Represión en Colombia | Una mujer mayor y un bebé mueren durante violento desalojo policial a indígenas
Dos personas fueron asesinadas en medio de desalojo del ESMAD a familias indígenas en Leticia, Amazonas
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana -OPIAC- confirmó la muerte de una mujer adulta mayor y un bebé en medio del operativo que desarrolló el Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- de la Policía para desalojar a comunidades indígenas de un predio en Leticia, Amazonas.
Desde tempranas horas de este miércoles, la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC– había denunciado que 625 familias pertenecientes a 12 pueblos indígenas en Leticia, Amazonas; fueron desalojadas por la fuerza por parte del ESMAD, de un predio en el que se encontraban asentadas.
El senador Feliciano Valencia, señaló que las familias tuvieron que asentarse en el predio en Leticia como consecuencia de las precarias condiciones en las que se encuentran, producto de la emergencia generada por la Covid-19; sin embargo, William Capiul, autoridad tradicional del Pueblo Yucuna, agregó que ese territorio pertenece a las comunidades ancestrales quienes lo han ocupado de manera milenaria y que fueron instituciones estatales las que arrebataron dichas tierras a los indígenas.
El desalojo del predio se realizó desde las 4 de la mañana, con el uso de la fuerza del ESMAD ante una comunidad indígena indefensa; pese a las alertas previas que la propia comunidad elevó frente a entes oficiales de control y defensa de los Derechos Humanos como la Personería y la Defensoría del Pueblo.
El escuadrón de Policía habría llegado proveniente de la ciudad de Bogotá, y desalojó a los pobladores indígenas que se encontraban en el asentamiento, generando tensiones que luego se convirtieron en enfrentamientos.
La ONIC había reportado que en medio de esta acción de la Fuerza Pública se registraron varios heridos y se tenía indicio de que habría 3 indígenas muertos, información que estaba a la espera de confirmación; no obstante hasta el momento se ha podido establecer que son dos las víctimas fatales y al menos 20 heridas de gravedad.
Desde la Organización Nacional Indígena, rechazaron el accionar por parte del ESMAD y el silencio de los entes de control ante las solicitudes señalando que “realizamos la alerta por este medio, solicitamos información al respecto sobre el tema y no recibimos respuesta alguna, hoy es muy lamentable tener que estar pendiente y contar heridos en la comunidad, más aún cuando era un tema que se pudo haber evitado”.
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COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA (OPIAC) A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
[gview file=»https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2020/10/COMUNIDADO-LETICIA-.pdf»]Desplazamiento en Colombia: 295.091 víctimas en los últimos ocho años
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, dio a conocer detalles del informe sobre las cifras del desplazamiento en Colombia, partiendo desde la firma y la implementación del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno colombiano.
Marco Romero, director de CODHES, fue el encargado de explicar los hallazgos que encontraron, luego de comparar el periodo comprendido entre agosto de 2018 y agosto de 2019. Para Romero, es importante tener en cuenta que el enfoque de CODHES es contribuir a ese análisis desde una perspectiva, pues no hacen una lectura total de la crisis humanitaria que atraviesa Colombia.
Por ejemplo, 295.091 colombianos han sido víctimas de desplazamiento masivo y múltiple desde 2012 hasta 2020. “Esto nos muestra cómo hay una especie de juego pendular. Durante la negociación y el Acuerdo de Paz disminuyeron las hostilidades en el país. Pero desafortunadamente esta violencia se incrementó posteriormente. Se transforma, no estamos hablando de la misma violencia, estamos hablando de la nueva situación o dinámica de la violencia que están enraizadas en el pasado”, explica Romero.
En 2016, año en el que se firmó el Acuerdo de Paz, el país registró 52 eventos de desplazamiento, lo que excluyó a 14.321 personas de su territorio. Esa misma cifra casi se triplicó para el 2018, dos años después de la firma, donde hubo 147 eventos de desplazamiento, para un total de 52.293 víctimas de ese delito.
“El Acuerdo de Paz condujo a un desescalamiento del conflicto, pero no resolvió todas las guerras que hay pendientes en Colombia. El Acuerdo tiene problemas como disidencias, implementación, que causan desplazamiento en los territorios. No compartimos la teoría de que estamos peor que antes del Acuerdo. La firma ha traído muchos beneficios para las comunidades, pero lastimosamente en algunas regiones de Colombia el recrudecimiento de la violencia es evidente”, sostiene Romero.
Según el balance de CODHES, desde hace varios años la concentración del conflicto armado y las dinámicas de violencia se evidencian mayormente en el Pacífico colombiano, en la zona del Catatumbo. Sin embargo, eso no quiere decir que no se presente violencia en otras partes del territorio.
Las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes son los sectores con menos protección del Estado, de acuerdo con la organización. Romero asegura que “más del 70% de los derechos de reparación colectiva que se han registrado ante el Gobierno colombiano son conformados por comunidades indígenas y afrodescendientes. Y cuando examinan los datos en general de la reparación colectiva no hay 20 sujetos reparados de los 797”. Además, asegura que no hay ninguno étnico. “Vemos un Estado estructuralmente incapaz de proteger a la gente cuando vemos el encadenamiento de las situaciones”, agrega Romero.
Bogotá, Soacha, Medellín y Cali son los municipios receptores del desplazamiento. “Aparecen las grandes capitales como los lugares donde encontraban protección. Pero fue hasta la era de la pandemia; pues se produjo un cambio muy fuerte en el sistema de vulnerabilidades. Ahora viven en condiciones de pobreza absoluta”, asegura Romero, quien menciona que un estudio que recientemente entregaron a la Corte Constitucional muestra que solo el 50% de las personas desplazadas tienen alguna ayuda del Gobierno, ya sea del programa Familias en Acción o el auxilio durante la pandemia. Cerca de la mitad de la gente no tiene ninguna ayuda.
Presencia de actores armados ilegales en 2019
Los territorios donde más se registran desplazamientos son aquellos donde la presencia del Estado es casi nula. Eso permite que los grupos armados ilegales sean quienes controlen a las comunidades. Por ejemplo, CODHES muestra que en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, la presencia de actores armados como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), Ejército Popular de Liberación (Epl), Guerrillas Unidas del Pacífico (Gup), Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), son un factor de riesgo muy alto.
Las comunidades se exponen a reclutamientos de menores, amenazas, desplazamiento forzado, entre otras acciones violentas. En los registros de CODHES muestran que el 27,7% del total de desplazados en Colombia durante el primer año del presidente Duque salieron de 29 municipios del sur del Pacífico. Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta julio de 2020 han sido asesinados 384 líderes y defensores de derechos humanos, según CODHES.
CIDH condenó masacre en Sucre
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condenó la masacre de cinco campesinos de la población indígena Zenú en el sector de San Marcos, en Sucre, incluido el abogado de la comunidad Arquímedes Centenaro y pidió resultados inmediatos contra los responsables del ataque armado.
«La CIDH exhorta a Colombia a continuar las investigaciones de manera pronta y diligente, sancionar responsables, y garantizar la reparación integral de las víctimas con un enfoque étnico diferenciado y a redoblar sus esfuerzos en la implementación», afirma la Comisión.
También solicitaron medidas de protección inmediata para proteger la vida del líder indígena Carlos Valerio, sobreviviente a la masacre.
«La CIDH reconoce el avance de las investigaciones efectuadas por el estado e insta a Colombia a desarrollar medidas para garantizar la vida de Carlos Valerio, líder indígena Zenú y sobreviviente de esta masacre, así como de todas las personas de esta comunidad», expresó la Comisión.
Así avanza en Medellín marcha de excombatientes para exigir garantías al Gobierno Nacional
El Parque de los Deseos en Medellín fue el epicentro de varias delegaciones de excombatientes de las FARC que llegaron desde Pereira, Chocó y el departamento de Caldas, para, unidos con los grupos de Antioquia, iniciar lo que han denominado una peregrinación por la paz y por la vida .
“Nos están asesinando, la paz es un propósito nacional y queremos que el presidente escuche. Hasta ahora nos han matado 236 compañeros y cada semana vienen de las regiones gente desplazada, de todos los territorios, a las grandes capitales. En Medellín ya estamos más de 330 personas en reincorporación”, expuso Marcos Urbano, dirigente del partido FARC en Antioquia.
El recorrido, que inicia en Medellín, pasará por Marinilla, donde habrá presentaciones y actos artísticos; luego pasarán por Doradal y Guaduas el 30 de octubre, donde se unirán con otras delegaciones del país, y llegar finalmente a Bogotá, donde esperan hacer una gran concentración en la Plaza de Bolívar el próximo 1 de noviembre.
En contexto
“Nos están matando, si no hay vida no hay nada, no hay los proyectos productivos, el acceso a tierras y esas cosas, pero principalmente lo que queremos es seguridad física”, advirtió Gustavo López, excombatiente.
A las peticiones que buscan hacerle al Gobierno Nacional, se suma la preocupación por el futuro de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
“Mucha preocupación porque es una jurisdicción para garantizar los derechos jurídicos de los que hicimos parte en armas, como Farc EP, si llegamos a un acuerdo y esto se desmonta es el fracaso totalmente del acuerdo”, Gustavo López Alcaraz, excombatiente.
Al final, se esperan que unos 2.000 exintegrantes de la antigua guerrilla de las FARC se concentren en la capital del país.
Piden investigar amenazas contra 25 líderes sociales en La Guajira
Como un hecho sin precedentes calificó el Sindicato de Trabajadores de la Educación de La Guajira (Asodegua) las amenazadas contra 25 líderes sociales a través de un panfleto firmado por un grupo al margen de la ley. Entre las personas que aparecen en el documento se encuentran docentes, un representante de Fecode y miembros del movimiento Colombia Humana en este departamento.
“Veinticinco personas amenazadas en un solo panfleto es un hecho histórico en La Guajira, por eso exigimos al Gobierno Nacional las garantías suficientes para el ejercicio de la democracia, de la paz y del sindicalismo en Colombia”, expresó Ruth Mariela Fernández, miembro de Asodegua.
“No es posible que en este país siga haciendo curso este modo de proceder, en el cual no se puede presentar una voz de protesta ante las políticas de Estado porque enseguida proceden estas amenazas, situación que es de suma preocupación, porque una vez más se demuestra que en este país ser líder social o sindical es una actividad que pone en riesgo la vida de quienes se atreven a levantar la voz en contra de las injusticias sociales que a diario ocurren en Colombia”, manifestó el sindicato en un comunicado.
Por estos hechos las autoridades realizaron un consejo de seguridad donde determinaron que analizarán la veracidad del panfleto, además activaron los protocolos para la toma de denuncias a las personas amenazadas.
