El problema va más allá de la policía en Chile – Por Mladen Yopo H.

Foto: ATON
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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Mladen Yopo H.

Hace pocos días celebramos un plebiscito épico (5 de octubre de 1988) que  dio el punta pie a la transición a la democracia en Chile, transición que después 32 años muestra enormes éxitos pero también deudas, límites o simplemente continuidades de enclaves autoritarios (y no solo en la actual Constitución).Parte de estos lastres se reflejan en el tratamiento del gobierno, de parte de la derecha y de las instituciones armadas del movimiento social como “enemigo interno” en función del orden público y la razón de Estado.

En el mismo período de esta celebración, vimos con pavor la imagen brutal de un carabinero empujando a un adolescente hacia el lecho del río Mapocho, imagen que no era una excepción a la regla sino una que se repite en todas las movilizaciones sociales y/o de centro-izquierda (por cierto,las del barrio alto y/o de la derecha queda exentas). Así lo demuestran crudos hechos como balines al rostro; bombas lagrimógenas al bulto;tanqueta atropellando a personas;chorros de agua a mujeres y jóvenes;golpes, acosos y abusos sexuales en detenciones (muchas arbitrarias);hechos denunciados por diversas instituciones de DD.HH. (hasta a juliohabían 8.510 en contra de policías y efectivos de FF.AA). Sin este no es un tema, exclusivo de Chile sin que recorre la mayoría de las democracias en la regióncomo se ve en la muerte en Colombia del estudiante de leyes, Javier Ordóñez, por los golpes recibidos en una comisaría; o de la muerte en junio de Giovanni López mientras estaba detenido por fuerzas de seguridad en México; o los casos de Brasil, El Salvador, Jamaica o Venezuela tipificados como los países donde mueren más gentes a manos de la policía de la región. Incluso, esta excesiva violencia llega a Estados Unidos (con anclaje racial) como se apreció en el caso de George Floyd, entre otros.

Este nuevo hecho de violencia en Chile y viralizado en redes y medios, unido a otras anormalidades (corrupción, actos delictivoscomo ocultamiento de evidencia o amedrentamientos), reabrieron el debate sobre el agotamiento del modelo de una policíamilitarizada durante la dictadura cívico-militar de Pinochet y, su urgente y profunda reestructuración. Era claro que el problema no se reducía aacciones individuales, una formación inadecuada mas light (100 horas para ser de Fuerzas Especiales)o respuesta a la violencia de las protestas.En el fondo estáesa subcultura autoritaria y militarizada, que de acuerdo a Carlos Maldonado Prieto, “implicó que tanto la dirección institucional como elementos esenciales tales como la organización, la instrucción, el sistema judicial (fuero militar) y el tipo de armamento se estructuraran a imagen y semejanza de las FF.AA.(por largos espacios de tiempo incluso bajo su directa tutela), y que en la policía se desarrollara un espíritu de cuerpo de estilo castrense”.

Esta discusión sobre Carabineros ha relevado no solo la necesidad de modernizar y de mayor control civil sobre la institución, sino que es un proceso que debería impactar a todas las instituciones armadas de acuerdo a las palabras del ex ministro del Interior, ex Secretario General de la OEA y actual senador, José Miguel Insulza, quien afirmó que “desde el retorno a la democracia, las FF.AA. y Carabineros se han mandado solos”.Sin embargo, estedilema democrático que recorre a casi región va más allá del control civil y/o de una modernización al anclarse el problema en una cultura estratégica autoritaria (patrones ideológicos profundos), cultura que es compartida por actores políticos y que condicionada una mirada conservadora del orden público y de las demandas sociales y sus expresiones.

Si bien estos patrones autoritarios han constituido parte sustancial de la cultura estratégica de las elites chilenasy el molde para la resolución de conflictos en varios momentos dela historia(a fines del siglo XIX y mitad del siglo XX hay múltiples episodios de represión y/o matanzas de obreros en huelga o pueblos originarios usando la policía y las FF.AA. de acuerdo al premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar), estos patrones autoritarios fueronfortalecidosdurante la dictadura con la Doctrina de la Seguridad Nacional, la que en las penumbras aún recorre Chile y el continente.

La sesgada visión del enemigo interno

La Doctrina de la Seguridad Nacional es una concepción militar del Estado y que sirvió para legitimar el nuevo militarismo surgido en los sesenta en América Latina, y que estuvo “llamado” a enfrentar al bloque soviético y sus aliados internos(partidos y organizaciones de izquierda y los movimientos socialescon golpes de Estado y de la represión). Este planteamiento ideológico-político fomentado por EE.UU., responde a una racionalidad mecánica y militar, y tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que consideraron como factores subversivos la mayor parte de los problemas sociales (los criminalizaron). Si bien tuvo expresiones distintas, su manifiesto fue preciso y se esforzó por militarizar el concepto de seguridad, ubicando el componente militar en el centro de la sociedady trascendiendo sus funciones castrenses. La Doctrina se convirtióen la ideología militar prevaleciente en la regióncon gran impacto en toda la sociedad al securitizar la política (por ejemplo hasta el 2017 habían pasado más de 7 mil militares chilenos por la Escuela de las Americas) y la propia policía, como lo constata la historiadora Agustina Carrizo de Reimann al decir que la brutalidad policiaca viene desde la dictaduras.

Con el fin de la Guerra Fría y la Tercera Ola Democrática (incluida distensiones fronterizas), las amenazas a la seguridad se perfilaron como problemas sociales de orden trasnacional y nacional al subyacer la inestabilidad en muchos países.Esta supuestas “guerras de nuevo tipo” facilitarondar existenciaa un enemigo que diera sentido a la acción militar-policial a la vez de reforzar la identidad corporativa de estas subculturas cerradas y “autónomas” que parecen conformar un Estado dentro del Estado.Sin embargo, esta no es solouna concepción manejada en el mundo castrense sino que también en la derecha y parte de la sociedadcomo se aprecia en las palabras del presidente Piñera frente al estallido social de octubre. Así, en su primera entrevistade prensa internacional, reflejó bien el corsé autoritario que condiciona la política al expresar frases que “ampararon” la represión y el uso excesivo de la fuerza: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”; “Le pido a todos mis compatriotas que nos unamos en esta batalla que no podemos perder”; “Hemos sido atacados por grupos muy organizados, muy violentos” e incluso hablo de agentes externos; etc.

Sin embargo, la Doctrina de la Seguridad Nacionalmuy cuestionada en democracia al relacionarla con las dictaduras y las atrocidades cometidas en nombre de ella, con el tiempo ha sido camuflada/diluida en conceptos o marcos funcionales como la seguridad ampliada yla respuesta de la polivalencia y, principalmente, en el concepto de securitización (Weaver-Buzan), el que implicaba a actores, como la prensa o el Poder Ejecutivo, presentar ante el público la existencia de supuestas amenazas (militares o no militares) como un pretexto para desplegar medidas de emergencia (estado de excepción)y dotar con más recursos humanos, materiales y legales a las instituciones armadas para hacerle frente. Es decir, la securitización se convirtió en la respuesta que lo explica todo, cualquier ley o práctica de la fuerza en la vida nacional (incluyendo métodos de contrainsurgencia), visión que incluso penetró en personeros de oposición que exigen mano dura frente a situación que requieren estrategias más complejas. Ejemplo de esto es el conflicto de La Araucaníatratado como “terrorismo” con enemigo interno incluido (más allá de los hechos de violencia aguda y delictual existentesy condenados por la inmensa mayoría), el envío del fracasado “Comando Jungla” (formado en Colombia) y de efectivos del Ejército de la Unidad Fundamental de Orden Público a las regiones de Biobío y La Araucanía(el solo nombre debería generar controversia) o el Plan Frontera Segura que despliega a las FF.AA. para colaborar con la policía en el combate al narcotráfico, crimen organizado y que seguramente trascenderá para lidiar con fenómenos complejos (inmigraciones irregulares).

Esto último no es tan irracional pensarlo si consideramos la experiencia y los discursos. Así, hablando de la inmigración en México, Javier Treviño Rangel dice que esta criminalización se ancla en la noción pública y extendida de que los inmigrantes indocumentados son un riesgo para la seguridad (un nuevo enemigo); en la preeminencia dada en discursos y disposiciones legales a la migración como una amenaza; y en la materialización de políticas e instituciones encaminadas a detener el peligro que representan, realidad que se hace patente en discusión de la nueva ley de inmigración promovida en Chile.

En nombre del orden público se reprime

Como dice Alan Rouquié, “la ilusión del universalismo jurídico encubre el particularismo de las relaciones personales y de fuerza.” Y es aquí donde entra a actuar el concepto mágico del “orden público” en Chile y la región. Usado y defendido por el poder, no es un concepto definido por la Constitución ni la ley en Chile, y la doctrina jurídica en general coincide en que es un concepto difuso, amplio e impreciso. Una tendencia doctrinal sostiene que el concepto de “orden público” está vinculado a una función de protección/conservación, permitiendo limitar la autonomía (soberanía) de la voluntad por un supuesto interés de la comunidad, el bien común (Maquiavelo incluso lo ampliaba al extremo de actuar de mala fe, uso que hemos visto varias veces en el último tiempo en las defensas corporativas, montajes y falsedades expresadas). De acuerdo al Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez Menanteau, “el Ejército sale a las calles…simplemente con una tarea de orden público”. Incluso, alcaldes de derecha como  Lavín han sido denunciados de formar una Brigada de Intervención y Orden Públicocapacitada por la cuestionada policía autonómica catalana (Mosso d’Escuadra).

Otros juristas, sin embargo, plantean que el concepto de “orden público” no constituiría un problema si no se estuviese hablando de un elemento que desarrolla una clara función directiva (corsé) en la actividad de toda la administración democrática de la sociedad moderna. Juan Carlos Montalvo Abioldice que en los hechos este paradigma jurídico y social imposibilita cerrar la continua discusión sobre la coincidencia entre los fines del Estado (razón de Estado) y el bienestar de la comunidad y, específicamente, la manera  en que esta figura puede influir (limitar) en el desarrollo y uso de los derechos que constitucionalmente se les atribuye como ciudadanos y soberanos.

Esta contradicción del Estado de derecho se apoya en la tradición de los privilegios y en la legitimidad formal de cierta legalidad, lo que no necesariamente se ampara en el sentido esencial de la democracia, más aún sise afirma desde una posición de fuerza autoritaria.Desafortunadamente, la respuesta preferente de los gobiernos frente a las demandas sociales y sus expresiones en el espacio público ha sido hasta ahora la misma de siempre: usar a las instituciones armadas para controlar y reprimir en función del interés y razón de Estado y la seguridad nacional (sintetizado en un uso mañoso del “orden público”). Así se justifica con cierta liviandad la trasgresión o veda de ciertos derechos básicos(incluso la integridad física) por la amenaza y/o subversión del “orden interno”.

Rubén Herrero de Castro al analizar el interés nacional anclado a una perspectiva conservadora, dice que “de acuerdo con la “’razón de Estado”’, la preservación del Estado, como bien moral y unidad de organización política, es un imperativo moral que no puede ser juzgado con los  criterios usados para evaluar la conducta individual”. Sin embargo, agrega que, asumiendo el aporte del constructivismo y su rechazo a las denominaciones inmóviles, los intereses nacionales de los Estados se forman dentro de un contexto cultural como resultado de la interacción social (como sistema vivo): los seres humanos y sus organizaciones son actores con propósitos e intereses cuyas acciones contribuyen a reproducir y transformar la sociedad en la que viven (son actores dinámicos de cambio).Precisamente, las protestas en Chile y gran parte de la región y el mundo, se anclan en el marco de estas interacciones (la necesidad de cambio), como lo expresael premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, al analizar sus causas. Dice que“la pérdida simultánea de confianza en el neoliberalismo y en la democracia no es coincidencia o mera correlación: el neoliberalismo lleva cuarenta años debilitando la democracia. Las élites aseguraron que sus promesas se basaban en modelos económicos científicos y en la ‘investigación basada en evidencia’. Pues bien, cuarenta años después, las cifras están a la vista: el crecimiento se desaceleró, y sus frutos fueron a parar en su gran mayoría a unos pocos en la cima de la pirámide. Con salarios estancados y bolsas en alza, los ingresos y la riqueza fluyeron hacia arriba, en vez de derramarse hacia abajo”.

Por lo mismo, estas interpelaciones al sistema no pueden simplemente tratarse con conceptos estáticos de orden público o razón de Estado y su actos represivos, más aún si ante la falta de soluciones a problemas hoy agravados por el Covid 19, las manifestaciones prometen volver con “fuerza y rabia”, particularmente después del hecho represivo del “puente” como lo expresa Mario Álvarez Fuentes. Ello más bien refleja la incapacidad o rechazo de las elites tradicionales a reconocer las demandas sociales como legítimas, en sociedades democráticas pero aún segmentadas y con una profunda brecha de desigualdad. Como lo expresa el ensayista  Rob Riemen, “hoy en día las élites no están interesadas en cambiar la sociedad porque, si lo hacen, perderán su posición dominante inmediatamente”. Precisamente,frente a protestas similares en marzo de 1968, el reverendo Martin Luther King, dijo que: “No alcanza con que me pare delante suyo esta noche y condene los disturbios. Sería moralmente irresponsable que haga eso sin que, al mismo tiempo, condene las condiciones intolerables y eventuales que existen en nuestra sociedad. Estas condiciones son las que hacen que las personas sientan que no tienen otra alternativa que participar en rebeliones violentas para llamar la atención. Y debo decir esta noche que los disturbios son el lenguaje de los que no son escuchados”.

Lo que estás en juego con las movilizaciones y protestas, entonces, es la residencia de la soberanía, de donde emana el poder público. Como dice Lautaro Ríos, son los ciudadano los que ceden el poder al Estado, por tanto son ellos quienes deben definir el orden público que quieren al no ser un concepto inmutable. Sin embargo, el lastre de la securitización (y de fantasmas como la Doctrina de la Seguridad Nacional) dificulta la tendencia de fortalecimiento de la sociedad civil frente al Estado y la solución de los innumerables problemas de integración social. Este es el máximo reto de la democracia liberal y, por lo mismo, condicionante en la reestructuración de Carabineros en Chile. Si bien se necesitan medidas inmediatas, solo se puede encontrar un camino de solución estructural y prospectivo (gobernanza democrática con instituciones eficaces y legitimas) en el marco de la formulación de un nuevo pacto social más democrático: una nueva Constitución a partir del plebiscito y el proceso constituyente en ciernes.Fernanda Doz Costa, de  Amnistía Internacional, expresa “si la policía quiere estabilidad en su institución a largo plazo, no le queda otra opción” que reformarse. De otro modo, “la espiral de violencia seguirá escalando, y el descontento social será cada vez mayor…en las recientes protestas hemos visto que cuanto más excesos comete la policía contra las personas, más atiza a los manifestantes”.


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