Bolivia: la política exterior de un gobierno de facto – Por Nicolás Retamar

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Por Nicolás Retamar, de la redacción de NODAL

El 12 de noviembre de 2019, tras el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, la vicepresidenta segunda del Senado Jeanine Áñez fue proclamada presidenta de Bolivia. Para manejar los hilos de la política exterior la presidenta de facto convocó a la abogada y académica Karen Longaric, quien asumió funciones el 14 de noviembre. A pesar de haberse planteado como un “gobierno de transición”, Áñez y Longaric se dedicaron en pocos meses a desarticular el rol que había obtenido Bolivia a nivel internacional y, sobre todo, la importancia que había adquirido a partir de la presidencia de Evo Morales que condujo una política exterior soberana junto a David Choquehuanca primero, Fernando Huanacuni Mamani después y Diego Pary en el final.

Karen Longaric plasmó, en un documento que se conocería al final del mandato, su visión sobre lo que había sido la política internacional de Evo Morales. “La política exterior estuvo subordinada a intereses políticos internos, no así al interés nacional… lo que llevó a cierto aislamiento internacional, situándonos al lado de los países propulsores del Socialismo del Siglo XXI y sus foros internacionales”.

Luego, Longaric describió en primera persona su tarea en el gobierno de facto:

“Entendí que una transición democrática no significaba mantener el statu quo y ser simplemente una gestora de la continuación de una política exterior errada y errática. Por el contrario, en el proceso de transición hacia la democracia plena, era imperativo impulsar cambios y reformas tangibles que transformen a la Cancillería para que trabaje por los intereses de Bolivia; por ello, reposicioné al país en el seno de las naciones democráticas e impulsé la institucionalización y renovación de los cuadros diplomáticos”.

La canciller destacó que el primer pilar fundamental de su gestión fue la “desideologización” de la política exterior con su acercamiento a Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima y Prosur.

Ahora bien, a pesar de que la intención declarativa de la ministra de Relaciones Exteriores de facto era “desideologizar” la cancillería, cabe preguntarse porqué se alejó de algunos países al punto de cortar las relaciones institucionales. Al día siguiente de asumir funciones, Longaric anunció la ruptura de relaciones con Venezuela bajo el argumento que había personas de origen venezolano “involucrados en asuntos internos del Estado”, al punto tal de detener a casi una docena de personas y acusarlas de sedición. Además, anunció la salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y sostuvo que ya analizaban la salida de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR), cuyo proceso de denuncia comenzó formalmente el 13 de diciembre de 2019.

Con la llegada de Evo Morales y Álvaro García Linera a México más el asilo que brindó la embajada mexicana en Bolivia a funcionarios perseguidos por el gobierno de facto, Longaric atacó el accionar diplomático de México: “Le expresé nuestro malestar a la embajadora y también el malestar del pueblo boliviano. La actitud de México de permitir que Evo Morales haga pronunciamientos desafiantes, amenazadores, en fin, todo eso genera mucha indignación en la ciudadanía”.

Cuba también fue una de las primeras víctimas en la reconducción de las relaciones internacionales. A raíz de la estigmatización, el hostigamiento y la persecución del gobierno de facto, 725 cubanos y cubanas que cooperaban principalmente en materia de salud debieron salir del país de un día para el otro. Al igual que en el caso de las personas venezolanas detenidas, el ministro de gobierno de facto Arturo Murillo anunciaba la detención de cuatro médicos cubanos que poseían armas y dinero.

Al mismo tiempo que anunciaba esta serie de medidas drásticas, Longaric cesaba de su cargo al 80% de los embajadores que habían sido designados por el gobierno de Evo Morales. “Vamos a estrechar relaciones con todos aquellos países que estuvieron alejados de Bolivia”, dijo en declaraciones a la prensa. Estrechar relaciones con esos países significó “fortalecer” las relaciones con Chile tras el conflicto suscitado por la salida al mar entre ambos países, cuestión que se dirimió con una derrota para Bolivia en los tribunales de La Haya.

En tres días de gestión la canciller desarmó un andamiaje que había costado años construir y empezó a armar uno nuevo hecho a medida del gobierno de facto.

El 27 de noviembre, Longaric nombró como Embajador Extraordinario en Misión Especial ante el Gobierno de Estados Unidos a Walter Óscar Serrate Cuéllar. En septiembre 2008, el gobierno de Evo Morales había expulsado al embajador Philip Goldberg tras acusarlo de separatista y rompió relaciones diplomáticas con EE.UU. en medio de un intento de golpe de Estado llevado a cabo desde del departamento de Santa Cruz. El 28 del mismo mes, la canciller anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel que se habían cortado en 2009 tras una ofensiva del ejército israelí en diciembre de 2008 en la franja de Gaza. Evo Morales la había tildado de “terrorista”. Las relaciones formales con Israel se reestablecieron el 3 de febrero de 2020.

Dos hechos marcaron el pulso en los primeros días de diciembre de 2019. Jeanine Áñez convocó al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga -opositor al gobierno de Evo Morales- para ser “delegado ante la comunidad internacional”. Su misión sería “explicar la violación de los derechos humanos que los bolivianos hemos vivido recientemente”, dijo la presidenta de facto en conferencia de prensa. Quiroga, por su parte, sostuvo que “una larga noche tiránica de casi 14 años ha llegado a su fin. Evo Morales intentó hacer un fraude. El informe final de la Organización de los Estados Americanos (OEA) mostrará al mundo el vergonzoso intento de robarse las elecciones que quiso hacerse en el país”.

El 5 de diciembre, dos días más tarde de la designación de “Tuto” Quiroga, Longaric participó de la 55° cumbre del Mercosur realizada en Brasil.  De la reunión participaron Mario Abdo Benítez, Mauricio Macri, Lucía Topolansky y Jair Bolsonaro. Allí, el gobierno de facto recibió el apoyo de Argentina, Brasil y Paraguay. Uruguay, a través del entonces canciller Rodolfo Nin Novoa, afirmó que Evo Morales “fue obligado a renunciar a su cargo, provocando un quiebre institucional que representa una ruptura del orden democrático en los términos establecidos en el artículo 3 del ‘Protocolo de Ushuaia’ sobre compromiso democrático en el MERCOSUR, Bolivia y Chile”.

Para cerrar el año, el gobierno de facto continuó tensando las relaciones con México. El 23 de diciembre, Longaric anunció que Bolivia no participaría del inicio de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que asumió México por “desconocer las atribuciones de la presidencia Pro Témpore que ocupa Bolivia en CELAC durante el 2019, quebrantando la institucionalidad y unidad latinoamericana y caribeña”. A su vez, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador expresó “profunda preocupación por la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos que vigilan tanto la Residencia como la Embajada de México ante el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el pasado 11 de noviembre”.

En simultáneo, Karen Longaric anunció la adhesión de Bolivia al Grupo de Lima. “El Grupo de Lima es un grupo ad hoc que fue creado para coadyuvar con el pueblo venezolano el cometido de recuperar las instituciones democráticas y el estado de derecho, además de velar porque se respeten los derechos humanos en Venezuela tan ultrajados y violentados. Bolivia, en esa ideología de respeto a los derechos humanos y de respeto al estado de derecho de los pueblos, se ha plegado a este grupo para trabajar en consecuencia por esos objetivos”.

Días más tarde, a través del subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, México pidió una reunión urgente para resolver el conflicto ya que el asedio a las oficinas diplomáticas mexicanas en Bolivia llegó a contar con 50 personas civiles, policiales y militares, en más de 10 vehículos. El objetivo del gobierno de facto era encarcelar a los exministros asilados en la embajada.

El conflicto escaló al punto tal que Jeanine Áñez declaró “personas no gratas” a la embajadora de México y a diplomáticos españoles tras un confuso episodio con acusaciones cruzadas entre las cancillerías de Bolivia y México. El gobierno del Reino de España emitió un comunicado donde rechazó las acusaciones del gobierno de facto: “España rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia. Para España, cualquier afirmación en este sentido constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias”.

Hasta la Unión Europea, con quien el gobierno de facto se jactaba de reanudar las relaciones en contraposición a la política exterior de Evo Morales, rechazó la expulsión “extrema e inamistosa” de los diplomáticos españoles. Sin embargo, las declaraciones de los funcionarios del gobierno de facto fueron más lejos. Fernando López, ministro de Defensa, afirmó en una entrevista que el vicepresidente segundo de España Pablo Iglesias “representa el hilo conductor de la mafia terrorista sediciosa”. La Fiscalía general llamó a declarar al vicepresidente de España Pablo Iglesias, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a los dirigentes políticos y reconocidos intelectuales Iñigo Errejón yJuan Carlos Monedero “para que puedan prestar su declaración informativa respecto a los hechos acontecidos el 27 de diciembre en la sede de la Embajada de México.”

Ya a mediados de enero de 2020, Jeanine Áñez recibió la visita de Mauricio Claver-Carone, ex Asesor Especial Presidencial para Asuntos del Hemisferio del Gobierno de Estados Unidos y actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Vine a este viaje a nombre del presidente (Donald) Trump para saludar y reconocer la labor de la presidenta (Jeanine) Áñez en este momento de transición y de optimismo para Bolivia”. Un mes antes, Áñez había dialogado telefónicamente con el Secretario de Estado Mike Pompeo. Esa reunión, la materializó el 20 de enero Karen Longaric en Colombia junto a Pompeo. En territorio colombiano, la canciller de facto participó de la tercera Conferencia Ministerial de Lucha Contra el Terrorismo realizada en Bogotá. Para ese entonces, las elecciones estaban previstas para el 3 de mayo.

Al compás de la revinculación con Estados Unidos, que anunciaba el envío de un embajador a Bolivia, el gobierno de facto suspendía formalmente las relaciones diplomáticas con Cuba, algo que en la práctica se había consumado apenas establecido el golpe de Estado. “El Gobierno cubano de manera sistemática ha afectado la relación bilateral basada en el respeto mutuo, los principios de no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y la igualdad soberana de los Estados”, sostuvieron desde cancillería.

En paralelo, Karen Longaric estrechaba vínculos con Luis Almagro y la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya Misión de Observación Electoral y su Secretario General se habían encargado denunciar un posible fraude horas después de la finalización de las elecciones de 2019. Almagro afirmó en la reunión del Consejo Permanente del 23 de enero que “el compromiso de la Secretaría General de la OEA con la democracia del Estado Plurinacional de Bolivia y de todos los países del hemisferio es absoluto”. A cambio, el gobierno de facto devolvió este favor respaldando a Luis Almagro para ser reelecto como Secretario General: “La Organización de Estados Americanos, como foro político de las Américas, requiere mantener el liderazgo de alguien comprometido con los valores de la democracia representativa expresados en la Carta Democrática Interamericana”.

Unos días antes de la reunión del Consejo Permanente de la OEA, más precisamente el 20 de enero, el ministerio de Relaciones Exteriores anunció la suspensión de vínculos con la República Árabe Saharaui Democrática y el “fortalecimiento” de las relaciones diplomáticas con Marruecos. De esta manera, el gobierno de facto adoptó una “neutralidad constructiva” en base a las explicaciones proporcionadas por el Reino de Marruecos sobre la cuestión del Sahara Occidental.

Karen Longaric siguió recorriendo el camino de la amistad con Chile y el conflicto por la salida al mar y los derechos sobre el agua del Silala, afirmando que “ante el fracaso de la judicialización y mediatización del tema marítimo, Bolivia optará por el camino de la alta diplomacia y la negociación para resolver las diferencias”.

A pesar de haber reconducido las relaciones internacionales, el gobierno de facto tenía una cuenta pendiente: la vinculación con organismos financieros internacionales. El 17 de abril, Áñez acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial por un crédito de 320 millones de dólares para atender el avance de la pandemia.

Ya el 5 de junio, con el argumento de ahorrar recursos y destinarlos para la lucha contra la Covid-19, Áñez ordenó cerrar las embajadas de Bolivia en Irán y Nicaragua. Sin embargo, la presidenta de facto sostuvo que “no tenemos nada contra esos países y pueblos nobles y hermanos que respetamos y son amigos”. Días más tarde, como si no fuera suficiente el crédito de más de 300 millones que había solicitado al FMI y al Banco Mundial, el gobierno de facto solicitó un préstamo de 450 millones de dólares al BID y 350 millones de dólares al CAF-Banco de las Américas.

A fines de agosto, cuando el gobierno de facto tenía fecha de vencimiento por la proximidad de la cita electoral, entre Estados Unidos y Bolivia se suscribió al Memorando de Entendimiento “América Crece” firmado por Karen Longaric y el Encargado de Negocios de EEUU Bruce Williamson con el objetivo de “fortalecer la Cooperación en materia de Energía, Infraestructura, Comercio y Digitalización”. “Growth in the Americas”, su nombre original, es un instrumento que permite a las empresas privadas de capital estadounidense invertir en condiciones preferenciales en los países que suscriban esta iniciativa, con el gobierno de EEUU como nexo entre las empresas y los países latinoamericanos.

El 26 de agosto, un día después de la firma con Estados Unidos, Áñez propuso a Karen Longaric para la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). “Mi candidatura propone la integración y el comercio como camino del desarrollo en la región”, sostuvo la canciller de facto.

También, ante la preocupación de las encuestas que daban ganador al candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce, Longaric protestó por la “injerencia” Argentina en los comicios de octubre: “el Ministerio de Relaciones Exteriores debe velar por los derechos de los bolivianos en el exterior del país y entre ellos, el derecho a que nuestros compatriotas puedan ejercer el voto libre y democráticamente, sin embargo, la injerencia de funcionarios del gobierno argentino pone en duda la realización transparente de las elecciones bolivianas en Argentina”.

El 2 de septiembre, la canciller de facto anunció que haría una presentación formal ante la OEA y la ONU porque “hubo una violación al derecho internacional y a las cartas de la Naciones Unidas y de la OEA” para denunciar la “grave intromisión de autoridades argentinas de los asuntos internos nacionales”.

Ya en el ocaso del gobierno de facto, con Áñez a punto de bajar su candidatura, Longaric desistió de su postulación a Aladi con críticas al organismo y a Uruguay. “Existe un pronunciado sesgo ideológico entre algunos Países Miembros, lo que contraviene al propio Estatuto de la ALADI y genera problemas de naturaleza irresoluble, cuando surgen situaciones que lindan con la intransigencia. El Gobierno de Bolivia lamenta que el país sede, aprovechando de esa condición, intente por tercera vez volver a ocupar la Secretaría General con su propio candidato”.

El 23 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, que se realizó de manera virtual por la pandemia, Jeanine Áñez hizo referencia a dos cuestiones referidas a la política internacional. En primer lugar, denunció “el acoso sistemático y abusivo que ejerce, desde Argentina, el gobierno kirchnerista, contra las instituciones y contra los valores republicanos en Bolivia… Sepa el populismo kirchnerista que la nación boliviana no es propiedad privada de ninguna casta. Somos un pueblo soberano y respetable. Bolivia se respeta. La democracia boliviana se respeta. El pueblo boliviano se respeta”. En segundo lugar, se refirió  al tema marítimo: “Hago un llamado a la comunidad internacional para que, en estos nuevos tiempos, solucionemos por la vía de la negociación y el entendimiento fraternal, los problemas críticos y pendientes entre los estados, como la carencia de Bolivia de un acceso soberano al Océano Pacífico”.

El primer día de octubre, Karen Longaric se presentó ante el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica. Allí, la canciller agradeció el apoyo “trascendental” de la Unión Europea “en el proceso inicial de pacificación”. Además, su discurso estuvo basado en las acciones del gobierno anterior. En lo referente a relaciones internacionales, afirmó que “Evo Morales alineó la política exterior boliviana a la de regímenes autoritarios como la Venezuela de Maduro”. Para cerrar su interlocución, Longaric agradeció y resaltó los valores europeos: “Europa, esa idea de integración y de paz, de respeto a los principios democráticos y al Estado de derecho, ya no es solo patrimonio de los europeos. Somos muchos en todo el mundo quienes vemos con admiración y esperanza lo que en Europa se construye, un proyecto perfectible, pero que se inspira en lo más alto del espíritu humano: el respeto a la dignidad humana y el deseo inquebrantable de democracia, paz y libertad. Nuevamente, en nombre de mis compatriotas, les agradezco”.

El 20 de octubre, en el marco del 50 período de sesiones de la Asamblea General de la OEA, la ministra de Relaciones Exteriores pidió “profundizar la cooperación regional, reforzar nuestros lazos comerciales y los mecanismos de integración regional, desde una lógica pragmática y desideologizada”.

Ya con el triunfo consumado del binomio Luis Arce-David Choquehuanca, el 5 de noviembre Karen Longaric participó del Consejo Permanente de la OEA. A pesar de que faltaban tres días para la asunción del nuevo presidente, la ministra de Relaciones Exteriores atacó a Evo Morales y al Grupo de Puebla: “Esperemos que Luis Arce escoja el camino de la conciliación y respeto al Estado de derecho frente al camino de odio y división que promueve Evo Morales y sus mentores del Grupo de Puebla”.

El último acto del ministerio dirigido por Longaric fue negar la invitación a la asunción del presidente electo al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y al propio Evo Morales. A modo de despedida, la canciller se expresó en twitter un día antes de dejar el cargo: “La difícil situación política y social en Bolivia, y los ataques desde el exterior al proceso democrático marcaron el tiempo en el que estuve como Canciller.”

Ya como excanciller, Longaric participó junto a Álvaro Uribe y Luis Almagro en la sesión abierta “Los derechos humanos y la justicia a debate” de la Asociación Mundial de Juristas. Allí, afirmó que “existen algunos organismos que tienen una visión sesgada respecto al juzgamiento o apreciación de la violación de los Derechos Humanos”, mencionando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de Naciones Unidas. “Para ser sincera, yo no tengo mucha confianza en el sistema latinoamericano de Derechos Humanos. Si el pasado nos muestra algo de esta comisión es que ha estado profundamente ideologizada, es lo que hemos podido percibir desde mi país. En el caso actual que empieza un nuevo gobierno con antecedentes nada recomendables sobre el respeto a los derechos humanos, yo me pregunto cómo reaccionará la comunidad internacional y el sistema de derechos humanos cuando este nuevo gobierno de Bolivia inicie persecuciones políticas y utilice a la justicia como instrumento sancionador de la política”.

Al  asumir como ministra de Relaciones Exteriores, la canciller de facto tenía como objetivo “desideologizar” la política exterior boliviana. La veloz ruptura de relaciones con Cuba y Venezuela, la tensión permanente con los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández y el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, Israel y Marruecos revierten la teoría de la “desideologización”. Más aún, el ingreso al Grupo de Lima y Prosur, el acercamiento al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro y el alejamiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ratifican que el verdadero objetivo del gobierno de facto fue estrechar vínculos con los gobiernos de derecha de América Latina y volver a los lineamientos económicos, políticos y culturales dictados desde Estados Unidos.

Aunque la canciller Longaric quisiera negarlo, todas las acciones son ideológicas.


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