Colombia | Sentencia que dejó en libertad al expresidente Álvaro Uribe será revisada por otro juez

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Libertad concedida a Álvaro Uribe será revisada por otro juez

Más de dos meses después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención en casa por cárcel del expresidente Álvaro Uribe Vélez en un caso por soborno y fraude procesal, el exmandatario recuperó su libertad.

El 4 de agosto, la Corte emitió la orden de detención en contra del entonces senador Uribe Vélez.

Desde ese momento, él renunció a su curul en el Congreso, el caso pasó a la Fiscalía por competencia, la defensa pidió su libertad ante el nuevo investigador del caso –que la negó– y luego la volvió a pedir ante un juzgado de Bogotá, que ayer se la concedió y ordenó, además, que se le devolvieran los 98 millones de pesos que había pagado de caución.

En una audiencia de menos de dos horas, la jueza 30 de control de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, explicó las razones por las que avaló la petición de libertad hecha por la defensa de Uribe Vélez, la cual fue respaldada en su momento por la Fiscalía y la Procuraduría. Las víctimas habían pedido en la audiencia realizada el jueves que el investigado siguiera privado de la libertad.

La decisión fue notificada ayer mismo a la dirección del Inpec para hacerla efectiva inmediatamente. Antes de sustentar su argumentación, la funcionaria judicial criticó la actitud de la Fiscalía, que en la audiencia anterior hizo cuestionamientos a la indagatoria realizada a Uribe Vélez en la Sala de Instrucción de la Corte.

La Fiscalía señaló que esa indagatoria había generado faltas al debido proceso y afectado la defensa del investigado. A lo que la jueza señaló que eso fue un desatino del fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, que desvió el debate sobre el tema que se debía resolver y era la petición de libertad del investigado.

“Esta funcionaria no va a cuestionar la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte, no va a revisar su legalidad ni su validez”, señaló la jueza al considerar que esas decisiones fueron adoptadas en el marco de sus funciones y apegadas a la ley.

Los argumentos de la jueza

La jueza centró su decisión en que no es posible equiparar la figura de la indagatoria, propia del viejo sistema, con la imputación de cargos establecida en el nuevo sistema penal acusatorio.

E incluso señaló que intentar equiparar esas dos figuras sí afecta el debido proceso que se debe garantizar al investigado y al mismo proceso.

Indicó que su interpretación no es caprichosa y que hay precedentes de la misma Corte Suprema que señalan que “en ninguno de los preceptos del ordenamiento penal se equipara la indagatoria” con la imputación.

Insistió que tampoco se le puede exigir a la Fiscalía que presente un escrito de acusación sobre un proceso que no ha decidido llevar a imputación de cargos y que apenas está conociendo.

Así las cosas, señaló la jueza, la privación de la libertad de una persona en el nuevo sistema, por el que ahora se lleva la investigación contra Uribe Vélez, solo se puede dar después de la imputación de cargos. Y quien decide si priva de la libertad a alguien es un juez a petición de la Fiscalía.

Recordó que en este caso la misma Fiscalía pidió la libertad del investigado. Y añadió que en el nuevo sistema hay otras medidas no privativas de la libertad, contrario a lo que sucede en el viejo sistema.

“Por todo lo expuesto, la decisión que adopta esta funcionaria es acceder a la solicitud de la defensa, apoyada por la Fiscalía y la representación de la Procuraduría, y en ese orden se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez”, dijo la jueza del caso.

Unos minutos después de conocerse la decisión reaccionó el expresidente. “Gracias a Dios”, escribió en sus redes sociales.

El abogado Reynaldo Villalba, que representa al senador Iván Cepeda, apeló la decisión; lo mismo que el exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal general Jorge Fernando Perdomo.

El senador Cepeda señaló que respeta la decisión de la jueza, pero consideró “muy grave que el señor fiscal Gabriel Jaimes haya desarrollado un libreto político en esta actuación. Es evidente su parcialidad y consideramos que no hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso”.

Así las cosas, la decisión la tendrá que revisar en segunda instancia un juez penal del circuito y entre tanto la libertad del investigado queda en firme.

Exfiscal Montealegre pide que se compulsen copias contra Duque

El exfiscal general Eduardo Montealegre, pidió que se compulsen copias contra el presidente Iván Duque, por una supuesta interferencia en el proceso contra Uribe.

Montealegre dijo que tenía unos videos que quería presentar en la audiencia y que supuestamente demostraban esa interferencia.

La juez 30 no permitió que presentara los videos, al considerar que no tenían que ver con la decisión que se había adoptado su despacho.

El exjefe del ente acusador indicó que como parte de su argumentación entregará esos videos a la segunda instancia.

El Tiempo


Víctimas apelan decisión de libertad para Álvaro Uribe y piden compulsar copias contra fiscal Gabriel Jaimes

Ante la decisión tomada por la jueza 30 de control de garantías de Bogotá de revocar la medida de aseguramiento del exsenador Álvaro Uribe Vélez, el senador Iván Cepeda, víctima en el proceso que se adelanta contra el exmandatario por los delitos de soborno y fraude procesal a través de su abogado expresó que apelará la decisión a una segunda instancia y continuará luchando en los estrados judiciales, denunciando la responsabilidad del excongresista en los hechos de los que se le acusa.

Procesado Uribe «escoge juez, procedimiento y elimina todo lo adelantado por la justicia»

Por su parte, Reynaldo Villalba, representante del senador Cepeda, pide al juez de segunda instancia que revoque la decisión tomada y que mantenga vigente la medida de aseguramiento. Pidió además que se determine si se deben compulsar copias e investigar de forma disciplinaria y penal al fiscal Gabriel Jaimes por su pronunciamiento y el desconocimiento y críticas hechas a las acciones tomadas por la Corte Suprema de Justicia.

De igual forma reiteró que independientemente de si el caso avanzaba por la ley 600 o la ley 906 en ambas existía la medida de aseguramiento y con los mismos fines por lo que estaban ante una figura que coincide en nombre y en lo sustancial, que debía ser tenida en cuenta.

El abogado expreso que «hay que buscar los mecanismos de adecuación bajo estos principios para que se ajuste a los pilares constitucionales sin que afecten las garantías de quienes participan en el proceso». Además alertó que esta decisión, de no existir una segunda instancia dejaría sin piso la seguridad penal frente a los actuales procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el exsenador, además afectaría de manera grave la estabilidad del sistema penal pues «es una puerta abierta a la fuga de procesados de la Corte Suprema de Justicia».

Villalba agregó que pese a que se señaló que se desconocía el derecho a la defensa, este se habían materializado «llevando un montón de testigos para desvirtuar los hechos que puso de presente la Corte Suprema de Justicia» y que por el contrario las amenazas contra su representado, el senador Iván Cepeda, habían ido en aumento con especialidad después de la medida de aseguramiento como consecuencia de declaraciones hechas por Álvaro Uribe a través de medios de comunicación y redes sociales.

En ese sentido el exfiscal Perdomo aseguró que la jueza debió argumentar cuáles eran las garantías que se le estaban negando al procesado para poder argumentar que primero no se está violando el precedente y segundo que se está respetando el debido proceso y los derechos de todas las partes.

El abogado Villalba además solicitó que los 23 anexos que fueron enviados a la jueza de garantías se han enviados al juez de segunda instancia solicitud que fue acogida por la jueza Clara Ximena Salcedo quien durante su intervención sostuvo que no era posible concebir «la validez de una medida de aseguramiento sin una previa formulación de imputación”, señalando que que su libertad en el nuevo sistema sólo se puede dar después de la imputación de cargos.

Lo que argumenta la Fiscalía

Este martes la Jueza 30 de Control de Garantías, Clara Ximena Salcedo ya había decretado adelantar el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe a través del régimen procesal de la Ley 906 de 2004. Posteriormente señaló contrario a lo que argumentan las víctimas acreditadas, que no se puede equiparar la indagatoria en el viejo sistema y la imputación de cargos en el nuevo sistema.

La jueza además expresó que no revisaría «la providencia de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”. Por tanto, no hizo alusión a los documentos de 1.500 páginas con los que la Corte Suprema de Justicia sustentaba la decisión de la medida de prisión domiciliaria contra el exsenador.

No obstante, ante dicha decisión tomada por la jueza, el senador expresó que esta, «no altera mi intima convicción de respeto por la justicia y de acatamiento a sus decisiones, no obstante o compartimos esa decisión y por supuesto vamos a apelarla». La decisión de las víctimas se basa en que para ellas hay un desconocimiento de sus derechos y de un avance probatorio desestimado por la jueza Ximena Salcedo y que negaría lo avanzado por la alta corte.

Del mismo modo Cepeda expresó su preocupación ante la actuación del fiscal Gabriel Jaimes a quien señaló de desarrollar «un libreto político» en el caso evidenciado su parcialidad por lo que considera, no existe «ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso».

El senador Cepeda ya había señalado en semanas pasadas que llevaría el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presentará un informe a Michelle Bachelet, alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos para así evidenciar la presión que se ejerció sobre la Corte Suprema de Justicia.

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