Los Derechos Humanos en las prácticas empresariales – Por Alejandro Amor

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Por Alejandro Amor *

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la Conducta Empresarial Responsable (CER) y las prácticas que de ella se derivan, han llevado las empresas a un cambio de paradigma en el enfoque de sus negocios, integrando en sus estrategias, profundas miradas sociales, culturales y ambientales en la búsqueda por generar valor público en todos los grupos de interés a través de una actuación en la sociedad que la comunidad considere positiva.

Allí es que se empieza a visibilizar la necesidad de reflexionar sobre el tema de las empresas y su creciente relación con los derechos humanos. Cuando la empresa se convierte en centro de atención de la sociedad y de los gobiernos, se empieza a pensar sobre la afectación de la misma en las civilizaciones donde opera. La principal función de una empresa debe ser crear, velar y generar beneficios propios y para los suyos, pero también debe contribuir al bienestar de la sociedad.

La RSE no debe ser concebida por la empresa con sentido económico o como una forma de retribuir a los trabajadores y sociedad por las ganancias que obtuvo, sino con una actitud de “insertarse” en la sociedad de ser parte de ella desde el “compromiso”.

Es necesario un compromiso político frente a la regulación con un grado de coherencia y coordinación entre los gobiernos nacionales e internacionales. Debe existir, en este sentido, una voluntad real de exigibilidad hacia las empresas a nivel internacional para poder pensar en un futuro donde haya regulaciones formales obligatorias, y unos derechos universales respetados por igual en los diferentes hemisferios.

Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos elaborados por Naciones Unidas, plasmaron la necesidad de ver que las obligaciones no se limitan a las instituciones públicas, sino que se incorpora a las empresas. Estos Principios se basan en tres pilares fundamentales: la protección, el respeto y la remediación. Y es en base al segundo pilar donde la actuación de las empresas es preponderante, donde ellas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, evitando infringir derechos, y mitigando los impactos de su actividad, a través del ejercicio constante de debida diligencia.

Durante este último tiempo, con la crisis sanitaria y económica en la que se ha visto inmersa el mundo por la pandemia, se ha dejado ver claramente la importancia del trabajo multisectorial entre gobiernos, organizaciones empresariales y sociedad civil para generar sociedades más resilientes. En este camino hacia la resiliencia, todos debemos hacer foco en los derechos humanos, y es una oportunidad que no debemos dejar pasar; en la que todos los sectores, incluso las empresas, tienen un rol fundamental.

Desde Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos, o su Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, han reconocido el rol preponderante de las Instituciones de Derechos Humanos (IDH) en relación a las empresas, sosteniendo la importancia de que evalúensi las políticas de empresas públicas se encuentran en consonancia con las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, brindando orientaciones tanto al Estado, como a las mismas empresas, en ese sentido.

Las IDH como órganos de protección, promoción y defensa de los derechos humanos, debemos realizar los esfuerzos necesarios en la concientización y sensibilización de las empresas para incentivarlas a que incluyan en sus políticas internas y en su cadena de valor una perspectiva de derechos humanos.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, convencidosde la importancia de que el sector empresarial aplique los derechos humanos desde una perspectiva transversal a todas sus políticas, adherimos hace ya muchos años a la Red Argentina de Pacto Global, iniciativa de Naciones Unidas que en nuestro país se encuentra conformada por más de 500 empresas, organizaciones educativas y de la sociedad civil que se comprometen a cumplir con diez principios para respetar los derechos humanos, los mejores estándares laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

Desde 2018, además, formamos parte de la Mesa Directiva de la Red Argentina, habiendo sido recientemente reelectos en la 7ma Asamblea del Pacto Global en nuestro país, para seguir conformándola en el bienio 2020/22.

En ese marco, junto con la Red Argentina del Pato Global, y enmarcado en el proyecto de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC) –implementado de manera conjunta por la Unión Europea (UE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)– comenzamos a desarrollar un Programa de Derechos Humanos para Empresas de Propiedad Estatal, que fue lanzado el pasado 22 de octubre.

Dicho programa tiene el objetivo de promover la comprensión e internalización de los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos por parte de las Empresas de Propiedad Estatal (EPE) con sede en la ciudad de Buenos Aires, esperando que las empresas participantes pongan en marcha un programa al interior de cada empresa en línea con las recomendaciones de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, adoptando las medidas de reparación pertinentes, mejorando la relación con sus grupos de interés y contribuyendo con el respeto y goce de los derechos humanos de la ciudadanía.

La garantía de los derechos humanos y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) son una exigencia ética; mientras ésta refleja la necesidad de contribuir al desarrollo sostenible, los derechos humanos simbolizan un firme compromiso con el respeto y la protección de la libertad, el bienestar y la dignidad; de aquí su evidente complementariedad.

Tenemos muchos desafíos pendientes en esta materia. Atraer una mayor cantidad de empresas y compañías para que establezcan políticas empresariales con una marcada Perspectiva de Derechos Humanos; trabajar con mayor profundidad la cooperación entre el sector público y privado, con los Estados, los gobiernos y también con organizaciones internacionales; generar cada vez mayores espacios de reflexión e intercambio, pero también de planificación y ejecución para poder pasar de la idea a la acción.

Hace tan sólo 5 años se acordó una hoja de ruta de aquí al 2030 con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde las empresas, organizaciones de la sociedad civil, academia, y el estado, constituyen actores necesarios para su éxito. En pocos meses, la Pandemia por el Covid-19 ha tirado por tierra todos los esfuerzos realizados en estos años y han alejado aún más aquellos objetivos establecidos en el 2015. Esta realidad nos empuja a redoblar los esfuerzos, para poder recuperar el trabajo realizado y hacer lo posible por llegar a 2030 con la mayor cantidad de metas cumplidas, si no es posible cumplir con toda la agenda.

En este sentido, sostenemos que el trabajo conjunto con las empresas y el sector privado es clave para que en la próxima década encontremos un progreso real en esto.

Esperamos que con iniciativas como las del Programa de Derechos Humanos para Empresas de Propiedad del Estado y el Especial en Nodal, acerca de la temática “Empresas y Derechos Humanos”, podamos generar un aporte para cumplir con nuestro mandato como Defensoría del Pueblo en la protección, defensa y promoción de estos derechos.

* Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Presidente de la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA)


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