Aborto legal: las experiencias de Uruguay, Cuba y Ciudad de México

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Aborto: Uruguay, un espejo para el debate en Argentina

Por Mariana Carbajal

En siete años de implementación de los servicios de la ley de interrupción legal de embarazo en Uruguay solo se registró una muerte por aborto en el sistema de salud por una complicación quirúrgica. “Fue la única que se registró en estos años. Y la mortalidad materna se mantiene extremadamente baja: estamos en el segundo lugar en América, después de Canadá. Tenemos unas 14 muertes cada 100 mil recién nacidos vivos”, precisó a Página/12 Leonel Briozzo, profesor titular de la Clínica de Ginecología A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, jefe de la Maternidad del Hospital Pereira Rossell, el más importante del país, e integrante del comité de Etica de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Briozzo fue quien tuvo en sus manos la implementación de la ley que despenalizó y legalizó el aborto a partir de 2013 en el país vecino. Era en ese momento subsecretario del Ministerio de Salud Pública del gobierno del presidente José “Pepe” Mujica. Argentina tiene una mortalidad materna que casi triplica la de Uruguay: el último registro oficial correspondiente a 2018 mostró que durante ese año del gobierno de Mauricio Macri volvió a haber un incremento –había descendido en 2017– y se ubicó en 37 cada 100 mil nacidos vivos. “Las IVE se producen por vía medicamentosa en su amplia mayoría: 95 por ciento. De las mujeres que abortaron, 86 por ciento se fue con método anticonceptivo en la consulta de control post-aborto”, destacó Lilian Abracinskas, activista feminista y director de Mujer y Salud en Uruguay, ONG con larguísimo recorrido en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Los registros oficiales del último año muestran que empezaron a bajar la cantidad de abortos legales, reveló Briozzo.

La experiencia en Uruguay es una interesante muestra que deberían analizar las y los legisladores argentinos que se aprestan a decidir si votan por el aborto clandestino y siguen empujando a las mujeres a morir por esa causa evitable o eligen un modelo de salud pública que contempla los derechos sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos. En Uruguay el aborto dejó de ser una práctica en la que se puede perder la vida. En Argentina, desde la recuperación democrática, más de 3000 mujeres murieron como consecuencias de complicaciones por prácticas de interrupción de embarazo clandestinas. La última estadística oficial disponible registró 35 muertes por aborto en el país, una cifra que, incluso, podría tener subregistro.

–¿Qué impacto tuvo la ley de IVE en Uruguay? -–le preguntó Página/12 a Briozzo.

–El impacto ha sido extremadamente positivo. En el marco del huracán de la crisis socioeconómica generada por las medidas de mitigación de la pandemia, si no hubiéramos tenido la ley, hubiera aumentado el número de abortos en condiciones de riesgo y probablemente de manera sustantiva la mortalidad materna. Esta crisis que estamos viviendo hoy se asemeja en términos históricos a la del 2001, cuando fundamos Iniciativas Sanitarias y el modelo de reducción de riesgo y daño para mitigar los efectos del aborto inseguro y hoy lo que vemos con la ley instaurada y sólida en todo el país es que no ha habido un incremento de los abortos de riesgo. Y a pesar de que los servicios de salud pueden verse en algunos casos presionados –por la atención de pacientes con covid– se ha podido dar una respuesta adecuada en esta situación.

La ley uruguaya fue la ley posible: la que permitió reunir las adhesiones y los votos necesarios para sancionarla en 2012. Hubo algunas concesiones en el Frente Amplio, que la impulsó. Por ejemplo, obliga a las mujeres a cumplir con un proceso burocrático de varias consultas y un período de reflexión de cinco días. Pero lo fundamental es que permite que entre 9000 y 10 mil mujeres al año aborten en la legalidad. Se promulgó en noviembre de 2012. ¿Qué establece la ley? Crea servicios legales de interrupción voluntaria del embarazo dentro del Sistema Nacional de Salud. Se mantiene el delito en el Código Penal pero no se aplica la pena: hasta las 12 semanas de gestación; hasta las 14 semanas por violación y sin plazo cuando esté en riesgo la salud de la mujer o haya malformación fetal incompatible con la vida. Se habilita la objeción de conciencia para los ginecólogos y se crea la figura de objeción de ideario para las instituciones de salud con creencias religiosas. No pueden hacer uso de estos servicios mujeres extranjeras o migrantes con menos de un año de residencia en el país

“Todas las instituciones de salud afiliadas al Sistema Nacional Integrado de Salud del país están brindado los servicios de Salud Sexual y Reproductiva y de aborto legal. Salvo las que hicieron objeción de ideario: Círculo Católico y Hospital Evangélico”, indicó Abracinskas. Y señaló que los registros del Ministerio de Salud Pública indican que:

* La mayoría de los abortos se da en mujeres mayores de 20 años

* De las mujeres que abortaron, 86 por ciento se fue con método anticonceptivo en la consulta de control posaborto.

* El 56 por ciento de las IVE se realizó en Montevideo y 44 por ciento en el Interior del país.

* El sector privado registra el 51 por ciento de los casos, aunque la relación es muy pareja con el sector público, que tiene también disponible los servicios en la red de atención primaria.

La interrupciones legales de embarazo se realizan en su mayoría de forma ambulatoria y con medicamentos, una combinación de las drogas mifepristona y misoprostol. “Se calcula que es más seguro un aborto con medicamentos que un parto normal, a nivel internacional. Y el costo es menor. La amplia mayoría no necesita internación para la resolución de la situación. Hemos tenido una experiencia muy buena en ese sentido que está publicada en el International Journal of Obtetrics and Gyneecology hace dos años en un suplemento especial, porque es una dirección para el resto de los países. Y el otro factor importante que tiene el aborto con medicamentos es que empodera a la mujer en su resolución y ya no es el médico el que hace el aborto sino ella. El médico acompaña capacitadamente la decisión de la mujer”, agregó Briozzo

Briozzo, quien fue invitado a exponer en las audiencias de 2018 en el Congreso, en el marco del debate en Argentina, fue el impulsor en su país de la estrategia de reducción de daños y riesgo en casos de aborto por la cual se empezó a brindar asesoramiento a las mujeres que querían interrumpir un embarazo, en el marco de la confidencialidad de la consulta, sobre prácticas seguras (aborto con pastillas) para evitar que recurrieran a métodos riesgosos como la introducción de tallo de perejil, sondas o agujas, cuando todavía se trataba de una práctica criminalizada. Esa estrategia fue primero, a partir de 2001, una iniciativa médica, luego en 2004 adquirió status de resolución ministerial y posteriormente, en 2008, se convirtió en norma nacional en el marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. En Argentina la empezó a implementar el Hospital Argerich, en su servicio de Adolescencia en el año 2004 y luego se fue replicando en otros lugares del país.

–¿Cuántos abortos legales se hacen hoy en Uruguay? –le preguntó este diario.

–Se está estabilizando la cifra en unos 9000. Con un dato muy importante, en el 2019 fue el primer año en los seis años de implementación de la ley, en el que empezó a disminuir el número de interrupciones voluntarias de embarazo. Este es un dato muy relevante porque nosotros habíamos planteado oportunamente que lo que pasa cuando se despenaliza el aborto es que hay un incremento en el número de abortos –no porque se habiliten las condiciones para que las mujeres aborten– porque sencillamente se comienzan a registrar. Luego se estabiliza y después empiezan a bajar. En 2019 fue el primer año en que comenzó a bajar la tendencia de las interrupciones voluntarias del embarazo fruto de las políticas en salud sexual y reproductiva, de anticoncepción universal y de los servicios de IVE. Y esperamos que se consoliden en este tiempo de pandemia donde muchas veces los servicios se ven amenazados

Las estadísticas oficiales muestran los siguientes números de abortos en el sistema de salud: 7.171 en 2013; 8.513 en 2014; 9.362 en 2015; 9.719 en 2016; 9.830 en 2017; 10.711 en 2018. Hasta el descenso que empezó a verse en 2019, se mostró un incremento de año en año del 10 por ciento aproximadamente. “Esto demuestra que no porque estén disponibles los servicios las mujeres van a recurrir a aborto más de lo necesario”, apuntó Abracinskas. De todas formas, advierte que todavía hay abortos que se realizan en la clandestinidad. “Las mujeres migrantes con menos de un año de residencia en el país y las que no cumplen con los plazos definidos por la norma quedan fuera del sistema legal y por lo tanto deben resolverlo por su cuenta”, señaló.

Consejerías

–La Ley prevé un proceso de consejería que obliga a la mujer que solicita la IVE a pasar por varias consultas previas antes de llegar al aborto, un requisito que fue cuestionado en su momento desde las organizaciones de mujeres, pero que se incluyó a modo de concesión para conseguir el voto que se necesitaba para la sanción. ¿Cómo ha funcionado? –le preguntó Página/12 a Briozzo.

–Funciona de manera bastante aceitada. La ley prevé que haya un equipo multidisciplinario –conformado por asistentes sociales, ginecólogo, psicólogo– que ven en conjunto a la paciente. Esa responsabilidad es de los prestadores de salud. Como tenemos un sistema integrado de salud, con una rectoría única en el Ministerio, tenemos la posibilidad de controlar a través de las prepagas u obras sociales –como se llaman en la Argentina– que se brinden las prestaciones establecidas por el Ministerio. Si no lo hacen, son sancionadas económicamente, motivo por el cual todas las instituciones que dan prestación médica tienen previsto este sistema, aun las que han hecho objeción de ideario, de acuerdo con la ley, y tercerizan estos servicios de IVE en otras y no ha habido mayor problema de retrasos en ese aspecto.

Con el cambio de gobierno hacia una coalición de centroderecha encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou, quien se declaró “provida”, en el movimiento de mujeres y feminista temen que haya algún tipo de recortes en los servicios de IVE. De todas formas, Briozzo destaca que la ley no se cuestiona. “No hay un cuestionamiento real. No hay nadie planteando modificarla o que volvamos al estatus anterior. De alguna manera eso no está planteado en el ambiente político. Si hay una agenda conservadora en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, que opina y que permanentemente está hostigando a este y otros temas como la educación en sexual para niñas, niños y adolescentes o la vigencia de los derechos para las personas trans, pero no hay ninguna iniciativa concreta que cuestione la ley de IVE porque además, sería suicida. Hay una firme convicción en la ciudadanía de que es una ley buena para la sociedad uruguaya”, indicó el destacado médico y profesor universitario.

Un aspecto que Abracinskas señala que funcionó como obstáculo para el acceso al aborto legal ha sido el número de profesionales de la salud que se declararon objetores de conciencia, en el marco de la ley. Y dos instituciones, el Círculo Católico y el Hospital Evangélico, que hicieron “objeción de ideario”, otra de las opciones que habilita la norma. “Tenemos lugares del país con 100 por ciento de objetores y departamentos con más de 60 por ciento de profesionales que rechazan brindar el servicio, aludiendo razones de valores filosóficos o religiosos. Esto implica que las mujeres que viven en esas localidades con 100 por ciento de objetores tiene que trasladarse largas distancias para acceder a la medicación para la IVE”, explicó. En ese sentido, y en vistas del debate en Argentina, sugirió “encontrar un justo equilibrio” porque “muchas veces en Uruguay se demostró que la objeción de conciencia se usa como desobediencia civil” al cumplimiento de la ley, “para no complicarse profesionalmente porque el estigma sobre el aborto sigue vigente particularmente en localidades chicas del interior del país”.

El impacto social

–¿Qué cambió en el imaginario social con la aprobación de la ley? –le preguntó a Briozzo este diario.

–La aprobación de la ley no se puede analizar como un fenómeno aislado sino en el proceso histórico que el Uruguay tiene desde la salida de la dictadura militar, en 1985, con una prédica muy fuerte del movimiento social de mujeres y feminista, en relación a la agenda del derecho a decidir de la mujer y fue complementada desde el 2001 por el movimiento de profesionales con compromiso profesional de conciencia encabezado por Iniciativa Sanitarias y que promovió un derecho complementario al derecho a decidir que es el derecho a la atención de salud, es decir, con independencia a la valoración moral que se tenga con respecto al aborto lo que había que asegurar era el derecho a la atención sanitaria. Entre esos dos derechos que oficiaron como dos patas, se avanzó muchísimo en el Uruguay en la transformación del estigma social y el entender que el aborto, más allá de que puede ser para muchos un problema filosófico o ético, antes que nada es un problema de salud que tienen que ser amparado en el sistema sanitario e integrado al cuerpo legal no como algo punitivo, sino con la comprensión de que la situación del embarazo no deseado está vulnerando los derechos de la mujer y hay que protegerla en esa situación. Es un cambio revolucionario que se enmarca en un cambio revolucionario en la agenda de derechos que tuvo Uruguay sobre todo en el período 2010-2015 en el gobierno encabezado por el ex presidente Mujica que habilitó un avance importantísimo en la agenda de los derechos: no solamente en relación al aborto sino con respecto al derecho a la fertilización asistida a las parejas que tienen esterilidad conyugal, en el derecho a la atención de las enfermedades de transmisión sexual de manera universal, en el derecho de la preservación de la función ovárica de las pacientes que tienen cáncer y se les puede sacar tejido ovárico y luego implantarlo, en el derecho de las personas trans. Hubo un cambio muy importante en el imaginario colectivo que creyó que a pesar de los vaivenes de la política electoral estamos en un punto muy superior con respecto a la conciencia social en relación a esta temática.

Página 12


Aborto en Cuba: más de medio siglo legal y sin tabúes

Por Carolina Rosales Zeiger

El día que Ailynn Torres Santana fue a hacerse un aborto, en la sala de espera del hospital donde tenía turno para la práctica, un televisor transmitía la misa a la Virgen de la Caridad del Cobre. La patrona de Cuba, también conocida como Cachita (u Oshún para la religión yoruba), es la diosa del amor, los ríos y el agua dulce. Pero también la protectora de la fertilidad, de las gestantes y de las parturientas. Su celebración salía iluminada de la pantalla y teñía de dorado todo el lugar. Sin embargo, no había disonancia en aquella escena. El manto de Cachita alcanzaba a cualquiera que se lo pidiera. No representaba una censura a quienes esperaban su turno para interrumpir su embarazo: era, más bien, una compañera más.

“En la isla el aborto no es un tema tabú”, dice Ailynn Torres Santana, periodista e investigadora, en diálogo con LatFem. Y sigue: “Es una práctica considerada legítima tanto en las normas sociales como en el funcionamiento institucional”.

Cuba fue el primer país de América Latina y el Caribe en despenalizar el aborto. Luego de la Revolución de 1959, en 1961 el país sacó de la clandestinidad la práctica y en 1965 creó la base legal para que pudiera realizarse en el marco del Sistema Nacional de Salud. Esta base se estructuró sobre cuatro principios básicos: es la persona gestante quien decide, debe realizarse la práctica en una institución hospitalaria, debe ser practicada por personal experto y de forma totalmente gratuita. Desde entonces, las cubanas tienen acceso libre a este derecho siempre que sea en un marco institucional y dentro de las primeras 12 semanas de gestación (si no, se aplica a criterio médico). El Código Penal actualestablece que el aborto se convierte en un delito si se comete por lucro, fuera de instituciones sanitarias, por personal no médico o en contra de la voluntad de la gestante.

Pero no todo comenzó con la Revolución: la primera ley sobre interrupción del embarazo en el país data de 1936, cuando se enmarcó en un sistema de causales. Entonces, el aborto era legal para salvar la vida de la madre o evitar un daño a su salud, en caso de violación o si existía la posibilidad de transmitir al feto una enfermedad grave. Además, en un contexto de tolerancia social y de las autoridades, las clínicas privadas ofrecían el servicio a quienes pudieran pagarlo, fuera y dentro del país.

“El aborto no fue un tema tabú incluso antes de la Revolución”, cuenta a LatFem la periodista feminista y activista Marta María Ramírez. Y amplía: “Seguramente por un tema de sincretismo con la religión yoruba y el catolicismo, que lo diluye, la fuerza de la iglesia católica ya era poca. Había familias que vivían afuera y que mandaban a sus hijas a abortar a Cuba para alejarlas de contextos más conservadores”. Hasta principios de los años 60, las personas de la alta sociedad accedían a abortos de manera segura y confidencial. Las pobres, morían. Las cifras de muerte materna por abortos inseguros eran de más de 60 por cada 100 mil nacimientos. Luego de la modificación de la norma, la muerte por esta causa se redujo casi a cero.

Desde entonces, quienes buscan interrumpir un embarazo en la isla tienen varias opciones. Pueden acudir al médico familiar (una figura aún muy presente en el país), hacer una consulta de planificación familiar en una institución de salud, ir al área comunitaria de cualquier policlínico o directamente a los hospitales ginecobstétricos. Luego de hacer estudios y chequeos generales, lxs profesionales de la salud indican el método y proceso: regulación menstrual, legrado o medicamentoso. El primero, una aspiración manual, se indica en las primeras semanas de gestación, pero se realiza sin anestesia y las cubanas suelen denunciar que es extremadamente doloroso. El segundo, conocido como “raspaje” (aunque hace varias décadas la Organización Mundial de la Salud desalienta su implementación), es el indicado a partir del segundo mes de embarazo. Y el tercero, a través de Misoprostol, debido a la crisis económica y la dificultad que el país tiene para ingresar medicamentos, es el menos implementado, pero su uso está en alza. Las pacientes no suelen poder elegir el método de interrupción.

“La interrupción se regula vía Ministerio de Salud Pública, por lo cual el procedimiento es a criterio médico y no de elección de la gestante”, explica Ailynn Torres Santana.

En la isla los indicadores de salud sexual y reproductiva son buenos y mejores que los promedios regionales y globales. Por ejemplo, la cobertura anticoncepcional entre mujeres en edad reproductiva (15-49 años) en 2019 fue de 76,8 % . Esa cifra es superior al promedio mundial de 63 % y a la de muchos países de la región. Además, las tasas de aborto cubanas son similares a las de los países de ingresos altos. En 2019, la tasa nacional fue de 27 por cada 1.000 mujeres de 12 a 49 años. Esa cifra fue menor que las que tenía el país en la década de 1980, pero mayor que la de comienzos de los 2000. América Latina, por el contrario, tiene la tasa de aborto más alta del mundo: aproximadamente 44 por cada 1.000 mujeres.

Legal, pero sin ley

En Cuba el aborto es legal, pero no está legalizado. Está institucionalizado en guías metodológicas del Ministerio de Salud pública y efectivamente se atiende como un asunto de salud, pero no está inscrito en una ley. Desde algunos sectores de la salud y los feminismos alertan sobre esto. “Necesitamos que no sea sólo una disposición ministerial”, dice Marta María Ramírez. Y desarrolla: “Con una ley, venga quien venga tiene que respetarlo, además de que se podría echar mano si un médico se niega, o con el tema del método, o respecto de la educación sexual, que hoy en día es muy biologicista”. Para Ailynn Torres Santana es urgente “blindar el derecho”, que no sea una norma de menor jerarquía y que sea una garantía de derecho sólida, no sólo de cara a la práctica y su ejecución, sino también frente a la avanzada de los sectores conservadores religiosos y no religiosos que se está dando en todo América Latina y el Caribe.

“Es una medida para aumentar el rango normativo del derecho, atemperarlo con el cambio constitucional y hacerlo ley”, dice. En Cuba, las leyes son aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, a diferencia de otros decretos y normativas que no tienen que ser aceptadas por ella.

Por eso, la promulgación de una ley ayudaría además a profundizar la garantía del derecho. En algunas zonas del país existen conflictos de acceso, ya sea porque son rurales y alejadas o porque hay problemas de transporte. También se han realizado reportes de personas a las que les fue prohibido acompañar a sus parejas, tratos enmarcados en casos de violencia obstétrica y varias violaciones a la ética. Según Marta María Ramírez,se apunta a la “despersonalización del personal médico”. Por otra parte, existen denuncias de que algunxs profesionales buscan dilatar la práctica: Cuba es uno de los países más envejecidos y con menos tasa de natalidad de la región. El Estado intenta impulsar el recambio generacional e incremento de maternidad. Pero, sobre todo, aunque Cuba es un país laico, el avance religioso se empieza a colar en las salas de hospitales entre los y las médicas, y eso se traduce –a pesar de que implique un incumplimiento del mandato constitucional- en prácticas de dilación y estigmatización.

Torres Santana problematiza: también hay un conflicto situado. Si bien el país tiene tasas de natalidad y fecundidad bajas, en lxs adolescentes el número es comparativamente alto. “Esto y las tasas de IVE tienen relación con problemas en la educación sexual integral. Si bien existe un programa nacional, los resultados no están ni cerca de los deseables y la consecuencia es ésta”. Marta María Ramírez coincide en que hubo una “mala estrategia de educación sexual con grandes lagunas”. También siempre es necesario tener en cuenta la crisis económica que atraviesa la isla.

En Cuba existe por ejemplo una “crisis de condones recurrente”. “Son de mala calidad y escasean por temporadas. Y el resto de los métodos a veces son complicados o no todas los quieren por sus contraindicaciones”, explica.

Aborto la novela nacional, antiderechos y la marea verde

Este año la pandemia hizo que las familias cubanas volvieran a reunirse en frente del televisor para ver la novela nacional “El rostro de los días”. En ella Lía, una adolescente de 14 años, es violada y embarazada por el novio de su madre. Durante varios capítulos se especula sobre ello y finalmente la joven decide realizarse un aborto. A pesar de que el derecho está garantizado desde hace más de medio siglo en el país, la polémica estalló. Y, aunque la mayoría de los comentarios en redes apoyaba la decisión de Lía (incluso criticando que la novela justificara de manera conservadora la práctica por la violación), muchas voces en contra abogaron por el mal llamado “derecho a la vida”, mostrando la creciente presencia de sectores antiderechos católicos y evangélicos en la isla.

Estos grupos religiosos fueron los principales opositores a la inclusión en la nueva Constitución cubana (2019) de un artículo que abriría la puerta al matrimonio igualitario, discusión que quedó relegada a 2021, cuando se presente mediante plebiscito el nuevo Código de Familia. Sin embargo, la nueva Constitución ya incluye un cambio. Menciona en su artículo 43 la necesidad de que el Estado propicie “el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social”, además de asegurar “el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos” y la protección frente a la violencia de género “en cualquiera de sus manifestaciones y espacios”. Finalmente llama a garantizar la creación de “los mecanismos institucionales y legales para ello”.

Bajo esta modificación, y con el contexto favorable del derecho de su lado, las cubanas también comienzan a luchar por una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“El clima latinoamericano hace pensar en la pertinencia de la legalización de este derecho en Cuba”, agrega Ailynn Torres Santana. Y concluye: “Las luchas en Argentina, la marea verde que se ha desatado en la región, inciden en que se despierten las alertas”.

Latfem


Aborto: qué pasó en la ciudad de México después de la legalización

Por Mariana Carbajal

En la ciudad de México, desde que entró en vigencia en 2007 la ley que reguló la interrupción de embarazo y la legalizó hasta las 12 semanas, se practicaron más de 200 mil procedimientos en el sistema público de salud y no se registró ninguna muerte por un aborto legal. La cantidad de mujeres que recurrieron a esa práctica fue en aumento —como es esperable– hasta llegar a 20.765 usuarias anuales en 2013, pero luego empezó a descender la demanda, como sucede en países que amplían el acceso al aborto voluntario: en 2019 se hicieron 15.173 ILE, lo que marca una reducción de casi un 30 por ciento con respecto a ese pico de seis años atrás. Los datos corresponden a estadísticas oficiales de la Secretaría de Salud de la capital del país. “Cuando se votó la reforma no teníamos una mayoría a favor: solo el 36 por ciento apoyaba el aborto a simple demanda de la mujer. Un año después se repitió la encuesta y había cambiado al 60 por ciento a favor de que fuera la mujer o ella y su pareja quien pudiera decidir. La ley, definitivamente cambia la opinión pública y también el estigma que pesa sobre los prestadores del servicio y las mujeres que abortan”, señaló a Página 12, desde México, la médica gineco-obstetra Raffaela Schiavon Ermani, exfuncionaria en los servicios de Salud en México y desde 2019 integrante de la Comisión Nacional de Bioética.

La reforma fue aprobada el 24 de abril de 2007 por la Asamblea Legislativa de la ciudad de México. Y los servicios de ILE se organizaron rápidamente en una serie de hospitales públicos de la ciudad, que ya tenían experiencia en la atención del aborto por causales –cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o en caso de violación–: el procedimiento lo empezaron a garantizar ginecólogos especializados y en la mayoría de los casos con medicamentos. Luego, contó Schiavon, se implementó la atención también en centros de salud de atención primaria con médicos generalistas; y además, en clínicas privadas de ILE y también como una prestación más en otros centros médicos.

-¿Qué cambió con la reforma legal para las mujeres en la ciudad de México? –le preguntó este diario a Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las ONG que trabajaron arduamente para que el aborto deje de estar penalizado en las primeras 12 semanas en la capital mexicana.

–Hemos logrado pasar de la criminalización y de considerar al aborto como un delito y por lo tanto como una conducta prohibida a identificarlo como un tema que tiene que ver con el ejercicio de los derechos, específicamente el derecho a la salud, a la vida de las mujeres, a su privacidad, y a su proyecto de vida. En estos 13 años que lleva vigente, a la ley se la percibe como un servicio de salud al que las personas gestantes en la ciudad de México tenemos derechos. Y de los más de 200 mil procedimientos que se han realizado en instituciones públicas, no ha habido una sola muerte relacionada con este proceso –destacó Ramos, desde México.

En Estados Unidos y Europa, donde es legal el aborto, se registran 0,6 muertes cada 100 mil abortos en el primer trimestre; en el resto de México las estadísticas oficiales registran 40 muertes cada 100 mil interrupciones de embarazo (al no ser legal la práctica, son inseguras), apunta Schiavon.

Casi 9 de cada diez mujeres que piden una ILE en la ciudad de México llegan a la atención en el sector público dentro de las primeras 9 semanas de gestación, según muestran las estadísticas oficiales. En 8 de cada diez casos, la interrupción del embarazo se realiza con medicamentos, una combinación de misoprostol y mifepristona, como en Uruguay, explicó la médica Schiavon. La atención es gratuita en el sector público, pero no así en el privado. En una clínica de la Fundación Marie Stopes ronda los 2800 pesos mexicanos con medicamentos y 3500 por aspiración manual (AMEU), es decir entre 140 y 175 dólares.

Desde abril de 2007 –cuando entró en vigencia la legislación– y setiembre de 2019 se realizaron 216.473 interrupciones legales de embarazo. Por cada aborto en el sistema público, se estima que se practican 3 en el sector privado, pero no existen estadísticas porque no se les exige el registro, explica María Luisa Sánchez, quien fue directora de GIRE cuando se aprobó la reforma y es consultora en derechos sexuales y reproductivos. También contó que en clínicas privadas se está implementado un sistema de atención de los abortos a distancia o “tele-aborto”. “La mujer se comunica con un profesional de la salud, enfermera, médico o médica. Le hacen la historia clínica como en cualquier consulta médica, revisa su ultrasonido (ecografía) que le es enviado por alguna aplicación, como el WhatsApp, el médico ve que esté dentro de las primeras 10 semanas –que es el plazo con el que se está trabajando en ese caso– y la mujer puede recibir los medicamentos o bien conseguirlos, y tiene un acompañamiento para poder practicarse el aborto. Esperamos que el “teleaborto” pueda ser incorporado dentro del sistema público de atención, dado que con la pandemia se dificulta aún más que las mujeres puedan acudir a cualquier centro de salud, clínica, hospital, sea público o privado”, explicó Sánchez a Página12.

¿Cómo es la legislación en México?

El cambio normativo en la ciudad de México tuvo dos ejes: por un lado, se reformuló la definición jurídica penal del aborto y se estableció que el embarazo comienza cuando el embrión se implanta en el útero y por la evidencia de la ciencia ese proceso se fijó a las 12 semanas. Esa es la principal parte de la reforma. La otra tiene que ver con la modificación de la Ley de Salud de la ciudad por la que se obligó al gobierno local a dar el servicio de interrupción legal de embarazo (ILE) gratuitamente.

“El argumento más fuerte en la discusión jurídica en México fue la justicia social. Sabíamos que las mujeres de sectores económicamente acomodados accedían al aborto en la clandestinidad pero en condiciones seguras, mientras que las mujeres pobres arriesgaban su vida para interrumpir un embarazo”, señaló en aquel momento a Página/12 Leticia Bonifaz, destacada jurista mexicana que tuvo a cargo la defensa de la legislación ante la Suprema Corte de Justicia de su país, cuando se presentaron recursos para que se declare inconstitucional. Bonifaz acaba de ser elegida como integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la ONU durante el periodo 2021-2024, postulada por el gobierno mexicano.

Actualmente la regulación del aborto en todo México, en general, es restrictiva. Cada estado federativo tiene su propio Código Penal con distintos permisos por causales para interrumpir un embarazo de manera legal: la única que se contempla en todo el país es cuando proviene de una violación sexual. Sin embargo, el acceso es precario o nulo, advierte Ramos, de GIRE. La fundadora de GIRE es la antropóloga nacida en Argentina Marta Lamas, una de las mujeres más influyentes de México, quien expuso el martes por la tarde en la audiencia informativa convocada por la plenaria de comisiones que debate el proyecto de IVE en el Senado argentino. El Gobierno mexicano actualmente está impulsando la redacción de un código penal unificado, que incluye la penalización solo en caso de aborto forzado. El 30 por ciento de las mujeres que recurren a una ILE en el sistema público de salud de la ciudad de México proviene de otros estados, precisó Ramos.

En setiembre de 2019 se reformó despenalizó y legalizó el aborto en términos similares que en la ciudad de México en el estado de Oaxaca.

–¿Qué pasó con estigma en torno al aborto? –le preguntó este diario.

–El estigma a partir de la legalización en la ciudad de México ha bajado para las mujeres y quienes requieren de estos servicios de salud. Los efectos que pueda tener sobre la salud emocional no tienen que ver con el procedimiento en sí sino con aquellos marcos legales que lo criminalizan. Hemos visto la evidencia sobre este punto. Las mujeres ya lo dejan de ver como pedir un favor o estar realizando algo malo. En términos sociales hemos visto que ha disminuido el porcentaje de las personas que están absolutamente en contra del aborto -–respondió Ramos.

–Las investigaciones muestran que si la mujer puede hablar de este tema con su familia, con sus redes familiares, el hecho de abortar no tiene impacto emocional sobre ella. El estigma se alimenta cuando hay grupos que siguen hablando de la culpa, que es un crimen o un pecado –señaló Schiavon, que actualmente es consultora independiente en temas de salud sexual y reproductiva.

En la puerta de los hospitales públicos y las clínicas privadas donde se practican la ILE se suelen ubicar grupos “antichoice” que hostigan a las mujeres que quieren interrumpir una gestación y rezan por “las almas que se han perdido”, comentó a este diario María Luisa Sánchez, exdirectora de GIRE. Estacionan camionetas y pretenden engañar, sin éxito, a las mujeres. Les hacen ultrasonido, para convencerlas de su decisión pero las que están convencidas no la cambian, agregó.

–¿Qué pasó con la objeción de conciencia?

–Ha habido personal médico que se declaró objetor de conciencia, pero no están involucrados con el programa ILE del gobierno de la Ciudad y no han sido un obstáculo para el acceso al servicio –dice Ramos.

La despenalización y legalización del aborto en Oaxaca –destacó– “fue parte sin lugar a dudas del movimiento y el impulso que recibimos de la Argentina en 2018 con la marea verde, y en colaboración por supuesto, con organizaciones locales y nacionales que llevamos muchos años empujando este proceso. Todavía, sin embargo, no se ha podido poner en marcha un programa para garantizar los servicios gratuitos. Al mismo tiempo se han presentado proyectos en los estados de Quintana Roo, Michoacán y Puebla”, para avanzar con leyes que amplíen el acceso al aborto.

¿Cómo fue la reforma en la ciudad de México?

1. Se reformuló la definición jurídica penal del aborto. Quedó así: “Aborto es la interrupción del embarazo después de la decimosegunda semana de gestación”. Por lo tanto, el aborto únicamente puede penalizarse a partir de la semana 13 de gestación, de modo que son lícitos aquellos consentidos o procurados dentro de las primeras 12 semanas.

2. Se definió el embarazo, en el Código Penal, como “la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio”. Con esta acepción se refrenda la legalidad de los métodos anticonceptivos poscoitales como la anticoncepción de emergencia.

3. Se redujeron las sanciones para las mujeres que se practican un aborto. Antes la pena era de uno a tres años de prisión y ahora se impone a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consiente en que otro la haga abortar después de las 12 semanas de embarazo, de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad.

4. Para proteger la maternidad libre y voluntaria de las mujeres que fueran obligadas a abortar, se estableció la figura del aborto forzado, definido como “la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada”. La pena para quien realice el aborto forzado es de 5 a 8 años de prisión. Si mediare violencia física o moral, se eleva de 8 a 10 años.

5. Se reformó la Ley de Salud del DF y se señaló que la atención de la salud sexual y reproductiva es de carácter prioritario y que los servicios en esta materia tienen como finalidad la prevención de embarazos no deseados. Se estableció que el gobierno impulsará políticas integrales tendientes a la promoción de la salud sexual, los derechos reproductivos, así como la maternidad y la paternidad responsables.

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