Sólo en este año ya se registran 260 personas asesinadas en 65 masacres

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Masacres en Colombia durante 2020 dejan 260 personas asesinadas

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia denunció que las masacres ocurridas este año en el país suramericano superan las 60, con saldo de 260 civiles asesinados.

Un informe elaborado por el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos de Indepaz precisó que de enero al 30 de septiembre de este año registró 65 matanzas que dejaron 260 personas asesinadas.

Las matanzas se produjeron en 18 departamentos colombianos y en la capital Bogotá, durante 2020, siendo Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo los más afectados.

Luego de señalar que en septiembre se produjeron 16 masacres, el Indepaz manifestó que “este es el peor año desde la firma de los acuerdos (de paz de 2016)”.

El Observatorio de la organización no gubernamental (ONG) recordó que por masacre se entiende el homicidio intencional y simultáneo de varias personas (3 o más personas) protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar.

De las cifras ofrecidas por la ONG se desprende que las masacres en lo que va de 2020 son casi el doble de las reportadas el año pasado, mientras que las víctimas se han duplicado.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) anotó que en 2017 se produjeron 12 masacres que dejaron 49 víctimas; en 2018 hubo 27 con 105 asesinados y en 2019 ocurrieron 35 masacres con 113 personas muertas.

El coordinador de la línea de conflicto, paz y posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, Camilo Restrepo, en declaraciones a medios locales, recordó que las masacres en Colombia disminuyeron entre 2014 y 2017, sin embargo, a partir de 2020, “contrario a lo que se esperaba, aumentaron”.

Telesur



‘El déficit de protección es por falta de recursos’

La preocupante situación con los líderes sociales en Colombia, donde día a día se conocen agresiones contra esta población, llevaron al Gobierno a responder ante el Congreso por lo que está sucediendo.

El debate fue tensionante desde un principio, especialmente por la inasistencia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien se excusó de comparecer debido a que se encuentra en otra ciudad, por lo cual designó para asistir a la viceministra de Defensa, Diana Abaunza.

La primera intervenir por parte del Ejecutivo fue la ministra del Interior, Alicia Arango, quien de manera vehemente que “este Gobierno no es indiferente al asesinato de líderes y para nosotros cualquier homicidio de cualquier colombiano es desafortunado”.

Arango les salió al paso, en su intervención, a las críticas que han surgido en los últimos días sobre la posible negativa de la Unidad Nacional de Protección de solicitudes de protección por parte de líderes sociales.

“Estos estudios de seguridad son supremamente profundos tanto para asignar un esquema como para no asignarlo. Las medidas de protección están dirigidas a líderes sociales en un 70 por ciento”, manifestó la ministra.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, actualmente hay 3.686 líderes sociales con esquemas de protección, 1.235 defensores de derechos humanos con estas mismas medidas y 458 excombatientes de las Farc que cuentan con esquema.

No obstante, Arango reconoció que “puede que haya varios líderes necesitando esquemas de protección, pero no es por falta de voluntad sino por falta de recursos”.

Esta declaración se dio justo después de que, como lo reveló este diario, el propio Ministerio del Interior, en informe enviado al Congreso, dio a conocer que apenas una de cada seis solicitudes fue admitida para estudio de riesgo por parte de la Unidad de Protección.

Entre el primero de enero y el 16 de agosto de este año se presentaron 6.756 solicitudes de protección por parte de líderes sociales, pero apenas el 16 por ciento (1.093) fueron admitidas para iniciar la ruta de protección.

Por su parte, la viceministra de Defensa, Diana Abaunza, aseguró que tras el proceso de paz “se evidenció que el principal problema no eran las Farc sino las economías ilegales”.

La funcionaria aseguró que se tiene como estrategia para proteger a los líderes sociales la desarticulación de los grupos armados organizados, no obstante se requiere una “intervención integral”.

Militares investigados

El dato que generó mayor preocupación entre lo revelado por la cartera de Defensa es que el Gobierno reconoce que “se registran seis investigaciones disciplinarias por hechos cometidos entre 2017 y 2019” contra miembros del Ejército Nacional por agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El propio ministerio indicó que por esta misma causa se presentaron cuatro investigaciones contra miembros de la Policía Nacional, de las cuales una ya fue archivada.

Y lo que más llamó la atención es que estas investigaciones son solo por actos cometidos en el servicio, pues las conductas que involucran “violaciones de derechos humanos corresponden a la justicia ordinaria”.

Esto coincide con lo revelado hace una semana por la Procuraduría, que indicó que tiene abiertas 18 investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública por agresiones a líderes sociales.

De las 18 investigaciones contra servidores de la Fuerza Pública por agresiones a líderes, “14 se han iniciado por posible conducta de homicidio, una por posible abuso de autoridad, una por posibles amenazas y torturas, una por posibles lesiones personales y una por posible estigmatización social”.

Por parte de la Fiscalía intervino la vicefiscal Martha Mancera, quien manifestó que la Fiscalía trabaja en el esclarecimiento de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

“Hoy tenemos un 59,5 por ciento de esclarecimiento de estos hechos”, dijo Mancera.
En todo caso, la oposición se mostró inconforme durante el debate por la ausencia del ministro de Defensa y del presidente Iván Duque, quien había sido invitado.

“La indiferencia del Gobierno Duque está desangrando el país, 64 masacres ocurridas este año, 574 líderes y lideresas asesinados. La guerra asoma de nuevo e Iván Duque envía una carta diciendo que no puede asistir porque hay otros compromisos”, manifestó la representante Ángela Robledo.

“Existe una impunidad del 95 por ciento de los casos que son investigados. Este gobierno estigmatiza y criminaliza a los líderes sociales”, concluyó por su parte la congresista María José Pizarro.

El Tiempo


‘El Gobierno no escucha el clamor de la sociedad’: Redepaz

Mientras en el país semana a semana se conocen casos de amenazas y asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, el Gobierno Nacional acaba de elaborar un documento, conocido por este diario, en el que se desprende que las cifras vienen con tendencia a la baja.

De acuerdo con el documento del Ministerio del Interior, el número de líderes sociales asesinados bajó 6 por ciento entre 2018 y 2019, pero causó preocupación un dato que incluía ese informe: solo 16 por ciento de las solicitudes de protección de líderes fueron admitidas por la Unidad Nacional de Protección.

Frente a este documento, el director de Redepaz, Luis Emil Castro, aseguró que “el Gobierno se está acostumbrando a las altas cifras de asesinato de líderes, como si fuera algo natural”.

Las solicitudes siguen en aumento, la gente sigue creyendo que las medidas de protección brindadas por la unidad son necesarias. Lo que el Gobierno no ha logrado entender es que las medidas de protección son complementarias a una política pública de Estado de garantizar la vida y la acción de los líderes sociales.

Lo que está haciendo el Gobierno es negar las solicitudes e impedir el acceso de los líderes a las medidas de protección y a recortar los servicios o prestarlos con herramientas que no son suficientes o adecuadas, como vehículos en mal estado o falta de garantías el equipo de escoltas acompañe a las personas amenazas al territorio. Hay falta de coordinación del Estado.

¿Hay una desconexión de las entidades del Estado con la realidad?

El Gobierno no ha avanzado en la construcción de planes colectivos de protección, ese es un abordaje diferente, porque implica que todo el aparato del Estado más los instrumentos que tengan las organizaciones son fortalecidos para responder a las alertas tempranas.

¿Por qué no se ha avanzado en esto?

Todavía se considera que los líderes y las organizaciones sociales son oposición, son el enemigo. Hay un Gobierno que todavía no ha logrado superar los altos niveles de impunidad. Eso es un mensaje para las bandas criminales como a los grupos delincuenciales para que hagan lo que quieran. El Gobierno no escucha el clamor de la sociedad y además toma decisiones que son contrarias a ese clamor.

Las cifras del Gobierno dicen que han bajado los asesinatos de líderes sociales…

El Gobierno se está acostumbrando a las altas cifras de asesinato de líderes, como si fuera algo natural. Uno puede revisar las cifras y más o menos 10 personas menos asesinadas en 2019, pero eso no puede ser una cifra que satisfaga a la sociedad y al Gobierno colombiano. No deberían existir estos asesinatos

Lo que estamos viendo es que ha aumentado el número de asesinatos a través de masacres, van más de 62 masacres este año.

Constantemente se lanzan alertas, pero no se ve que haya una mejoría de la situación, ¿qué es lo que está pasando?

Fundamentalmente porque para el Gobierno las organizaciones sociales y comunitarias son el enemigo interno, son oposición o cómplices de terroristas. Para ellos esa población no es importante, para ellos esa población no merece que el Estado vuelque todo su aparato para su protección, no solo el aparato militar sino institucional.

El Tiempo


Víctimas oculares del ESMAD lanzan campaña en contra de la impunidad

Este 30 de septiembre distintas víctimas oculares (personas que han perdido los ojos luego de disparos de la Fuerza Pública a sus rostros) del ESMAD lazarán una campaña de solidaridad que busca «evidenciar, sensibilizar y mantener la memoria» de las y los jóvenes que sufrieron la brutalidad y la fuerza desmedida del Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Doce víctimas oculares por agresiones del ESMAD

Cristian Rodríguez, fue herido el 16 de diciembre, cuando se encontraba participando en una movilización que se dirigía hacia la Universidad Nacional de Colombia. El dictamen médico fue un estallido ocular, que le provocó la perdida total de su ojo izquierdo.

Junto a él otras doce personas perdieron sus ojos en el marco de las jornadas de protesta del 21N. De acuerdo con Rodríguez, «estas agresiones dolorosas y traumáticas, generalmente quedan en la impunidad. Configurándose como un nuevo hecho victimizante, puesto que ni el Estado, ni las instituciones dan cuenta o responden por lo ocurrido».

Por este motivo, este conjunto de víctimas lanzan su campaña de solidaridad, con la que esperan evidenciar los daños irreparables que sufrieron, movilizar a la sociedad en torno a ejercicios de memoria de lo que implica la brutalidad policial y el fin de la impunidad.

El accionar del ESMAD

Rodríguez también afirma que esta campaña busca luchar contra la no repetición frente a las violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública. En ese sentido, rechazan el accionar de la Policía Nacional y el ESMAD en las jornadas recientes de protesta.

«Los actos del Escuadrón Móvil Antidisturbios son devastadores y están aportando a la comisión de crímenes de lesa humanidad» Señala Cristian Rodríguez. Si usted quiere sumarse a esta campaña solo debe ingresar al siguiente link: CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD – Que tu derecho a protestar no te cueste un ojo o la vida.

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