El trabajo jornalero agrícola: sus condiciones de precariedad en México y experiencias en la región latinoamericana para mejorar su acceso a la seguridad social – Por J. R. Joel Flores Mariscal

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El trabajo jornalero agrícola: sus condiciones de precariedad en México y experiencias en la región latinoamericana para mejorar su acceso a la seguridad social

Por J. R. Joel Flores Mariscal *

La expansión de la seguridad social es uno de los principales retos de los países del continente americano. Incluso Estados Unidos y Canadá tienen todavía temas pendientes y problemas por resolver en ese rubro. Los mecanismos para su financiamiento, su máximo alcance y estabilidad han sido los temas de interés de los funcionarios de seguridad social de los países miembros de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), desde su fundación en 1946. En América Latina, la construcción de sistemas de seguridad social con la cobertura y las prestaciones necesarias para garantizar la protección de los ciudadanos fue una demanda social y una aspiración central de sus Estados durante todo el siglo XX. Al ser un problema de larga data, también se ha discutido y explorado por cada país y en los foros de organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la CISS.

En general, durante la segunda mitad del siglo XX, hubo esfuerzos en América Latina para procurar el acceso a esquemas de seguridad de los trabajadores formales y proveer de servicios sanitarios públicos a algunos grupos vulnerables y población no asegurada. Sin embargo, durante las décadas de 1980 y 1990, con las crisis económicas y políticas regionales, además de las subsecuentes políticas de ajuste financiero, en especial en los países de mayor tamaño, como Brasil, Argentina y México, muchos de los avances logrados en la cobertura de seguridad social se debilita ron o fueron privatizados, como las pensiones, o se introdujeron en esquemas de subrogación de servicios, que a la larga mostraron ser onerosos e ineficientes. En otros casos, simplemente se limitó la posibilidad de expansión de la cobertura pública hacia sectores sociales tradicionalmente desprotegidos, como las empleadas domésticas, los jornaleros y otros trabajadores informales o eventuales.

En los últimos lustros, varios países de la región intentaron de nuevo expandir sus políticas de bienestar social y algunos de sus esquemas de seguridad social. En el caso de México, desde 2018 se han hecho esfuerzos de cobertura universal en materia de seguridad social, como la pensión universal no contributiva a adultos mayores o la creación del Instituto de Salud para el Bien-estar, que brinda cobertura de servicios médicos a personas no aseguradas por su adscripción laboral.

Desde 2019, la CISS relanzó un programa de trabajo de investigación y discusión internacional sobre opciones para la expansión de los sistemas de seguridad social en la región latinoamericana bajo la premisa básica de que la seguridad social no debe depender de la condición laboral de las personas porque es un derecho humano que debe ser garantizado por los Estados.1 Al mismo tiempo, se reconoce la compleja realidad de las naciones, de manera que cuando se hagan propuestas de reforma que amplíen la cobertura y alcance de la seguridad social no sólo se procure atender a sectores históricamente desprotegidos, sino que se busque que sean factibles y eficaces en el marco de los alcances y límites fiscales de los países.

Los cuadernos de investigación de la CISS buscan establecer premisas teóricas y metodológicas, conducir estudios de caso que favorezcan el debate, y presentar propuestas específicas para la mejora y expansión de los sistemas de seguridad social de la región. En ese sentido, la presente investigación se interesa en el trabajo asalariado agrícola eventual, conocido como jornalero, para explicar las causas estructurales de su precariedad en el país y explorar algunas experiencias regionales con la finalidad de identificar alternativas y proponer esquemas para su incorporación a la seguridad social.

En México, alrededor de 2.5 millones de personas están empleadas en el sector agropecuario para realizar los procesos de cultivo y cosecha de frutas y verduras.2 A lo largo de la historia, esos trabajadores han tenido problemas de acceso a la seguridad social porque sus empleadores no los registran ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no respetan sus derechos laborales, como brindarles contrato laboral escrito, las horas máximas de trabajo permitidas por la norma, pagarles tiempo extra o darles equipos y entrenamiento adecuados, entre otros. Además de esta situación, parte de estos trabajadores son inmigrantes originarios de zonas de alta marginación en el país. Por encontrarse fuera de sus localidades, enfrentan mayor vulnerabilidad ante el abuso eventual de intermediarios y empleadores, a lo que se suma la falta de alojamiento adecuado para ellos y sus familias.

La presente investigación analiza este problema y busca identificar los factores estructurales que causan los problemas descritos. Se pretende esbozar propuestas factibles para que mejore la condición de este grupo de trabajadores, a partir de tres

premisas: 1) que el acceso a la seguridad social y a una vida digna es un derecho humano que deben garantizar los Estados; 2) que el trabajo de las personas jornaleras es arduo y contribuye a la economía, además de que es fundamental para la provisión de alimentos para el país, y 3) que la condición de precariedad de esta ocupación es una inercia histórica institucionalizada en la que convergen, por un lado, una tradición económica y política de origen colonial que asume e incluso fomenta el máximo abaratamiento de los costos de los procesos productivos en los que se recurre a mano de obra intensiva estacional, y por el otro, la condición de vulnerabilidad y exclusión aguda de las poblaciones de origen de los trabajadores jornaleros, que los obliga a tomar empleos con salarios bajos y alta precariedad.

La descripción de las condiciones de trabajo de las personas jornaleras ha sido bien descrita y documentada desde hace décadas en múltiples estudios académicos y reportes de organismos internacionales y nacionales. Trabajos emitidos por instancias gubernamentales en México reconocen el conocimiento que el Estado mexicano tiene del problema. Recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México presentó una recomendación general al poder ejecutivo federal, porque las condiciones de trabajo de los jornaleros constituyen omisiones graves de las responsabilidades institucionales de varias dependencias.3

El objetivo principal de este trabajo no es repetir esas descripciones y denuncias, sino presentar un panorama general de la

situación en México, Argentina, Costa Rica, Chile y Uruguay con la finalidad de identificar experiencias de utilidad para proponer políticas que favorezcan la incorporación de las personas jornaleras a la seguridad social.

El trabajo se desarrolla en tres secciones. Primero se exploran las definiciones básicas en torno a las personas jornaleras, las características de su trabajo y los problemas y riesgos sociales que enfrentan en México. Después se examina la situación de la incorporación a la seguridad social de las y los trabajadores jornaleros de otros cuatro países latinoamericanos de habla hispana con indicadores de cobertura en seguridad social más altos. Por último, se presentan recomendaciones para mejorar la incorporación de las y los jornaleros a la seguridad social en México.

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Notas

1 – Mariela Sánchez-Belmont, Miguel Ángel Ramírez Villela y Frida Romero Suárez, Pro-puesta conceptual para el análisis de la seguridad social desde la ciss, ciss, Ciudad de Mé-xico, 2019; José Luis Belmont y María de Lourdes Parra, Derecho humano a la seguridad social, cndh, Ciudad de México, 2017.

2 – inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, inegi, Ciudad de México, 2019.

3 – cndh, “Recomendación general 36/2019. Sobre la situación de la población jornalera agrícola en México”, 20 de mayo de 2019

* Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maestro en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencias Políticas y Sociales también por la UNAM. Tuvo la distinción a la trayectoria académica PRODEP (2018) y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT-México (2019-2021).


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