Aborto: Uruguay, un espejo para el debate en Argentina – Por Mariana Carbajal

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Mariana Carbajal

En siete años de implementación de los servicios de la ley de interrupción legal de embarazo en Uruguay solo se registró una muerte por aborto en el sistema de salud por una complicación quirúrgica. “Fue la única que se registró en estos años. Y la mortalidad materna se mantiene extremadamente baja: estamos en el segundo lugar en América, después de Canadá. Tenemos unas 14 muertes cada 100 mil recién nacidos vivos”, precisó a Página/12 Leonel Briozzo, profesor titular de la Clínica de Ginecología A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, jefe de la Maternidad del Hospital Pereira Rossell, el más importante del país, e integrante del comité de Etica de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Briozzo fue quien tuvo en sus manos la implementación de la ley que despenalizó y legalizó el aborto a partir de 2013 en el país vecino. Era en ese momento subsecretario del Ministerio de Salud Pública del gobierno del presidente José “Pepe” Mujica. Argentina tiene una mortalidad materna que casi triplica la de Uruguay: el último registro oficial correspondiente a 2018 mostró que durante ese año del gobierno de Mauricio Macri volvió a haber un incremento –había descendido en 2017– y se ubicó en 37 cada 100 mil nacidos vivos. “Las IVE se producen por vía medicamentosa en su amplia mayoría: 95 por ciento. De las mujeres que abortaron, 86 por ciento se fue con método anticonceptivo en la consulta de control post-aborto”, destacó Lilian Abracinskas, activista feminista y director de Mujer y Salud en Uruguay, ONG con larguísimo recorrido en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Los registros oficiales del último año muestran que empezaron a bajar la cantidad de abortos legales, reveló Briozzo.

La experiencia en Uruguay es una interesante muestra que deberían analizar las y los legisladores argentinos que se aprestan a decidir si votan por el aborto clandestino y siguen empujando a las mujeres a morir por esa causa evitable o eligen un modelo de salud pública que contempla los derechos sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos. En Uruguay el aborto dejó de ser una práctica en la que se puede perder la vida. En Argentina, desde la recuperación democrática, más de 3000 mujeres murieron como consecuencias de complicaciones por prácticas de interrupción de embarazo clandestinas. La última estadística oficial disponible registró 35 muertes por aborto en el país, una cifra que, incluso, podría tener subregistro.

–¿Qué impacto tuvo la ley de IVE en Uruguay? -–le preguntó Página/12 a Briozzo.

–El impacto ha sido extremadamente positivo. En el marco del huracán de la crisis socioeconómica generada por las medidas de mitigación de la pandemia, si no hubiéramos tenido la ley, hubiera aumentado el número de abortos en condiciones de riesgo y probablemente de manera sustantiva la mortalidad materna. Esta crisis que estamos viviendo hoy se asemeja en términos históricos a la del 2001, cuando fundamos Iniciativas Sanitarias y el modelo de reducción de riesgo y daño para mitigar los efectos del aborto inseguro y hoy lo que vemos con la ley instaurada y sólida en todo el país es que no ha habido un incremento de los abortos de riesgo. Y a pesar de que los servicios de salud pueden verse en algunos casos presionados –por la atención de pacientes con covid– se ha podido dar una respuesta adecuada en esta situación.

La ley uruguaya fue la ley posible: la que permitió reunir las adhesiones y los votos necesarios para sancionarla en 2012. Hubo algunas concesiones en el Frente Amplio, que la impulsó. Por ejemplo, obliga a las mujeres a cumplir con un proceso burocrático de varias consultas y un período de reflexión de cinco días. Pero lo fundamental es que permite que entre 9000 y 10 mil mujeres al año aborten en la legalidad. Se promulgó en noviembre de 2012. ¿Qué establece la ley? Crea servicios legales de interrupción voluntaria del embarazo dentro del Sistema Nacional de Salud. Se mantiene el delito en el Código Penal pero no se aplica la pena: hasta las 12 semanas de gestación; hasta las 14 semanas por violación y sin plazo cuando esté en riesgo la salud de la mujer o haya malformación fetal incompatible con la vida. Se habilita la objeción de conciencia para los ginecólogos y se crea la figura de objeción de ideario para las instituciones de salud con creencias religiosas. No pueden hacer uso de estos servicios mujeres extranjeras o migrantes con menos de un año de residencia en el país

“Todas las instituciones de salud afiliadas al Sistema Nacional Integrado de Salud del país están brindado los servicios de Salud Sexual y Reproductiva y de aborto legal. Salvo las que hicieron objeción de ideario: Círculo Católico y Hospital Evangélico”, indicó Abracinskas. Y señaló que los registros del Ministerio de Salud Pública indican que:

* La mayoría de los abortos se da en mujeres mayores de 20 años

* De las mujeres que abortaron, 86 por ciento se fue con método anticonceptivo en la consulta de control posaborto.

* El 56 por ciento de las IVE se realizó en Montevideo y 44 por ciento en el Interior del país.

* El sector privado registra el 51 por ciento de los casos, aunque la relación es muy pareja con el sector público, que tiene también disponible los servicios en la red de atención primaria.

La interrupciones legales de embarazo se realizan en su mayoría de forma ambulatoria y con medicamentos, una combinación de las drogas mifepristona y misoprostol. “Se calcula que es más seguro un aborto con medicamentos que un parto normal, a nivel internacional. Y el costo es menor. La amplia mayoría no necesita internación para la resolución de la situación. Hemos tenido una experiencia muy buena en ese sentido que está publicada en el International Journal of Obtetrics and Gyneecology hace dos años en un suplemento especial, porque es una dirección para el resto de los países. Y el otro factor importante que tiene el aborto con medicamentos es que empodera a la mujer en su resolución y ya no es el médico el que hace el aborto sino ella. El médico acompaña capacitadamente la decisión de la mujer”, agregó Briozzo

Briozzo, quien fue invitado a exponer en las audiencias de 2018 en el Congreso, en el marco del debate en Argentina, fue el impulsor en su país de la estrategia de reducción de daños y riesgo en casos de aborto por la cual se empezó a brindar asesoramiento a las mujeres que querían interrumpir un embarazo, en el marco de la confidencialidad de la consulta, sobre prácticas seguras (aborto con pastillas) para evitar que recurrieran a métodos riesgosos como la introducción de tallo de perejil, sondas o agujas, cuando todavía se trataba de una práctica criminalizada. Esa estrategia fue primero, a partir de 2001, una iniciativa médica, luego en 2004 adquirió status de resolución ministerial y posteriormente, en 2008, se convirtió en norma nacional en el marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. En Argentina la empezó a implementar el Hospital Argerich, en su servicio de Adolescencia en el año 2004 y luego se fue replicando en otros lugares del país.

–¿Cuántos abortos legales se hacen hoy en Uruguay? –le preguntó este diario.

–Se está estabilizando la cifra en unos 9000. Con un dato muy importante, en el 2019 fue el primer año en los seis años de implementación de la ley, en el que empezó a disminuir el número de interrupciones voluntarias de embarazo. Este es un dato muy relevante porque nosotros habíamos planteado oportunamente que lo que pasa cuando se despenaliza el aborto es que hay un incremento en el número de abortos –no porque se habiliten las condiciones para que las mujeres aborten– porque sencillamente se comienzan a registrar. Luego se estabiliza y después empiezan a bajar. En 2019 fue el primer año en que comenzó a bajar la tendencia de las interrupciones voluntarias del embarazo fruto de las políticas en salud sexual y reproductiva, de anticoncepción universal y de los servicios de IVE. Y esperamos que se consoliden en este tiempo de pandemia donde muchas veces los servicios se ven amenazados

Las estadísticas oficiales muestran los siguientes números de abortos en el sistema de salud: 7.171 en 2013; 8.513 en 2014; 9.362 en 2015; 9.719 en 2016; 9.830 en 2017; 10.711 en 2018. Hasta el descenso que empezó a verse en 2019, se mostró un incremento de año en año del 10 por ciento aproximadamente. “Esto demuestra que no porque estén disponibles los servicios las mujeres van a recurrir a aborto más de lo necesario”, apuntó Abracinskas. De todas formas, advierte que todavía hay abortos que se realizan en la clandestinidad. “Las mujeres migrantes con menos de un año de residencia en el país y las que no cumplen con los plazos definidos por la norma quedan fuera del sistema legal y por lo tanto deben resolverlo por su cuenta”, señaló.

Consejerías

–La Ley prevé un proceso de consejería que obliga a la mujer que solicita la IVE a pasar por varias consultas previas antes de llegar al aborto, un requisito que fue cuestionado en su momento desde las organizaciones de mujeres, pero que se incluyó a modo de concesión para conseguir el voto que se necesitaba para la sanción. ¿Cómo ha funcionado? –le preguntó Página/12 a Briozzo.

–Funciona de manera bastante aceitada. La ley prevé que haya un equipo multidisciplinario –conformado por asistentes sociales, ginecólogo, psicólogo– que ven en conjunto a la paciente. Esa responsabilidad es de los prestadores de salud. Como tenemos un sistema integrado de salud, con una rectoría única en el Ministerio, tenemos la posibilidad de controlar a través de las prepagas u obras sociales –como se llaman en la Argentina– que se brinden las prestaciones establecidas por el Ministerio. Si no lo hacen, son sancionadas económicamente, motivo por el cual todas las instituciones que dan prestación médica tienen previsto este sistema, aun las que han hecho objeción de ideario, de acuerdo con la ley, y tercerizan estos servicios de IVE en otras y no ha habido mayor problema de retrasos en ese aspecto.

Con el cambio de gobierno hacia una coalición de centroderecha encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou, quien se declaró “provida”, en el movimiento de mujeres y feminista temen que haya algún tipo de recortes en los servicios de IVE. De todas formas, Briozzo destaca que la ley no se cuestiona. “No hay un cuestionamiento real. No hay nadie planteando modificarla o que volvamos al estatus anterior. De alguna manera eso no está planteado en el ambiente político. Si hay una agenda conservadora en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, que opina y que permanentemente está hostigando a este y otros temas como la educación en sexual para niñas, niños y adolescentes o la vigencia de los derechos para las personas trans, pero no hay ninguna iniciativa concreta que cuestione la ley de IVE porque además, sería suicida. Hay una firme convicción en la ciudadanía de que es una ley buena para la sociedad uruguaya”, indicó el destacado médico y profesor universitario.

Un aspecto que Abracinskas señala que funcionó como obstáculo para el acceso al aborto legal ha sido el número de profesionales de la salud que se declararon objetores de conciencia, en el marco de la ley. Y dos instituciones, el Círculo Católico y el Hospital Evangélico, que hicieron “objeción de ideario”, otra de las opciones que habilita la norma. “Tenemos lugares del país con 100 por ciento de objetores y departamentos con más de 60 por ciento de profesionales que rechazan brindar el servicio, aludiendo razones de valores filosóficos o religiosos. Esto implica que las mujeres que viven en esas localidades con 100 por ciento de objetores tiene que trasladarse largas distancias para acceder a la medicación para la IVE”, explicó. En ese sentido, y en vistas del debate en Argentina, sugirió “encontrar un justo equilibrio” porque “muchas veces en Uruguay se demostró que la objeción de conciencia se usa como desobediencia civil” al cumplimiento de la ley, “para no complicarse profesionalmente porque el estigma sobre el aborto sigue vigente particularmente en localidades chicas del interior del país”.

El impacto social

–¿Qué cambió en el imaginario social con la aprobación de la ley? –le preguntó a Briozzo este diario.

–La aprobación de la ley no se puede analizar como un fenómeno aislado sino en el proceso histórico que el Uruguay tiene desde la salida de la dictadura militar, en 1985, con una prédica muy fuerte del movimiento social de mujeres y feminista, en relación a la agenda del derecho a decidir de la mujer y fue complementada desde el 2001 por el movimiento de profesionales con compromiso profesional de conciencia encabezado por Iniciativa Sanitarias y que promovió un derecho complementario al derecho a decidir que es el derecho a la atención de salud, es decir, con independencia a la valoración moral que se tenga con respecto al aborto lo que había que asegurar era el derecho a la atención sanitaria. Entre esos dos derechos que oficiaron como dos patas, se avanzó muchísimo en el Uruguay en la transformación del estigma social y el entender que el aborto, más allá de que puede ser para muchos un problema filosófico o ético, antes que nada es un problema de salud que tienen que ser amparado en el sistema sanitario e integrado al cuerpo legal no como algo punitivo, sino con la comprensión de que la situación del embarazo no deseado está vulnerando los derechos de la mujer y hay que protegerla en esa situación. Es un cambio revolucionario que se enmarca en un cambio revolucionario en la agenda de derechos que tuvo Uruguay sobre todo en el período 2010-2015 en el gobierno encabezado por el ex presidente Mujica que habilitó un avance importantísimo en la agenda de los derechos: no solamente en relación al aborto sino con respecto al derecho a la fertilización asistida a las parejas que tienen esterilidad conyugal, en el derecho a la atención de las enfermedades de transmisión sexual de manera universal, en el derecho de la preservación de la función ovárica de las pacientes que tienen cáncer y se les puede sacar tejido ovárico y luego implantarlo, en el derecho de las personas trans. Hubo un cambio muy importante en el imaginario colectivo que creyó que a pesar de los vaivenes de la política electoral estamos en un punto muy superior con respecto a la conciencia social en relación a esta temática.

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