Ecuador | El Congreso aprueba pedir la destitución y enjuiciar al ministro de Salud por el mal manejo del plan de vacunación

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Asamblea pide la destitución del ministro de Salud e inicio del juicio político

Por Patricio Peralta

Con 121 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el pedido de destitución del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, y el inicio del trámite para el juicio político por las denuncias al mal manejo del plan de vacunación contra el COVID-19.

“Lamentablemente las denuncias de las vacunas se suman a una serie de hechos de un manejo desacertado de la política pública de esta grave pandemia que atraviesa el país”, agregó Doris Soliz, quien presentó la moción junto a Rodrigo Collaguazo.

En la sesión de este 26 de enero de 2021, el Pleno Legislativo se alistaba a debatir sobre las objeciones a las reformas a la Ley de Comunicación y a la Ley de Movilidad Humana, pero cuatro legisladores pidieron un cambio del orden del día para pedir respuestas al ministro sobre las irregularidades en los primeros días de la aplicación de las dosis.

«El ministro le debe explicaciones al país sobre el plan de vacunación porque es información pública» , reiteró Soliz.

“El país está indignado que se esté planteando el no querer informar a quiénes se ha vacunado. El país ya no aguanta más tiempo y la Asamblea tiene que dar una respuesta”, enfatizó Collaguazo.

Tras la aprobación del cambio del orden del día, para analizar esta moción, inició el debate legislativo. Luego de más de 23 intervenciones, la mayoría rechazó el manejo del plan de vacunación y apoyó el inicio de un enjuiciamiento político contra Zevallos por incumplimiento de sus funciones.

El asambleísta René Caza expresó que “la pésima gestión que cumple el Gobierno y el Ministro de Salud genera dudas e incertidumbre en la población”. Advirtió que, al parecer, existe la intención de dejar al nuevo Gobierno que asuma la inmunización masiva.

Elizabeth Cabezas insistió en la importancia de fiscalizar rigurosamente el plan de vacunación para evitar irregularidades como las que se han presentado este momento.

Esteban Albornoz calificó de vergonzoso lo que ocurre con la aplicación de las vacunas, al estar en juego la vida de los ecuatorianos. Por su parte, Carlos Bergman destacó la importancia de la comparecencia del ministro para que responda de manera pronta las inquietudes sobre el plan de vacunación.

El pedido de destitución, aprobado por la Asamblea, se une al que hizo el defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Mientras que el Gobierno, según la secretaría de comunicación, Caridad Vela, respalda la gestión del ministro al 100%.

En la resolución también se aprobó pedir a la Fiscalía General del Estado que inicie la investigación de oficio de las denuncias fundamentadas de irregularidades en el manejo de medicamentos, vacunas y demás hechos relacionados.

Pichincha Comunicaciones


El Defensor del Pueblo pide la destitución del Ministro de Salud por ‘conflicto de intereses’

Freddy Carrión, defensor del Pueblo del Ecuador solicitó este lunes, 25 de enero del 2021, al presidente Lenín Moreno la “remoción o sustitución del Ministro de Salud por conflicto de intereses y falta de transparencia en la gestión pública respecto de la distribución y entrega de vacunas contra la covid-19”.

El Defensor del Pueblo de Ecuador, en el oficio dirigido al presidente Moreno indica que la entidad ha recibido una serie de denuncias sobre la irregularidad y falta de transparencia en los procesos de asignación y distribución de las primeras 8 000 dosis de vacunas contra el covid-19, que “no han respetado el protocolo de priorización que exige el país en estos momentos de incremento del contagio y de muertes debido a esta pandemia”.

En el mismo oficio se escribe que la Institución Nacional de Derechos Humanos solicita al presidente Lenín Moreno que se proceda a la “destitución” de Juan Carlos Zevallos y “en su lugar se designe a una persona con experiencia y capacidad técnica, que garantice a la ciudadanía la conducción efectiva de un área tan sensible”.

“Es lamentable que toda la gestión del Ministro de Salud se caracterice por una permanente falta de transparencia y limitaciones para el acceso a la información respecto a diferentes temas como la contratación de equipos e insumos médicos o la presentación de información respecto al alcance, impacto y consecuencias de la pandemia en el país”, se escribió en el oficio dirigido el presidente Moreno.

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El titular de la Defensoría del Pueblo, la tarde de este lunes 25, dijo en entrevista para Tiempo Real que “en el caso específico de los carné de personas con discapacidad adulterados le he requerido formalmente que me entregue la información, nunca lo hizo, a tal punto que llegué a presentar una acción de acceso a la información pública, el juez me concedió la acción, declaró vulnerado el derecho a la información pública y obligó al Ministro de Salud Pública a entregar toda la información que la Defensoría del Pueblo le ha exigido. Lamentablemente, y este es el problema al que nos enfrentamos, hay una resolución judicial y el Ministro se sigue negando a entregar la información o la entrega de manera incompleta (…) de esa manera qué es lo que hemos activado, presentando una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por desacato o lo que se llama actualmente la figura penal incumplimiento de decisiones de autoridad legítima del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal”.

En el mismo tema sostuvo que “he solicitado de parte del juez, la medida, la declaratoria de incumplimiento de la resolución judicial, para de esa manera, sea la Corte Constitucional, que es el órgano competente, que proceda a la destitución de este funcionario que ha incumplido con sus funciones, porque lamentablemente, y, hay que decirlo así, que el Presidente de la República destituya a este funcionario o que lo remueva por incumplimiento de funciones y falta de transparencia”, en referencia al ministro Juan Carlos Zevallos, dijo el titular de la Defensoría del Pueblo durante una entrevista para Tiempo Real., en referencia al ministro Juan Carlos Zevallos, dijo el titular de la Defensoría del Pueblo.

Carrión agregó que con el plan de vacunación existe causales suficientes para la destitución del Ministro de Salud, “inclusive, para que la propia asamblea llame a un juicio político y lo destituya”, acotó el funcionario.

El titular de la Defensoría del Pueblo dijo que el Ministro no puede negarse a entregar información pública, salvo por excepción de información previamente calificada como reservada, confidencial. “A la Defensoría del Pueblo no le puede negar esa información”, sostuvo.

El Defensor del Pueblo dice que es impugnable el plan de vacunación que aplica el Ministro de Salud en el país, en referencia a la vacunación en la residencia Rivera del Río, donde, afirmó, están familiares del ministro Juan Carlos Zevallos

“8 000 vacunas, insisto, sumamente insuficientes, y de esas 8 000 dosis que son destinadas para 4 000 se haya priorizado para personal que no está dentro de la línea de atención de salud, que no son médicos intensivistas emergenciólogos, que están en las unidades de cuidados intensivos, que están en el tema de la hospitalización o en las unidades de triaje, sino que son personal administrativo o como esta directora de comunicación, que hay que también averiguar quién le autorizó para que le pongan la vacuna, por que sola no se la puso, o, lo propio en el caso de Ministro del Salud, que eso es la denuncia más importante”, dijo durante la entrevista.

“Un Ministro de Salud que se la aplica él mismo a nombre de los médicos o en honor de los médicos que sí están jugándose la vida, muchos de ellos han fallecido víctimas de covid-19, y ahora nos enteramos, dada la propia difusión y denuncias de los medios de comunicación y redes sociales que ha sido familiares del propio Ministro de Salud esta residencia Rivera del Río, apartamentos suites señor para adultos mayores, en donde están algunos familiares del señor Ministro de Salud”.

Carrión indicó que “aprovechando su situación de privilegio, de ocupar un cargo público como Ministro de Salud, de ser la autoridad que está permitiendo, que esta disponiendo la distribución bajo este plan de vacunación y aprovechándose de recursos públicos de estas vacunas que deben ir o deberían ir destinadas al personal médico en primera línea de atención al público y no hacerlo de está manera, y permitir que sea, ni siquiera es un centro geriátrico, si no como el nombre mismo lo indica apartamentos de suites señor, de adultos mayores, en donde están sus familiares, es por lo menos completamente impugnable, impugnable desde el punto de vista moral, pero también desde el punto de vista legal. Esto no se puede permitir”.

En el mismo tema, el Defensor dijo que se trata de un delito. “Un delito inclusive de peculado, cuando yo utilizo recursos del Estado para provecho propio o de terceros familiares, amigos o lo que sea, por una expresa disposición de un funcionario público. Esto es muy grave”, acotó.

“Me da la impresión que hay ciertos funcionarios que se creen que están sobre la ley, de que ellos pueden hacer y deshacer como si esto fuera su hacienda y aquí no hay una autoridad que los ponga en orden, que les obligue a acatar la ley, que les obligue a ser éticos con el ejemplo”, sostuvo Carrión.

El anuncio de que una brigada de vacunadores del Hospital Pablo Arturo Suárez se trasladó con dosis contra covid-19 al Centro Geriátrico del Hospital de los Valles, el sábado 23 de enero del 2021, generó críticas en redes sociales como Twitter.

La noche de ayer, domingo 24 de enero, a través de mensajes telefónicos, el ministro Juan Carlos Zevallos respondió a EL COMERCIO: “Las vacunas están asignadas por ciudad. En el Hospital de los Valles y en su centro gerontológico se utilizaron las brigadas (de vacunadores) del Hospital Pablo Arturo Suárez, no las vacunas asignadas”.

Al consultarle sobre si es real que él tiene un familiar en el centro gerontológico del Hospital de los Valles. ¿Es real eso? “No solo un familiar, varios familiares”, contestó. También que “el personal de salud y residentes gerontológicos de todo el país tiene derecho a ser vacunados, no solo los públicos. La próxima semana iremos al Hospital Metropolitano y también a la Clínica Colonial. En febrero 3 y 4 iremos al gerontológico del Municipio, en Conocoto”.

El Comercio


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