Ecuador | Después de 21 años, Corte ratifica condena de ocho años para el expresidente Jamil Mahuad

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Luego de 21 años la Corte Nacional de Justicia ratifica una sentencia condenatoria de 8 años de prisión por peculado para expresidente Jamil Mahuad, este miércoles 14 de octubre de 2020.

Han pasado más de 21 años del feriado bancario, y recién el Tribunal dio el final al caso de peculado para el expresidente Jamil Mahuad. Los jueces David Jacho y Iván León en voto de mayoría rechazaron la casación pero salvó su voto Wilmer Terán.

Patricio Vivanco, uno de los abogados del expresidente, señaló que se reunirán con Mahuad en las próximas horas, con la intención de presentar una solicitud de ampliación y aclaración ante la CNJ. Una vez resueltos, la sentencia de ocho años quedaría en firme. Además, el equipo jurídico presentará una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.

Uno de los acusadores particulares del expresidente, Víctor Granda, hay una contradicción en ese razonamiento jurídico. No obstante, señaló que la sentencia está a punto de quedar en firme por el voto de mayoría. Él enfatizó en que este caso lleva más de 21 años ventilándose en las cortes del país.

Este proceso judicial por peculado contra Mahuad, quien radica en Estados Unidos, empezó en mayo del 2000 por las denuncias presentadas por Víctor Granda y Napoleón Gómez. El juicio denuncia la expedición del Decreto 685 con el cual se hizo la reprogramación de los depósitos en el sistema financiero privado, más conocido como congelamiento bancario.

En el 2014, la jueza nacional Ximena Vintimilla declaró culpable a Mahuad en calidad de autor del peculado y fue condenado a 12 años de cárcel. El sentenciado apeló el fallo. Tres años después, el 17 de mayo de 2017, un Tribunal aceptó parcialmente la apelación y redujo la pena de 12 a ocho años de prisión la pena por peculado al expresidente Jamil Mahuad. Al expresidente se lo condenó el 29 mayo del 2014, a 12 años de reclusión mayor ordinaria por el delito de peculado, por el congelamiento bancario en 1999.

Mahuad nuevamente pidió una ampliación y aclaración de ese nuevo fallo, pero fue negado. Por eso el expresidente presentó el pedido de casación.

En ese entonces el procesado Jamil Mahuad, arguyó que esa pena era fruto de “linchamiento político” la sentencia en su contra. Para él su actuación de congelar los depósitos bancarios impidió “que los grandes capitales se fugaran al exterior”, por lo que consideró que su comportamiento, “aunque fue muy duro personal y políticamente”, fue “responsable”.

Haciendo memoria

Esta quiebra de la banca y congelación de cuentas costaron USD 8.600 millones, lo que marcó el cierre del 70% de instituciones financieras en todo el Ecuador. El desembolso de USD 1.600 millones de fondos del Estado hacia los bancos quebrados. El desempleo en el orden del 14,7%. La inflación de 96,1%. Esas eran las cifras del supuesto “linchamiento político” de la fatídica presidencia de Jamil Mahuad, así de catastróficas eran las cifras que dejó el feriado bancario de 1999.

Para el Banco Central del Ecuador (BCE), las pérdidas económicas eran cuantiosas, ascendieron a USD 8.600 millones. La pobreza siguió en aumentó del 9% al 17%, y el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 4,7 puntos.

La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que fue creada en 1998, con la aprobación de “La Aplanadora” una bancada de exdiputados del Partido Social Cristiano y la Democracia Popular que aprobaron la Ley Trole I y II, con lo que no pudieron resolver los problemas que enfrentaban los clientes de los bancos que pasaron a su administración. Innumerables eran las irregularidades encontradas en esa institución fue cerrada en 2009.

Según Mahuad con el congelamiento de depósitos decretado pretendía que los capitales no se fugaran al exterior, pero lo que en realidad pasó fue que los ahorristas no podían sacar su dinero durante un año, eso provocó la quiebra de los principales bancos del país. Por medio de protestas la población logró acortar los plazos para recuperar el dinero de sus ahorros.

Los bancos que quebraron fueron: Progreso, Popular, Previsora y Filanbanco. Entraron en saneamiento: Azuay, Finagro, Financorp, Occidente, Bancomex, Unión y Crédito. Pero el duro golpe que sufrió la ciudadanía luego de la crisis económica fue la dolarización (decretada el 9 de enero del 2000), cotizando a 25.000 sucres cada dólar. La ira popular se hizo presente y el 21 de enero de 2000, el expresidente Mahuad fue derrocado.

Se registraron 68 órdenes de prisión en contra de dueños y administradores de bancos, de los cuales en esa esa época, solo se detuvo a tres: Alejandro Peñafiel (banco de Préstamos), Fernando Aspiazu (banco del Progreso) y Nicolás Landes (banco Popular).

Ya en el 2015 se puede observar que en ese entonces el presidente Rafael Correa, presentó un informe realizado por la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público sobre los huecos patrimoniales que generó la crisis bancaria, develándose que el banco del Progreso tenía una pérdida patrimonial de USD 997’204.222,66. Fueron demandados por este perjuicio Ernesto Balda Hernández y Fernando Aspiazu, este último fue declarado insolvente.

Por otro lado, los hermanos Roberto y William Isaías y Juan Franco Porras, también forman parte de la lista con una deuda al Estado que suma USD 661’500.000, como representantes de Filanbanco. Además, Iván Landes Guerrero, representante del Banco Popular, cuenta con una demanda por USD 237’839.345,77. Del Banco de Préstamos figuran Mario Alberto Larrea Vasco y José Peñafiel Escalante por USD 229’137.919,68.

Ante esta situación miles de ecuatorianos decidieron abandonar el país, legal e ilegalmente hacia EE.UU., España e Italia. Según registros entre 1998 y 2000 la población migrante fue de un millón de personas, es decir, el 20% de la población económicamente activa.

Este éxodo ecuatoriano no olvidó su país de origen, hasta el 2004, las remesas de los migrantes representaron USD 8.300 millones de ingresos a la economía ecuatoriana.

Pichincha Comunicaciones


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