A un año del estallido social en Chile: camino hacia una nueva constitución política – Por Constanza Rocuant Damianović, Cristóbal Dahm Moreno y María Antonieta Mendizábal Cortés

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Constanza Rocuant Damianović *, Cristóbal Dahm Moreno **, María Antonieta Mendizábal Cortés ***

No son 30 pesos, son 30 años

La madrugada del 19 de octubre de 2019 el presidente chileno, Sebastián Piñera, decretó estado de emergencia para Santiago, capital del país, la provincia de Chacabuco y las comunas de Puente Alto y San Bernardo. En la práctica, esto significó restringir la libertad de movimiento y de reunión de las personas y que los militares asumieran funciones de seguridad pública. En los días que siguieron, las imágenes de militares y tanques avanzando por las calles recorrieron el mundo, recordando, tristemente, aquellas del golpe militar de 1973. Esa era la respuesta del gobierno chileno a las protestas que, desde el 14 de octubre, sacudían Santiago y que el viernes 18 de octubre parecían haber alcanzado su punto más álgido.

Dos semanas antes del estallido, los estudiantes secundarios habían iniciado las protestas por un aumento de 30 pesos en el precio del transporte público, equivalente a U$0,04. Para mostrar su descontento, los estudiantes iniciaron acciones de evasión masiva y bajo la consigna “evadir, no pagar, otra forma de luchar”, pasaron a saltar torniquetes del metro, en duros enfrentamientos con la fuerza policial. En poco tiempo, las protestas estudiantiles se transformaron en multitudinarias movilizaciones, que se fueron replicando en diferentes ciudades del país. Las evasiones masivas habían logrado conectarse con un sentimiento general de malestar contra la desigualdad, la injusticia y los abusos que afectan a la mayor parte de la población, mientras una pequeña élite económica y política goza de grandes privilegios. La movilización estudiantil había prendido como protesta social más profunda.

En efecto, Chile es uno de los países más desiguales de la región, consecuencia del modelo económico neoliberal, implantado en dictadura y continuado en democracia. La lógica del libre mercado ha erosionado durante décadas las bases del sistema político y social, transformando ciudadanos en consumidores de los derechos más esenciales. De acuerdo a la OCDE, Chile es uno de los países con mayores niveles de concentración de riqueza, en que el 10% más rico posee casi el 60% de la riqueza total del país. La Fundación Sol, por su parte, señaló, en julio de este año, que 50% de quienes cotizaron entre 30 y 35 años alcanzaron una pensión autofinanciada menor a 85,2% de un sueldo mínimo, esto es, 273.202 pesos, equivalente a U$342. Además, el monto promedio de mora a nivel nacional llega, al segundo trimestre de 2020, a 1.894.721 pesos, es decir, U$2.368. A su vez, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) señaló que, a diciembre de 2017, más de 616 mil personas mantenían deuda con algún banco para financiar sus estudios de educación superior, y tan solo en una década (2007-2017) el número de estudiantes endeudados pasó de 291.776 a 722.035, por mencionar algunos ejemplos.

En los días que siguieron las protestas se masificaron y para la madrugada del domingo 20 de octubre la mayoría de las capitales regionales estaba bajo control militar y con toque de queda. Y aún cuando durante el primer día del estado de emergencia se convocó a una mesa de diálogo y se propuso suspender el aumento en el transporte, para lo que diputados y senadores se movilizaron con notable rapidez, las protestas continuaron. El gobierno había optado por negociar reformas y acuerdos con la oposición, al mismo tiempo que reprimía con violencia la protesta social, la misma fórmula empleada en los años 1980 para desarticular las históricas jornadas de protesta que hicieron tambalear al régimen de Pinochet. Esta vez, sin embargo, el movimiento social fue ganando cada vez más fuerza, haciendo evidente que la compleja crisis que se iniciaba en Chile era resultado de años de ceguera de sus representantes. No eran 30 pesos los que movilizaban el descontento ciudadano, sino los bajos sueldos, la falta de servicios públicos gratuitos y de calidad, las miserables jubilaciones, el alto costo de la vida, la demanda por nacionalizar el agua, la igualdad de género y tantas otras demandas postergadas durante 30 años de democracia. Era y es un reclamo por la dignidad.

Represión policial y violaciones a los derechos humanos

El gobierno de Piñera enfrentó la ola de manifestaciones como una “guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie” (Piñera, 19 de octubre de 2019). Y como tal fueron tratados los miles de manifestantes que, durante meses,  se dieron cita en diversos puntos del país, hasta el inicio de la pandemia. Alarmantes son las sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos que se han cometido durante este período por parte de Carabineros de Chile y miembros de las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha son miles las denuncias por mutilaciones oculares, torturas, violaciones sexuales, apremios ilegítimos a niños, niñas, adolescentes, mujeres, indígenas, periodistas, trabajadores de la salud y observadores de derechos humanos. Estas violaciones han sido respaldadas por informes internacionales del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human RightsWatch, así como por instituciones nacionales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría de la Niñez, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile.

Según datos de la Fiscalía Nacional, hasta la fecha se han contabilizado 8.575 víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo del presente año, el INDH contabilizó un total de 2.520 querellas interpuestas (2.340 contra carabineros, 97 contra militares, 34 contra Policía de Investigaciones, 49 contra otros), de las cuales 163 son por traumas oculares. De éstas, apenas 31 causas han sido formalizadas a nivel nacional y 72 personas han resultado imputadas: 64 funcionarios de Carabineros y cuatro de las Fuerzas Armadas (tres militares y un miembro de la Infantería Marina). Solo 16 carabineros han sido desvinculados, lo que corresponde a un 0,2% de los casos, según Rodrigo Bustos, Jefe de la Unidad de Protección de Derechos del INDH.

Desidia del Poder Judicial

Frente a la gravedad de los hechos denunciados, el Poder Judicial no se ha mostrado, salvo excepciones, a la altura de las circunstancias. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó 14 recursos de protección presentados en contra de Carabineros por el uso de balines que, desde octubre de 2019 a la fecha, mutilaron los ojos de centenares de manifestantes. El argumento de la Corte fue que las lesiones denunciadas serían “hechos aislados”. La Corte Suprema, por su parte, sólo se ha pronunciado en uno de todos los recursos presentados.

De acuerdo a lo señalado por Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en el país hay 497 presos políticos, “jóvenes acusados de cometer supuestos delitos durante las manifestaciones”, mientras de los 476 “policías y efectivos de las Fuerzas Armadas investigados por la Fiscalía por violaciones a los derechos humanos”, apenas 74 han sido formalizados. Por otra parte, a pesar de las más de 8.000 denuncias por violaciones a los derechos humanos, apenas 800 se han presentado como querella, números que contrastan con las 1.914 acciones judiciales interpuestas por el gobierno en contra 3.274 manifestantes, sin que se adopten medidas efectivas para reparar a las víctimas.

El reciente caso de A.A , un adolescente de 16 años empujado por un carabinero desde un puente al río Mapocho durante una manifestación, muestra que la práctica de violar los derechos humanos persiste en Chile. En este país existen además graves denuncias de que  agentes del Estado participan deliberadamente en actos de encubrimiento, dilatando procesos judiciales, entregando falsos testimonios, adulterando o destruyendo medios de prueba y sitios del suceso, amenazando a testigos, víctimas e incluso a miembros de los mismos organismos del estado encargados de brindar justicia. Estas acciones terminan por deslegitimar todo el sistema judicial y socavan las bases sobre las que debiera sustentarse un Estado de Derecho.

En Chile, la temperatura social permanece alta. La inhabilidad y falta de visión política del gobierno se ha traducido en una baja aprobación de su gestión que, en diciembre de 2019, alcanzó la histórica cifra de un 6% de apoyo (CEP, 2020), así como en la fractura de la coalición de derecha y en la división de la oposición respecto a temas centrales. A pesar que las autoridades han buscado deslegitimar el carácter político del movimiento de protestas, las demandas sociales expresadas en las calles durante meses convergieron hacia la más política de las propuestas, cambiar la constitución heredada de la dictadura. Por otro lado, el desacato ciudadano a las medidas de represión impuestas por el gobierno y la respuesta masiva de la población a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y militares, han dejado en evidencia que, esta vez, no es el miedo ni las promesas vacías las que van a frenar el proceso de profundas transformaciones que se inicia en Chile. Un año después del comienzo del estallido social y pese a que el actual ordenamiento constitucional no adhiere al principio de soberanía popular, Chile se prepara para votar en un plebiscito que definirá el camino hacia una nueva constitución, una agenda que ha sido impuesta por la ciudadanía.

Referencias

Amnistía Internacional. Chile: política deliberada para dañar a manifestantes apunta a responsabilidad de mando. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/chile-responsable-politica-deliberada-para-danar-manifestantes/

Centro de Estudios Públicos (CEP). Encuesta CEP 2020. Estudio Nacional de Opinión Pública nº84, diciembre de 2019. Disponible en: https://www.cepchile.cl/cep/site/edic/base/port/encuestasCEP.html

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). CIDH condena el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile…. Comunicado de prensa, 6 de diciembre de 2019. Disponible en:https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/317.asp

Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 28 de septiembre de 2020, causa Rol Nº 172790-2019.

Defensoría de la Niñez. “Situación de Niños, Niñas y Adolescentes en el contexto de Estado de Emergencia y Crisis Social en Chile. Enero 2020”. Disponible en: https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2020/01/Informecrisis22enero_digital.pdf

Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile en el contexto de las movilizaciones sociales de 2019. Disponible en http://derecho.uchile.cl/contenidos-destacados/informe-de-la-defensoria-juridica-de-la-universidad-de-chile

Fundación SOL, en base a datos de la Superintendencia de Pensiones a Julio de 2020. Disponible en: https://www.spensiones.cl/apps/centroEstadisticas/paginaCuadrosCCEE.php?menu=sci&menuN1=pensypape&menuN2=nuepenmes

Fundación SOL, en base a DICOM-EQUIFAX USS. Informe Deuda Morosa 2º Trimestre 2020. Informe disponible en: https://www.uss.cl/wp-content/uploads/2020/08/Informe-Deuda-Morosa-2°-Trimestre-2020-.pdf

Human RightsWatch (HRW). Chile: llamado urgente a una reforma policial tras las protestas, 26 de noviembre de 2019. Disponible en:https://www.hrw.org/es/news/2019/11/26/chile-llamado-urgente-una-reforma-policial-tras-las-protestas

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Disponible en: https://www.indh.cl

Margotta, Carlos. Intervención ante la Comisión de DDHH del Senado, del Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, 8 de octubre de 2020.

OCDE (2019).Society at a glance 2019: OECD Social Indicators. OECD Publishing, Paris.

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Informe sobre la misión a Chile, 30 de octubre–22 de noviembre de 2019. Disponible en:https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf

Piñera, S. Estoy seguro de que, con la unidad de todos los chilenos, vamos a derrotar a los violentistas… Gobierno de Chile, Prensa presidencia, 19 de octubre de 2019. Disponible en: https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=103689

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Informe Anual 2017. Disponible en: https://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Publicaciones?indice=15.3&idPublicacion=478&idContenido=12011&idCategoria=2517

* Abogada y maestranda en Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires

** Músico

*** Doctora en Historia por la Universidad de Chile y Coordinadora del Núcleo de Justicia de Transición del Centro Internacional de Derechos Humanos de Sao Paulo /Academia Paulista de Direito


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