Jeanine Áñez, presidenta de facto de Bolivia: “El MAS debe recordar que la democracia no solo es el gobierno de la mayoría”

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Añez le recuerda al MAS que no sólo gobierne para la mayoría y que respete la democracia

“El MAS debe recordar que la democracia no sólo es el Gobierno de la mayoría, la democracia es a la vez el respeto a la ley, a la independencia del sistema judicial y el respeto a la libertad”, sostuvo este martes la presidenta transitoria, Jeanine Añez.

La mandataria se refirió al respeto a la independencia de poderes como parte fundamental de la democracia durante la presentación del anteproyecto de Ley de Modificación a la Ley 708, de Conciliación y Arbitraje para Incorporar la Mediación, en Palacio Quemado.

En ese sentido, llamó al Gobierno entrante del Movimiento Al Socialismo (MAS) a que respete la estructura del Estado y las funciones que ejercen cada una de las instituciones que lo componen y aseguró que los gobiernos nacional-populares “son buenos para derechos sociales, (pero) malos para derechos políticos”.

Este lunes la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) determinó recomendar que se inicien dos juicios de responsabilidades contra Añez. El primero es por la aprobación del Decreto Supremo (DS) 4078 y el segundo por la presunta comisión de los delitos de genocidio y asesinato, entre otros, por las muertes en Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019.

La noche de la pasada jornada, la mandataria expresó en sus redes sociales que el partido de Evo Morales “recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no sólo es el gobierno de la mayoría”.

Página Siete


Murillo, que anunció ‘cacería’ de opositores en 2019, denuncia amenazas de juicio y cárcel

A pocos días de terminar el mandato del régimen transitorio, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció que la inminente administración de Luis Arce y David Choquehuanca advirtió con procesos judiciales contra Jeanine Áñez, algunos ministros e incluso policías y militares.

“Creen que por ser más duros van a conseguir una mejor pega, amenazando con juicios a policías, a ministros, a la Presidenta, a militares; ofreciendo cárcel”, cuestionó el funcionario en un acto frente a la Policía en Santa Cruz, en el que entregó 120 cámaras de seguridad.

El lunes, una comisión mixta de la Asamblea Legislativa sugirió juicio de responsabilidades con Áñez por las “masacres” de Sacaba y Senkata —como consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— de noviembre de 2019, cuando luego de una intervención policial-militar, al amparo del Decreto Supremo 2078, murió una veintena de manifestantes.

Además, otra comisión planteó al Ministerio Público un proceso contra los ministros Murillo y de Defensa, Luis Fernando López, además del exministro de Economía Óscar Ortiz por la compra supuestamente irregular de material antidisturbios en 2019.

“Si ese camino siguen Arce y Choquehuanca, quienes son las ganadores de las elecciones, no va a ser un buen principio. Ellos hablaron de reconciliación, hablaron de respeto y realmente esperamos que así sea”, reclamó Murillo.

“Porque el que no quiso reconciliar, no quiso respetar el voto del pueblo y no quiso escuchar el 21F (referéndum del 21 de febrero de 2016), no quiso no ir a un cuarto mandato, todos los bolivianos somos testigos cómo terminó”, dijo Murillo en relación a la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.

La mañana del 14 de noviembre de 2019, antes de conocerse los nombres del gabinete de Áñez, Murillo anunció la caza de masistas por presunta sedición. Apuntó específicamente al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y Raúl García, hermano del entonces dimisionario vicepresidente Álvaro García.

“Esas personas que empiecen a correr, porque los vamos a agarrar”, dijo Murillo.

Apuntó a Quintana. “Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana. ¿Por qué es cacería? Es un animal que está matando gente en nuestro país, no lo vamos a permitir”, arengó luego de su posesión como ministro de Gobierno.

Además, advirtió cacería contra presuntos guerrilleros cubanos y venezolanos. “A todas esas personas vamos a aplicarles el mayor rigor de la ley; Bolivia no puede estar sufriendo por esta gente”, advirtió.

El gobierno transitorio cede el poder al MAS el 8 de noviembre, de acuerdo a procedimiento constitucional anunciado por la Asamblea Legislativa y corroborado por el Órgano Ejecutivo.

La Razón


Apuran juicios contra Añez y su gabinete por Senkata y Sacaba

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) determinó ayer recomendar que se inicien dos juicios de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Añez. El primero es por la aprobación del Decreto Supremo (DS) 4078 y el segundo por la presunta comisión de los delitos de genocidio y asesinato, entre otros, por las muertes en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), ocurridas en noviembre de 2019.

“Son dos juicios de responsabilidades, uno por la suscripción del Decreto Supremo 4078, con la tipificación de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y el otro (juicio) es por las masacres de Senkata y Sacaba, por delitos de genocidio y asesinato, entre otros”, informó a Página Siete el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, Víctor Borda.

El informe de esa instancia pasó al pleno del Legislativo, en el que deberá ser aprobado o rechazado por dos tercios. El partido azul apura el trámite, dado que el jueves se llevará adelante la sesión de clausura de la ALP, para que después los nuevos legisladores elegidos empiecen sus sesiones preparatorias. En la nueva ALP, si bien el MAS tiene mayoría, no goza de dos tercios.

En el primer caso –por la suscripción del DS 4078-, además del juicio de responsabilidades contra Añez, la comisión recomendó proceso ordinario contra 11 ministros del gabinete que suscribieron esa norma.

El diputado Borda precisó que se acusa a Añez por la presunta comisión de los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, por haber emitido el Decreto Supremo 4078 que posibilitó la impunidad de las Fuerzas Armadas”.

En este caso también la comisión sugirió proceso penal en contra de los ministros Karen Longaric, de Relaciones Exteriores; Yerko Núñez, de la Presidencia; Arturo Murillo, de Gobierno; Fernando López, de Defensa; Álvaro Coímbra, de Justicia; Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energías, y María Pinckert, de Medioambiente y Agua.

Además, recomendó iniciar juicio ordinario en contra los exministros Jerjes Justiniano (Presidencia), José Luis Parada (Economía), Roxana Lizárraga (Comunicación) y Mauricio Ordóñez (Desarrollo Rural) por la suscripción del DS 4078.

El decreto fue emitido el 14 de noviembre de 2019 y eximía de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas “que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno”. No obstante, 14 días después Añez lo abrogó.

En el segundo caso –por la presunta comisión de los delitos “genocidio y asesinato”, entre otros-, además del juicio de responsabilidades contra Añez, se recomendó proceso penal contra los ministros Murillo y López, y contra seis jefes y exjefes de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

La comisión apunta contra el general Carlos Orellana Centellas, comandante en jefe de las FFAA; el general Rodolfo Antonio Montero Torricos, comandante general de la Policía, y el excomandante de las FFAA general Williams Kaliman, a quienes se les acusa por los delitos de “genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, asociación delictuosa y otros”.

Esa instancia también recomendó que se procese al excomandante de la Policía Vladimir Yuri Calderón; al coronel Jaime Zurita Trujillo, comandante departamental de la Policía de Cochabamba (por el caso de Sacaba), y al general Franko Suárez, “quien –sostuvo Borda- ha comandado la movilización de las Fuerzas Armadas en Senkata”.

Al respecto, la presidenta Añez, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que el MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto.

“Por eso hay que recordarle que la democracia no sólo es el gobierno de la mayoría. Además, es el gobierno ajustado a la ley y es el gobierno que respeta la libertad”, tuiteó la mandataria.

El diputado Borda informó que las recomendaciones de la Comisión Mixta sobre juicios de responsabilidades y juicios ordinarios se tratarán en la última sesión de la actual Asamblea Legislativa, que se realizará el jueves 29, aunque también otros legisladores del partido azul indicaron que el informe puede tratarse mañana.

“Si la Asamblea Legislativa aprueba el informe por dos tercios, tendría que irse al Ministerio Público y la Asamblea se constituye en parte civil o en denunciante”, indicó Borda.

En tanto, el jefe de bancada del MAS en el Senado Omar Aguilar sostuvo: “Nosotros somos claros y hay un compromiso del presidente electo Luis Arce y David Choquehuanca: no habrá persecución política, quienes estaban de candidatos pueden estar tranquilos. Lo que sí no se va a dejar hasta por un tema de dignidad y por justicia con las familias de Senkata y Sacaba es el informe”.

El legislador sostuvo que ese reporte tiene “como objetivo el inicio del juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Añez y sus ministros”.

Caso gases lacrimógenos

La ALP aprobó ayer el informe de la Comisión Especial Mixta que investigó el caso de la compra de material no letal para fuerzas del orden, con presunto sobreprecio y a través de un intermediario. El informe fue enviado a la Fiscalía General del Estado.

En este tercer caso, según Prensa Senado, se recomienda al Ministerio Público que inicie acciones penales contra los ministros Murillo, López, Núñez y contra el exministro de Economía Óscar Ortiz y el presidente de la Aduana Nacional, Waldo Ramos.

El informe, según una nota Prensa Senado, dice que el 19 de diciembre de 2019, sin ser unidad solicitante, el Ministro de Defensa firmó el contrato con la empresa Bravo Tactical Solutions LLC por la suma de 250 a 270 bolivianos por cada cartucho de gas lacrimógeno, dependiendo del modelo, lo que implica que el Estado pagó en total 5,6 millones de dólares por dicho armamento no letal, monto considerado excesivo en comparación a similares compras de Venezuela y Ecuador.

Página Siete


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