Colombia | Ya se registraron 12 masacres en lo que va del 2021

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Doce masacres se han registrado en Colombia en lo corrido del 2021: Indepaz

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz), reveló que con el caso registrado en el municipio de Inzá (Cauca), donde fueron asesinados un padre de familia y sus dos hijos menores de edad, ascendió a doce el número de masacres registradas en los primeros días del 2021.

Según el reporte, durante este 2021 han sido asesinadas 38 personas en estas masacres.

El informe estableció que Antioquia es el departamento en el que más han ocurrido este tipo de crímenes, tras registrar tres hechos hasta la fecha: El 10 de enero se registraron tres homicidios en el municipio de Betania (Antioquia); El 17 de enero fueron asesinadas tres personas en Tarazá (Antioquia); y el 2 de febrero aparecieron los cadáveres de tres personas en Tarazá (Antioquia).

La organización Indepaz advirtió que en lo corrido de este 2021 han sido asesinados 19 líderes sociales en el país.

Estos hechos violentos han ocurrido en Antioquia con seis casos; Valle del Cauca (3), Risaralda (2) y Cauca (1), además de Meta, Casanare, Bogotá, Norte de Santander, Huila, Cesar y Meta, con un caso en cada departamento.

El informe de Indepaz también concluyó que al menos seis excombatientes de las Farc que hicieron parte de la firma de los Acuerdos de Paz han perdido la vida de forma violenta en lo que va de este año.

La alcaldesa del municipio de Inzá (Cauca) Geidy Ortega, se pronunció sobre la masacre que se registró en las últimas horas en esa región, reveló que: “son tres personas de una misma familia. Ellos se estaban hospedando en la casa de un vecino en San Rafael y según información entregada por la comunidad, un grupo entre 12 y 15 personas llegaron con armas y además de dispararles los torturaron”.

Las víctimas fueron identificadas como Octavio Muñoz Salazar de 40 años y sus dos hijos de 15 y 17 años de edad.

RCN Radio



“En Colombia hay un fenómeno de macrocriminalidad”: Camilo González Posso

Desplazamientos forzados en Cáceres, y amenazas y asesinatos en Tarazá, en Antioquia; denuncias de incursiones paramilitares en Tibú y zona rural de Cúcuta, en Norte de Santander, y enfrentamientos entre bandas delincuenciales y reclutamiento de menores en Buenaventura, Valle del Cauca. En solo una semana el país ha vivido una seguidilla de hechos violentos que muestran cómo el conflicto armados se sigue recrudeciendo en zonas en las que los grupos armados ilegales son la ley. Y estos son solo algunos ejemplos.

El panorama general da cuenta de un aumento en casos de masacres y asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc en apenas un mes de lo que va del año, y desde los territorios las comunidades y las organizaciones sociales urgen a las administraciones locales y al Gobierno Nacional a tomar medidas inmediatas para detener la crisis humanitaria que se viene agudizando desde el año pasado.

En diálogo con El Espectador, Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, hace una radiografía de lo que está pasando en el país y habla de la necesidad de caracterizar los patrones de ese fenómeno de violencia para poder dar con soluciones contundentes.

¿Cuáles son las zonas del país en las que actualmente se concentra esta espiral de violencia?

La situación más grave se está presentando en Antioquia, sobre todo en el Bajo Cauca antioqueño; en el Cauca, en la parte del norte tanto Corinto, Totoró, como en el suroccidente, y en la costa Pacífica nariñense. Sigue siendo grave la situación en Putumayo, sur de Córdoba y Catatumbo. Se trata de lugares que desde el año pasado presentan fenómenos de repetición y persistencia de violencia, pues es allí en donde se están disputando territorios y en donde operan todas estas lógicas macrocriminales.

¿A partir de cuándo se ve el crecimiento de estas dinámicas de violencia?

Para nadie es un secreto que los indicadores de violencia comenzaron a disminuir con las negociaciones de paz de La Habana. En 2016 se registró la mínima expresión y luego comenzó a reavivarse particularmente en 150 municipios que han sido de violencia crónica, de disputa por recursos, no solamente por rutas del narcotráfico, sino también por oro, madera, ruta para trata de personas, por tierra, agua, por territorios étnicos. Esa violencia crónica que venía atrás no tuvo una respuesta oportuna en el poscauerdo y allí es donde se están reacomodando muchas de estas organizaciones y disputas. Eso no quiere decir que se limite a los 150 municipios en donde se han registrado los hechos más atroces. Podríamos decir que cerca de 360 municipios están afectados por persistencia de violencias con otras lógicas de recomposición.

¿Se ha vuelto más latente esa violencia en medio de las restricciones de la cuarentena y las medidas por la pandemia?

Con las limitaciones de movilidad que hay en las zonas rurales del país, la población, las juntas comunales y las guardias indígenas han ejercido un control mayor de sus territorios para proteger la salud. Y ese control comunitario ha chocado con los intereses de grupos armados que quieren imponer su propia ley, así como con los intereses de quienes están detrás de recursos, negocios, rentas o plusvalías. Ese control se vuelve incómodo. Por eso son líderes comunitarios, étnicos y ambientales los que están siendo objeto de la agresión.

Viendo el panorama completo, ¿cómo se puede explicar todo esto?

Lo que está pasando demuestra, primero, que no se ha revertido la situación, que no es cierto que aquí todo está con tendencia a mejorar. Segundo, que las políticas que se han estado desarrollando, incluso el Plan de Acción Oportuna que el presidente quiere reencauchar, tampoco han sido eficientes. Tercero, que se requiere una nueva estrategia con una presencia del Estado social, integral, una implementación de los Acuerdos con una seguridad humana para la paz y no una estrategia de seguridad de guerra al narcotráfico en los territorios como elemento articulador de toda la seguridad del Estado.

¿Cuál debería ser entonces el camino del Gobierno para empezar a solucionar el problema?

El Gobierno no ha logrado formular una política pública en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, conjuntamente con otras entidades del Estado y sociedad civil, para el desmantelamiento de organizaciones y prácticas en contra de líderes y defensores de la paz. Tampoco ha progresado en una acción fuerte contra la estigmatización no solamente de líderes y personas en proceso de reincorporación, sino de estigmatización a la paz y a la justicia transicional. Hay un verdadero reclamo de que exista una política integral y el Gobierno tiene es una política fraccionada articulada a una estrategia de guerra, no a una estrategia de transición al posconflicto y a la paz. Ese es el gran problema.

Esa estrategia se ha visto reflejada en aumento de pie de fuerza en muchas zonas ¿ha sido efectivo?

El Gobierno a cada problema de estos responde diciendo que va a aumentar el pie de fuerza, las recompensas y la persecusión a los cabecillas y los llamados objetivos de alto valor. Eso de incremento del pie de fuerza tiene un límite muy grande no solamente por los métodos operacionales sino porque en los territorios lo fundamental es proteger a la población. Lo que tienen que hacer es incorporar a la población, tomarlos como aliados y lo que están haciendo por ejemplo con la erradicación forzada es considerar a los pequeños cultivadores como criminales y objetivos de la acción represiva y no como lo que ellos han manifestado: aliados de una política de legalidad y de sustitución de cultivos. Se han acogido a los programas del gobierno, pero de 300 mil familias solamente a 100 mil le han dado alguna atención, y parcial. Entonces ese es el problema, hay una estrategia militarizada de guerra, todo en relación a la lucha contra el narcotráfico y los instrumentos que se están aplicando son ineficientes, costosos y contrarios a una política desde los derechos humanos.

¿Seguirle apostando a la erradicación forzada podría entonces incluso agudizar la situación en algunas zonas?

La estrategia de erradicación forzada o fumigaciones lo que hace es tensionar mucho más la situación y la población queda en la mitad: en la mitad de los helicópteros , de las compañías de erradicación, de las mafias y los que defienden las rentas y negocios. La población queda atrapada sin que el Estado le ofrezca una acción suficiente de reconversión económica ni tránsito a economías legales, de modo que esa militarización de la guerra tiene resultados contraproducentes.

Casos como el de Buenaventura muestran cómo las bandas locales están llevando la violencia urbana a un nuevo nivel, ¿qué han visto ustedes en terreno?

Esas estructuras son urbano-rurales en la parte armada y los grupos más numerosos como el Clan del Golfo o los Caparrapos articulan y subordinan a pequeños grupos y a bandas urbanas como pasa en Medellín, Quibdó o Buenaventura, pero al mismo tiempo elevan los niveles de armamento entre pandillas y bandas, y las van incorporando en toda la cadena criminal. Pero el tema sicarial es solamente una parte de un complejo macrocriminal, narcoparamilitar que tiene lavadores de activos y todas esas figuras escondidas que son en realidad expresiones de lo que es una estructura macrocriminal y urbano-rural, y que tiene prolongaciones internacionales. No se puede reducir, como hace el Gobierno, a unos grupitos armados y sicariales en territorio. Esto no es un fenómeno de gente armada por allá en la selva, esto es un fenómeno de macrocriminalidad que ha estado en el pasado y ahora forma parte también de unas dinámicas mafiosas que están recomponiendo violencias en Colombia y que se oponen a una transición a la paz y a una sociedad sin armas.

El Espectador

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