Costa Rica | Comunidad LGBT+ rechaza la implementación de la objeción de conciencia en el empleo público

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Permitir que los empleados públicos aleguen objeción de conciencia para no capacitarse en temas de diversidad sexual y género, es visto como un retroceso en los derechos humanos y una violación a la dignidad de la población sexualmente diversa, según varios representantes de la comunidad LGBT.

Ayer, los diputados de la comisión de gobierno y administración, aprobaron una moción que permitiría a los funcionarios, abstenerse de participar en programas de formación y capacitación “que sean contrarios a sus convicciones religiosas, éticas y morales”.

La propuesta abriría un portillo peligroso en momentos en que la consolidación de los derechos humanos para la población sexualmente diversa es una tarea inconclusa.

“Es una prueba de que los fundamentalistas no descansan en oponerse a los derechos humanos de los grupos que adversan”, dijo Marco Castillo, dirigente de Diversidades LGBT Costa Rica.

La propuesta fue aprobada por legisladores de Nueva República, Unidad, Liberación y otros partidos minoritarios.

“No será obligatorio ir a estos procesos internos de las instituciones cuando estos vayan en contra de sus creencias religiosas, la ética y la moral. Un gran paso en aras de la justicia social”, dijo Jonathan Prendas, diputado de Nueva República.

Anteriormente, ese mismo partido había presentado un proyecto para que cualquier funcionario se pudiera acoger a su objeción de conciencia, en caso de que fuera obligado a realizar un acto administrativo de la función pública que violentara sus convicciones religiosas, éticas y morales.

Sin embargo, la iniciativa no ha prosperado.

El proyecto de empleo público pretende establecer un mismo salario para todos los funcionarios.

La idea es ordenar los diversos regímenes de salarios y reducir el gasto en remuneraciones.

El 50% de los ingresos que recauda el Ministerio de Hacienda se utilizan para pagar el salario de los empleados públicos todos los años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o Club de los Países Ricos.

Este gasto implica que Costa Rica es el país que más dinero invierte porcentualmente en la OCDE para pagar a su aparato estatal.

Esto, porque en el conocido Club de los Países Ricos, el promedio es de un 25%.

El dato cobra relevancia en momentos en que la Asamblea Legislativa tramita una reforma al empleo público, que promete ahorrarle al país unos ¢300 mil millones al año.

La objeción de conciencia en el empleo público preocupa a los representantes de la comunidad sexualmente diversa.

MARCO CASTILLO

Dirigente
Diversidades LGBT Costa Rica

Es una prueba de que los fundamentalistas no descansan en oponerse a los derechos humanos de los grupos que adversan. Como su proyecto de objeción de conciencia no avanza, entonces aprovechan a tratar de meter mociones en otras leyes, como la ley de empleo público. ¿Qué tiene de malo que un empleado público asista a un taller de derechos humanos? Se trata de una idea que afecta la dignidad de los seres humanos.

GIOVANNY DELGADO

Representante
Movimiento Diversidad

Se trata de un tema delicado, ya que se abre un portillo peligroso. Por ejemplo, supongamos que un médico de determinado grupo religioso se niegue a hacer transfusiones alegando objeción de conciencia. A nivel administrativo el problema es más grave todavía.

La República

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