La tenaz persistencia del mito de la «Argentina blanca» y «sin racismo» – Por el Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos

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La tenaz persistencia del mito de la «Argentina blanca» y «sin racismo»

Desde el Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos (GEALA) del Instituto Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dejamos sentada nuestra posición frente a la publicación de la nota del periódico Infobae con fecha 15 de noviembre de 2020, bajo el título “El Gobierno afirmó que en Argentina “opera un racismo estructural” para justificar la creación de una comisión”.

Como cientistas sociales de distintas disciplinas cuyas investigaciones se centran en temáticas afrodescendientes y de racialización en Argentina destacamos que la mencionada nota incurre en errores y omisiones que conducen a conclusiones completamente equivocadas y políticamente malintencionadas. Esto es, justamente, lo que sucede cuando se desconsidera la opinión del único afrodescendiente entrevistado (cuando son precisamente los  afrodescendientes quienes saben cómo debieron vivir su condición como un estigma y cómo padecen el racismo cotidianamente)  y tampoco se consulta a quienes estudian, investigan y desarrollan estas temáticas desde hace décadas.

Infobae asegura recoger la “opinión de los historiadores” sobre la creación de una comisión del INADI para el reconocimiento histórico de lxs afroargentinxs. Pero “los historiadores” no forman un grupo homogéneo y se dividen, entre otras cosas, por su incumbencia en distintos campos de especialización. Además de tener perspectivas y posiciones muchas veces encontradas, existen conocimientos históricos y antropológicos específicos que han sido pasados por alto en la nota y cuya ausencia refuerza los discursos de invisibilidad de una población afroargentina que se ha mostrado resiliente a la imposición de un proyecto de nación que les niega la posibilidad de ser argentinos y afrodescendientes (el “y” es la clave aquí).

En la investigación encomendada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y el Banco Interamericano de Desarrolllo (BID) a Rodolfo Stavenhagen en 2001, se define al racismo estructural como a “profundas desigualdades económicas (…), marginación social (…), exclusión política y subordinación cultural (…) que conforman un cuadro histórico de discriminación persistente (…) enraizado en las estructuras de poder y de dominio que han venido caracterizando a las sociedades latinoamericanas durante siglos”. Es decir, el concepto de racismo estructural está señalando la persistencia de estructuras de desigualdad que suelen quedar veladas, ocultas y que a diferencia de lo que sugiere la nota de Infobae no necesitan asemejarse al apartheid sudafricano o a una segregación espacial – y que nuestro país, efectivamente, no vivió. A partir de este desconocimiento inicial sobre lo que sería realmente el «racismo estructural» el artículo encadena una serie de argumentos generales que, por provenir del ámbito académico y por ser enunciado por investigadores de prestigio internacional, refuerzan las ideas de armonía, mestizaje e integración que justamente reproducen el racismo estructural que se quiere negar.

Son precisamente las investigaciones históricas actuales las que demuestran que esa integración nacional fue discutida y sufrida por lxs afroargentinxs. De hecho, el proyecto de nación homogénea que celebra lo europeo y la blanquitud como modernidad y civilización integradora que se impuso en el siglo XIX está aún vigente no sólo en el imaginario nacional –como demuestra la nota– sino en algo tan palpable como en la Constitución Nacional, selectivamente citada por Infobae. En su artículo 25 nuestra Carta Magna continúa afirmando que el Gobierno Federal fomentará la inmigración europea.

La supuesta inexistencia local de racismo estructural también se desmiente con estudios estadísticos recientes. Los pocos trabajos locales sobre desigualdad social que incluyen como variable el color de piel de las personas, demuestran empírica e inequívocamente que ésta tiene en Argentina, al igual que en otros países de Latinoamérica, consecuencias significativas sobre las posibilidades de acceso a la educación y en el posicionamiento en el mercado de trabajo.

Un estudio de Edward Telles y Liza Steele, profesores de la Universidad de Princeton, que utiliza datos del Barómetro de las Américas para ver la relación entre logros educativos y color de piel demuestra que nuestro país, al igual que el resto de Latinoamérica, puede ser descripto como una «pigmentocracia». Por su lado, otro cuidadoso trabajo de Pablo Grande y Agustín Salvia, con datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina, señala que «no tener un color de piel blanco expone a las personas -independientemente de su nivel educativo, sexo y edad– a condiciones desfavorables en el mercado de trabajo». ¿Alguien que viva en Argentina puede dudar que las personas «no blancas» muestran mayores índices de desempleo, mayores posibilidades de obtener empleo precario sin seguridad social y sufren significativas desventajas salariales y sociales?

Estos trabajos académicos brindan carnadura estadística a los numerosos testimonios de discriminación cotidiana de lxs individuxs cuyo fenotipo los ubica fuera del espectro de la Argentina imaginada, integrada, «blanca» y «europea». En esa Argentina opera sin cesar una discriminación constante que las investigaciones de historiadorxs, antropólogxs y otrxs científicxs sociales que trabajan codo a codo con las organizaciones afrodescendientes en el país denuncian desde hace años, conformando una academia comprometida con la realidad social, involucrada en la producción conjunta de conocimientos y en ofrecer miradas novedosas que puedan generar cambios sociales, siempre apuntando a una mayor igualdad social.

Porque el racismo estructural es el que provoca que las maestras de escuela primaria les digan a sus alumnxs que no pueden ser afrodescendientes, porque en el país los descendientes de esclavizadxs “desaparecieron”. O que lxs profesores de colegios secundarios enseñen que la esclavitud fue “bondadosa” porque fue doméstica y no de plantación. O que las representaciones de lxs afrodescendientes en los medios de comunicación se basen pura y exclusivamente en las ideas de salvajismo, hipersexualidad y corporalidad desmedida. Ese racismo estructural es el que hace que se les pregunte a lxs afroargentinxs una y otra vez si son brasileros o uruguayos. Es el que promueve los discursos que estigmatizan a las religiones de matriz africana y que las señale como espacios de barbarie y criminalidad. Afrodescendiente, de hecho, es un concepto que remite a una historia específica que no puede ser confundida con autoproclamarse ítalo-argentino o español-argentino. Los italianos y los españoles migraron, los afro descienden de personas secuestradas en África y obligadas a trabajar y morir en la esclavitud. A diferencia de los españoles e italianos argentinos, no es posible para un afrodescendiente ir a buscar a sus ancestros.

El racismo estructural es lo que permite que se siga pensando que en la Argentina no hay racismo, y que el proyecto de nación integró sin costo alguno, sin desacreditar el dolor y la memoria de quienes por sus cuerpos y por sus ancentrxs son no sólo distintxs sino desiguales. Por eso la lucha y la importancia de una academia comprometida con el presente. Por eso la necesidad de que sea el propio Estado quien esté al frente del esfuerzo por desandar siglos de racismo. Un Estado argentino que, por otro lado, ha asumido el compromiso, nacional e internacionalmente y más allá de los gobiernos de turno, de llevar a cabo políticas activas para revertir la invisibilización de los afroargentinos y luchar contra la discriminación racial. *

A través de todo lo expuesto, esperamos que quede claro que la investigación académica actual y especializada -tanto desde la historia como desde la antropología y la sociología- ven en nuestra «tradicional» narrativa celebratoria del mestizaje un verdadero deseo de proclamar la «blanquedad» del pais, que precisamente oculta la discriminación y el racismo que sufren diariamente miles y miles de compatriotas.

* Por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri el 15 de agosto de 2017 se comprometió a «elaborar un programa nacional para la aplicación del “Decenio Internacional de los Afrodescendientes»

Antirracismos


La Ley de Educación Superior es discriminatoria. Viola los derechos constitucionales de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes

por Daniel Mato (UNTREF/CONICET)

Desde la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero deseamos  expresar nuestra adhesión a la muy bien argumentada respuesta de las/os colegas del Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos al artículo tan lamentablemente racista publicado por Infobae el pasado 15 de noviembre..

Suscribimos y hacemos propia la respuesta del GEALA, a la que modestamente deseamos contribuir llamando la atención respecto de que la autora de la nota publicada en Infobae es una licenciada en historia. Este «detalle» debe llamar nuestra atención acerca de la necesidad de revisar las bases mismas de nuestro sistema de educación superior, una de cuyas debilidades radica en el desajuste entre la ley que la regula y nuestra Constitución Nacional.

Es necesario adecuar la Ley de Educación Superior para que se ajuste plenamente a los derechos establecidos en la Constitución Nacional. Hacer esto es necesario no solo para asegurar los derechos constitucionales de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, sino también para asegurar la calidad de la formación profesional que brindan nuestras universidades y otros tipos de instituciones de Educación Superior.

Racismo y Educación Superior en Argentina

De ningún modo ponemos en duda la necesidad de asegurar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Tampoco cuestionamos la libertad de pensamiento y de expresión. Pero, el hecho de que graduadas o graduados universitarios den muestras tan elocuentes de racismo, y de que medios de comunicación de amplio alcance en cuya política editorial seguramente también intervienen profesionales, difundan ideas racistas y negadoras de derechos constitucionales obliga a preguntarnos acerca del papel del sistema de educación superior en la construcción del país en que queremos vivir y deseamos dejar a las futuras generaciones.

El sistema de Educación Superior resulta clave para asegurar los derechos humanos de todos los sectores de la población nacional, en todos los ámbitos sociales. Porque en este sistema se forman profesionales que pasan a ocupar posiciones de toma de decisión en diversos ámbitos políticos, económicos y sociales y/o que prestan servicios a una población social diversa para lo cual no son apropiadamente preparadas/os. Además, y especialmente importante, se forman comunicadores sociales y docentes para todos los ciclos del sistema educativo, con capacidad de difundir el racismo hacia toda la sociedad.

En el sistema de Educación Superior argentino el racismo se expresa de diversas formas. Una de ellas es la escasa participación de personas indígenas y afrodescendientes entre su estudiantado y cuadros docentes y de gestión. Esta baja participación es consecuencia de diversos tipos de factores que no es posible detallar en este artículo, pero que he analizado en un estudio específico realizado para el recientemente publicado  “Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe” (Mato 2020a).  Estas circunstancias, a las que suele aludirse mediante la expresión “racismo estructural”, menoscaban las posibilidades de que personas de estos grupos de población culminen la educación secundaria y que aún cuando lo logran puedan acceder a educación superior, incluso aunque sea gratuita.

Esta exclusión de carácter estructural afecta derechos establecidos en dos instrumentos jurídicos internacionales a los cuales el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional otorga “jerarquía superior a las leyes”: la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, a los en Países Independientes. No obstante, a diferencia de la Ley de Educación Nacional (Ley 26.206), la LES no dispone nada al respecto, es decir no asegura estos derechos. Esta omisión contrasta con lo dispuesto en el literal c del artículo 2 de la LES que establece que es responsabilidad del Estado nacional y los jurisdiccionales promover políticas de inclusión educativa que reconozcan “las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”. También contrasta con lo previsto en el literal d que dispone la responsabilidad de establecer medidas “para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias”. Esta omisión no la resuelve la imprecisa referencia a “procesos multiculturales e interculturales”. [1]

El racismo también se expresa en la educación superior de otras formas. Por ejemplo, en la ausencia de los conocimientos, lenguas, historias, visiones de mundo y valores de pueblos indígenas y afrodescendientes en los planes de estudio de prácticamente todas las carreras. Estas exclusiones también son violatorias de los derechos establecidos en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Además, afectan la calidad de la formación profesional y ciudadana que las instituciones de educación superior ofrecen a todas/os sus estudiantes, de la investigación que realizan y de la extensión que practican.

Adicionalmente, estas omisiones también deslegitiman el valor de las culturas de estos pueblos y de este modo promueven y refuerzan diversos tipos de prácticas de discriminación racial que continúan afectando de manera directa a estudiantes de estos pueblos. Además, afectan sus trayectorias de formación y promueven su deserción, como lo documentan numerosas publicaciones (Artieda et al, 2017; Geler et al, 2018; Guaymás, 2018; Ivanof et al, 2016; Loncon, 2019; Mancinelli, 2019; Mato, 2020a; Núñez, 2019; Ocoró Loango, 2019; Ossola, 2003; Sulca 2019).

Actualizar la Ley de Educación Superior para asegurar derechos constitucionales

Estos tipos de problemas afectan a los sistemas universitarios de toda América Latina. Por eso la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba en junio de 2018 (CRES 2018) emitió una declaración final que incluyó varias recomendaciones orientadas a “interculturalizar” la Educación Superior. Entre otras enfatizó la necesidad del erradicar el racismo; garantizar los derechos educativos de estos y otros grupos de población históricamente discriminados; incorporar sus cosmovisiones, lenguas, sistemas de conocimiento y formas de aprendizaje, así como la necesidad de reconocer sus instituciones de educación superior propias. Argentina se encuentra muy atrasada en esta materia respecto, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil

 La LES no asegura los derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional. La gravedad del problema no permite esperar hasta que se gesten los acuerdos necesarios para que la LES sea reformada de manera más abarcadora, como está planteado. Esto puede tomar años. Entre tanto esta ley se puede actualizar, como ya se hizo, por ejemplo en el año 2002, cuando mediante Ley 25.573 se realizaron incorporaciones y modificaciones a la LES destinadas a asegurar los derechos de personas con discapacidad. La LES debe asegurar explícitamente los derechos constitucionales de estos grupos de población. Mientras esto no se haga será discriminatoria de los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes.

[1] He analizado estos problemas de la Ley un poco más detalladamente en una publicación reciente (Mato 2020b)

Imagen: El Nacimiento del Jigue –Ever Fonseca Cerviño, artista afrocubano.

Daniel Mato es doctor en Ciencias Sociales, investigador principal del CONICET, y director de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional Tres de Febrero.

Referencias

Artieda, T., Rosso, L., Luján, A. y Zamora, A.L. 2017. Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Reflexiones y propuestas en torno a la inclusión y la interculturalidad. Mato, D. coord.,  Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Políticas y prácticas de inclusión, democratización, e interculturalización. Sáenz Peña: EDUNTREF. pp.: 41-56.

CRES 2018. Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, Declaración Final. Disponible aquí.

Geler, L., Egido, A.,  Recalt, R. y Yannone, C. 2018.  Mujeres afroargentinas y el proyecto Certificar nuestra existencia. Una experiencia de trabajo multidisciplinar en Ciudad Evita. Población & Sociedad 25 (2): 28-54.

Guaymás, A. 2018. Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en Argentina: Logros, desafíos y recomendaciones. Mato, D. coord., Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina.  Caracas: UNESCO –IESALC y Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, pp.: 37-62.

Ivanoff, S.L, y Loncon, D.L. 2016.  Cátedra libre de Pueblos Originarios, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Experiencias, Interpelaciones y Desafios. En Mato, D. coord., Educación Superior y pueblos indígenas en América Latina. Experiencias, interpelaciones y desafíos. Sáenz Peña: EDUNTREF. pp. 431-440.

 Loncon, D. 2019. La Universidad con identidad: presencia indígena en las aulas universitarias. Colección Apuntes Nro. 15. Buenos Aires: Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Disponible aquí.

Mancinelli, G. 2019. Territorialidad y educación superior en las comunidades wichí del noreste salteño. Tesis de Doctorado en Antropología, Universidad de Buenos Aires.

Mato, D. 2020a. Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina. Estudio de caso preparado para el “Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción»  (Global Education Monitoring Report – GEM 2020). Disponible aquí.

Mato, D. 2020b. Racismo y educación superior en Argentina: la Ley de Educación Superior no asegura derechos establecidos en la Constitución Nacional. Revista Movimiento . 10-11-2020. Disponible aquí.

Nuñez, Y. 2019. Interculturalidad, educación superior y mercado laboral. Un recorrido por las trayectorias de los estudiantes universitarios y egresados guaraníes de la Provincia de Misiones y del Estado de Paraná. Tesis de Doctorado en Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones.

Ocoró Loango, A. 2019. Las múltiples formas del racismo. Colección Apuntes Nro. 13. Buenos Aires: Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Disponible aquí.

Ossola, M.M. 2003. Jóvenes wichí en la educación superior de Salta: interpelaciones escolares, étnicas y etarias. Tesis de Doctorado en Antropología, Universidad de Buenos Aires.

Sulca, O. 2019. La discriminación que no me contaron… La viví.  Colección Apuntes Nro. 13. Buenos Aires: Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, Universidad Nacional de Tres de Febrero.  Disponible aquí.

Antirracismo


El Gobierno afirmó que en Argentina “opera un racismo estructural” para justificar la creación de una comisión

El gobierno nacional anunció la creación de la Comisión Nacional para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, con el objetivo de “contribuir al cumplimiento del pleno goce de derechos de los ciudadanos que la integran”, según el comunicado oficial. La iniciativa es del Inadi pero involucra a otras áreas: Justicia y Derechos Humanos, Educación y Cultura.

En los fundamentos de la iniciativa se afirma que “la comunidad afroargentina” está “integrada por más de 2 millones de personas que descienden de africanos traídos como mano de obra esclava”. Una población que “ha sido históricamente invisibilizada, negada y extranjerizada producto del racismo estructural que opera en nuestro país”. El comunicado describe a esta iniciativa como “un paso fundamental en el camino hacia la equidad étnico-racial, la reparación histórica y la justicia social”.

Periódicamente la historiografía renueva sus temas y sus preguntas. Una de estas innovaciones ha sido la de los estudios sobre la población esclava en el Río de la Plata, respecto de la cual circuló por mucho tiempo la idea de que se había prácticamente extinguido en las guerras de Independencia, una hipótesis favorecida por la asimilación de ese grupo, en el largo -y exitoso, vale señalar- proceso de mestizaje argentino.

Ahora bien, la iniciativa oficial presenta varias aristas polémicas: una es la descripción de la Argentina como un país en el cual opera un racismo “estructural”, palabra que se asocia a sistemas como el apartheid o el segregacionismo; otra la pregunta acerca de si la investigación histórica sobre una comunidad dada debe derivar en la identificación de un grupo étnico de pertenencia en el presente; también si es el Estado el que debe organizar colectividades o la sociedad de modo autónomo; y si, como insinúa la Resolución, existen derechos negados en función de criterios raciales.

Para el historiador Luis Alberto Romero no hay mucha duda: “Esta iniciativa es un disparate. Sobre todo ahora que sabemos que la humanidad surgió en un solo lugar, que está en África, y desde allí se dispersó. Y eso se comprobó con los estudios del ADN de poblaciones”.

Somos todos africanos…

Ahora bien, en esto ve mucho más que simple interés en el pasado: “Creo que la reivindicación militante de los derechos de grupos minoritarios es una de las peores modas intelectuales y políticas -afirma-. Hay tantos beneficios por pertenecer a una de estas comunidades, que las que existen realmente no alcanzan y hay que inventarlas. Cuando se instalan en el Estado, como es este caso, reclaman y obtienen presupuesto destinado a inventar -como decía Hobsbawm de las naciones- estas comunidades, bajo la figura, también tomada del nacionalismo, de la comunidad a la que se le han negado sus derechos. Un círculo vicioso, que agrega más elementos de fractura a nuestro pobre presente.”

“Antes que racista y xenófobo, Argentina fue un país abierto a gente de cualquier lugar del mundo -dice Alejandro Gómez, profesor de Historia Económica en la Universidad del CEMA-. El negro se mestizó como todos los demás. Nos fuimos mezclando todos. El mestizaje es un proceso que se dio desde el inicio. En lugar de resaltar que fuimos una mezcla generalizada de razas y culturas, con esta iniciativa se busca segregar. Sos argentino porque naciste en Argentina. Que dejen de promover separaciones. Los hijos de italianos o de españoles no se definen como ítaloargentinos, hispanoargentinos, etc. Si me defino así, no soy argentino”.

“Por otra parte, la Argentina no tuvo nunca una economía de plantación”, agrega, en referencia a algo que podría haber justificado el calificativo de estructural.

Consultado al respecto por Infobae, un funcionario del INADI, Federico Pita, director de la Comisión por la Recuperación Histórica de los Afroargentinos, explicó que “el racismo en su dimensión estructural es el conjunto de procesos, prácticas y estructuras que reproducen la inequidad racial”. “El racismo estructural se sustenta en la ideología de la supremacía racial blanca / inferioridad racial negra, conocida originalmente como racismo científico o biologicista que dividía a la raza humana en subrazas y a la vez las jerarquizaba. Es estructural porque se encuentra naturalizado y profundamente arraigado en prácticas sociales e institucionales”, agregó.

Para la historiadora y escritora Ema Cibotti -ella misma con cierta ascendencia africana por parte de su abuelo materno-, “el racismo estructural implica siempre segregación espacial, o sea guetos urbanos; y aquí no los hubo”. Debido a sus orígenes, Cibotti se interesó en su momento en el tema: “Hace mucho que no estoy en contacto con referentes de estos grupos, pero los seguí hace más de 10 años y había gente muy interesante que había creado la ONG África Viva. Pero no hablaban de discriminación sino de invisibilización. Ellos también veían que la asimilación tan fuerte de nuestra sociedad los había ‘blanqueado’, y obviamente rechazaban las ideas de exterminio en la guerra del Paraguay. Querían ser reconocidos como afroargentinos o sea dejar de ser invisibles”.

Ahora bien, respecto de la creación de la Comisión, cree que “la Comunidad Afroargentina entró por la variante de los subsidios con esta iniciativa”. “Es otro de estos inventos, igual que la supuesta ocupación del sur del actual territorio argentino por ‘mapuches’ desde hace miles de años, como afirman los que defienden las tomas de tierras de manera violenta”, agrega.

Por mucho tiempo la historiografía sostuvo que los esclavos negros murieron casi todos en las guerras de Independencia

¿Qué derechos les han sido negados a los descendientes de africanos en nuestro país?, preguntó también Infobae al INADI.

“No se trata de la denegación de derechos, sino del acceso al goce pleno de los mismos -respondió Federico Pita-. En Argentina el color de piel puede ser una limitante a la hora de acceder a oportunidades laborales y educativas. Como se ha visto en algunos episodios recientes, las personas no blancas también son víctimas constantes de la violencia institucional. La no existencia de un sistema legal de discriminación no implica la no existencia de prácticas discriminatorias profundamente arraigadas en la sociedad y sus instituciones”.

En cuanto a la cifra de 2 millones de afrodescendientes en nuestro país, Pita explica que surge de “un estudio realizado en el 2006 por el Instituto de Estadística y Censos, con asistencia de la Universidad de Tres de Febrero, financiado por el Banco Mundial”.

Una de las conclusiones del estudio es que “alrededor del 5% de la población argentina responde a la categoría de afrodescendiente”. Por otra parte, el Censo del 2010, explica el funcionario, dio por tierra con “la extranjerización que padece este sector de la ciudadanía argentina: 9 de cada 10 personas que se reconocieron afrodescendientes nacieron en el país”. Se refiere a la suposición de que “en Argentina los afro son todos inmigrantes, cuando en realidad en su gran mayoría son nativos de acá”.

La historiadora Hilda Sabato, ex profesora de la UBA e investigadora del Conicet, y especialista en historia argentina del siglo XIX, dice al respecto: “La Argentina es una sociedad mestiza y al ser mestiza es difícil categorizar tan taxativamente una raza, un colectivo. Está muy bien el trabajo de antropólogos e historiadores para recuperar tradiciones, raíces culturales, sociales, memorias, de sectores marginados de los relatos dominantes; pero el racismo en la Argentina, si lo queremos llamar racismo, no pasa por los afro, ni se limita a ellos, y me parece más apropiado el concepto de negritud social, elaborado por algunos investigadores”.

En opinión de Sábato, “la discriminación es más social, aunque se combine a veces con el color de piel, tiene más que ver con la condición social, que en Argentina es mucho más fuerte que cualquier identificación con el pasado afro”.

Pero ella apunta también a otra categoría problemática: “Esta Resolución hace referencia a algo que no sabemos bien qué es. ¿Qué es la comunidad afroargentina? ¿Las organizaciones que se reclaman hoy como representantes de esa tradición? No es que exista la comunidad afroargentina, que serían todos los descendientes de los africanos llegados a Argentina. Las corrientes migratorias se convierten en comunidad cuando hay gente que se organiza como grupo para defender sus tradiciones. La comunidad no es una esencia, sino una organización. Al hablar de la comunidad se la está esencializando, congelando. Los descendientes de italianos somos legión, pero la comunidad o colectividad italiana son los que se organizan como tales”.

“La invisibilización es simplemente el mestizaje argentino pero lo que sí podemos criticar es la tendencia a decir que todos los negros murieron y que esta es una sociedad blanca. Ese reclamo puede ser genuino por parte de quienes lo hacen; la cuestión es que el Estado asuma eso. Una cosa es la recuperación de las distintas tradiciones que hacen al mestizaje argentino, de las cuales la afro es una. Otra es que estemos pensando en una sociedad de guetos.”

También ve en esta iniciativa oficial una influencia exterior: “Es muy oportunista esto. El mundo hoy funciona así, y acá somos tan antiimperialistas que compramos todo lo que nos manda el imperio; entonces hablamos de una comunidad negra como si fuese una tradición a la manera norteamericana”.

A esta misma tendencia a la importación de fenómenos ajenos apunta el filósofo Alberto Buela: “Acá lo que pasa es que fracasó en Estados Unidos la teoría del melting pot, y quieren que nos fracase a nosotros también. Pero acá no fracasó. Nosotros no hemos tenido problemas raciales. Decía Bolívar: ‘No somos ni tan españoles, ni tan indios, somos criollos’. Pero en Estados Unidos, como fracasó la integración de los afroamericanos, la han sustituido con el multiculturalismo. Reducen todo a un conjunto de minorías”.

La iniciativa del Inadi le parece “una barbaridad y un sinsentido”. “Igual que el indigenismo -agrega-. Lo que nos costó guerras de Independencia va a parar al resumidero”.

Desde el INADI, defienden el uso del término “invisibilización” porque hubo, afirma Federico Pita, “una deliberada decisión de ocultamiento”. “Un ejemplo -agrega- es el sistema estadístico argentino en sus orígenes, cuando al eliminar las categorías étnico-raciales de los registros de población propuso una nueva tipificación vinculada ya no a la cuestión identitaria sino a la idea del color de la piel o tez, como lo fue hasta algunos años, la categoría trigueño que suprime y sintetiza con intencionalidad negadora dos identidades originales de nuestra nación como los pueblos originarios y la comunidad afroargentina”.

Pero Hilda Sábato desestima este cuestionamiento por estar fuera de contexto: “Hay una crítica a los censos anteriores porque borraron toda referencia a la raza, pero no se tiene en cuenta que lo hicieron porque en aquel momento eso se consideraba progresista. Criticar al que hizo el censo porque borró a los negros es anacrónico porque en realidad en aquel momento borrar toda eso era un gesto de progresismo”.

“Más que visibilización de los negros creo que se busca la visibilización del INADI -dice Alejandro Gómez- Lo que se busca es más presupuesto. Lo mismo que pasa con los supuestos mapuches en el sur. Además, ¿cuántos indios realmente puros hay? Y, lo más importante: la Constitución argentina no dice nada del origen étnico de las personas, no hay privilegio de sangre. El artículo 15 decretaba la libertad de los pocos esclavos que quedaban todavía en 1853, y el 16, que la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de cuna, que todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Si en este país alguien por algún motivo no puede acceder a un derecho, acude a la justicia; en la actualidad, legalmente no existe ningún tipo de discriminación”.

Para el politólogo y ensayista rosarino Marcelo Gullo, hay un “multiculturalismo balcanizador” que forma parte “de las ideas dominantes de nuestro tiempo, y eso es así porque, como sostenía Marx, ‘las ideas de las clases dominantes son las ideas dominantes en cada época’”

“A partir de la caída del muro de Berlín -explica- comenzó a conformarse una nueva elite transnacional, un establishment mundial en cuyo centro se encuentran los hombres del poder financiero internacional, al que la desconstrucción de las naciones le resulta funcional a sus intereses. Es por eso que sus fundaciones subvencionan a cuanto profesor o político en el mundo predique el multiculturalismo y, ahora en el caso argentino, la prédica de un racismo estructural inexistente en nuestro país”.

No hay “maldad intrínseca”, ni “complot” en esto, aclara. “Es simplemente la aplicación del viejo principio romano de dividir para reinar. Más allá de las palabras bonitas, la creación de la Comisión Nacional para el Reconocimiento Histórico de la comunidad afroargentina debe inscribirse dentro de uno de los objetivos permanentes de la estructura hegemónica del poder mundial que consiste en la fragmentación territorial o social de las naciones”.

La historiadora Lilia Ana Bertoni, que ha estudiado los procesos de construcción de las nacionalidades, en Argentina y en Europa en el siglo XIX, dice: “Se está tratando de crear un problema que en la Argentina ya fue solucionado por el éxito de las políticas de integración, de ‘blanqueamiento”, es decir de ignorancia de las diferencias de color. Como todo proceso histórico, puede haber sido conflictivo en su momento, pero hoy ya está concluido, y los descendientes de negros están integrados en una comunidad ciudadana nacional que en el pasado ha procesado exitosamente esas y otras diferencias en un legado común. Políticas como la mencionada, sin duda importantes en países donde la discriminación racial está instalada, en nuestro caso solo servirían para crear divisiones”.

Asoma en este proyecto una característica de la corrección política tan en boga en nuestros días: releer la historia para hacerle decir al pasado algo funcional a construcciones del presente. Una cosa es la investigación histórica, que puede resultar apasionante. Otra es la deformación anacrónica o interesada, que consiste en ver discriminación donde hubo integración y racismo donde hubo mestizaje.

Infobae



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