El derecho a la educación hoy – Por Luis Bonilla-Molina

Foto: MST / Pedagogía da terra
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Por Luis Bonilla-Molina *

El derecho a la educación hoy. Texto escrito para la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).

Introducción

Estos meses de pandemia han significado un desafío sui generis para las organizaciones y personalidades que defendemos el derecho humano a la educación. La velocidad y novedad de los acontecimientos han retado perspectivas, generado una turbulencia epistémica sin precedentes.

Durante los últimos años se habían ignorado muchas de las advertencias sobre un escenario como el que vivimos con el COVID-19, de impacto profundo de la aceleración científica-tecnológica en la educación. La masividad de la virtualidad y el desembarco de las propuestas educativas digitales se han presentado en oposición a la presencialidad y no, como realmente son, un complemento epocal del trabajo pedagógico en las aulas. Esto por supuesto está asociado a nuevas formas de privatización y mercantilización en curso, tendencias que amenazan con profundizar exclusiones y odiosas segmentaciones.

Les docentes han tenido que asumir contingentemente el desarrollo de modelos de aprendizaje determinados por el acceso o no, a la virtualidad. El sostenimiento del vínculo pedagógico ha demandado un renovado vínculo entre docentes, familias y estudiantes que debe servir para repensar la educación en la post pandemia.

En este contexto se realiza la XI Asamblea de la CLADE.  La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación constituye la más importante coalición y convergencia de voluntades y experiencias en defensa del derecho a la educación, por ello, esta Asamblea es crucial para fortalecer y ampliar las correlaciones de fuerzas existentes en esta dirección.

¿Qué es el derecho humano a la educación?

La perspectiva que defendemos del derecho a la educación es de carácter amplio y, considera que su cumplimiento pleno está asociado a los avances en los demás derechos; es decir, reivindica su intersectorialidad, interdependencia y complementariedad.

Se reivindica el papel del Estado como garante de este derecho, lo cual implica la obligación que tienen los gobiernos de proporcionar condiciones de igualdad para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, procurando con ello disminuir el impacto en lo educativo de las múltiples asimetrías y exclusiones que caracterizan a las sociedades.

Cuando se quiere verificar cuál es el nivel de cumplimiento de un país, respecto al derecho humano a la educación, existen un conjunto de elementos y parámetros a tomar en cuenta. Estos son:

Primero, que cuente con un marco jurídico para normar el cumplimiento de este derecho, de rango Constitucional y orgánico, desarrollado en leyes y normas especiales, en correspondencia con los preceptos y definiciones alcanzadas en las convenciones internacionales;

Segundo, la capacidad institucional con la que cuente el Estado para instrumentar ese marco jurídico. Los Ministerios de Educación o sus equivalentes, suelen ser las instancias encargadas de instrumentarlo, para lo cual deben contar con instancias y dependencias que garanticen el desarrollo en sus dimensiones de financiamiento, pedagógicas, formación docente, infraestructura y equipamiento, planes y programas, supervisión y gestión, sistema escolar y perfiles profesionales de egreso, calidad y pertinencia.

Desde nuestra perspectiva, la calidad educativa se debe realizar con una praxis de educación emancipadora y liberadora, con pensamiento crítico para potenciar las capacidades de transformación radical de la sociedad, perspectiva de género y anti patriarcal, ética ecológica y solidaridad;

Tercero, que cuente con presupuesto público suficiente para garantizar la inclusión educativa, con un piso mínimo del seis por ciento (6%) del producto interno bruto (PIB) del país. En este aspecto es importante desglosar el uso del presupuesto en educación, para que su ejecución y las prioridades que se determinen, sean el resultado de un amplio consenso social;

Cuarto, la suficiencia del presupuesto es vinculante y se constata por: a) la capacidad para crear y sostener tantas instituciones educativas como se requieran en cada uno de los territorios, adecuadamente equipadas con materiales y equipos acordes para las distintas labores pedagógicas, b) políticas y programas de compensación para disminuir y hacer desaparecer las desigualdades para el aprendizaje de los estudiantes producto de limitaciones preexistentes en el acceso a otros derechos, c) un sistema de remuneración y condiciones de trabajo del personal docente acorde con la elevada y digna labor que realizan, d) un sistema educativo que garantice educación como continuo humano, con expresiones nítidas en la cobertura y prosecución, f)una red de centros de formación docente (inicial y continua) que garantice la adecuada y actualizada calificación de maestras, profesores y personal que coadyuva al proceso educativo, entre otros elementos;

Quinto, el vínculo de la educación con la calidad democrática de un país, las posibilidades de contribuir al buen vivir de los ciudadanos, la paz y la felicidad colectiva. En este sentido, son muy importantes las prácticas y culturas de gestión escolar que se orienten a la transparencia, toma de decisiones compartidas, control social de los procesos pedagógicos y administrativos;

Sexto, la contextualización de la educación, que pasa por la articulación entre conocimientos, procesos de enseñanza-aprendizaje y necesidades de los territorios. Esta contextualización no puede ser un localismo aislacionista, sino un proceso dialéctico entre lo local y lo global;

Séptimo, las posibilidades que tenga la población en edad escolar de inscribirse y permanecer en escuelas, planteles educativos y universidades cercanas al territorio que habitan. La cercanía de los centros educativos a los lugares de vivienda de la población en edad escolar es un determinante muy importante en la accesibilidad;

Octavo, la capacidad de los sistemas escolares para constituir sujetos autónomos, críticos, creativos y vivan la solidaridad y el encuentro como una praxis cotidiana. En este sentido los aprendizajes significativos deben ser aquellos que posibiliten la construcción compartida de una sociedad de justicia social, paz, inclusión, libertad de opinión;

Décimo, el apoyo institucional a las educaciones populares, a las propuestas educativas no convencionales que garantizan llegar con propuestas pedagógicas flexibles y contextualizadas, a sectores de la población en edad escolar que en otras circunstancias no lo haría. La educación continua, encuentra en las educaciones populares, comunitaria, indígena según sus usos y costumbres, y de las diversidades, son expresiones del acceso al derecho a la educación;

Décimo primero, lo que se hace para garantizar la democratización del conocimiento, para que no sean solo las clases burguesas y los instalados en el poder quienes manejen y usen el conocimiento reciente. La democratización del conocimiento está referida tanto a la memoria histórica y la cultura ancestral, como a los elementos teóricos fundentes de las ciencias, el desarrollo de capacidades para construir localidad desde lo común, así como las innovaciones derivadas de la aceleración científico – tecnológica. Nadie tiene el derecho a decidir sobre lo que “conviene” o no enseñar, sino que es el trabajo educativo emancipador, el que posibilita constituir sujetos autónomos, con base al pensamiento crítico, que les permita a les estudiantes y egresados, situarse críticamente ante lo tradicional y lo emergente.

El neoliberalismo y el derecho humano a la educación

Desde su aparición, el neoliberalismo desarrolló una ofensiva sin precedentes sobre el derecho humano a la educación. Los ataques al tamaño del Estado y sus compromisos con las agendas sociales, se tradujeron en el plano educativo en una versión manipulada del paradigma de sociedad educadora, impulsando en consecuencia, la transferencia les ciudadanos, las familias, les docentes y estudiantes, de muchas de las responsabilidades y competencias que se consideraban encargos para los gobiernos.

El neoliberalismo desarrollo su propia versión de la co-responsabilidad ciudadana, instalando la idea que al ser la educación un bien compartido, todes teníamos que aportar económicamente en su sostenimiento, flexibilizando la obligación financiera y presupuestaria de los Estados con el derecho a la educación.

Con discursos elaborados, que en muchos casos tomaban para sí y manipulaban categorías y definiciones que habían pertenecido al campo popular, el neoliberalismo instaló iniciativas de destrucción de lo público en educación.  La privatización, mercantilización, estandarización, cultura evaluativa, el desfinanciamiento y la desactualización programada de la formación docente, constituyeron expresiones de esta ofensiva neoliberal.

Ofensiva que avanzó de manera desigual en la región, gracias a las resistencias estudiantiles, docentes, comunitarias de la sociedad civil, durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado. Durante las dos décadas del siglo veintiuno, el neoliberalismo uso la calidad y la pertinencia educativa como caballos de Troya para destruir la educación pública, avanzar en las ideas empresariales en educación y abrir paso a modelos como “home School”.

Siendo el campo de las tecnologías informáticas y digitales uno de los sectores con mayores niveles de expansión económica a nivel mundial, los grandes capitales se orientaron a la generación de un modelo híbrido entre presencialidad y virtualidad en la educación, que tenía como primer paso, presionar a los gobiernos para que facilitaran las condiciones para que les estudiantes se dotaran de computadores y conectividad. Mientras tanto, las grandes corporaciones monopolizaban el desarrollo de plataformas virtuales de uso masivo, la arquitectura de la nube, producción de contenidos digitales de quinta generación, así como las propuestas de educación con uso de herramientas informáticas, el acceso a los algoritmos y el manejo de datos personales.

El derecho a la educación en la nueva situación de pandemia y post pandemia

La pandemia del COVID-19 se convirtió en una oportunidad para el impulso de la agenda puesta en marcha por el neoliberalismo educativo. La necesidad que tuvieron la mayoría de Estados del mundo de pasar a un modelo de cuarentena preventiva para proteger la vida de sus ciudadanos, conllevó a una crisis de sentido y orientación de los sistemas escolares. Se hacía necesario garantizar la continuación del vínculo pedagógico y, unos Estados que habían desestimado el impacto de la aceleración científico-tecnológica en los sistemas escolares, terminaron cediendo ante el modelo de educación virtual de las grandes corporaciones tecnológicas.

Es absolutamente falso que los gobiernos no pudieron prever un escenario como este. En el marco del Foro Mundial de Educación, realizado en el año 2015 en Incheón, Corea del Sur, las grandes corporaciones tecnológicas anunciaron el desembarco masivo de la virtualidad en un horizonte máximo de diez años. Bastaba repasar las cifras públicas de inversión de estas corporaciones para constatar que estaban invirtiendo enormes volúmenes de dinero en esta orientación. Y como el sector empresarial no invierte para perder o dejar congeladas sus mercancías, era previsible el cumplimiento de este anuncio. La mayoría de gobiernos no construyeron plataformas virtuales propias para sus sistemas escolares, ni repositorios de contenidos digitales lo suficientemente dinámicos, versátiles y actualizados, lo cual facilitó el desembarco impune las grandes empresas tecnológicas.

Los escépticos señalaban que se requeriría un acuerdo mundial para producir un evento que garantizara el desembarco global de una iniciativa de este tipo. El COVID-19 posibilitó el surgimiento de las condiciones de posibilidad para este asalto paradigmático.

En las primeras semanas de declaración de cuarentena, las grandes corporaciones desembarcaron amparadas por el paradigma neoliberal de transferencia de las competencias y responsabilidades de los Estados nacionales, a las familias, estudiantes y docentes.  Se produjo en corto tiempo un nuevo modelo de privatización educativa. Fueron las familias, docentes y estudiantes quienes tuvieron que comprar o repotenciar equipos de computación, pagar el acceso a internet y planes de datos, buscar y suscribirse (incluso hasta pagar) plataformas virtuales. La mayoría de los Estados nacionales se desentendieron de sus obligaciones de garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, e igualdad para realizar el trabajo educativo.

Esta privatización abrupta se impuso, con terribles consecuencias para el derecho a la educación. Se produjo una odiosa e inequitativa estratificación, primero, entre docentes que tenían o no posibilidades de garantizar continuidad del vínculo pedagógico en escenarios virtuales; segundo, esto fue aún mayor en la población estudiantil, creándose cuatro estratos diferenciados entre quienes a) contaban con acceso a computadoras, internet y una familia de apoyo educativo, b) aun teniendo computadores e internet carecían de apoyos familiares, pues su entorno estaba concentrado en sobrevivir en una situación económicamente tan difícil, c) solo disponían de televisión o radio para relacionarse con un modelo educativo referenciado en el pasado, que afirmaba la idea de estar en las fronteras de múltiples exclusiones, d) finalmente estaban en zonas de difícil acceso, a donde no llega la radio ni la televisión, pero a donde, en muchos casos, tampoco llegaron los prometidos módulos de auto aprendizaje.

Comienzan a mostrarse cifras que evidencian los estragos de este modelo de privatización impuesto en la pandemia del COVID-19. Mientras en Ecuador la Unión Nacional de Educadores (UNE) denuncia que el 75% de les estudiantes no pudieron acceder al modelo de educación virtual en casa, es decir 3.250.000 niños, niñas y jóvenes, en Panamá, gremios docentes como la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF) y la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) señalan que un país de menos de 800.000 estudiantes, casi 300.000 quedaron fuera de cualquier posibilidad de continuidad del vínculo pedagógico. Las evidencias empíricas muestran dimensiones preocupantes de este fenómeno en los restantes países de la región. Los datos extra oficiales en el sector universitario muestran un importante decrecimiento de la matrícula durante la pandemia.

Todo esto ocurre, en medio de demandas crecientes por alfabetización digital crítica, por alfabetización en los algoritmos necesarios para crear en el mundo digital. Se cierne un nuevo modelo de conocimiento reproductor, a partir del consumo de materiales y plataformas elaboradas por las grandes corporaciones tecnológicas.

Esto último está muy vinculado al riesgo de producir un modelo de educación bancaria virtual, con el agravante que en muchos casos se está trasladando el modelo frontal de enseñanza a medios tecnológicos.

La coyuntura y el horizonte estratégico: es imposible abordar la una sin lo otro

Muchos docentes, autoridades e incluso algunos gremios docentes consideran que en la postpandemia retornaremos a la presencialidad, tal y como estaba en febrero de 2020. Este deseo de volver a la situación conocida ha generado, abandono de una parte importante de los cuestionamientos que se le hacían al carácter reproductor de la ideología dominante por parte la escuela y, un retiro silencioso de iniciativas que procuraban el emerger de una educación emancipadora y liberadora.

El neoliberalismo educativo instaló la falsa disputa entre presencialidad y virtualidad, y como esta se vincula a ganancias de las grandes corporaciones, es previsible que en la post pandemia se siga tensionando en este sentido. Ciertamente volveremos a las escuelas presenciales, pero ya nada será igual. La estratificación que vimos en la pandemia, amenaza a tener un correlato en los planteles educativos y las aulas cuando cese la cuarentena.

Escuelas enteras podrán ser estratificadas de acuerdo a su capacidad y disponibilidad, de trabajar con computadores, conexión a internet, inteligencia artificial, análisis de metadatos. Hacerlo o no, significará un nuevo modelo de exclusión que podrá marcar el desarrollo profesional de les estudiantes y sus posibilidades de inserción laboral en el futuro. En un contexto de reducción sensible del empleo por efectos directos de la cuarta revolución industrial, esta situación puede ser dramática para pueblos enteros.

Es importante trabajar el derecho a la educación y la inclusión educativa en las claves epocales del siglo XXI, en su tercera década. Pero ello no es un tema solo de voluntad, se requiere actualizar muchas de las premisas que nos resultaron útiles hasta hace muy poco.

Aceptar pasivamente la marginalización o rebelarse epistemológicamente y en la acción

Millones de estudiantes y docentes, en el marco de la pandemia, fueron ubicados por la fuerza de los hechos en el borde de lo educativo. Esta situación amenaza con extenderse en la post pandemia, afectando de manera sensible el derecho a la educación. Romper con esta lógica del neoliberalismo implica desarrollar y articular de manera regional las demandas emergentes y las agendas vinculadas.

Conexión universal gratuita a internet de banda ancha con conexión 5G, dotación de equipos de computación con alta capacidad para trabajar en plataformas virtuales y contenidos digitales, alfabetización en los códigos y lenguajes de los algoritmos informáticos, formación docente inicial y permanente para poder acompañar la aceleración de la innovación científico tecnológica con perspectiva de buen vivir, ecológica, solidaria, feminista, diversa, así como presupuesto educativo bajo contraloría social con un mínimo de referencia del 6%, constituyen parte importante de las temáticas asociadas a la defensa del derecho a la educación en la postpandemia.

No se puede aceptar el sostenimiento de la estratificación educativa como forma de marginalización social a gran escala. Resistir a ello, implica abrirnos a un quiebre de paradigmas y la eliminación de la brecha epistemológica que ha impuesto el capital en los últimos años;  ruptura que precede a la construcción de adecuadas y eficientes resistencias pedagógicas.

Por una agenda urgente

Es urgente trabajar en un nuevo pacto social inclusivo, que allane la elaboración actualizada de estrategias para la superación de las viejas y nuevas exclusiones, que coloque a tono la aceleración de la innovación científica-tecnológica con la formación docente y las actividades pedagógicas, que garantice condiciones iguales de aprendizaje para todes les estudiantes, con capacidad de vincular innovación con tradición.

Esta agenda tiene que apalancarse en la renovada alianza entre docentes, familias y estudiantes, convocando a todos los sectores de la sociedad. La CLADE es actor fundamental para propiciar este encuentro.

* Luis Bonilla-Molina es Doctor en Ciencias Pedagógicas, Profesor extraordinario en la Universidad de Panamá, Coordinador Internacional de la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa red integrante de la CLADE. Miembro pleno del Consejo Directivo del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, centro miembro de CLACSO, Caracas, Venezuela.

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