Chile | Familiares y organizaciones impulsan Ley de Amnistía para presos del estallido social

1.404

“No son delincuentes, son luchadores sociales”: Familiares y organizaciones impulsan Ley de Amnistía para liberar a presos de la revuelta

Por Tomás González F.

Este jueves, a dos días de que la Justicia desestimó las pruebas de la Fiscalía y absolvió a los dos acusados de quemar la estación Pedreros del Metro luego de 10 meses en prisión preventiva, familiares y cercanos de decenas de jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas cautelares por supuestamente haber participado de desórdenes en el contexto del estallido social se reunieron a las afueras del Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago para exigir su libertad.

En los últimos días se han aunado esfuerzos para este fin y las familias de los acusados, junto a organizaciones de Derechos Humanos y algunos parlamentarios, han propuesto alternativas que permitan la liberación de jóvenes que, en su mayoría, no tienen antecedentes penales; o son madres y padres de familia que fueron acusados sin pruebas contundentes; y muchos otros que llevan meses e incluso más de un año, privados de libertad a la espera de un juicio. En esas conversaciones, surgió la idea de impulsar un proyecto de Ley de Amnistía, que permita que el Estado olvide por completo los hechos delictivos cometidos en el contexto de la revuelta de octubre de 2019 y que se desligue de cualquier responsabilidad -penal, civil o infraccional- a los involucrados, quedando éstos delitos como si nunca se hubiesen cometido.

Para este fin se conformó el que llamaron Grupo de Iniciativas por la Liberación de las y los Presos Políticos, que se planteó como tarea principal la redacción de un proyecto que permita la libertad de todos los presos y presas del estallido, además de exigir el término de la que describen como “una política de privación de libertad con que el Gobierno pretende aplicar una suerte de castigo ejemplificador contra quienes ejercemos el legítimo y soberano derecho a la movilización social en busca de una sociedad basada en la dignidad y la justicia“.

Pero de acuerdo a la Constitución vigente, en donde la amnistía es materia de ley, sólo se puede iniciar la tramitación de una Ley de Amnistía en el Senado. Fue en ese contexto que los familiares de los prisioneros de la revuelta llegaron hasta la oficina del senador Alejandro Navarro, quien, junto al senador RD Juan Ignacio Latorre, se manifestó dispuesto a presentar en la Cámara Alta un proyecto de ley que se haga cargo de la situación y proponga una amnistía para quienes cometieron delitos en el marco del estallido. Después de varias reuniones entre los familiares, los equipos legislativos de Navarro y Latorre, la bancada del Partido Comunista, la diputada PS Emilia Nuyado y organizaciones como la Comisión Chilena de Derechos Humanos; redactaron un anteproyecto que lanzaron este jueves desde la Plaza René Schneider -frente al Palacio de Tribunales- y que será la base del proyecto definitivo que se presentará en los próximos días.

“Nos hemos agrupado para intentar corregir lo que, a todas luces, hoy es una injusticia; que cientos de jóvenes estén con prisión preventiva abusiva. Efectivamente, el 25 de octubre algo sucedió en Chile. Sucedió que la inmensa mayoría de los chilenos ratificó que lo obrado en las calles por millones de chilenos tenía un fundamento ético y moral”, sostuvo Navarro. “Pero este proceso ha tenido costos, y los costos más fuertes los han pagado cientos de jóvenes que hoy están encarcelados, en prisiones preventivas de hasta un año. Como queda claro al término de cada proceso, los montajes inaceptables de Carabineros son la parte fundamental por la que los fiscales, presionados por el Gobierno, los mantienen bajo procesos de prisión preventiva”, agregó.

“Chile tiene que vivir una nueva etapa después del 25 de octubre. Por eso una Ley de Amnistía que permita cerrar las heridas, esos jóvenes han sido violentados en sus derechos humanos, maltratados, vejados no sólo por la prisión, sino también física y psicológicamente. Creo que hay una lección que aprender de la historia y es que, si no cerramos a tiempo las heridas producidas por estos movimientos sociales y la represión recibida, esas heridas tardarán mucho en cerrarse. Es momento de cerrar las heridas que han quedado“, pidió el senador PRO.

“Agradecer y valorar a los familiares, a las hermanas, hermanos, padres y madres, tíos y abuelos, compañeras y compañeros, todos los que se han estado organizando y han tomado la iniciativa para poder tener una Ley de Amnistía. Ellos han dicho fuerte y claro que no nos olvidamos de nuestros presos de la revuelta. No nos podemos olvidar de nuestros presos de la revuelta porque ellos hicieron posible el gran triunfo, el aplastaste triunfo del 25 de octubre”, valoró también desde el lugar la diputada comunista Camila Vallejo, quien, además, hace pocos días presentó un proyecto de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido. “Ellos, cuando saltaron el torniquete, abrieron las grandes alamedas e iniciaron un proceso de transformación importante en nuestro país, deseado por muchas décadas, y por lo tanto no permitiremos que se trate de delincuentes a quienes son luchadores y luchadoras sociales“, sentenció la parlamentaria.

En concreto, el proyecto que se está trabajando en conjunto, que ya tiene un primer borrador, contiene dos artículos. El primero, concede una amnistía “a todas las personas que, en calidad de autores cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos” descritos en una serie de figuras relativas al orden público, “sea que se encuentren o no sometidas a investigación formalizada o desformalizada, acusadas o condenadas”, y si cumplen dos condiciones: en primer lugar, “si se hubieren cometido con motivo y por causa de las movilizaciones y protestas del denominado estallido social”; y en segundo, si hubieran acontecido desde el 7 de octubre de 2020, hasta el día de la publicación de la presente ley”.

En su segundo artículo, el proyecto deja en claro que la amnistía no es aplicable para los agentes del Estado que cometieron vulneraciones a los derechos humanos. “No quedarán comprendidos en la amnistía a que se refiere el artículo 1°, quienes fueren miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Públicas, o autoridades de cualquiera de los organismos y poderes del Estado a la época de la comisión de los hechos”, consigna el anteproyecto sobre el que se está trabajando. Esto, debido a que, según indican tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado de Chile, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables.

Diario U Chile


Parlamentarios defienden amnistía a presos tras el 18-O: “Es la salida política que Chile necesita”

Parlamentarios y familiares de personas detenidas por distintos hechos en el marco de la crisis social, estallada el 18 de octubre de 2019, entregaron este jueves los primeros lineamientos del proyecto de “Ley de Amnistía” que propondrán en el Congreso.

El borrador, que por norma constitucional deberán ingresar al Senado, plantea la posibilidad de amnistiar delitos vinculados al atentado a la autoridad, maltrato de obra, desórdenes públicos, así como también los relacionados a la ley antibarricadas y antisaqueos, de control de armas, y de destrucción o daño de monumentos nacionales.

Durante la tarde de ayer se reunieron en las afueras de los Tribunales de Justicia los familiares y representantes de los jóvenes que se encuentran presos desde el inicio de las movilizaciones sociales, junto a los diputados comunistas Camila Vallejo y Boris Barrera y el senador Alejandro Navarro, y vía telemática la diputada Emilia Nuyado (PS) y el senador Juan Ignacio Latorre (RD).

En el encuentro dieron a conocer el grupo de iniciativa que se encargará de trabajar la ley de amnistía que enviará a la Cámara Alta en los próximos días, y leyeron una declaración donde hacen un llamado “al conjunto de la sociedad a solidarizar con nuestro dolor”.

Sostienen que “luego del aplastante triunfo logrado en el plebiscito, resulta ética y moralmente inaceptable que existan niñas, niños y jóvenes ‘presos políticos’ en Chile, más aún cuando fueron los gestores de esta posibilidad histórica”.

El senador Navarro asegura que “hay más de 2.000 jóvenes detenidos en prisión preventiva, la mayoría de ellos durante un año, durante varios meses, para luego ser dejados en libertad, sin cargos”, por lo que -plantea- “una ley de amnistía es la salida política y no judicial, es la salida política que Chile necesita”.

En ese sentido, el senador Latorre llamó al Gobierno, en especial al nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y su par de Justicia, Hernán Larraín, a “buscar una salida política”.

“Hay muchos jóvenes que llevan un año prácticamente en prisión preventiva, que no tienen antecedentes penales, que están acusados por delitos menores y eso es muy injusto, atenta contra un debido proceso, contra la democracia. Y nosotros desde el Parlamento propondremos un proyecto de amnistía”, sostvo.

“No nos podemos olvidar de nuestros presos de la revuelta, porque ellos hicieron posible el triunfo del 25 de octubre. No permitiremos que se trate de delincuentes a quienes son luchadoras y luchadores sociales. Por eso es importante empujar esta ley de amnistía. Les han puesto una condena de facto por mantenerlos privados de libertad por cerca de un año”, manifestó a su vez la diputada Vallejo.

En ese marco, espera que “esta ley sea tramitada rápidamente y que el Gobierno entienda que cuando habla de democracia no puede ser solo de la boca hacia afuera”.

Se trata de una iniciativa paralela a la anunciada recientemente por Convergencia Social, que entre otros puntos propone “la conformación de una comisión que trabaje un indulto general para condenados por delitos durante el estallido”.

GOBIERNO TILDA “LEY DE IMPUNIDAD” Y CONMINA A RECURRIR A LA JUSTICIA

El Gobierno ha negado que existan presos políticos del estallido social, ya que en ese concepto se considera a “aquellas personas que son perseguidas por su opiniones políticas, por sus posturas políticas”, pero “este no es el caso”, puesto que el medio que utilizaron para manifestarse “en nuestra sociedad son considerados delitos”.

Postura que reiteró el vocero Jaime Bellolio (UDI), quien enfatizó que “en Chile no existen los presos políticos”.

Asimismo, “si alguno de los parlamentarios quiere discutir acerca de las prisiones preventivas, se puede recurrir a los tribunales porque son ellos quienes deciden y no el Gobierno”, conminó, a la vez que fustigó que, a su juicio, el proyecto es “una ley de impunidad frente a la violencia, la señal exactamente contraria a lo que los chilenos decidieron el 25 de octubre, cuando optaron por la vía institucional y de la no violencia”.

Según registros del Ministerio Público -ente persecutor-, hay más de 640 personas en prisión preventiva por delitos asociados al estallido social, algunos que llevan cerca de un año con esa medida cautelar; en tanto, hay otras 725 ya condenadas.

Hay 200 formalizados por incendios o porte de artefactos incendiarios, varios de cuyos familiares acusan que las supuestas pruebas fueron montadas por Carabineros; y 670 encausados por desórdenes públicos.

Cooperativa


Gobierno rechaza idea de promover Ley de Amnistía en favor de detenidos en las protestas del estallido social

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió este jueves a la posibilidad de promover una Ley de Amnistía, impulsada por el senador Alejandro Navarro, en favor de los detenidos en las protestas del estallido social.

Al respecto, Larraín rechazó este tipo de iniciativas, asegurando que quienes cometen hechos de violencia deben responder ante los tribunales.

“Cuando alguien está involucrado en episodios de violencia y por eso es llevado a los tribunales, me parece que lo responsable es hacerse cargo de esos hechos ante los tribunales y ante el Ministerio Público. No me parece que la solución para esos temas sea una Ley de Amnistía”, dijo.

“No me parece que eso es lo que la gente quiere cuando alguien ha cometido un acto indebido, usando la violencia para destruir patrimonio público y privado”, agregó.

Otro que había rechazado la idea era el vocero Jaime Bellolio: “Esta propuesta lo que permite es la impunidad frente a la violencia. Y por supuesto que eso no puede ser parte de un Estado de derecho. No es posible quienes hayan atentado contra la vida de Carabineros, lanzándole bombas molotov, quienes hayan atentado o destruido centros públicos, que hayan saqueado o destruido el metro, algunos pretendan que queden en la totalidad impunidad. En Chile no existen presos políticos”.

El Mostrador


VOLVER

Más notas sobre el tema