Día de lucha contra la violencia machista | Mujeres de América Latina salen a las calles en defensa de sus derechos

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La lucha continúa: mujeres latinoamericanas contra la violencia de género

 Por Alba Santana

Este miércoles 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tras un año con alarmantes cifras de feminicidios, agravadas por la pandemia mundial, las mujeres saldrán a las calles para hacerse oír y reivindicar sus derechos en distintos países de Latinoamérica.

La herencia de las hermanas Mirabal sigue viva. Este año, mujeres de toda Latinoamérica volverán a salir a las calles en el sexagésimo aniversario del asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, las activistas feministas que se conmemoran en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las Mariposas, como se conocía a las jóvenes, fueron asesinadas a manos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Desde entonces, su caso se convirtió en un símbolo de insurrección y empoderamiento de las mujeres, un nexo contra la violencia de género que sigue vigente hoy día.

“¡Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte!”, este presagio de Minerva Mirabal poco antes de su muerte sigue grabado en la mente de muchas feministas contemporáneas.

Si bien no hay una cifra actualizada de los feminicidios perpetrados a lo largo de 2020, los últimos datos que registra el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL muestran que El Salvador y Honduras registraron el mayor nivel de feminicidios por 100.000 habitantes en América Latina durante 2018.

Este año la pandemia se ha convertido en un factor determinante para aquellas que sufren de violencia de género. Según indican plataformas como el Observatorio de Feminicidios de Colombia, la crisis sanitaria por el Covid-19 está escondiendo un gran número de asesinatos de mujeres. El mes de septiembre fue el más sangriento de toda la cuarentena con 111 muertes por violencia de género.

Colombia acumula víctimas por feminicidio  

La situación en Colombia es alarmante. El Observatorio de Feminicidios de Colombia registró un total de 508 feminicidios entre enero y octubre de 2020. Durante la cuarentena, se alcanzó la cifra de 243 asesinatos.

La capital registra las peores cifras del país. En contraposición a los demás delitos, el único que no disminuyó durante la cuarentena fue el feminicidio. De hecho, este aumentó en un 8,6 % en comparación con el 2019, una cifra que alarmó a las autoridades y puso el tema de la violencia de género sobre la mesa en Bogotá.

En un intento de promover la educación contra la violencia intrafamiliar y contra los “crímenes pasionales”, la plataforma Fundación Feminicidios Colombia lanzó una campaña contra la normalización de estos justificantes discursivos.

Varias organizaciones feministas a nivel nacional han llamado a la movilización el miércoles 25 de noviembre.

México, el caso de Fátima y el constante crecimiento de feminicidios

Este año México se ha enfrentado a un episodio especialmente duro: el asesinato de Fátima, una niña de apenas 7 años a la que violaron y torturan en la capital. El caso conmocionó a toda la sociedad mexicana y provocó olas de manifestaciones como gesto de repulsión contra este tipo de violencia endémica.

En los primeros nueve meses del año, el que es uno de los países más peligrosos para las mujeres del mundo, ha registrado 2.874 asesinatos de mujeres y niñas. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado estas cifras. “Las mujeres mexicanas nunca han estado tan protegidas como ahora”, dijo AMLO a periodistas, mientras el Instituto Nacional de las Mujeres enfrenta un recorte del 75 % de su presupuesto y se habla de retirar la financiación a los refugios de mujeres gestionados por ONG, como parte del programa de austeridad del Gobierno frente a la pandemia.

Esto provocó enfrentamientos entre el Ejecutivo y colectivos feministas, lo que puede suponer una gran participación en las protestas del 25N. “Nosotras no queremos dinero, sabemos que eso no nos devolvería a nuestras hijas, queremos justicia”, escribió el Observatorio Nacional de Feminicidio en un comunicado.

Argentina, un paso más hacia la legalización del aborto

El 14 de septiembre Ludmila Pretti fue a una fiesta a seis cuadras de su casa y no volvió nunca más. La encontraron muerta debajo de una cama, semidesnuda. Una más de los 180 casos de feminicidios registrados en Argentina entre enero y septiembre.

En el contexto que les ha tocado vivir a las víctimas este año, el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel, de la fundación de Casa del Encuentro, dio a conocer un informe en el que mostraba que la convivencia obligada a raíz de la cuarentena por el Covid-19 aumentaba los casos de violencia de género. Pese a nuevos protocolos de comunicación y prórrogas automáticas de medidas cautelares contra victimarios de violencia de género vencidas durante la cuarentena, al estar encerradas con su agresor, más mujeres llamaron al 144 y más mujeres murieron: a golpes, violadas hasta la muerte, apuñaladas, baleadas.

Paralelamente a esto, el proceso de legalización del aborto en el país pareció dar un paso adelante cuando el presidente Alberto Fernández mandó el proyecto de ley el 17 de noviembre, lo que ha sido una lucha sostenida para el frente feminista argentino. Las argentinas han protagonizado manifestaciones reivindicando sus derechos en este y otros aspectos durante los últimos años, por lo que se espera una amplia participación en la marcha por el 25N.

La otra pandemia

La situación de crisis sanitaria global ha empeorado las cifras de violencia de género, aunque no siempre han aumentado las denuncias por malos tratos. Esto tiene una explicación: las mujeres no pueden salir de sus casas para imponerlas. Sin embargo, los indicadores señalan que sí se ha registrado un aumento en las llamadas de auxilio. Organizaciones como la Red Nacional de Refugios intentaron guiar a las víctimas al inicio de la pandemia.

Sin embargo, la facilitación de protocolos y números de emergencia a los que acudir en caso de violencia en el hogar no han llegado en todos los casos. Falta por ver cuál será la participación de las mujeres en la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en este contexto de pandemia mundial y limitación de la movilidad en ciertas regiones.

France 24


Mujeres: América Latina aún en camino contra violencia

Al menos ocho países de América Latina presentan diferencias en las leyes para abordar el problema de la violencia de género, según un estudio difundido en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este miércoles.

La normativa de los diversos países latinoamericanos, afirma el análisis de la consultora Grow, revela diferencias sobre distintas concepciones de las violencias, con efectos que indican avances pero también cuentas pendientes.

En 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó cada 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para sensibilizar a las poblaciones sobre la importancia de erradicar los distintos tipos de agresividades en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

El día se conmemora cada 25 de noviembre en homenaje al asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 en República Dominicana.

Para abordar la problemática en la región, en 1994 se aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belém do Pará”, firmada y ratificada por todos los países de la región.

Tras esa convención, muchos países de la región promulgaron leyes para enfrentar la agresividad doméstica, conocidas como “de primera generación”, que presentan importantes diferencias sobre las concepciones de la violencia, según reveló la investigación de Grow, organización fundada por Carolina Villanueva y Georgina Sticco, especialistas en cuestiones de género.

Por ejemplo en Chile la ley 19.325, de 1994, que fue modificada en 2005 por la normativa 20.066, considera, sobre la violencia intrafamiliar, que los hechos se producen en el entorno privado y que cualquier integrante puede ser agresor o víctima.

En ese sentido, se trata de una regulación que carece de un reconocimiento de la existencia de relaciones asimétricas de poder ni tampoco toma en cuenta las consecuencias que esto puede tener en la vida de las mujeres.

Una perspectiva similar puede advertirse en la legislación peruana

Efectivamente, la ley 30.364, de 2015, que pretende “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, también incluye al resto de los integrantes del grupo familiar.

Así, aunque otorga reconocimiento a la fragilidad en la que se encuentran las mujeres, “la minimiza al hacer extensible la protección a otros miembros del grupo familiar”, subraya el estudio de Grow.

En cuanto a Brasil, la normativa 11.340, de 2006, considera violencia doméstica y familiar contra la mujer “cualquier acción u omisión basada en el género que le cause la muerte, lesión, sufrimiento físico, sexual o psicológico y daño moral o patrimonial”.Es decir, esa ley sí reconoce la desigualdad de género, aunque se limita exclusivamente al ámbito doméstico.

Según el estudio, otras normas para abordar el flagelo e inscriptas en el marco más amplio e integral de la violencia de género, también conocidas como leyes de “segunda generación”, implicaron avances tras una profundización de estudios al respecto.

En efecto, esas leyes entienden la problemática como “una violación a los derechos humanos de las mujeres”, amén de considerar que las agresividades se producen en diferentes ámbitos y con distintas modalidades.

Desde esa perspectiva también hay un enfoque sobre la desigualdad estructural entre los géneros que ocasionan distintos tipos de violencias.

Además, siempre según el estudio de Grow, pensar y legislar en términos de “violencia por motivos de género” permite proteger y garantizar los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales y queer) que también se encuentran en situación de vulnerabilidad.En ese sentido se han promulgado normas en Argentina (26.485, en 2009), Colombia (1257, en 2018), México (en 2007, con reformas en 2018), en Venezuela (38.668, en 2007) y en Uruguay (19.580, 2017).

En ese contexto, en Argentina, la Cámara de Diputados convirtió en ley el pasado 11 de noviembre por amplia mayoría la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo.

Así, Argentina se ubicó como el tercer país del mundo en adherirse

Dicho convenio fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra en junio de 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo.

El Convenio 190 es el primer tratado en 10 años en que los países consensuaron en la necesidad de abordar la corresponsabilidad del Estado, sindicatos y organizaciones empleadoras en la erradicación y eliminación de la violencia laboral.

Hasta el momento, en el mundo, además de Argentina, solo Uruguay y Fiji lo ratificaron, mientras se espera que la fecha de entrada en vigencia sea el próximo 25 de junio de 2021.

Esto significa que Argentina es uno de los países pioneros en derechos humanos y espacios de trabajo libres de violencia.

Clarín


#25N en Latinoamérica: más violencia física y sexual tras la COVID

Por Cristina Bazán

Aunque la COVID-19 llegó más tarde a Latinoamérica, las consecuencias que el confinamiento y el cierre de servicios esenciales está provocando en las mujeres son alarmantes. Organismos internacionales como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos ven con preocupación el aumento de la violencia física y sexual en una región que, antes de la llegada de la pandemia, ya tenía 14 de los 25 países del mundo con el mayor número de feminicidios.

Pero no es lo único que preocupa. Durante estos meses, el foco también se ha puesto en el peligro de que las brechas de desigualdad social y económica crezcan, ya que han sido las mujeres las que más han perdido sus empleos y las que han tenido que asumir una mayor carga de trabajo de cuidado en el hogar.

“Aunque no es posible sacar conclusiones sobre los datos en medio de la crisis, es urgente tomar medidas porque, incluso antes de la COVID, la violencia contra las mujeres en América Latina tenía dimensiones pandémicas y los indicios indican que está aumentando”, asegura a Efeminista la directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel Vaeza, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La violencia física siguen creciendo en Latinoamérica

En América Latina, la violencia afecta en promedio a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida, según cifras de ONU Mujeres, y la información más reciente de 33 países de la región da cuenta de que los feminicidios superan los 3.800.

“Aunque estas cifras parecen muy altas, se estima que la magnitud real del fenómeno está subestimada, y que la emergencia sanitaria lo está agravando aún más”, afirma Vaeza.

Las medidas de confinamiento y distanciamiento social, así como las restricciones de movilidad, asegura la directora regional, están generando mayores riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, intensificando su aislamiento y generando barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también maneja cifras inquietantes. “A nivel mundial hay alrededor de 2-3 muertes violentas de mujeres por 100.000 habitantes y en Centroamérica y el Caribe estaríamos en casi ocho muertes por 100.000 habitantes, lo cual nos indica el nivel del problema”, explica a Efeminista Luis Felipe López, director regional del PNUD para América Latina y el Caribe.

Según López, hay países como Costa Rica en los que la violencia ha aumentado en un 17 y 20 %, mientras que en otros, como Guatemala, el crecimiento es mayor al 50 o 60 %.

Ese incremento de la violencia machista, sumado a la impunidad y al silencio de los gobiernos, es lo que ha provocado que cientos de mujeres en países como México, donde 10 mujeres son asesinadas al día, hayan salido a las calles a exigir cambios urgentes en las políticas públicas y acceso a la justicia.

Las llamadas de emergencia, un medidor de violencia

En muchos países de la región, los estados han tomado el aumento de las llamadas a líneas de emergencia o de asistencia a víctimas como un medidor de casos, ante la imposibilidad que han tenido las mujeres de salir de sus hogares y denunciar.

Según la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, algunos gobiernos locales han dado cuenta de un incremento de hasta un 80 % en las llamadas a las líneas telefónicas que brindan atención y orientación en casos de violencia. Al mismo tiempo, las llamadas por parte de hijos e hijas o familiares de mujeres víctimas de violencia han aumentado también con la cuarentena.

“En Argentina, durante las primeras semanas de la pandemia, el número de llamadas diarias a la línea de ayuda 144 aumentó en un 39 %. En México, se registró un incremento de 53 % en las llamadas de auxilio al 911 por incidentes de violencia contra las mujeres en el primer cuatrimestre del 2020″, señala la directora regional de ONU Mujeres.

Además, en este último país la Red Nacional de Refugios para víctimas de violencia reportó un incremento del 77 % en los ingresos en comparación al mismo período en 2019 durante los dos primeros meses de la pandemia.

En las líneas de atención de Brasil (ligue 180), Colombia (línea 155), República Dominicana (línea mujer 212), Guatemala (línea 1572), Paraguay (línea 137) y Perú (línea 100 y chat 100), también ha aumentado las denuncias tras la cuarentena.

La violencia sexual y menos acceso a atención

La crisis provocada por la pandemia ha hecho más visibles y ha empeorado las barreras que ya tenían las niñas y mujeres para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.

El confinamiento, además de provocar un aumento en los casos de violencia sexual especialmente en menores, ha impedido que las víctimas puedan ser llevadas hacia un centro de salud para ser atendidas adecuadamente. Además, se ha reportado un crecimiento de los embarazos adolescentes como consecuencia de la convivencia de las víctimas con los agresores sumado a la incapacidad de ellas de acceder a anticonceptivos.

Según un reciente informe del Fondo de Población Naciones Unidas (Unfpa), los efectos de la pandemia en adolescentes de América Latina se pueden cuantificar en alrededor de medio millón de embarazos adicionales, ocasionando costos sociales por 606,9 millones de dólares.

Para Selene Soto, abogada de Women’s Link, la falta de acceso a los servicios de salud sexual responde a que ningún estado de América Latina ha manejado la crisis e implementado protocolos con un enfoque de género.

“Esto dejó o está dejando en una mayor situación de vulnerabilidad aquellas mujeres que son víctimas de distintas formas de violencia, incluyendo violencia sexual. Porque entonces, cuando vas a ver cuáles son los planes de respuesta y las prioridades, no está lo relacionado con la atención a víctimas de violencia sexual en este contexto. Ni tampoco los servicios de salud sexual y reproductiva fueron declarados como prioritarios”, asegura.

Este problema ha afectado también, advierte la especialista, a mujeres que han salido de países como Venezuela y que, debido al cierre de fronteras, han tenido que regresar, incluso a pie, exponiéndose a ser víctimas de trata de personas.

“No acceder a estos servicios ha representado un riesgo adicional para la vida de las mujeres. En Ecuador, por ejemplo, las mujeres no estaban recibiendo atención frente a emergencias obstétricas”, agrega.

Cambios estructurales y más mujeres en el poder

Para erradicar la violencia contra las mujeres, Luis Felipe López, director regional del PNUD cree que se deben realizar cambios estructurales. Además, implementar un vector de género a toda la cadena de respuesta a estos casos.

“Se ha avanzado mucho en los países de Latinoamérica y Caribe, pero hay muchísimo que hacer. Hay que eliminar estos sesgos, esta parte cultural y normativa con los que las personas normalizan la violencia o victimizan a la mujer“, señala.

El representante del PNUD considera además que no solo hay que tener una línea de atención de emergencia, sino implementar una política de capacitación y de protección para las víctimas.

“Que las mujeres se sientan seguras reportando, que aquellos que reciben el reporte sepan cómo actuar y tratar a la víctima en ese momento. Que los policías, los jueces, el Ministerio Público, los médicos, las enfermeras, todos los que son de primera atención estén capacitados para que las mujeres se sientan seguras y protegidas”, señala López. Sin eso, sostiene, los países no tendrán éxito en su intento por salvar la vida de las mujeres.

También enfatiza en que es necesario que más mujeres estén en los puestos de decisión y creación de políticas sociales. “Si logramos que haya más mujeres en el sistema de justicia, en los cuerpos de policía o en los gobiernos locales, transformaría la dinámica y eso tendrá un impacto sobre la calidad de las políticas”, resalta.

Efeminista

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