Costa Rica | El presidente Alvarado declaró ante el Congreso por supuesta violación de datos ciudadanos

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Los abogados del presidente de la República, Carlos Alvarado, le solicitarán a la Sala IV que declare inconstitucional la comparecencia del mandatario ante los diputados por el caso UPAD.

Roger Guevara, uno de los abogados defensores de Alvarado, aseguró a varios medios de comunicación que Alvarado fue sometido a una «interpelación velada» y no a una comparecencia.

De acuerdo con Guevara, citado por radio Monumental, los informes del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso dejan claro que la manera en que se procedió fue inconstitucional. Además, agregó a esto el hecho de que se calificara la sesión como un juicio político.

El abogado dijo que no consideraron conveniente acudir a la Sala IV antes de la comparecencia, ya que podía malinterpretarse como una evasión a las explicaciones que se estaban solicitando sobre la UPAD.

La defensa legal de Carlos Alvarado también reprochó la filtración de la clave del celular que la Policía Judicial le decomisó al mandatario durante el allanamiento en Casa Presidencial.

Durante el interrogatorio, el diputado Dragos Dolanescu increpó al mandatario por no haber entregado las claves de dos teléfonos celulares a la Fiscalía General, lo que fue rechazo por el mandatario, por lo que el legislador reveló una de las cuatro claves, información contenida en los expedientes secretos del caso.

Tras la sesión, diputados y abogados denunciaron que se ha violado el secreto en que deben permanecer los expedientes y supuestas pruebas por el decreto de creación de la UPAD, posteriormente derogado.

Dolanescu aseveró que el passwoord que él mencionó “es la clave de los olvidadizos” a nivel internacional.

“Si buscan en Google, van a encontrar que es la clave de los olvidadizos, internacionalmente así la conocemos. Como al señor Alvarado se le olvida todo, era una chota de parte mía, sin saber yo que, dentro de las cuatro claves que él tenía, estaba el 1, 2, 3, 4, 5, 6”, resaltó el legislador a Noticias Repretel.

Fiscala reacciona

La Fiscala General, Emilia Navas Aparicio, aclaró que en el caso conocido mediáticamente como UPAD ha surgido una serie de desinformaciones «que me obliga a aclarar algunos puntos para garantizar a la población que la investigación que dirigimos se realiza en total apego a la ley y respetando los derechos de todas las partes».

«Somos el órgano con mayor interés en que no se dé la filtración de información sensible. Ayer, cuando conocimos que se expusieron datos en la comparecencia legislativa, solicité al OIJ el inicio inmediato de una investigación para identificar a la persona o personas responsables», dijo en un comunicado de prensa.

Añadió que «lo anterior, tomando en cuenta que las partes legítimamente representadas en este expediente suman alrededor de 50 personas ajenas al Ministerio Público: entre abogados defensores, querellantes y sus asistentes, imputados y Procuraduría General de la República».

«Es falso que la Fiscalía General haya entrado a conocer pruebas del caso UPAD de manera ilegítima. Aunque la Ley solo me faculta a explicar este punto ante la Sala Tercera, quiero dar fe de que la evidencia no ha sido revisada», aseguró.

En cuanto a la revisión de los dispositivos electrónicos decomisados a las personas imputadas, de acuerdo con los fines de la investigación penal, que es buscar la verdad real de lo ocurrido, es absolutamente impropio e ilógico descartar cualquier indicio (físico o digital) sin ser revisado. El protocolo propuesto en el caso UPAD, aceptado por el juez de garantías, busca el correcto balance entre derecho a la intimidad y los fines procesales.

Navas Aparicio destacó que «el hecho de que algunas partes procesales no estén de acuerdo con las resoluciones que han dado la razón al Ministerio Público en este caso, no significa, en absoluto, que se trate de actuaciones irregulares».

«Finalmente, quiero informar que todas las acciones realizadas por la Fiscalía General que han requerido control jurisdiccional han contado con el aval de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia».

«Reitero mi compromiso para continuar investigando el caso bajo los principios de objetividad y transparencia que rigen a la institución que represento», concluyó Navas.

El País

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