Chile | El fin del consenso político de 1988 – Por Marco Moreno

Foto: Xinhua
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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Marco Moreno

De las varias lecturas e interpretaciones acerca de lo ocurrido el 25-O, la referida el fin del pacto político inaugurado en 1988 resulta clave para entender el significado del plebiscito más allá de los resultados.

Se ha señalado en múltiples análisis que el pacto de la transición estaría agotado. Como sabemos, el pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social. De este modo el pacto suscrito a partir del consenso político entre los miembros de la elite del poder y los actores clave de la transición a la democracia –con posterioridad a los plebiscitos de 1988 y 1989– dio lugar a un paradigma de gobernabilidad que se instaló en 1990. Así, la reinauguración de la democracia estuvo fuertemente condicionada por la emergencia de un paradigma de gobernabilidad, que modeló el desarrollo del país a partir del encuadre ordenado por el binomio legitimidad/eficacia.

El disciplinamiento al paradigma de gobernabilidad instalado, permitió un conjunto de avances que contribuyeron al desarrollo del país durante dos décadas. Se llegó a hablar del “modelo chileno”. Lo anterior no era poca cosa en una región nada habituada a periodos sostenidos de estabilidad. Sin embargo, esto no quita que se haya registrado una acumulación de factores negativos, no procesados ni menos resueltos debidamente por la matriz política e institucional, que lleva a establecer un balance insatisfactorio, especialmente en los últimos 10 años de vigencia del paradigma de gobernabilidad.

De este modo, el mito de nuestra transición exitosa y la derrota de los fantasmas de una regresión autoritaria a través de la estabilización y protección de las instituciones, comenzó a mostrar los primeros signos de una crisis larvada hacia fines de los 90. Desde entonces se han venido erosionando y socavando los pilares sobre los cuales se asentaron dichos supuestos, constituyéndose en una amenaza a la sustentabilidad de nuestra democracia.

Es este balance negativo el que permite hablar de una crisis como momento histórico, en que se detecta el agotamiento de una fórmula sin que se vislumbre una vía de salida para repararla. El estallido social del 18 de octubre, unido a los actuales efectos sociales, económicos y políticos de la pandemia, han acelerado el proceso de agotamiento del modelo, expresado en el quiebre del consenso político de 1988 que se agudizó en la actual administración de Sebastián Piñera, poniendo en severo riesgo el sistema político y sus instituciones.

En los hechos el triunfo de la opción Apruebo pone fin al pacto político de la transición e inaugura un nuevo acuerdo político que deberá hacerse cargo de la actual crisis, pero sobre todo de un conjunto de problemas complejos derivados de los actuales niveles de exclusión, desigualdad y de la demanda ciudadana por avanzar hacia un Estado social de derechos que corrija las distorsiones y, especialmente, las asimetrías de poder que han persistido en Chile desde 1990.

Lo anterior será encauzado a través del actual proceso constituyente en marcha. Eso decidieron los chilenos este domingo 25 de octubre. Ciertamente, este no estará exento de tensiones y dificultades en un periodo de interregno político, en donde lo viejo no muere y lo nuevo no termina de nacer.

Queda aún una cuestión pendiente. La magnitud de los problemas que debemos afrontar exigirá dejar a un lado la dimensión competitiva de la política y fortalecer su dimensión cooperativa. Este desafío requiere necesariamente del recambio de los actuales liderazgos, que parecen más cómodos administrando el descontento que gestionando el poder. El ciclo electoral intenso del próximo año –con varias elecciones en 2021– será la oportunidad de los ciudadanos para remplazar, ahora también, al elenco que habilitó el consenso que hizo posible el modelo de gobernabilidad agotado y que lo han administrado desde el Gobierno y la oposición en los últimos 30 años.

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