Las reacciones antiderechos al aborto legal argentino también resuenan en América Latina – Por Natalia Arenas

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Por Natalia Arenas *

Así como la legalización del aborto en Argentina entusiasmó a varios países latinoamericanos y reubicó el tema en la opinión pública, en otros hubo reacciones negativas y hasta amenazas de retroceder aún más en los derechos sexuales y no reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue uno de los primeros en manifestar su opinión: “La vida de los niños argentinos ahora está sujeta a ser terminada en el vientre de sus madres con el consentimiento del Estado”, escribió en un tuit y agregó: “En la medida en que dependa de mí y de mi gobierno, el aborto nunca será aprobado en nuestro suelo. ¡Siempre lucharemos para proteger la vida de los inocentes!”

Las expresiones de Bolsonaro no sorprenden: el ex militar de extrema derecha basó su triunfo electoral en sectores conservadores de las iglesias evangelistas. Su ministra de Derechos Humanos y de la Mujer, la pastora Damares Alves, el año pasado utilizó su poder para intentar evitar un aborto de una niña de 10 años en el estado de Alagoas que había sido violada por su padrastro. El 29 de diciembre, día del debate en el Senado argentino, publicó en su Instagram un texto que tituló: “Orando por Argentina”. Por supuesto, en contra de la legalización.

Este lunes, Bolsonaro volvió a repudiar la ley argentina de interrupción voluntaria del embarazo y afirmó: “Nuestro Congreso no aprobaría el aborto. Y yo, en todo caso, lo vetaría”.

En Puerto Rico el aborto es legal porque así lo es en Estados Unidos, desde 1973, y eso incluye a sus territorios y colonias. Pero la semana pasada, según informó el medio Todas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos arremetió contra ese derecho: restableció un requisito federal para que las personas gestantes que deseen interrumpir un embarazo mediante píldoras abortivas tengan que ir si o si a un hospital o consultorio médico para obtenerlas. Con la pandemia, la Secretaría de Salud y Servicios Humanos declaró la emergencia médica y levantó los requerimientos de accesos a muchos medicamentos. Pero excluyó las pastillas utilizadas para interrupciones de embarazo, aún cuando las personas gestantes sólo tienen que ingerir el medicamento en sus hogares sin supervisión médica.

Esta decisión es una clara limitación al acceso al aborto en Estados Unidos y Puerto Rico: por las condiciones de riesgo de contagio de Covid, muchas personas gestantes no podrán procurar el medicamento presencialmente.

Honduras es uno de los cinco países de Latinoamérica y el Caribe que mantiene la penalización total del aborto. No conforme con eso, la semana pasada, el diputado nacionalista Mario Pérez presentó un proyecto de reforma de ley a la Constitución de la República para “blindar” el debate. Y este jueves la Cámara de Diputados lo aprobó por mayoría. Pérez sugirió añadir al artículo 67 que prohíbe el aborto: “solo podrá reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del pleno del Congreso Nacional, sus disposiciones no perderán vigencia o dejarán de cumplirse cuando sea supuestamente derogado o modificado por otro precepto constitucional. En caso de aprobarse una nueva Constitución sus disposiciones serán incorporadas a la misma, salvo que por unanimidad de la Asamblea Constituyente se establezca lo contrario”. O sea: el aborto no podrá ser despenalizado aunque se cambie la Constitución.

“Estamos preocupados de que la legalización del aborto en Argentina pueda llegar aquí, por lo que un grupo de diputados acordamos proponer, poner un candado para evitar su aprobación, ya que el aborto es un delito”, reconoció muy suelto de cuerpo el legislador en un medio televisivo. Durante el menemismo, el ministro de Justicia, Adolfo Barra, quiso hacer una movida similar durante la Constituyente de 1994. El activismo feminista de mujeres de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe se organizó y la impidió. La conquista fue clave para que hoy tengamos aborto legal en la Argentina y que los planteos de inconstitucionalidad no tengan asidero.

En el país centroamericano, una de cada 23 muertes maternas en Honduras es resultado de un aborto, según datos de la Secretaría de Salud hondureña.

Rafael López Aliaga es el candidato a presidente por “Renovación popular” en Perú. Es integrante del Opus Dei y, como tal, está en contra de la legalización del aborto. Por estos días sus declaraciones antiderechos en un programa televisivo fueron bastante más allá: “A una niña violada decirle: mira, nueve meses te pongo un hotel de cinco estrellas, con piscina y todo, con tu alimentación y todo. Y a los nueve meses decides si quieres quedarte con tu bebé o das a tu bebé en adopción”.

El aborto es ilegal en Perú, salvo en caso de peligro para la salud o la vida de la madre. En 2020, 1.174 niñas menores de 14 años fueron madres en y en lo que de 2021, ya son 19.

El contagio positivo de la marea verde

Entre las repercusiones positivas, la más importante sucedió en Chile, donde la semana pasada comenzó a debatirse la despenalización del aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación en la Cámara de Diputados. El país andino considera el aborto no punible en tres causales: riesgo vital, inviabilidad fetal y violación sexual. Conseguir esas causales fue una lucha intensa de las chilenas en 2017.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso someter la despenalización del aborto a una consulta pública. Allí el aborto es legal solamente en dos estados: Ciudad de México CDMX y Oaxaca. En los demás, sólo cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de embarazos producto de violencia sexual

En Colombia, donde el aborto está despenalizado por causales desde 2006, el triunfo de la marea verde argentina reavivó el debate iniciado en septiembre de 2020 con la posibilidad de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre un cambio en la ley colombiana. Fue después de que el colectivo Causa Justa tramitara una demanda que busca eliminar del Código Penal el delito del aborto fuera de las tres causales.

En Ecuador, el tema se instaló en la opinión pública y en un año de elecciones presidenciales los candidatos no pueden evitar posicionarse sobre el tema. En este país, solamente una mujer con discapacidad mental que fue violada puede abortar sin ser sancionada penalmente.

El mapa del aborto en Latinoamérica

La penalización total del aborto, sin excepciones, está vigente en El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití.

En Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica el aborto sólo está despenalizado en caso de que la vida o la salud de la embarazada corra peligro.

Ecuador añade la posibilidad del aborto en caso de que el embarazo sea consecuencia de una violación a una mujer discapacitada mental.

Chile aprueba la despenalización del aborto en tres causales.

Otros países incluyen también en sus códigos penales las variables de violación, inviabilidad del feto -como sucede, entre otros, en Chile, Colombia y Brasil-, incesto –Bolivia– y, en el caso de Belice, los factores socioeconómicos.

En México, solo en Ciudad de México y Oaxaca está permitido el aborto libre y sin condiciones, durante las 12 primeras semanas de gestación.

En Cuba, Uruguay, Puerto Rico, Guyana, Guyana Francesa y Argentina el aborto es legal sin restricciones.

* Licenciada en Periodismo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Diplomada de la Universidad de Buenos Aires en Géneros y Movimientos Feministas.

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