Brasil: la deuda pública, la reforma administrativa y la gestión del estado de barbarie – Por José Menezes Gomes

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por José Menezes Gomes

La reforma administrativa enviada por el gobierno federal tiene como objetivo sincronizar el fin del servicio público, utilizando la deuda pública como justificación. El uso de la deuda pública como justificación de las reformas neoliberales forma parte del ritual seguido por varios gobiernos y partidos en diversos momentos del proceso de destrucción de los derechos sociales en varios países.

La actual propuesta de reforma administrativa es hija tardía de este proceso de estabilización monetaria, de desestabilización de las cuentas públicas y de la economía que ha tenido lugar en el Brasil desde 1994. En este proceso se produjo un movimiento de demonización de los funcionarios públicos por parte de los principales medios de comunicación como los responsables del aumento del gasto público y el encubrimiento de la deuda pública como el responsable del compromiso del presupuesto público.

En el ámbito federal, el servicio de la deuda se acerca a la mitad del presupuesto, mientras que en los estados se acerca al 10% de los ingresos corrientes netos.

Para comprender la naturaleza de este proceso debemos ir más allá del escenario nacional y de este momento histórico, ya que es un fenómeno que se ha producido en los Estados que han experimentado el estado de bienestar y en los Estados que no lo han experimentado, especialmente en los países subdesarrollados.

Para comprender en su totalidad tenemos que analizar la descomposición del estado de bienestar. Durante su vida, la expansión de los servicios públicos fue acompañada por la expansión de los derechos de los trabajadores, incluyendo a los funcionarios públicos con énfasis en el concepto de Seguridad Social.

Sin embargo, esta investigación necesita la percepción de lo que ocurrió en el sector privado y en el sector público a finales de los años ochenta, cuando comenzó el desmantelamiento del Estado de bienestar y la introducción del neoliberalismo, inicialmente en Inglaterra y en los Estados Unidos y luego su generalización por el resto del mundo, incluidos los países del socialismo real.

En Rusia la restauración capitalista tuvo lugar con la adopción de la economía de mercado, la privatización de las empresas estatales y una profunda reforma del Estado con ataques a los funcionarios públicos. En ese momento el FMI determinó la adopción de una política de estabilización similar a la que se produjo en el Brasil y en América Latina, que se derrumbó con la crisis rusa y la moratoria en 1998.

Esta transición de la fase del Estado de bienestar, en la que se produjo, a la fase neoliberal fue acompañada por una caída de la tasa de beneficios, especialmente en los EE.UU., por la aceleración de la crisis fiscal y financiera del Estado, por el brutal aumento de la tasa de interés básica en los EE.UU. del 5% al 20%, que transformó los bonos públicos en el objeto de deseo de los capitalistas que vieron en la caída de la tasa de beneficios industriales una oportunidad para obtener mayores ganancias en la compra de estos bonos públicos.

En los Estados Unidos, el proceso de privatización del Welfare y el fortalecimiento de los fondos de pensiones terminaron por permitir que el Welfare privado desempeñara un papel importante en el mercado de bonos y en la renovación de la deuda de los Estados Unidos. Sin embargo, el capital privado que antes estaba en el sector industrial empezó a buscar otras formas de inversión.

En esta dirección, la Reforma del Estado abrió el camino para que el sector privado productivo buscara reducir las funciones sociales del Estado y ofrecer espacio para los servicios privados, sustituyendo al Estado en un proceso de mercantilización de los servicios públicos (salud, educación, seguridad y bienestar).

Mientras que el neoliberalismo se afianzó en los países industrializados a principios de los años ochenta, en Brasil tuvimos el fortalecimiento de los movimientos sociales que llevó al surgimiento del PT y de la CUT, el movimiento de reforma sanitaria que ayudó a la caída del Régimen Militar y generó fuerzas para la Constitución Federal de 1998.

En esta Constitución se introdujo en el Brasil el concepto de Seguridad Social, así como el requisito de la licitación pública en las tres esferas de la administración pública, el permiso para la sindicalización de los funcionarios públicos, la estabilidad laboral y la consolidación de los planes de carrera y de la política salarial para evitar pérdidas salariales.

Sin embargo, los ataques a los servicios públicos comenzaron cuando los derechos garantizados por la Constitución de 88 no estaban debidamente garantizados en la Ley de Presupuesto Anual, que comenzó a dar prioridad a la política de ajuste fiscal con el fin de obtener un superávit primario para el pago de la deuda pública.

La evolución de esta deuda está asociada a la lógica del Plan Real, que ha tenido una gigantesca amplificación debido a los altos tipos de interés practicados para evitar la fuga de capitales. Esto ocurrió en la crisis mexicana de 1995, la crisis asiática de 1997 y la crisis rusa de 1998 y después de 1999 con el fin del anclaje del tipo de cambio y la introducción del régimen de metas de inflación.

Así, la crisis capitalista, cuando se manifestó en la periferia capitalista en el primer momento, terminó determinando el rumbo del desmantelamiento de los derechos sociales para asegurar las condiciones de pago de la deuda pública que creció aún con el profundo proceso de privatización de las empresas estatales impulsado en 1997, con financiamiento público del BNDES, poco después del acuerdo con el FMI.

Cabe recordar que la estabilidad monetaria lograda con el Plan Real hizo posible la elección de Fernando Henrique Cadoso, lo que allanó el camino para diversas reformas y el fortalecimiento del neoliberalismo y el proceso de privatización. Los ataques que ahora se manifiestan en el sector público ya se estaban produciendo en el sector privado con la reforma laboral, que fortaleció el proceso de externalización en todos los sectores.

De la misma manera, la Reforma de la Seguridad Social, que inicialmente llegó al sector privado, también comenzó a llegar a los funcionarios públicos, especialmente a partir de 2003, con el permiso de los fondos de pensiones para los funcionarios públicos, introducidos en 2012. Sin embargo, los sirvientes militares fueron dejados fuera de estas reformas.

En este proceso tuvimos la creación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, en el año 2000, que buscaba establecer límites a los gastos de personal sin establecer límites a los gastos financieros. Antes de eso, teníamos el PROER (Programa de Fomento a la Reestructuración y Fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional) en 1995, cuando la Unión hizo un programa para salvar a los bancos privados con dinero público.

Luego se creó el PROES (Programa de Incentivos a la Reducción del Sector Público Estatal en la Actividad Bancaria) en 1996, que llevó a la privatización o liquidación de estos bancos, permitiendo eventualmente una nueva centralización del sistema bancario y la desnacionalización, mientras los estados transformaban en deuda pública los pasivos de estos bancos generados por las burguesías regionales.

Así, la privatización iniciada a finales de los años 90 continúa amplificando la deuda de los estados, mientras que la carta decisiva de liquidación de los servicios públicos se intenta con la privatización de las restantes empresas estatales con dinero del BNDES.

Mientras tanto, los estados siguen pidiendo más dinero prestado a los bancos, concediendo exenciones fiscales a grandes grupos y recaudando impuestos de los pobres, lo que permite al sector financiero ganar aún más. No canjear la deuda contraída para favorecer los intereses privados por universidades públicas.

La Enmienda Constitucional 95, que congeló el gasto social durante 20 años, ya había reafirmado la prioridad del dinero público con el servicio de la deuda pública que proporciona a los banqueros grandes ingresos, porque son los principales compradores de valores públicos. El desmantelamiento de los servicios públicos forma parte de una política global propuesta por el Banco Mundial que ha facilitado el empeoramiento de la barbarie social.

Aunque el SUS ha demostrado ser fundamental en la lucha contra COVID 19, lo que observamos es la profundización del intento de liquidar los servicios públicos. Al mismo tiempo, el mismo Estado que propone el exterminio de las licitaciones públicas ha liberado el 80% de los recursos del BNDES para que el sector privado privatice el resto de los estatales. Más grave que esto fue la creación de una ley que permite a la Unión comprar valores podridos de los bancos por valor de hasta 1 billón de reales, poniendo a los banqueros por encima de todo.

El Estado que maneja la barbarie es aquel en el que las funciones sociales se vacían con la ampliación de las privatizaciones y básicamente hace exenciones fiscales para los grandes grupos monopolísticos, cobra impuestos a los pobres, pide prestado a los bancos para contratar obras con los contratistas, libera créditos subvencionados al sector privado, paga intereses a los banqueros, no licita e intenta convertir a los funcionarios públicos en villanos, compra títulos podridos a los bancos, estando totalmente sujeto al sistema de deuda.

En este momento se hace necesario unificar a los servidores de las tres esferas del sector público, junto con los trabajadores del sector privado en defensa de los servicios públicos, denunciando que la deuda pública que está sacrificando el financiamiento de los servicios públicos, surgió de las acciones del Estado a favor, especialmente del sector privado, ya sea por la renuncia fiscal, la evasión, o la transformación de deudas privadas hechas con bancos estatales en deuda pública sin contrapartida social.

En esta dirección, esta unificación debe tener como punto de unión el principio de la independencia de clase. No canjear la deuda pública proveniente de los bancos estatales por el fin del servicio público con la reforma administrativa.

*Profesor de la Universidad Federal de Alagoas- UFAL, Coordinador del núcleo Alagoas para la Auditoría Ciudadana de la Deuda, integrante de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública RICDP

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