Violencia policial en Colombia | Fallo histórico: la Corte ordena proteger el derecho a la protesta

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Los detalles del histórico fallo que ordena frenar abuso policial en la protesta

En una decisión ejemplarizante, el alto tribunal encontró que la Fuerza Pública, en especial el Esmad, no es capaz de custodiar una protesta sin violar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Gobierno deberá pedir perdón y suspender uso del arma que provocó la muerte del joven Dilan Cruz en 2019.

Justo cuando el país está inmerso en un fuerte debate por la muerte el pasado 9 de septiembre bajo custodia policial del abogado Javier Ordóñez y la necesidad de emprender una reforma a esa institución que ponga fin a numerosos actos de abuso y uso indiscriminado de la fuerza, la Corte Suprema de Justicia emitió una histórica sentencia que hace fuertes críticas a la Fuerza Pública y que llega a una tajante conclusión: que la Fuerza Pública, especialmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hace una intervención sistemática, violenta y arbitraria en la protesta social.

Al estudiar una tutela que presentaron organizaciones sociales como DH Colombia, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas, el Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y varios líderes sociales y de opinión, la Sala Civil del alto tribunal ordenó al Ministerio de Defensa ofrecer excusas a los colombianos por los excesos en los que incurrió la Policía durante el paro nacional de 2019, en el que los marchantes fueron estigmatizados por el Gobierno Nacional y el que dejó varios heridos y detenidos en todo el país, así como la muerte del joven Dilan Cruz en noviembre, luego de recibir un impacto de un “arma no letal”.

El Espectador recopila seis puntos claves de la determinación que analizó no solo las circunstancias del paro nacional de 2019, sino las muertes de estudiantes en 2005 y 2006 luego de ser heridos por agentes del Esmad, así como detenciones en todo el país. La decisión fue celebrada por dirigentes políticos, que la consideraron como un punto de partida para emprender un debate público sobre el exceso de la Fuerza Pública, mientras que el ministro de Defensa, Carlos Holmes, aseguró que hará un “estudio juicioso, tranquilo y detallado” de la misma. En esencia, la Corte Suprema señaló que “una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz”.

El Esmad amenaza la protesta

Lejos de considerar que el Esmad de la Policía protege a la ciudadanía durante la protesta, la Corte Suprema consideró que este escuadrón sistemáticamente incurre en agresiones y uso desproporcionado de la fuerza, convirtiéndose en una amenaza “seria y actual” para quienes protestan pacíficamente y desconociendo los manuales que está obligado a seguir y los mandatos constitucionales que los rige. En un preocupante balance, el alto tribunal estima que el Esmad actúa por impulso y sin control y “no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir, pues tampoco hace un uso adecuado de las armas de dotación asignadas”.

La no neutralidad del Gobierno

Que durante el paro nacional de 2019 los ministerios y el Ejército Nacional hayan usado como eslogan “no paramos, avanzamos” y que se haya asegurado desde el Gobierno que la jornada era “parte de una estrategia para derrocar al presidente Iván Duque”, fue valorado por la Corte Suprema como una estigmatización de la protesta pacífica como si fuera una conducta criminal. Para el alto tribunal es cuestionable que las autoridades no guarden neutralidad frente a las manifestaciones, pues de ellas se espera mesura. Por eso ordenó dictar un acto administrativo que garantice esa neutralidad en todo el Ejecutivo, en defensa del ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa.

Los allanamientos

Un cabo suelto que había quedado del paro de 2019 fue la veintena de allanamientos que practicó la Policía en días previos al 21 de noviembre, “en el domicilio de personas con intereses en participar y cubrir las manifestaciones”. Entre ellos estuvo, por ejemplo, el de la sede de la revista Cartel Urbano. Según la Corte, se evidencia una “presunción de culpabilidad producto de la estigmatización” de la protesta por parte de la Fiscalía, pues muchas de esas diligencias luego fueron declaradas ilegales por jueces. Por ende, para el alto tribunal, el actuar del ente investigador fue “disuasivo y estigmatizante para quienes desean ejercitar su prerrogativa a la protesta pacífica”.

Regular el uso de la fuerza

El que seguramente será un punto de honor es la orden clara y extensa que le dio la Corte al Gobierno de expedir un protocolo para la reacción de la Fuerza Pública a las manifestaciones. El alto tribunal, incluso, ya le puso nombre: “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Esa normativa, agrega el fallo, debe incluir limitaciones al uso de la fuerza, dejar claro que los procedimientos policiales deben restablecer el orden y no privar de derechos, evaluar constantemente las intervenciones de la Fuerza Pública, y, además, el Ejecutivo deberá hacer “pedagogía nacional” de todo el estatuto. La Corte también le ordenó a Duque conformar una mesa de trabajo para reestructurar los procedimientos de la Fuerza Pública durante manifestaciones pacíficas. De no haber acuerdo, el Gobierno tiene un plazo de 60 días para expedir una reglamentación sobre esta materia en la que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este tema.

Gobierno, a pedir perdón

Otra de las determinaciones de la Sala Civil del alto tribunal fue ordenar, como medida de reparación simbólica, que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pida perdón de manera pública por los excesos del Esmad durante las protestas de finales de noviembre de 2019 y los recientes durante septiembre de 2020. La Corte le dio un plazo de 48 horas para realizarlo y este acto de excusas tendrá que ser difundido por radio, televisión y redes sociales. Además, esa corporación le exige al presidente Duque que, en un lapso no mayor a 30 días, expida un acto administrativo en el cual ordene a todos los miembros del Ejecutivo mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas.

Escopetas calibre 12, suspendidas

Los demandantes hicieron fuertes críticas a cómo el Esmad usó durante las marchas de 2019 escopetas calibre 12 con munición tipo bean bag (que fue el artefacto que se incrustó en la cabeza de Dilan Cruz y le ocasionó la muerte). El alto tribunal ordenó que “dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, el Esmad y cualquier institución que efectúe actividades de policía suspenda su uso hasta tanto la Corte Constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento”.

El Espectador


Denuncian nueva masacre en departamento de Córdoba, Colombia

Desconocidos asesinaron a cuatro personas en el municipio de San José de Uré, departamento de Córdoba, en el noroccidente de Colombia, país en el que han ocurrido más de 60 masacres en lo que va del año.

Fuentes de la zona informaron a medios de comunicación locales que el hecho violento ocurrió en el área rural conocida como vereda Batatal, jurisdicción del corregimiento Versalles, en el sur de Córdoba.

En un mensaje colocado en su cuenta de la red social de Twitter, el activista Juan Camilo Caicedo informó que, entre las víctimas de este crimen “se encuentra el campesino Eduardo Olea”.

El periodista Edson Sánchez, en un mensaje en Twitter, subrayó que en lo que va de año han sido perpetradas más de 60 masacres en ese país suramericano.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) divulgó el domingo pasado que de enero a la fecha habían ocurrido 61 masacres en Colombia, en las cuales perdieron la vida 246 civiles.

Telesur


En medio de atentado acabaron con la vida de excombatiente de las Farc en Nariño

Por cuenta de un atentado registrado en el distrito de Tumaco, un excombatiente perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego.

Se conoció que el reincorporado fue identificado como Nelson David Sánchez Segura.

Fuentes del partido Farc confirmaron que excombatiente quien perteneció a la columna móvil Daniel Aldana, recibió dos impactos de bala en la cabeza.

De inmediato fue trasladado hasta un centro asistencial de Pasto, en donde le diagnosticaron muerte cerebral.

Sin embargo en las últimas horas, el reincorporado falleció por cuenta de la gravedad de las heridas.

“Esta es la persona número 229 asesinada de esa colectividad después de la firma del Acuerdo de Paz”, confirmó el partido.

Manifestaron que Sánchez Segura pertenecía a la cooperativa de Tumaco Urbano, como parte de su proceso de reincorporación.

Esta muerte, se suma a los constantes hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas en el puerto nariñense.

Tu Barco


Asesinatos contra líderes sociales aumentaron 85 % en primer semestre de 2020: MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó sobre el aumento de 85% en los asesinatos de líderes sociales durante el primer semestre de 2020, comparado con el mismo período de 2019.

Además, hasta el momento se han registrado 248 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, una cifra con disminución del 2 % comparada con el mismo periodo del 2019.

Es importante resaltar que según la MOE, durante la cuarentena estricta de un mes y medio, equivalente al 25 % del semestre, la violencia se redujo en 50%. Ese descenso del porcentaje no afectó el total de acciones violentas, es decir, “la violencia el resto del tiempo (sin confinamiento) fue mayor que en 2019”.

El informe que recopila las conclusiones del estudio, “Un país sin líderes no es un país”, asegura que “durante los periodos sin confinamiento estricto se registraron un promedio de 1.6 hechos violentos al día, mientras que en los periodos de restricción, estos hechos se redujeron en un 50%, a un promedio de 0.8 hechos violentos por día”.

Los hechos de violencia contra los líderes siguen concentrándose en los departamentos del Cauca, Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Córdoba.

La Misión de Observación Electoral destaca que los líderes sociales son quienes más vulneraciones han sufrido, con el 50 % de los hechos. Lo más preocupante es que la letalidad de las agresiones (muertes y atentados) se incrementó un 85 %.

“Frente a los líderes políticos se efectuaron 89 manifestaciones de violencia que bien puede ser atentados, amenazas, secuestros, asesinatos; frente a los líderes sociales (124); y líderes comunales (35)”, detalló Alejandra Barrios, directora de la MOE.

En estos primeros seis meses, han sido agredidos ocho alcaldes, 42 concejales, tres ediles y dos diputados. Esto evidencia la intención de este tipo de violencia: controlar no solo el actuar social, sino de los gobiernos locales a partir del sometimiento de sus líderes.

De los 81 asesinatos que se han cometido durante los primeros seis meses del año, 52 se presentaron en territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), espacios creados después del Acuerdo de Paz que deben recibir atención especial y para evitar focos generadores de violencia.

En estos hechos también se han visto gravemente afectadas las lideresas, pues 57 de los 248 casos corresponden a hechos violentos contra las mujeres. “Las agresiones a las lideresas son particularmente preocupantes, pues se convierten en una medida de disuasión contra otras mujeres a participar en los espacios de toma de decisiones y gobierno”.

Martin Sjögren, encargado de Negocios de la Embajada de Suecia en Colombia expresó su preocupación por estas cifras e hizo un llamado a la acción urgente en que se proteja a los líderes y lideresas “para alcanzar la paz sostenible tan anhelada por la sociedad colombiana”.

“Si no tomamos medidas urgentes, nos vamos a quedar sin líderes. Es necesario que las autoridades investiguen las agresiones contra los distintos líderes y lideresas. No podemos continuar justificando todo a la luz del conflicto armado sin realizar investigaciones completas para sancionar a los responsables de la tragedia que observamos en los territorios”, manifestó la directora de la MOE.

Canal RCN


Los patrones comunes de los sicarios en las masacres de este año

Con las dos masacres del domingo pasado en los municipios de El Charco (Nariño) y Buenos Aires (Cauca), que dejaron 10 personas muertas, ya son 61 los hechos de este tipo que se han presentado en Colombia en lo que va corrido de este año, de acuerdo con Indepaz.

Según las autoridades los responsables son los grupos armados ilegales que se disputan las economías ilícitas. De igual forma, se han identificado algunos patrones de actuación criminal pues la mayoría de asesinatos ha ocurrido los fines de semana, por ejemplo.

También son los jóvenes las principales víctimas en las masacres que se han producido en lo que va de 2020. Otro aspecto a tener en cuenta es que los asesinos buscan ejecutar este tipo de ataques en lugares donde la gente esté reunida, como en una finca o departiendo alrededor de alguna actividad, como se vio el pasado domingo en el corregimiento de Munchique, perteneciente al municipio caucano de Buenos Aires, donde seis jóvenes que se encontraban departiendo en una gallera fueron asesinados y varias resultaron heridas.

Otro patrón que se aprecia de las masacres en Colombia tiene que ver con la forma cómo se realizan los ataques. Por lo general son grupos de no más de cuatro asesinos, usan armas cortas, en ocasiones se cubren sus rostros con pasamontañas y andan en motocicleta.

También se nota que varios de estos ataques han sido dirigidos contra familias enteras.

Otro común denominador de las masacres ya lo ha puesto de presente el presidente Iván Duque y su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y es que se producen en territorios infestados de cultivos ilícitos o son corredores para sacar el clorhidrato de cocaína por el Pacífico o por Venezuela.

Los hechos

El pasado domingo en El Charco, Nariño, asesinaron a cuatro hombres integrantes de una misma familia. El Ejército informó que las víctimas fueron sacadas de una vivienda por desconocidos y los asesinaron con armas de fuego.

En el caso del municipio de Buenos Aires, Cauca, se produjo un ataque indiscriminado de sujetos con una granada y fusiles contra una gallera en el corregimiento de Munchique, cobrando la vida de seis jóvenes.

En tanto que entre el pasado sábado 5 y domingo 6 de septiembre pasados se produjeron cinco masacres: en el municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, fueron asesinadas cinco personas que departían en un billar. En el corregimiento de Monterrey, municipio de Simití, departamento de Bolívar, atacaron con armas de fuego a tres hombres que se desplazaban en moto. Dos de las víctimas fatales eran ciudadanos venezolanos.

Mientras que en el casco urbano de El Carmen de Bolívar, Bolívar, fueron asesinadas tres personas, entre ellos un menor de 17 años, quienes fueron atacados en el lugar que estaban reunidos por dos sujetos que se movilizaban en moto.

De igual forma, en el municipio de Aguachica, Cesar, se produjo un triple homicidio. Entre las víctimas había una mujer en estado de embarazo. Según las autoridades, sujetos llegaron hasta una vivienda disparando indiscriminadamente.

En tanto que ese mismo fin de semana se reportó una masacre en el municipio de El Tambo, Cauca, donde tres hombres fueron asesinados. Los cuerpos atados de manos fueron encontrados entre los municipios de Cajibío y El Tambo.

El pasado 4 de septiembre, un viernes, fueron encontrados cuatro cuerpos en zona rural del municipio de Buesaco, Nariño. Mientras que el pasado 28 de agosto, tres personas fueron asesinadas en una finca del municipio de Andes, Antioquia. Al sitio arribó un grupo de aproximadamente ocho personas armadas e ingresó a la vivienda del predio ultimando a los ocupantes.

Una de las masacres más graves que se ha registrado este año en el país fue el pasado 15 de agosto en zona rural del municipio de Samaniego, Nariño, donde cuatro sujetos ingresaron a una finca en donde más de 40 personas departían en una fiesta. Allí fueron asesinados 8 jóvenes.

También en el municipio de Tumaco, Nariño, el pasado 22 de agosto una masacre cobró la vida de seis jóvenes en el sector de La Guayacana.

El Nuevo Siglo


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