Qué dicen las dos resoluciones sobre Venezuela aprobadas en el Consejo de DDHH de la ONU

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Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó dos resoluciones sobre Venezuela: Una la impulsó el Grupo de Lima

Este martes, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se aprobaron dos resoluciones sobre los Derechos Humanos (DD.HH.) en Venezuela. Sin embargo, aunque tocan el mismo asunto, ambas van en direcciones opuestas: la primera resolución busca el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en torno a los DD.HH. en la nación suramericana, mientras que la otra fue promovida por el Grupo de Lima y representa para el Gobierno venezolano un nuevo intento de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Ambas fueron aprobadas durante el 45 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Sobre la primera resolución, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló que busca “estrechar el trabajo conjunto entre la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y Venezuela. Tal como se lo expresó hace días el presidente Nicolás Maduro a la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, el compromiso de nuestro país con los derechos humanos es absoluto”.

Cooperación Venezuela-ONU

Presentado por Irán, Siria, Turquía y Venezuela, el proyecto para fortalecer la cooperación en materia de DD.HH. y el trabajo conjunto entre la Oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, y la nación bolivariana fue aprobado con el voto de 14 países a favor, siete en contra y 26 abstenciones.

De acuerdo con el canciller venezolano, la aprobación de esta resolución se produjo a pesar de la “feroz presión” de Estados Unidos (EE.UU.) y sus “satélites” en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Mientras, cuestionó los votos de aquellas representaciones de países que se consideran defensores de los DD.HH., y sin embargo, no respaldaron la propuesta de fortalecimiento del trabajo en este ámbito entre la Oficina de la Alta Comisionada y Venezuela.

Asimismo, el titular agradeció en nombre del pueblo venezolano el apoyo ofrecido por los “Gobiernos libres y soberanos”, quienes respaldaron la Resolución con el único interés de que se continúe la cooperación en materia de DD.HH.

La aprobación de la Resolución para trabajar en conjunto con la Oficina de la Alta Comisionada representa para Venezuela la oportunidad de coordinar políticas que garanticen estos derechos, así como mostrar la verdad del país en este sentido. Además, podría contribuir a desterrar el tema de las violaciones de derechos como subterfugio para agresiones y políticas intervencionistas.

“La idea es que no que se agreda y se haga política intervencionista usando el pretexto de los Derechos Humanos”, acotó Arreaza en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Resolución injerencista

Aprobada con 22 votos a favor, 22 abstenciones y tres países en contra, la resolución promovida por el Grupo de Lima busca mantener por dos años más la misión que investiga las supuestas violaciones de los DD.HH. en Venezuela.

Por su parte, el Gobierno venezolano ha denunciado esta maniobra como una manera de justificar las agresiones contra el país, pues hace referencia a supuestas irregularidades en materia de DD.HH. que presuntamente afectan al pueblo venezolano. Al respecto, Arreaza denunció que la misión que investiga las supuestas violaciones no tiene precedentes en América Latina y su primer informe presentado ha sido denunciado por el Gobierno venezolano por estar políticamente motivado y ser poco profesional.

En este sentido, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, alertó en septiembre pasado que el trabajo de esa Misión Internacional fue «pagado» por el llamado Grupo de Lima, conformado por países que no reconocen al Gobierno de Nicolás Maduro e intentan buscar una salida a la supuesta crisis venezolana.

Por su parte, el destacado intelectual argentino, Atilio Borón, rechazó la posición de su país al aprobar dicha resolución propuesta por el Grupo de Lima, lo que calificó como «grave retroceso de la política exterior argentina».

Las votaciones, frente a frente: a la izquierda, la resolución por el fortalecimiento de la cooperación entre Venezuela y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. A la derecha, la resolución impulsada por el Grupo de Lima

Venezuela desconoce mecanismos paralelos promovidos por gobiernos injerencistas

La República Bolivariana de Venezuela reiteró este martes su disposición de diálogo con la Oficina de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), así como señaló que desconocerá todos los mecanismos paralelos, promovidos por gobiernos injerencistas, que atenta contra las instituciones democráticas del país.

Mediante un comunicado publicado por el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, Venezuela manifestó que «se opondrá a cualquier modalidad de intervención en sus asuntos internos, bajo el pretexto de una cínica preocupación por los derechos humanos en el país, mucho más si pretenden hacerlo mediante la infame Misión Dependiente de intereses inconfesables, que ya ha demostrado con creces su posición política sesgada y parcializada, como también su pretensión de sentar las bases para una intervención contra el pueblo de Venezuela».

A continuación el texto íntegro:

República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

La República Bolivariana de Venezuela informa a la comunidad nacional e internacional que el día de hoy fue aprobada la Resolución «Fortalecimiento de la cooperación y asistencia técnica en el campo de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela», en la 45 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La resolución aprobada evidencia el compromiso del Estado venezolano para mantener el diálogo y la cooperación respetuosa y constructiva con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, con el objetivo de fortalecer aún más el sistema garantista de protección social y de los Derechos Humanos en Venezuela.

Asimismo, la República Bolivariana de Venezuela ratifica de manera categórica que no reconoce, ni reconocerá, mecanismos paralelos e innecesarios promovidos por un grupo de gobiernos con trayectoria injerencista, creados para instrumentalizar la política en derechos humanos contra las instituciones constitucionales venezolanas.

Manipular de manera tendenciosa e ideologizada una materia tan sagrada como los derechos humanos y tratar de convertirla en un arma política y así crear condiciones para una estrategia de cambio de régimen, es ya conducta predecible, típica y sistemática de Washington y sus gobiernos satélites.

En este sentido, la República Bolivariana de Venezuela reitera que se opondrá a cualquier modalidad de intervención en sus asuntos internos, bajo el pretexto de una cínica preocupación por los derechos humanos en el país, mucho más si pretenden hacerlo mediante la infame Misión Dependiente de intereses inconfesables, que ya ha demostrado con creces su posición política sesgada y parcializada, como también su pretensión de sentar las bases para una intervención contra el pueblo de Venezuela.

Alba Ciudad


Nota relacionada: Jefe de Comando Sur de EEUU: “Los esfuerzos por derrocar a Maduro funcionan”


Vea la resolución completa del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

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Venezuela | Oposición celebra resolución de la ONU: es “un paso más” para “conseguir justicia”

La oposición venezolana celebró este martes la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que extiende durante dos años más la Misión Internacional creada en 2019 para investigar violaciones porque creen que es “un paso más” para “conseguir justicia”.

“Esta resolución permite dar un paso más en la dirección correcta para conseguir justicia, para demostrar que las víctimas han tenido la razón en todas sus denuncias y recalcar que la relatoría de los hechos vale la pena en este camino”, aseguró en una rueda de prensa virtual el diputado Miguel Pizarro, nombrado por el opositor Juan Guaidó como comisionado para la ONU.

La resolución, promovida por los países del Grupo de Lima, que tiene como fin buscar una salida a la crisis venezolana, contó con 22 votos a favor, tres en contra (Eritrea, Filipinas y la propia Venezuela) y 22 abstenciones, entre ellas la de México, que expresó sus dudas por un texto que consideró “politizado” y poco equilibrado.

Gracias a la resolución, la Misión Internacional independiente seguirá investigando y reportando al Consejo en 2021 y 2022 los abusos cometidos desde 2014 en Venezuela “incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles y degradantes”.

PARA PIZARRO, “UN MENSAJE IMPORTANTE DE COMPRENSIÓN”

Según Pizarro, esta aprobación implica “un mensaje importante de comprensión” sobre Venezuela pues, destacó, “59 países patrocinaron esta resolución y manifestaron su preocupación por la situación de derechos humanos” en el país caribeño.

“Esta resolución transciende diferencias políticas e ideológicas y prorroga un mandato que permite hacer un seguimiento y una investigación más profunda de los crímenes cometidos y que siguen ocurriendo en nuestro país”, sostuvo.

Además, consideró que el mandato representa “la gran labor de ONG, defensores de derechos humanos, víctimas y familiares de alzar la voz en contra de la impunidad y seguir trabajando por la justicia y la libertad”.

Finalmente, destacó que la resolución pide a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que “haga seguimiento y balance” de sus recomendaciones que hace a Venezuela y “que en sus actualizaciones y reportes al consejo diga si, efectivamente, las recomendaciones (…) se siguen o no”.

También se refirió a la posición del Gobierno de Argentina, que este martes anunció que “apoyará con fuerza el trabajo realizado” por Bachelet, en el que denuncia obstrucción a partidos políticos de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre y represión gubernamental en Venezuela.

Pizarro agradeció esta postura y dijo que Argentina “tiene dentro de sus convicciones un mensaje relación a las sanciones” que no comparte la oposición pero que están “totalmente de acuerdo en el tema de derechos humanos, en investigación, castigo y determinación de responsabilidad”.

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