Fiscalía ordena la detención de dos exministros de facto por caso de corrupción

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Fiscalía emite órdenes de aprehensión contra los exministros Murillo y López por caso ‘gases lacrimógenos’

Por Paulo Cuiza

La Fiscalía emitió este lunes órdenes de aprehensión contra los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López por el caso “gases lacrimógenos”, relacionado a la denuncia de compra de agentes químicos son sobreprecio.

«Por existir en su contra, elementos de convicción suficientes de que es autor o partícipe de la comisión del delito supra legal, y al existir indicios de que el sindicado pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del país y obstaculizar la averiguación de la verdad histórica de los hechos», señala parte de ambas órdenes de aprehensión.

Uso indebido de influencias es el delito que se les atribuye a los ministros que dejaron sus cargos entre el 2 y 6 de noviembre, mucho antes de la renuncia colectiva del gabinete de la expresidenta Jeanine Áñez.

El 6 de noviembre, el fiscal anticorrupción Luis Atanacio emitió un requerimiento de alerta migratoria o arraigo, para impedir la salida al exterior de Murillo y López.

En octubre, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que en el marco del proceso investigativo del caso “Gases lacrimógenos”, el Ministerio Público envió a la Fiscalía General de Brasil un cuestionario con preguntas para que, mediante cooperación internacional y a través de sus fiscales, tomen declaraciones en calidad de testigos a los propietarios de la empresa Cóndor, quienes fueron los proveedores para la Policía Boliviana del armamento no letal.

Por este caso, la Fiscalía emitió en octubre un requerimiento de cooperación internacional para que se pueda recibir las declaraciones informativas de testigos en Brasil, quienes serían el presidente de la empresa Cóndor, Carlos Erani Aguiar; la vicepresidenta, María Cristina de Quiroz Aguiar (ambos presuntos dueños de la empresa), y también de Luis Montero, director comercial; Marcos Sigma, subgerente, y Beni Iachan, gerente de ventas para Latinoamérica.

La querella ante la Fiscalía señala que el Gobierno pagó Bs 270 por cada unidad de proyectiles de larga distancia y Bs 250 por unidad de proyectiles de triple acción. En cada caso se demandó la dotación de 50.000 unidades. De acuerdo a una denuncia de la red Gigavisión el costo se incrementó porque el Gobierno de Áñez optó por un intermediario, pese a que inicialmente se estaba haciendo una compra directa.

La investigación sobre el caso «gases lacrimógenos» generó un impasse entre Murillo y el exprocurador José María Cabrera, quien requirió información a cerca de la adquisición. Cabrera fue retirado del cargo.

La Razón


Arce evoca el papel de las FFAA y la Policía en 2019 y se asegura su lealtad

Por Rubén Atahuichi

Ya lo había adelantado en entrevista con La Razón el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo: Un motín policial “es algo que no puede volver a ocurrir en nuestro país”. Este lunes, el presidente Luis Arce tomó juramento a los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana con sendas reflexiones que sonaron a duras reprimendas.

Es que en ambos actos, uno en la mañana y el otro en la tarde, el mandatario recordó el papel de ambas instituciones en lo que llama “el golpe” de noviembre de 2019, cuando luego de cuestionadas acciones de parte de efectivos militares y policiales renunció el entonces presidente Evo Morales.

“No podemos tener más nunca policías que asuman acciones que vayan en contra de un gobierno democrático y legalmente constituido. Eso no debe volver a ocurrir nunca más y eso solo será posible mientras que nuestra Policía se rija bajo los principios constitucionales”, exhortó Arce.

Aludió así el motín policial que estalló en el país el 8 de noviembre de 2019, dos días antes de la renuncia de Morales. En coincidencia con las protestas políticas y cívicas propiciadas por el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la mayoría de las unidades policiales del país se habían declarado en un motín contra el gobierno. El mismo Camacho había evocado antes la incorporación de los policías a las movilizaciones.

En su discurso de posesión, el nuevo comandante de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, prometió lealtad al mandatario. “La seguridad es la sensación razonada de paz, y es la sensación que usted tiene que tener con su Policía, señor Presidente”, dijo.

Luego, en un inusual acto, ordenó ponerse de pie a los jefes policiales salientes para arengar “¡subordinación y constancia!”.

Arce también reprendió a la Policía por la quema de la wiphala durante los conflictos de noviembre del año pasado y pidió a los elementos “estar siempre, pase lo que pase, al lado de su pueblo y del mandato popular expresado en las urnas”. “No podemos tener nunca más policías que quemen los símbolos patrios”, reclamó.

Horas antes, el mandatario posesionó al Alto Mando de las Fuerzas Armadas no sin antes aludir a su papel en la crisis de 2019 y demandar que deben estar “cohesionadas con el pueblo”. “Hoy tenemos el gran desafío de que el pueblo boliviano vuelva a confiar en las Fuerzas Armadas”, exigió Arce.

“La seguridad y defensa son transversales a los fines esenciales del Estado, y su logro no sería posible sin una situación de paz y tranquilidad, condición imprescindible para el desarrollo de actividades económicas, políticas y sociales”, dijo el comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Zabala.

En la crisis de noviembre del año pasado, las Fuerzas Armadas jugaron un papel gravitante en la salida del poder de Morales. La tarde del domingo 10 de noviembre, el Alto Mando castrense, presidido por su entonces comandante Williams Kaliman, sugirió la renuncia del entonces presidente.

“Ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida y la seguridad de la población, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, dijo Kaliman en rueda de prensa.

Una hora después, Morales renunció a sus funciones en las instalaciones del aeropuerto de Chimoré, en el Chapare, adonde había llegado junto con el entonces vicepresidente Álvaro García y la ministra Gabriela Montaño.

Williams Kalimán, quien pidió la renuncia de Evo Morales, impone la banda presidencial a Jeanine Áñez, el 14 de noviembre de 2019. Foto: Óscar Ortiz

La crisis política y social había degenerado del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones del 20 de octubre, en las que presuntamente halló graves irregularidades.

Dos días después se proclamó sucesora la entonces senadora de Unidad Demócrata (UD) Jeanine Áñez, a quien luego Kaliman le impuso la banda presidencial, fuera de protocolo, en una sala del Palacio Quemado.

La Razón


Evo: “El plan era que Áñez deje la presidencia a una junta militar”

Por Marcelo Sandoval

El expresidente Evo Morales, en una entrevista con la radio Kawsachun Coca, dijo que el Gobierno de Jeanine Áñez intentó hasta el último momento evitar la posesión de Luis Arce como presidente y que se intentó dejar el mando a una “junta militar”, pero que hubo militares que fueron “leales con las Fuerzas Armadas” y se revelaron.

Evo contó que mantuvo contacto con militares que no estaban conformes con el manejo del anterior Gobierno y con la gestión del comandante en jefe del de las Fuerzas Armadas, general Carlos Orellana.

“Hasta el último momento se intentó no dejar posesionar al Lucho Arce, la penúltima semana, el general Orellana convocó a los generales y dijo, el MAS va a eliminar el servicio militar, van a bajar de 100 al 70 por ciento su jubilación, van a organizar milicias comunales, el plan era que la Áñez deje la presidencia a una junta militar. Ahí, un general se reveló, les dijo, yo soy masista, el MAS dio esto, esto, esto para las Fuerzas Armadas, y ahí acabó la reunión”, dijo el exmandatario.

Morales también contó que el martes después de Todos Santos, se convocó a los coroneles que están en carrera de ascenso y se les dijo que “el MAS, el Lucho, no va a respetar la institucionalidad, tampoco la antigüedad”, pero, agregó, un coronel “salió al frente” y reclamó por la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Morales afirma que este coronel es masista, solo que no lo dijo ese momento.

“El general Orellana no ha podido juntar ni a los generales ni a los coróneles”, sentenció.

El exmandatario y actual jefe de campaña del MAS-IPSP retornó al país el pasado lunes 9 de noviembre acompañado por el presidente argentino Alberto Fernandez.

Después de su paso por Villazón, acompañado por exministros y el vicepresidente Álvaro Garcia Linera, Morales se dirigió al trópico, donde, después de una concentración ante una multitud en el aeropuerto de Chimoré, se instaló.

Opinión


Romero revela que 300 personas financiaron el ‘golpe’ contra Morales, dice que hay documentos

Por Carlos Corz

El exministro de Gobierno Carlos Romero reveló que hay por los menos 300 personas en Santa Cruz que financiaron el “golpe de estado” de octubre-noviembre de 2019, entre ellas empresarios y gente vinculada a la Gobernación y alcaldía. Además tiene identificado a los jefes y policías que estuvieron detrás del motín en Cochabamba, que luego se irradió al resto de departamentos.

En una entrevista con el programa No Mentirás, también señaló a los exviceministros Javier Issa, de Régimen Interior, y Wilson Santamaría, de Seguridad Ciudadana, como los personeros del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez que fueron a visitarlo a la cárcel para pedirle que involucre al expresidente Evo Morales en un hecho ilícito.

“Aproximadamente unas 300 personas dieron dinero para el golpe o para sostener los 21 días (de paro cívico). Ahora, obviamente, algunos lo habían hecho de forma deliberada porque formaban parte de la conspiración, otros habrían sido chantajeados, extorsionados, había mucha gente que vivía bajo la sombra del pánico”, denunció.

Morales se vio obligado a renunciar acorralado por el prolongado paro cívico, el motín policial y la “sugerencia de dimitir” de los militares, en medio de las denuncias de fraude electoral.

No dio mayores detalles, pero precisó que entre esos financiadores estaba gente vinculada a la Gobernación y alcaldía cruceña.

«Hay planillas, montos contactos, logística. Toda esa información existe documentadamente”, aseguró y dijo que las fuentes son varias, entre ellas del propio Comité pro Santa Cruz, donde se recibían los aportes.

De acuerdo a los datos con los que cuentan habían aportes superiores a los $us 100.000. “Tenemos registrado los nombres, veremos en qué momento se presenta”, sostuvo Romero, quien estuvo detenido en la cárcel de San Pedro tras habérselo vinculado, pese a que fue el que lo denunció, en el caso de corrupción de la unidad UELICN.

Romero aseguró que el motín policial se consolidó en noviembre, poco antes de la renuncia del expresidente Evo Morales, pero ya se lo trazaba desde octubre cuando se dejó quemar las oficinas de los Tribunales Electorales Departamentales aduciendo que los movilizados habían rebasado a la Policía.

“Pienso que varios comandantes departamentales”, respondió cuando se le consultó si en otros departamentos, además de Cochabamba, habían policías vinculados al motín.

De los involucrados en Cochabamba con el motín, mencionó a los mayores Edwin M., Marco Antonio A., Wilson F., a los capitanes Hernán V., Daniel C., José C., Oliver V., al teniente Mauricio O., al sargento V., y al policía Miguel A.

“Obviamente hubo sobornos a jefes policiales y militares para que se incorporen al golpe”, consideró y recordó lo que decía el entonces líder cívico, luego candidato presidencial, Luis Fernando Camacho, de que su padre cerraba tratos con la Policía y los militares.

“Se movió mucho dinero, porque se pagaba vuelos chárter, alimentación de gente movilizada en las calles, bueno no sé qué hicieron con la plata, fueron varios millones de dólares”, aseguró y denunció que en el gobierno de Áñez hubo protección a casas de juego, al narcotráfico y extorsión a empresas que tenían contratos con el Estado.

Romero atribuyó el malestar de la Policía con el gobierno de Morales a que se les quitó el servicio de identificaciones, la seguridad presidencial y de dignatarios de Estado, y el control de Pisiga en la lucha contra el contrabando.

La Razón


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