Represión en Chile | Diputados presentan acusación constitucional para destituir al ministro del Interior

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Los detalles de la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez

Este jueves las bancadas de diputados de oposición presentaron la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, la que apuntaría al actuar del secretario de Estado en el paro de los camioneros y en el control de Carabineros en el caso del puente Pío Nono.

El líbelo acusatorio consta de tres capítulos, los dos primeros son referentes al paro de los camioneros ocurrido hace algunas semanas, donde Pérez es acusado de no hacer valer el Estado de derecho en la zona, mientras que el tercero se le acusa del actuar de Carabineros en diversos hechos con civiles incluidos la caída de un joven al río Mapocho.

Tras la presentación de la acusación se dieron a conocer los detalles de ésta donde se acusa al ministro Pérez que “desde su nombramiento a la fecha, ha sido tolerante a las conductas contrarias a las obligaciones que dictan las tareas abocadas al orden público y paz social, desatendiendo su rol de mando, en especial, respecto de Carabineros de Chile”.

Los tres capítulos de la acusación constitucional:

Primer capítulo: Haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público

Esto por su actuar ante el paro de camionero y haber permitido que se apostaran y bloquearan rutas del país sin invocar a Ley de Seguridad Interior del Estado, siendo que en otras ocasiones ha sido invocada con mayor rapidez, aseguran.

“La causal de inejecución en que ha incurrido el Ministro implicó la validación, permiso y amparo de los hechos que sucedieron en el país en virtud de la paralización de Camioneros representantes de CNTC que generaron una situación crítica denunciada en regiones ante el riesgo de desabastecimiento de productos de primera necesidad, cuya mayor gravedad reviste el escenario que enfrenta actualmente el país por la pandemia originada por el virus COVID-19 y sus actuales consecuencias socioeconómicas, que mantiene a Chile en Estado de Excepción Constitucional de catástrofe por calamidad pública desde el 18 de marzo del presente año”, dice el documento.

En virtud de esto los acusantes expresan que “se presentarán los fundamentos jurídicos acerca de cómo el actuar del Ministro del Interior y Seguridad Pública desatendió gravemente al mandato constitucional, considerando, además, la situación sociopolítica que enfrentaba el país, debiendo la autoridad, especialmente, condenar la afectación a los principios democráticos que vulneran y transgreden el ejercicio de los derechos humanos y políticos de las personas que conforman la sociedad chilena”.

Segundo capítulo: Haber infringido la Constitución o las leyes, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley

En este capítulo los parlamentarios hacen referencia a que el ministro Pérez realiza “un trato diferenciado, discriminando, en relación a manifestantes contrarios a las ideas políticas orientadoras de este gobierno, en comparación a quienes son partidarios de gobierno”.

“Si bien el Ministro del Interior y Seguridad Pública puede evaluar la aplicación o no de esta normativa (Ley de Seguridad Interior de Estado), ello no lo faculta para hacerlo discriminatoriamente. Las facultades constitucionales y legales, incluso aquellas discrecionales deben ejercerse en el marco de las obligaciones en materia de Derechos Humanos. Así lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional a ese Ministerio”, agrega.

Además en este capítulo se hace referencia a que el ministro del Interior no ha actuado por la violencia que se vive en La Araucanía.

“A la fecha, desde que el Sr. Pérez Varela asume el cargo, no ha promovido similares soluciones respecto de los demás habitantes del territorio nacional, es especial, de la zona afectada por este histórico conflicto”, expresa.

“A partir de los hechos que se producen en Chile desde que el actual Ministro del Interior y Seguridad Pública asume sus funciones se configura un patrón de conducta de discriminación por razones políticas”, concluye el capítulo.

Tercer capítulo: Haber dejado de ejecutar las leyes , al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre los órganos sometidos a su dependencia

Este capítulo hace referencia al actuar de Carabineros en diversos hechos con civiles incluidos la caída de un joven al río Mapocho.

Si bien la responsabilidad mayor sería del General Director de Carabineros, Mario Rozas, se explica que al no poder acusarlo constitucionalmente, el ministro responsable es Pérez al ser dependiente de esta cartera.

“El Ministro del Interior ha incurrido en infracción de la Constitución y las leyes, porque Carabineros, reiteradamente, ha actuado con violencia innecesaria y desproporcionada, y de eso se ha seguido lesión de derechos constitucionales, especial y notoriamente el derecho a la vida e integridad física consagrado en el artículo 19 N°1 de la constitución”, dice la acusación.

“Adicionalmente, ha omitido sus deberes de gestión en la institución encargada del resguardo del orden público, al no adoptar las medidas necesarias para la adopción de medidas preventivas en el seno de la organización que impidan la realización de hechos ilícitos”, agrega.

Finalmente expresa que es “indudable que el Ministro del Interior y Seguridad Pública es responsable de las acciones que, con la finalidad de restablecer el orden público cuando éste se ha alterado, realizan organismos como Carabineros de Chile”.

Una vez presentada la acusación constitucional se deben elegir a los miembros de la comisión revisora, para luego ser votada en el Congreso.

La cronología de la Acusación Constitucional es la siguiente:

-Una vez conformada la comisión ad hoc tienen un plazo de 6 días para notificar al acusado

-Una vez notificado el acusado hay un plazo máximo de 10 hábiles para que presente su defensa ante la comisión

-Una vez entregada la defensa en la comisión, puede pasar un plazo máximo de 6 días para emitir informe

-Al día siguiente se vota en sala de la cámara de diputados: En esa votación la defensa puede deducir la cuestión previa, de rechazarse la cuestión previa se ve la admisibilidad de la acusación, si pasa la admisibilidad sigue su trámite en el Senado.

-Si la Cámara de Diputados acoge la acusación y vota a favor de la destitución se nombrará una nueva comisión de tres diputados para que el libelo prosiga en el Senado. La notificación al Senado y al ministro debe realizarse en un periodo de 24 horas después de que finalice la sesión.

-Una vez en el Senado el presidente fijará la fecha para iniciar el debate sobre la acusación, que debe corresponder al cuarto o sexto día siguiente a la notificación oficial desde la Cámara.

-La acusación es presentada por tres diputados en la Cámara Alta, donde el acusado tiene derecho a entregar su defensa y hacer uso de la palabra, ya sea en forma presencial o a través de un abogado.

-Una vez ocurrido esto se procede a la votación de cada uno de los capítulos por separado.

-De ser aprobada la acusación el ministro en ejercicio es destituido y queda imposibilitado de ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años.

24 Horas


Este viernes, y con Piñera, sesiona en La Moneda consejo para reforma de Carabineros

Con la presencia del presidente Sebastián Piñera, a partir de las 08:30 horas en La Moneda, sesionará el consejo para la reforma de Carabineros, instancia que fue anunciada el miércoles por el ministro del Interior, Víctor Pérez.

La instancia, según lo comunicó el propio jefe de gabinete, presentará una unidad coordinadora que propondrá medidas para acelerar el proceso de modernización de la institución, ya sea administrativa o legalmente.

Consultado al respecto, el ministro vocero Jaime Bellolio aseguró que en el Gobierno pondrán todos sus esfuerzos para que la tan bullada modernización de la policía uniformada no quede como una promesa y se lleve a cabo de manera efectiva.

Este proceso de modernización ha estado continuamente en la agenda política desde el estallido social del viernes 18 de octubre.

De hecho, a comienzos de 2020, el Gobierno presentó el informe entregado por el consejo, el cual sugirió – entre otras cosas – la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, la transparencia y rendición de cuentas y la modificación en la carrera policial en el ingreso.

Alejándose de las voces que piden una refundación de la policía uniformada, el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, señaló que ya están los elementos sobre la mesa para poder llevar adelante una modernización acorde a la exigencia de los tiempos.

El abogado de la Universidad de Chile y experto en Derechos Humanos, Francisco Bustos, señaló que es imprescindible aplicar modificaciones drásticas, no descartando lo que a juicio del ex ministro Burgos no es necesario: una refundación de Carabineros.

Por su parte, el director ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara, propone un plan especial que entregue gobernabilidad a Carabineros, señalando que sería prudente que los tres poderes del Estado asuman la tutela de la institución.

¿Qué se sacará en limpio la reunión? Eso habrá que verlo, más que la ya anunciada unidad coordinadora con la cual se pretende iniciar una reforma a Carabineros que hace meses viene siendo solicitada por diversos actores.

Biobio Chile


Crear un nuevo ministerio y abordar su rol en la Constitución: Los 8 ejes de la U. de Chile para reformar Carabineros

Hace una semana, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca modernizar la gestión institucional y fortalecer la probidad y transparencia en las fuerzas de orden y seguridad. La iniciativa pasó a su tercer trámite en el Senado al mismo tiempo en que la institución enfrenta un nuevo momento de tensión luego de la salida de un funcionario imputado por su eventual responsabilidad en el arrojo de un adolescente al río Mapocho.

Como una manera de analizar los factores que han llevado a una “baja sistemática de los niveles de confianza y aprobación ciudadana” de la institución de Carabineros, los académicos que integran el Grupo de Investigación en Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la U. de Chile entregaron sus recomendaciones para realizar una reforma “efectiva” al organismo.

Las propuestas, contenidas en un documento, hacen mención a prácticas de corrupción relativas al procesamiento de más de cien funcionarios por el delito de lavado de activos, asociación ilícita y malversación de caudales públicos, y también a la violación de Derechos Humanos efectuada en el marco del estallido social de octubre de 2019 y observada por organismos internacionales.

Ambos hechos serían “expresiones de la crisis”. “Se pueden explicar a partir de la autonomía de la institución respecto del poder civil, sumado a la ausencia de mecanismos de control externos e internos”, explica el autor del informe e investigador del grupo, Adolfo González. “La violación sistemática de Derechos Humanos se puede entender por una concepción a la base institucional que muestra a una institución que no se ha adecuado a las exigencias de una sociedad democrática”.

El trabajo del grupo, donde también lideran los académicos Olga Espinoza, Hugo Früling, Diego Piñol y Rodrigo Salas, se materializa en un documento de 12 páginas que contiene ocho propuestas dividas en tres grandes áreas, con las que, aseguran, se podría desarrollar una “reforma efectiva” a la institución.

Sistema de seguridad e institucionalidad

La primera propuesta es la de redefinir el rol y la función policial desde la Constitución. Con esto, aseguran, “se plantea la necesidad de que la nueva Constitución establezca con claridad los diferentes roles que corresponde a las Fuerzas Armadas y las policías”. “Solo en situaciones excepcionales se podría justificar que las FF.AA. tengan funciones de resguardo del orden público”, señalan.

También sugieren restaurar el “sentido de propuesta de especialización policial” a través, primero, de la realización de un diagnóstico acabado sobre las “funciones prioritarias” de Carabineros y la PDI, junto a una propuesta técnica de especialización policial, con reorganización de las funciones actualmente desempeñadas en ambas instituciones. La creación de un Ministerio de Seguridad Pública es otra idea planteada. “Para que la reforma sea efectiva y técnicamente coherente, debe implicar que el nuevo ministerio asuma todas las responsabilidades para supervigilar y direccionar a las policías, incluyendo las funciones de orden público, que históricamente han estado radicadas en la figura del ministro del Interior y sus representaciones regionales y provinciales”, dice el informe.

Por último se pide vincular la reforma al proceso de descentralización del Estado, recomendándose que sean las gobernaciones regionales que se instalarán las que tengan “autoridad respecto a las policías”. De lo contrario, considera, “dificultaría que estas rindan cuentas a la población que protegen. El gobernador regional debe conocer y tener incidencia respecto de la distribución territorial de la policía y en temas de orden público”, dicen.

Lo específico a Carabineros

Revisar la normativa y reglamentación de Carabineros aparece como la primera tarea, considerado como “necesario” para que la ley y doctrina institucional, así como la reglamentación pertinente, “redefinan las características de Carabineros como una institución al servicio de los ciudadanos”. Además se propone realizar modificaciones de los currículums de formación y de perfiles de egreso, los que deberían privilegiar la disposición al servicio a la ciudadanía y la protección de los Derechos Humanos.

Se sugiere, también, regular por ley los procedimientos de orden público para avanzar hacia un marco jurídico que sea concordante con la protección de las garantías personales. Así, la meta sería adecuar los protocolos de actuación policial a las normas internacionales, con participación activa del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y otras instituciones del Estado.

Finalmente se plantea avanzar hacia el escalafón único de Carabineros, mostrándose como necesario estudiar un “avance progresivo” para promover “el talento y la capacidad”. A juicio del grupo de académicos, es deber del Estado garantizar mecanismos de evaluación y estímulos que permitan a cualquier funcionario perfeccionarse y ascender en la carrera institucional.

Lo procedimental

La última propuesta es fijar cronogramas y procedimientos. El documento señala que, si bien el Ejecutivo ha recibido una batería importante de propuestas técnicas, falta saber cuáles serán patrocinadas y traducidas en proyectos de ley o actos administrativos concretos. “En ausencia de una hoja de ruta definida y conocida, el Gobierno avanzará con iniciativas parciales, de menor relevancia, para un cambio que debería entenderse como sistémico”, dicen. “Se hace prioritario y urgente debatir sobre la institución”, explica González. “¿Qué policía necesitamos? ¿Cómo deben ser estas policías? Y la forma en como está concebida la institución y sus funciones, ¿nos sirven a la sociedad chilena? Ante esto, lo que uno descubre es que, en realidad, esa dimensión de la discusión fue postergada por las comisiones y no ha sido suficientemente revelada”, concluye.

Emol


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