñez?

Los patrulleros Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos tendrán que comparecer formalmente ante la justicia ordinaria para responder en el proceso por la muerte de Javier Ordóñez, ocurrida el pasado 9 de septiembre. Un juez de control de garantías, a solicitud de la Fiscalía, expidió las órdenes de captura, paso previo a la audiencia de imputación de cargos, donde se les notificará la investigación por abuso de autoridad y homicidio. Al cierre de esta edición solo habían detenido a Rodríguez Díaz, quien desde ayer está en el búnker de la Fiscalía y hoy estaría frente a un juez. De Lloreda no se sabe nada.

Estas son las primeras decisiones en medio de la causa que adelanta el ente acusador para tratar de esclarecer el asesinato de Ordóñez y atender el clamor de justicia. Y son apenas las primeras, ya que según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, habría más uniformados implicados en el crimen del hombre de 44 años que, según las primeras revelaciones de sus familiares y de la historia clínica, murió a causa de varios golpes con objetos contundentes.

Justo cuando se conoció la noticia de las órdenes de captura se supo, además, que uno de los patrulleros tenía dos denuncias más por abuso policial contra ciudadanos del barrio Villa Luz. Uno de los procesos venía desde 2018 y otro era de febrero de este año, pero en ninguno hubo avances en las investigaciones, que revivieron ahora como coletazo del caso Ordóñez.

Contra los policías se adelantan dos procesos. El penal lo lleva la Fiscalía, luego de que la justicia militar decidiera dejarlo en manos de la justicia ordinaria, pues consideró que hubo violación a los derechos humanos y que la muerte no estuvo relacionada con actos del servicio. Y el disciplinario, a manos de la Procuraduría, que esta semana citó a los dos patrulleros para el próximo 1° de octubre, fecha en que iniciará el juicio disciplinario.

Si bien los avances en el proceso por la muerte de Ordóñez fueron bien recibidos por quienes exigen justicia, algunos creen que faltan más, en especial contra los que dispararon contra las multitudes que protagonizaron las protestas y desmanes del 9 de septiembre. Vale recordar que esas balas, según el Distrito, disparadas “de forma indiscriminada contra la ciudadanía”, acabaron con la vida de nueve personas en Bogotá y tres en Soacha.

Justo horas antes de que se emitieran las órdenes de aprehensión contra Rodríguez y Lloreda, la ONG Temblores reveló un video sobre la jornada del “9S”, en el que se ve cómo en inmediaciones del CAI del Verbenal varios policías dispararon contra ciudadanos que estaban a varios metros del puesto policial. Vale recordar que en esta zona se registraron tres de las víctimas fatales de esa noche. “Allí se observa cómo arremeten contra la multitud y descargan 35 disparos. El resultado es incierto, pero sí hemos podido determinar que al menos una persona murió después de eso”, explicó Alejandro Lanz, vocero de Temblores.

Respecto a los hechos que registra el video, la Policía asegura que se dieron en medio de ataques contra el CAI, en los que seis policías quedaron heridos. Incluso, afirman que hay otro video que muestra cuando un agente es herido con arma de fuego. La situación está en investigación y el CTI ya tiene en su poder las armas de dotación de algunos uniformados, para inspeccionar si tienen relación con lo ocurrido.

La grabación se difundió también en un foro en el Concejo de Bogotá, en el que la alcaldesa Claudia López expuso lo que ocurrió esa noche en los Puestos de Mando de Unificado (PMU) nacional y distrital. Según la alcaldesa, “nadie en el PMU dio ninguna orden arbitraria ni ilegal ni inconstitucional. Nadie pidió defender los CAI a sangre y fuego”. A esta posición se sumó la del viceministro del Interior, Daniel Palacios, quien también asistió al Concejo y aseguró que los hechos ocurrieron en el marco de contención del vandalismo.

Para algunos cabildantes, el tema no se puede manejar desde esa premisa. La concejal Heidy Sánchez (Colombia Humana) manifestó que pretenden mostrar que no hubo ninguna orden, solo sería creíble si hubiera pasado con un policía que se vio acorralado y no le quedó otra que disparar. “Pero estamos hablando de 77 heridos por armas de fuego y ellos solo disparan con alguna autorización”.

Por este motivo, esta bancada y otros concejales iniciarán acciones jurídicas contra los comandantes de la Policía Nacional y los subcomandantes de las zonas donde se dieron los disparos, para que no se manejen como casos aislados. En el caso puntual del video del CAI de Verbenal, desde la JAL de Usaquén se promueve un debate de control político contra la Policía para indagar sobre la responsabilidad de las cabezas de la Policía.

Lina García (Alianza Verde), edil de Usaquén, aseguró que “se debe investigar si los agentes que se ven en los videos están relacionados con los heridos y los tres fallecidos”. Y en materia política, para la cabildante esta es una prueba más de que se necesita una reforma a la Policía. “Hay que revisar los protocolos de armas letales. También muestra que la Policía pasó de su rol de cuidar a atemorizar”.

No obstante, estas acciones puede que sean más complejas de hacer efectivas, pues requieren una investigación más precisa para individualizar a quienes dispararon esa noche. Además, queda por ver si todos esos casos sobre denuncias de disparos a la ciudadanía serán investigados por la justicia penal militar o la justicia ordinaria, dado que cada caso puede tener sus particularidades.

De a poco se aclara el panorama y se conocen más pistas de lo que pasó el “9S”. Aunque algunos pretenden que se reduzca la acción de la Policía, la alcaldesa ya fue enfática en que, por el contrario, la idea es reforzar los puntos de mayor inseguridad. Entretanto, las víctimas por esa noche de horror reclaman que la memoria de sus familiares no quede en el olvido y se haga justicia no solo en el caso de Ordóñez, sino con todos los fallecidos.

El Espectador


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