Ecuador | Renuncia ministro de Economía luego de aprobarse préstamo con el FMI y asumirá la vicepresidencia del BID

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Mauricio Pozo es el nuevo Ministro de Economía; Richard Martínez renunció tras dos años y cuatro meses de gestión

Richard Martínez dejó el cargo de ministro de Finanzas este miércoles 7 de octubre del 2020.

El presidente Lenín Moreno informó que Martínez será reemplazado por Mauricio Pozo, quien fue ministro de Finanzas entre el 2003 y el 2004, durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez.

Martínez deja el cargo una semana después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el segundo programa económico para Ecuador en durante este Gobierno.

El préstamo, por USD 6 500 millones, se desembolsará hasta el 2022 y está atado a compromisos que deberá analizar el siguiente Gobierno.

Antes de entrar al sector público, Martínez —economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)— había sido presidente de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y, el 16 de mayo del 2018 se convirtió en el tercer ministro de Finanzas del Gobierno de Lenín Moreno y el que más tiempo duró en el cargo.


Los hechos relevantes que enfrentó su gestión

Con multilaterales. Durante la gestión de Richard Martínez, en el 2019, se firmó un programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de casi 15 años del último acuerdo.

Con el primer acuerdo, firmado en el 2019, el Fisco recibió USD 1 400 millones del multilateral, pero por problemas en las cifras económicas proporcionadas, el programa se canceló.

El pasado de 30 de septiembre del 2020, bajo la dirección de Martínez, el Gobierno firmó un segundo acuerdo con el Fondo, con recursos excepcionales, por encima de la cuota que normalmente debía recibir el país. Los recursos de este segundo acuerdo constituyen el préstamo más grande que ha recibido el país del FMI. El Gobierno accedió a recursos excepcionales del Fondo, que representan casi 6 veces la cuota del Ecuador dentro del ente.

Leyes aprobadas. En su período se presentaron leyes con reformas económicas como la Ley de Crecimiento Económico, en el 2019, que dispuso el cobro de IVA a plataformas digitales y cobro del ICE a los planes de telefonía y a las fundas plásticas.

En el 2020 se reformó el Código de Planificación y Finanzas Públicas que establece un cronograma de reducción a la deuda pública y pone techos al gasto de entidades del sector público.

Este año también se aprobó una Ley de Apoyo Humanitario, que planteó la posibilidad de llegar a acuerdos laborales entre las partes, por la crisis derivada de la pandemia y abrió la posibilidad de que se reduzcan jornadas hasta un 50%, entre otras medidas.


Deuda.
Martínez gestionó un plan de renegociación de la deuda en bonos externos, con lo que se logró reemplazar 10 bonos por tres nuevos bonos y reducir el capital en USD 1 500 millones. La renegociación permitió además la reducción del interés promedio de la deuda en bonos de 9% a 5% y alargó los plazos de pagos.

En marzo del 2020, durante el inicio de la emergencia sanitaria, Martínez decidió pagar la deuda de un bono por USD 341 millones, lo que generó críticas en varios sectores, que cuestionaron que haya hecho ese pago en un momento en el que el país requería recursos para enfrentar la crisis. Según Martínez, hacer el pago de ese bono abrió la posibilidad para que otros organismos presten dinero al país por montos más altos y en mejores condiciones.

El paro de octubre. El 2 de octubre del 2019, mediante el decreto 883, se anunció la eliminación del subsidio a las gasolinas extra, ecopaís y diésel. Según el entonces ministro de Finanzas, esta medida generaría un ahorro de USD 1 400 millones al fisco: unos USD 370 millones provendrían de las gasolinas extra y ecopaís; y del diésel USD 1 030 millones. La medida generó protestas y paralizaciones que, según el Banco Central, derivaron en pérdidas por USD 821 millones al país.

Juicios Políticos. El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó el pasado 21 de septiembre del 2020, cinco pedidos de juicio político en contra de Martínez, por supuesto incumplimiento de funciones.
Los cinco pedidos de interpelación contra Martínez fueron presentados en el último año, lo acusan de incumplimiento de funciones en el pago a los jubilados, supuesto manejo negligente de las asignaciones presupuestarias para atender la crisis sanitaria privilegiando el pago de la deuda, indebida retención de las asignaciones a los municipios y falta de entrega de recursos al sector educativo.

Mauricio Pozo es el cuarto ministro de Economía de Moreno

El economista Mauricio Pozo fue designado como ministro de Finanzas este miércoles 7 de octubre del 2020. Es el cuarto ministro de este ramo en el Gobierno de Moreno, al que le quedan casi siete meses de gestión.

Esta es la segunda vez que Pozo ocupa este cargo, pues entre enero del 2003 y junio del 2004, estuvo frente a la Cartera de Finanzas, durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez.

En ese período, Pozo fue el encargado de firmar el acuerdo económico de corto plazo, tipo Stand By, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por USD 200 millones.

Los desembolsos de este préstamo no llegaron a completarse, pues en ese entonces no se cumplieron las metas del programa.

Pozo asume el cargo luego de que el país recibió un nuevo préstamo del Fondo, negociado por su antecesor, Richard Martínez. Se trata de un préstamo de USD 6 500 millones, atado a un programa con metas que cumplir hasta el 2022.

El Fisco ya recibió los primeros USD 2 000 millones y, según el Presidente Lenín Moreno, ya se definió el destino de esos recursos a temas como el pago del atrasos y atención social.

Pozo tendrá que cumplir con las metas fijadas en el programa con el Fondo para que en diciembre el Fisco pueda recibir otros USD 2 000 millones del préstamo. Entre ellas, la aprobación de reformas legales anticorrupción y antilavado de activos. También va a estar a cargo del proyecto de reforma tributaria que el Ejecutivo se comprometió a entregar en el 2021 a la Asamblea para su debate. Esta reforma planteará un incremento al IVA de 3 puntos, con lo que el impuesto será de 15%, si se aprueba el proyecto y entraría en vigor en el 2022.

Su carrera y formación

Pozo es quiteño, nació en 1959 y se graduó en el Colegio Alemán Humboldt, en Caracas en 1976.

Se tituló como economista en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y tiene una maestría en Economía en la Universidad de Notre Dame (Indiana, EE.UU.).

En el sector público, fue presidente de la Junta Monetaria en 1988 en el Gobierno de Rodrigo Borja, fue director de la División Técnica del Banco Central (BCE) y Gobernador ante el FMI.

En el sector privado, fue presidente de la Bolsa de Valores de Quito, vicepresidente y asesor económico en Produbanco, presidente ejecutivo en el grupo Conclina y fundó la firma de asesoría económica Multienlace.

En el 2017, este economista intentó llegar a la vicepresidencia como binomio de Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano (PSC).

También tuvo intención de llegar a la Alcaldía de Quito en las elecciones del 2019, pero declinó su candidatura.

El Comercio


Richard Martínez nuevo vicepresidente de países del BID

Si bien todavía el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha oficializado la designación del economista ecuatoriano, Richard Martínez, como vicepresidente de países, Última Hora Ecuador y su área de investigación conoció ya esta noticia que la da a conocer al país.

El exministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que en ese cargo “la visión de Ecuador va a poder abrir espacios entre otros países de la región que necesitan de una gestión acelerada para recibir financiamiento para enfrentar el escenario postcovid”.

Está previsto que Martínez viaje a Washington para ejercer sus nuevas funciones.

“La salida está atada a un compromiso con el país hacia futuro, enmarcada en la invitación que ha hecho el presidente del BID al Ecuador para que se sume al equipo que ha estado conformando. Es un honor como ecuatoriano y un reconocimiento al país por lo que ha venido haciendo para que Ecuador tenga una posición estelar en organismos internacionales”, dijo Martínez.

Martínez que años atrás ganó el premio José Corsino Cárdenas, en un evento realizado por el Banco Central del Ecuador, ahora será el ecuatoriano que ocupe la segunda posición más elevada en representación de nuestro país en el BID.

Recordamos que el BID fue fundado a fines de los años 50, ante una idea del presidente brasileño Juscelino Kubitschek y uno, entre el grupo de fundadores, fue el orense José Corsino Cárdenas, primer ecuatoriano graduado en Harvard.

Última Hora


Martínez no podrá trabajar en el BID

Richard Martínez dejó el Ministerio de Finanzas para formar parte del equipo de trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comandado por Mauricio Claver-Carone.

El ahora exministro confirmó a un medio que irá a Washington a trabajar como Vicepresidente de Países en este organismo.

No obstante, de acuerdo con la Constitución ecuatoriana, ningún exministro podrá trabajar en un organismo económico internacional durante dos años después de abandonar el cargo. Así lo dispone el artículo 153.

“Quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y las servidoras y servidores públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no podrán formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que celebren contrato con el Estado. Bien sea para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual, ni ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país”.

De manera que cualquier intención de comandar cualquiera de las áreas de este organismo es una afrenta a la Constitución de la República. Los rumores de las intenciones de Martínez de comandar la Vicepresidencia de Países en la administración de Clever-Carone surgieron desde el pasado 28 de agosto.

“Me encantaría reclutar a Richard y a Nigel (…) Soy un gran admirador de Richard Martínez de Ecuador, María Antonieta Alva de Perú, Nigel Clarke de Jamaica y Azucena Arbeleche de Uruguay. No hay escasez de talento de nueva generación en toda la región”, dijo Claver-Carone cuando aún era candidato al BID.

Martínez sale, entra Pozo

El presidente Moreno indicó este miércoles que Martínez dejaba esta cartera de Estado. En su lugar, entraría Mauricio Pozo, quien ocupó el mismo cargo en el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005).

Pozo agradeció el nombramiento en un tuit. «He aceptado la invitación del presidente Lenín Moreno para hacerme cargo del Ministerio de Finanzas. Me honro con esta dignidad y agradezco la confianza en mi próxima gestión», escribió.

«Fortalecer el programa económico y la dolarización, acelerar la recuperación económica y el empleo, enrumbar al país con estabilidad y promover diálogos nacionales para impulsar reformas urgentes, serán las consignas de mi trabajo», agregó.

Radio La Calle


Juez del Tribunal Electoral ratifica inscripción del movimiento Juntos Podemos, y deja sin efecto decisión del Consejo Electoral

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de eliminar al movimiento político Juntos Podemos fue dejada sin efecto.

Así lo resolvió el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, en una sentencia publicada este 7 de octubre, en la cual aceptó el recurso subjetivo que planteó el directivo de la agrupación, Paúl Carrasco, en contra de la resolución administrativa del Consejo Electoral.

La decisión del CNE se dio el 16 de septiembre al acoger las recomendaciones de la Contraloría del Estado en las que se señaló que Juntos Podemos, Justicia Social, Fuerza Compromiso Social y Libertad es Pueblo, obtuvieron su personería jurídica y se integraron al Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas con firmas que presentaban irregularidades.

El magistrado en su fallo, responsabilizó al Consejo Electoral de verificar firmas que tenían estas anormalidades.

De la “verificación de las actuaciones administrativas del CNE” se establece que “la responsabilidad no es de los promotores que entregaron los formularios con las firmas, sino de la administración electoral que validó esos registros, para inscribir y ratificar el registro del Movimiento Podemos. Por lo cual vuelve incongruente la decisión del CNE al establecerse que su actuación administrativa tuvo errores u omisiones, y que dan como resultado la cancelación del movimiento político, entre la intención del procedimiento de revisar las actuaciones administrativas, en las cuales no toman decisiones los promotores, ni representantes del movimiento y su ulterior resolución de cancelar el registro de la organización política”, cita el texto.

Agrega que “en la sustanciación del procedimiento administrativo de revisión de las actuaciones administrativas para la inscripción del Movimiento Podemos se vulneró el derecho a la defensa y la presunción de inocencia del administrado. Los actos administrativos electorales en las cuales el órgano de administración electoral declara derechos y crea una organización con personería jurídica, para el ejercicio de los derechos de participación de cientos de miles de adherentes y adherentes permanentes, debe estar resguardado y garantizado en su permanencia y vigencia jurídica, ya que los derechos de las personas no se pueden afectar por errores u omisiones en los procedimientos administrativos”.

De esta forma, dejó sin efecto la resolución del Consejo y ratificó la resolución del 2 de enero, en la que el mismo ente electoral ratificó la personería jurídica de las organizaciones políticas y no acogió las recomendaciones de la Contraloría de su informe de agosto del 2019.

Juntos Podemos inscribió a Carrasco y Frank Vargas Anda como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para los comicios generales del 2021, pero el pleno del Consejo Electoral el 3 de octubre pasado, rechazó con tres votos su calificación, argumentando que la organización política estaba eliminada.

Este fallo se suma al emitido por el juez del TCE, Arturo Cabrera que declaró nula la resolución con la que Justicia Social fue también extinto.

El CNE tiene tres días de plazo para apelar a esta resolución, a partir de la notificación.

El Universo


Justicia de Ecuador pide notificación roja de Interpol para el expresidente Rafael Correa y otros sentenciados en caso Sobornos

El documento está firmado por el juez Iván León. Ahí se dispone “que se proceda con la notificación roja de Interpol” en contra de 15 de los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016. En la lista está el expresidente de la República, Rafael Correa y otros exfuncionarios.

La notificación judicial se emitió a las 18:01 de este martes 6 de octubre del 2020. El juez dice que ya existe una sentencia condenatoria “debidamente ejecutoriada”.

También señala que se desconoce el paradero de los 15 sentenciados luego de transcurrir 13 días (hasta el 6 de octubre de 2020), desde que se dispuso la localización y captura y la correspondiente emisión de las boletas.

Incluso, en el documento, el magistrado indica que “es de conocimiento público” que algunos sentenciados no estarían en el país. La lista la conforman el expresidente Rafael Correa, la exministra María de los Ángeles Duarte, el exsecretario Wálter Solís y el exministro Vinicio Alvarado.

También están en el listado la exasambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri. La completan Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Napoleón Sánchez, William Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle y Mateo Choi.

Como parte del pedido de notificación roja, el juez pidió que se remita “de manera inmediata” el respectivo oficio al Jefe de la Unidad Nacional de Interpol. Ese texto “estará acompañado de la documentación certificada pertinente”.

Adicionalmente, aclara que de existir otro pedido de alerta roja se “deberá insistir en aquello ya que actualmente hay una sentencia condenatoria en firme, de acuerdo con la legislación ecuatoriana.

El Comercio


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