Colombia | Entre 2002 y 2008 hubo más de 6400 falsos positivos según informe de la Jurisdicción Especial para la Paz

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Falsos positivos en Colombia no fueron 2.248 sino 6.402: JEP

Conocimos las 38 páginas del Auto de priorización interna de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el Caso 03 que formalmente se llama “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, conocido como los “falsos positivos”.

El 17 de julio del año 2018 cuando el Tribunal de Paz recibió el expediente por parte de la Fiscalía General de la Nación, se reportaron 2.248 víctimas de falsos positivos en Colombia, entre 1988 y 2014.

Pero dos años largos de Investigación de la JEP, este tribunal, después de contrastar toda la información de este macro-caso tiene su propia cifra y es que son 6.402 las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales, es decir 4.154 víctimas de las inicialmente reportadas. Además, esos crímenes ocurrieron en menos tiempo, entre los años 2002 y 2008, que son los primeros seis años del periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

¿Cómo llegó la JEP a determinar esta cifra?

Al recibir el caso se contrastó toda la información recibida en los informes presentados por organizaciones de víctimas y también las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio, el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Todas difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP. En lo único que coinciden las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales es que identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica.

¿La fase de investigación en qué lugares del país se concentra?

En el documento de 38 páginas que conocimos en Primicia hay seis territorios de Colombia que los catalogan como críticos en temas de falsos positivos y por esa razón fueron priorizados por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Son: Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.

Antioquia

Registró el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008. El año de mayor victimización en esa la región fue 2004. La IV Brigada de Ejército, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013.

La Costa Caribe

El 7,3% del universo de víctimas para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, se encuentra en el departamento del Cesar, el tercero con mayor nivel de victimización en el país.

La Guajira reporta el noveno lugar con 90 muertes, equivalentes a un 4%. La Sala priorizará en un primer momento la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, que corresponderían a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”.

Norte de Santander

Ocupa el sexto lugar a nivel nacional. El 82% de las víctimas se concentran entre 1999 y 2008. La mayor cantidad de víctimas reportadas se concentra en El Catatumbo. La Segunda División de Ejército, con jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, se encuentra dentro de las cuatro divisiones del Ejército Nacional que concentrarían cerca del 60% de los casos de falsos positivos.

La Quinta División del Ejército tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. De esa zona se encontró que en el Huila hubo un incremento sustancial de casos presentados ilegalmente como bajas en combate entre 2005 y 2008. De un total de 327 muertes reportadas, la mayoría se concentraron en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente, seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas.

Casanare

La Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto. Con el análisis de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate se registraron 12 por cada 100.000 habitantes, para el periodo entre 2002 y 2008.

En esta zona la JEP priorizará la investigación por hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 que correspondieron a falsos positivos que habrían sido cometidos por miembros de la Brigada XVI.

El auto de priorización de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el caso 03 conocido como el de los falsos positivos. Dice que el 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos.

Están por años entre 2002 y 2008. Antioquia en el año 2002 fueron reportadas 147 víctimas, para 2004 reportaba 303; en 2005: 290; 2006: 284, en 2007: 297 y en 2008: 140.

Meta: pasó en 2002 de 34 víctimas de falsos positivos a reportar como bajas en combate 104 en el año 2006.

Caquetá: 2002: 25 y en el año 2006: 86.

Cesar: para el año 2002 43, 2007: 90

Norte de Santander: 17 víctimas en 2002 a 99 en 2007.

Tolima: 19 en 2002 a 70 en 2008

Huila: En el año 2002, 6 víctimas, en el año 2007, 106 muertes presentadas como bajas en combate, cuando en realidad eran falsos positivos.

Casanare: 2 en 2002 y 95 en 2007

La Guajira: 11 en 2002 a 78 en 2006

Cauca: 5 en 2002 a 61 en 2007.

¿Cuáles son los pasos a seguir con esta priorización que hace del caso la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz?

La JEP decidió, dentro de la estrategia de investigación del Caso 03, que “se hará de abajo hacia arriba”. Con estos 6 sub-casos buscará esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad.

En la segunda fase de la investigación del Caso 03, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo.

¿Cómo se buscarán las responsabilidades?

Con esos hallazgos la imputación de cargos y responsabilidades por los llamados falsos positivos, se iniciará por los mandos medios, es decir por los que habrían ejecutado, estos delitos, de presentar campesinos como guerrilleros muertos en combate, para dar resultados operacionales, luego se pasarán a los altos mandos militares, que serían los que habrían ordenaron estas ejecuciones extrajudiciales.

Este macro-caso hace parte de los siete que esta justicia especial les ha dado apertura. Como el caso 01, de secuestros de las Farc, del que ya imputaron cargos.

Estos macro-casos son las grandes investigaciones del Tribunal de Paz, y como hicieron con el caso 01 que paso de llamarse “retención ilegal de personas por parte de las Farc” a “Toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad” y en el cual a los exFarc se les imputaron los máximos delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, en este caso 03 llamado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, al momento de la imputación se le podría cambiar de nombre y allí los responsables serían los miembros de la Fuerza Pública.

Los cinco magistrados que firman esta decisión judicial dan un término de 15 días hábiles para la presentación de observaciones escritas por parte de los representantes de las víctimas acreditadas en el marco del Caso 03 y del Ministerio Público frente al contenido de las 38 páginas. También notificar el contenido de la providencia a los sujetos procesales e intervinientes especiales reconocidos en el marco del Caso 03.

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Caracol


Los hallazgos clave del informe de la JEP sobre ‘falsos positivos’

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Termnación de hechos y conductas anunció la forma como va a investigar los casos de ‘falsos positivos’ registrados en el país.​

En un documento de 38 páginas señala que la Sala investigará de “abajo hacia arriba en la determinación de lo ocurrido y de las responsabilidades individuales”.

Así las cosas, primero intentarán llegar a los partícipes determinantes y responsables a nivel regional y local y luego “con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a otros niveles de escala territorial y nacional”.

Añade la Sala que esa priorización se aplicará de tal manera que no vulnere los derechos de las víctimas y que ellas se podrán pronunciar sobre los supuestos de priorización de la investigación.

En el auto la JEP señala que llega a una cifra inicial de 6.402 víctimas entre 2002 a 2008, luego de contrastar la información recibida, los nuevos hechos identificados a raíz de las versiones voluntarias y los datos provenientes de la Justicia Penal Militar.

El documento examina el comportamiento de las ejecuciones extrajudiciales con el paso del tiempo y señala que el periodo de 2000 a 2008 como el de mayor registro de víctimas, durante este periodo se registra el 78% del total de los casos.

Así mismo se evidencia el incremento de la victimización a partir del 2001 hasta el año 2007. Mientras que en 2001 se registraban 74 víctimas, en 2002 este número aumentó a 473, este último número es equivalente a más de seis veces lo reportado en el año inmediatamente anterior. Todos los informes recogidos señalan que el 2007 fue el de mayor ocurrencia de este tipo de hechos.

Aunque se registraron casos de ‘falsos positivos’ en casi todo el país el mayor número de hechos se dio en Antioquia, seguido por Meta, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y Cauca.

En estos 10 departamentos se registró el 66 por ciento del total nacional de víctimas del periodo de 2002 a 2008.

El informe señala que ocho divisiones del Ejército Nacional, Primera, Segunda, Cuarta y Séptima, concentran cerca del 60% de los casos. Dos de ellas, la primera y la séptima, corresponden a unidades con jurisdicción en el departamento de Antioquia.

Así mismo se identificaron los batallones a nivel nacional por cantidad de casos investigados. En los diez primeros puestos de este listado aparecen cuatro batallones con jurisdicción en municipios de Antioquia, los cuales son el Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” (Bajes), Batallón de Infantería No.10 “Coronel Atanasio Girardot” (Bigir), Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 “General Pedro Nel Ospina” (Biosp) y el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles (Birif), de la Primera y Séptima División.

La IV Brigada podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento de Antioquia entre los años 2000 y 2013. En el periodo 2002-2007 se concentran los mayores niveles de victimización y en los años 2003, 2004 y 2005 se observa una mayor participación de la unidad militar en el total de víctimas identificadas en todo el departamento.

Ante esa situación la Sala decidió priorizar los hechos registrados entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el Oriente Antioqueño que correspondieron a muertes presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 4, “Coronel Jorge Eduardo Sánchez, del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 “Juan del Corral”; la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, el Batallón de Infantería No. 32 “General Pedro Justo Berrío””; el Batallón de Infantería No. 10 “Coronel Atanasio Girardot”; y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 “General Pedro Nel Ospina””.

Así mismo se priorizó el caso de Dabeiba. A la fecha 15 miembros de la fuerza pública, de distintos rangos, incluidos Comandantes de Batallón y Brigada, han rendido sus versiones voluntarias por los hechos relacionados con el Cementerio Católico Las Mercedes. “La mayoría de ellos jamás habían sido investigados por la justicia ordinaria, algunos siguen activos en el Ejército y una buena parte de los versionados reconocieron responsabilidad y participación en la comisión de crímenes nunca antes judicializados”, señaló la JEP en su informe.

Hechos en la Costa Caribe

Otro de los casos priorizados es el de Cesar y La Guajira. Allí se evidenció que la primera División del Ejército, entre los años 2002 y 2005, presentó el mayor número de muertes cuestionadas a nivel nacional, según lo expuesto por la Fiscalía General. La mayor parte de esas muertes se concentraron en el norte del Cesar, jurisdicción del Batallón de Artillería No 2 “La Popa” y el sur de La Guajira, jurisdicción del Grupo Mecanizado Juan José Rondón.

El departamento del Cesar reporta el tercer lugar de incidencia en la victimización del país, con un 7,7% de los casos analizados por la Fiscalía en su informe (correspondiente a 173 bajas cuestionadas) y La Guajira el noveno con 90 muertes cuestionadas, equivalentes a un 4%. Así, la Primera División registró el 15% de las bajas cuestionadas analizadas a nivel nacional.

En Norte de Santander se reportaron 420 víctimas en el período 1985-2016. El 82% de las víctimas del departamento se concentran en el periodo comprendido entre los años 1999 y 2008. Además se evidenció que los años 2007 (26%) y 2008 (17%) concentran la mayor cantidad de víctimas, la mayoría de ellas en el Catatumbo. La Segunda División, con jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, se encuentra dentro las cuatro divisiones del Ejército Nacional, que concentran cerca del 60% de los casos.

En el Huila se ubicó a la Quinta División del Ejército, que tiene injerencia sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila como la que registró un incremento sustancial de casos entre 2005 y 2008. Según la información suministrada por la Fiscalía la mayoría de los casos, 267, se concentraron en los departamentos del Tolima y el Huila.

La mayoría de hechos se concentraron en el sur y el centro del Departamento, particularmente, en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26.9% del total de las muertes; seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas, es decir el 13.1% del total presentado.

El Tiempo


Falsos positivos reportados ante la JEP serían más de 6.402: ONG

Mientras la Fiscalía General de la Nación tiene en sus reportes oficiales que, entre 1988 y 2014, en Colombia se presentaron 2.248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que, sólo entre 2002 y 2008, se habrían registrado, por lo menos, 6.402 víctimas. Aunque la cifra es reveladora, las organizaciones sociales que han entregado bases datos al Tribunal de Paz aseguran que podría aumentar si se contemplan otros periodos del conflicto armado y si más militares sometidos cuentan otros crímenes.

Aunque los “falsos positivos” datan desde la década de los ochenta y la JEP los está investigando hasta 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, la Sala de Reconocimiento anunció que le va a dar prioridad al periodo de 2002 y 2008, justo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, debido a que en ese momento se presentó el 78 % de los casos.

Según la JEP, en ese lapso de seis años se habrían presentado 4.154 casos más que no tienen documentados ni la Fiscalía ni el Centro Nacional de Memoria Histórica. Para lograr este consolidado de cifras, la Jurisdicción acudió a los informes, bases de datos, registros e información de diferentes organizaciones, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. A pesar de las discrepancias en las cifras, todas las entidades y organizaciones coinciden con que el periodo de 2002 y 2008 fue el más crítico para este fenómeno.

Si bien esta es la primera vez que una entidad gubernamental presenta un consolidado de cifras de esta magnitud, para los abogados que representan a víctimas de este delito, no es una sorpresa toparse con ese número de casos. “La magnitud y cantidad de cifras ya habías sido expuesto años previos en informes de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, por lo tanto, ese reconocimiento es importante como una confirmación de los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en la investigación y consolidación de la información para dar a conocer la magnitud de este fenómeno de criminalidad”, asegura Sebastián Bojacá, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

La JEP fue enfática en que esta no es una cifra absoluta y que apenas este es un avance de los datos consolidados en la investigación del Caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, agrega que las organizaciones civiles tienen una base de datos de más de 6.000 víctimas, pero el subregistro podría estar concentrado, por ejemplo, en los casos de excombatientes de las Farc que, luego de su desmovilización y de acogerse a planes del Gobierno, “fueron puestos en condición de inferioridad y, siendo civiles, se dio su ejecución”. El abogado explica que pocos casos con estas características han salido a la luz pública.

En un comunicado, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, plataforma de derechos humanos que agrupa a 285 organizaciones sociales, explica que también hay un subregistro de casos que están en poder de la Justicia Penal Militar y que no han sido reportados como ejecuciones extrajudiciales: “Lo que ha evitado que sean investigados y que las víctimas sean ubicadas, identificadas y entregadas a sus familias. Recordemos que, en numerosos casos, la práctica de ejecuciones extrajudiciales estuvo asociada al delito de la desaparición forzada, y muchos de estos cuerpos aún se encuentran inhumados como no identificados en cientos de cementerios del país”.

En ese sentido, manifiestan su preocupación por los casos de ejecuciones extrajudiciales que todavía está investigando la Fiscalía. “También ha habido omisión de investigación en los casos que no se han considerado delito, en tanto las muertes fueron reportadas como bajas en combate por parte de la Jurisdicción Penal Militar”.

Daniela Stefanía Rodríguez, abogada coordinadora del área de Justicia Transicional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), afirma que, aunque celebran el auto de la Jurisdicción, no deja de llamarles la atención a ella y otros abogados y defensores de derechos humanos la abismal diferencia de número de víctimas en los registros entre las organizaciones y la Fiscalía en su Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF). Para Rodríguez, “esto confirma la inoperatividad de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer hechos que involucran la responsabilidad de agentes del Estado”, pues según los datos revelados en la mañana de este jueves, sólo se había aportado información sobre cerca de un tercio del total.

Según la jurista, este ejercicio de contraste de datos permite llegar a un análisis más profundo y es que, de acuerdo a su experiencia, “la Fiscalía desestimó las denuncias de madres, hermanas, compañeras, que alertaban sobre la desaparición de sus seres queridos y su posterior presentación como resultados operacionales”. De igual forma, agrega Rodríguez, no dio trámite a las investigaciones y a la fecha en algunos casos se niega a continuar con los procedimientos iniciados bajo el amparo de la existencia de la JEP, aún cuando este organismo le ha insistido en la necesidad de continuar con ellos, en su deber de ser el titular de la acción penal en nuestro país”.

Juan Carlos Ospina, abogado de la CCJ, resalta que esta sea “la cifra global más alta que haya salido de una institución del Estado hasta ahora. Aunque es común que exista un contraste entre información de organizaciones e información estatal, esto demuestra que los “falsos positivos” más allá de un delito y de una cifra exacta, representan el horror”. Ospina advierte, además, que “sin ser esta una cifra completa y definitiva, es mucho más alta que las cifras de víctimas en procesos de países en dictadura y mucho más grave que la violencia en otros países de Latinoamérica”.

Recomendaciones a la JEP

A pesar de que las organizaciones de víctimas y la Procuraduría General de la Nación tendrán 15 días hábiles para presentar sus observaciones sobre el criterio de priorización de la JEP, una de las recomendaciones que hacen desde ya es a que se determinen primero las responsabilidades de los altos mandos militares.

“De no hacerlo, esto representa un peligro para la materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, teniendo en cuenta la temporalidad que rige a la JEP (10 años) y particularmente a la Unidad de Investigación y Acusación, que estaría llamada a investigar a los máximos responsables que no reconozcan su responsabilidad sobre estos hechos. El tiempo se agota”, insiste Stefanía Rodríguez.

El abogado Sebastián Escobar, del Cajar, plantea una salida para ello: “La UIA tiene un plazo máximo de 10 años, y ya han pasado 3 años. Lo idea sería que antes de tener resoluciones de conclusiones ellos pudieran ir investigando a quienes no han manifestado voluntad de aportar a la verdad”.

Escobar también le pide a la JEP que preste especial atención a las denuncias por posibles presiones para que los exmilitares cambien sus testimonios ante este Tribunal de Paz. Esto, después de que el pasado 8 de febrero, dos exmilitares aseguraran que estarían recibiendo presiones para modificar sus versiones sobre el fenómeno de los “falsos positivos”, al parecer, por parte del Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondectec).

Otro de los requerimientos por parte del Cajara es que estas versiones, al igual que las del Caso 07, sobre Reclutamiento de menores de edad por parte de las Farc, sean públicas. “Lo que uno puede ver en las versiones es una falta de compromiso y de reconocimiento cuando se hace la rendición de cuentas de los altos mandos del Ejército. Por eso, quisiéramos que esas versiones fueran abiertas al país”.

Por su parte, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos le sugiere a la JEP que, por la sistematicidad de los casos, estos delitos sean calificados como crímenes de lesa humanidad. Asimismo, buscan que la JEP “despliegue todos sus medios para obtener información relevante sobre la pervivencia de estructuras y doctrinas que en la fuerza pública han permitido la existencia del fenómeno criminal, además del contraste de tal información con las versiones de los victimarios”.

A través del comunicado, las organizaciones de derechos humanos pidieron al alto tribunal que convoquen a una audiencia pública, en la que abogados y víctimas puedan presentar sus observaciones de manera oral y pública, y no de manera escrita y reservada como se ha hecho en otras diligencias judiciales ante la JEP.

El Espectador


Es un nuevo atropello que busca desacreditarme: Uribe sobre informe de la JEP por falsos positivos

En un comunicado, el expresidente Álvaro Uribe respondió al informe de la JEP en el que aseguran que durante su periodo como mandatario fue el momento más crítico en falsos positivos .

El comunicado fue denominado “nuevo atropello de la JEP por falsos positivos” y en él asegura que la Comisión Civil de la Verdad, dirigida por Herbin Hoyos , demostró que no existió el falso positivo de Dabeiba, como lo ha dicho el alto tribunal.

En el escrito, el expresidente entregó un resumen de medidas para garantizar la transparencia de su política de seguridad democrática, que aplicó durante los ocho años de mandato en los que, según la JEP, aumentaron los casos de falsos positivos.

“Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo de alguien dado de baja en combate permaneciera en el lugar, no fuera movido por las FFAA y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía”, dijo.

“Poco antes de la reelección presidencial, en 2006, en Jamundí, se dio el trágico suceso nuevamente entre soldados y policías. El ministro Camilo Ospina, con mi apoyo, hizo el convenio con la Fiscalía para que este ente asumiera el inicio de investigación en cualquier caso de bajas”.

“Me reuní con las madres de Soacha, dije al país lo que las escuché, afirmé que nada justifica el asesinato. Un grupo de madres de Soacha, diferentes a quienes acudieron a la Presidencia, me denunció hace poco ante la Corte Suprema en razón de que en redes repetí lo que había dicho como presidente”, agregó.

Uribe recordó que durante su gobierno aumentaron las capturas de personas presuntamente involucradas en algún delito y asegura que siempre privilegió “la desmovilización y la captura sobre las bajas y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros desmovilizados, sin el costo institucional ni la impunidad total del reciente mal llamado proceso de paz”.

El exmandatario manifestó que la oposición tuvo las mismas garantías y protección que cualquier otro colombiano.

El exjefe de estado sierra su comunicado señalando que: “no hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación y creo ser uno de los colombianos que, como gobernador y presidente, más ha hablado con integrantes de las fuerzas armadas”.

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