Piñera comparte una alta responsabilidad en crisis migratoria del norte de Chile – Por Mladen Yopo H.

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Por Mladen Yopo H.

La muerte de dos migrantes (un venezolanosy una colombiana) en Colchane-Chile al intentar ingresar al país desde la localidad fronteriza de Pisiga-Bolivia a principios de febrero, pusieron de manifiesto la gran crisis humanitaria que también viven en países como Chile miles de personas producto de una migración forzada, sobre todo venezolanos, y que son víctimas del desamparo (como la mujer haitiana que abortó en la misma localidad tras tres días de desangrado en un paradero por una caída), de verdaderas bandas dedicadas al tráfico de personas (coyotes), del conflicto con las poblaciones locales,y del mal trato de las autoridades nacionalesque, con su política migratoria sesgada y de carácter coyuntural que tipifican el cruce de fronteras por pasos no habilitados como delito, optan por su detención y expulsión.

Dado la lejanía y dificultad geográfica y del hecho de que recibió emigrantes de Europa y Medio Oriente durante los siglos XIX y XX en cantidades más bien moderadas, en su cultura estratégica Chile se ha considerado así mismo como un país históricamente “cerrado”. Esta percepción recién empieza a cambiar con a la transición a principios de 1990, su apertura al mundo y la globalizarse. Esto, más la ecuación de una sólida democracia y un exitoso desarrollo económico, a mediados de los noventas, trajo consigo un incremento sostenido del número de migrantes principalmente de origen latinoamericano, hasta alcanzar un poco más de los 1.5 millones (entre el 8% y 9% de la población) a fines del 2019 de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), provenientes principalmente de Venezuela (30,5%), Perú (15,8%), Haití (12,5%), Colombia (10,8%) y Bolivia (8,0%).

El sociólogo italiano Maurizio Ambrosini hace unos años sentenció en relación a Europa y Estados Unidosque “el fenómeno de la inmigración existe pero la invasión es imaginaria. Aún así, este discurso ha colonizado las mentes”. Este corsé ideológico para ver las migraciones, sin duda es compartido por la derecha chilena al imponer lógicas legalistas-burocráticas autoritarias a una realidad social, económica y política muy compleja. Así y ante el flujo creciente de migrantesa Chile (producto de la pérdida de fuentes laborales,  inseguridad sanitaria, crisis políticas, entre otras),el gobierno del Presidente Piñera levanto un “muro” un poco más sutil que el de Trump, con la respuesta compartida de Perú y Chile el 2019 de incrementar las medidas de control en la zona fronteriza de Tacna y Arica  y la instauración de medidas restrictivas como Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) en abril de 2018 y el 2019 de la Visa Consular de Turismo (VCT) para toda persona venezolana que quisiera ingresar como turista a Chile (misma medida que se tomó hace unos años con la población haitiana y dominicana). Luego vino el cierre de las fronteras el 2020 con la pandemia y más tarde se decidió suspender la Visa de Responsabilidad Democrática.

Citando al Servicio Jesuita a Migrantes, un artículo de Ciper destaca que la generación de una expectativa de ingreso regular se diluye en cuanto se comienzan a hacer los trámites para su obtención y su resultado se acerca a cero. Con datos solicitados por Ley de Transparencia a la subsecretaría de Relaciones Exteriores, se constata que a noviembre de 2020 se habían solicitado 223.801 VRD y de ese total se habían otorgado 59.525 (es decir un 27%), rechazando 163.961 (73%) y 307 (0,1%) en espera, con excusas de escasez de personal del consulado chileno en Venezuela hasta desconocimiento de las personas sobre la realización correcta de la solicitud.

Ante esta situación, la última vía de ingreso regular a Chile es solicitar refugio. El reconocimiento que hace el Estado al estatus de refugiado ha sido históricamente bajo, pero en los últimos años se volvió casi inexistente a pesar de que el país es signatario de Convención de Ginebra (1949) que es la piedra angular del derecho internacional humanitario; la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 que define la condición del refugiado; la de Cartagena (1984) y que establece la necesidad de reconocer la condición de refugiado a quienes hayan huido debido a que su vida, seguridad o libertad se encuentra bajo amenaza producto de “la violencia generalizada, la agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los DD.HH u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público”; y más recientemente, de la Declaración de Nueva York de 2016 que consagra un pacto global para la migración segura y regular, entre otros.Sin embargo, Chile simplemente ha cerrado las puertas a esta figura. El primer semestre de 2020 hubo 432 solicitudes de refugio, y 7 personas fueron reconocidas como tales por el Estado de Chile.

Más aún y en una reacción nacionalista que considera la frontera como límite de una fortaleza, a mediados de enero, el Presidente Piñera firmó el decreto 265 que autoriza al Ejército a intervenir en el control migratorio en la frontera norte de Chile. Como lo pública eldesconcierto.cl, dicha normativa permite que personal militar apoye el control migratorio en los pasos fronterizos y en lo práctico ha significado que Carabineros y el Ejército hayan duplicado sus dotaciones allí en los últimos días, y se hayan desplegado helicópteros y drones de acuerdo al ministro del Interior, Rodrigo Delgado; en definitiva, militarizar la frontera.

Realidad versus Retórica

En febrero de 2019 y rompiendo tradiciones muy preciadas de la política exterior chilena, en su cruzada ideológica en Cúcuta-Colombia, junto al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y los presidentes Iván Duque de Colombia y Mario Abdo de Paraguay, el Presidente Piñera dijo “no son tiempos para el relativismo o la indiferencia ética o moral”, “no hay nada más perverso, más cruel, más inhumano, que un régimen que niega la ayuda humanitaria a su propio pueblo” o que el 2018 en una entrevistas  a Deutsche Welle se haya comprometido a seguir  recibiendo venezolanos “porque tenemos un deber de solidaridad”. Sin embargo hoy y reacomodando lo expresado, además de culpar al régimen del Presidente Maduro de causar la crisis migratoria de venezolanos y a la ex Presidenta Bachelet de tener una política migratoria desordenadas, manifestó que “queremos que Chile sea un país abierto y acogedor con las personas que vienen en forma legal, diciendo la verdad, pero queremos cerrar la puerta a la migración ilegal”, desconociendo por completo el contexto y variables que afectan a las migraciones irregulares forzadas.

El gobierno del Presidente Piñera maneja y privilegia una lógica nacionalista que pretenden resolver un tema global a partir de políticas domésticas, una de índole autárquicapara limitar el ingreso al “oasis” llamado Chile, una que mira al inmigrante desde una perspectiva tribal como un “otro”, un outsider y/o potencial delincuenteal tratarlo de ilegal o un enemigo como dice María Joao Guia, y cuya presencia requiere un esfuerzo preventivo a través de medidas de seguridad. Es decir ,una que privilegia la securitización de la migración cerrando los caminos legales y las fronteras. Así, por ejemplo, el jefe del Departamento de Extranjería de Chile, Álvaro Bellolio, dijo en relación a las recientes expulsiones de extranjeros en condición irregular (menos de un 10% tenía antecedentes delictuales) “que visibilizar su expulsión ayuda a generar confianzas en que el extranjero que está en Chile, no tiene antecedentes, y si llega a cometer delitos, va a ser expulsado. Poco ayuda la visión buenista de que nuestro país sea el centro de la rehabilitación de migrantes delincuentes, porque genera tensión entre nacionales y extranjeros debido a la impunidad de que cometer delitos, si eres extranjero, no tiene consecuencias” (La Tercera).

Esta realidadautoritaria-tribal se ha acentuado, además de la pandemia del covid, con los nacionalismos populista de derecha que han dominado la región en la segunda década del siglo XXI y que con sus cruzadas ideológicas y liderazgos transaccionales han jibarizados procesos de cooperación e integración (como UNASUR) que podrían haber ayudado a ordenar los procesos migratorios y coordinar estrategias y sinergias frente a la pandemia y sus exigencias, y al final considerar “los migrantes como seres humanos con derechos” como los consagró la ONU. En esta dirección, por ejemplo, el Canciller Andrés Allamand, dijo que “no van a tener derecho a vacunarse los que estén con visa de turistas, tampoco los extranjeros turistas de aquellos países a los que no se les exige visa, ni tampoco aquellos que estén en el país de manera irregular”, y habló en contra de un supuesto “turismo médico”, declaraciones que causaron una andanadas de críticas como la de la ex subsecretaria de Salud y asesora de la OMS, Dra. Jeanette Vega, “es una medida deplorable que atenta contra la salud pública del país. El virus no pide el pasaporte y en la medida que no se vacunen las personas extranjeras va a seguir la propagación”, mientras el Colegio Médico llamó a corregir la resolución que prohíbe a extranjeros sin residencia vacunarse por razones humanas y de salubridad/inmunidad de rebaño, criticas que obligaron a readecuarla.

Según un informe publicado en noviembre 2019 por la OIM consignado en La Vanguardia, solo un 3,5 % de la población mundial emigra, mientras que la gran mayoría (un 96,5 %) se queda en su país de origen pese a sus problemáticas. Sin embargo, este ya no es un problema de corto plazo o temporal al ser millones de personas las que huyen de la violencia, la pobreza o la crisis climática buscando refugio, de una vida mejor, en paz y con futuro. El informe de la Agencia de la ONU para Refugiados, “Tendencia Globales” 2020, muestra que, de los 79,5 millones de personas desplazadas a finales del 2019, 45,7 millones huyeron a otras zonas dentro de sus propios países, 4,2 millones esperaban el resultado de sus solicitudes de asilo, mientras que 29,6 millones eran refugiados u otras personas que se vieron obligadas a desplazarse fuera de su país. Siria en su décimo año de conflicto es el más grande productor de migrantes, al contar con 13,2 millones de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos de acuerdo a este informe.

El cierre de la frontera decretado por la pandemia y su militarización, unido a las dificultades crecientes para lograr una migración legal, obligó a los migrantes forzados a buscar nuevas rutas de ingreso al país a través de vías irregularescon altos costoshumanos (200 personas diarias de acuerdo a la Policía de Investigaciones – PDI antes de la pandemia, condición que se ha agudizado por ejemplo con las crisis sanitarias y económicas de países vecinos como Perú). Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre 2014 y 2018, un total de 30.510 de estas personas invisibles, incomprendidas, maltratadas, humilladas, violentadas, perdieron la vida al intentar migrar de forma irregular, ya que “los caminos legales de inmigración desde hace tiempo han sido bloqueados”, denuncia el presidente del Centro de Estudios Migratorios de Roma, Lorenzo Prencipe.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, quien ha expresado su preocupación por la crisis humanitaria que vive Colchane (y Chile), llamó a no prohibir el masivo flujo migratorio que ha recibido la comuna, el que consideró “un problema global” y frente al cual pidió “que no se crea que esto es un problema de control de fronteras”.En esa línea, el director del INDH aseguró que “los flujos migratorios van a seguir” y que “en Europa y Estados Unidos los grandes muros, las grandes zanjas, han fracasado, por lo tanto pedimos una mirada de largo plazo”. Entre tanto, la Comisión Chilena de Derechos Humanos ha expresado que la “expulsión de migrantes vulnera los DD.HH., y constituye un acto claro de racismo, expresivo de un gran desprecio por la dignidad humana y que se realiza con una cobertura mediática cuyo objetivo es ocultar la grave crisis de DD.HH. que vive nuestro país”

Criminalizar, expulsar, degradar y amedrentar sólo consigue extender el dolor y la angustia de quienes tuvieron que dejar su país y profundiza el temor a un futuro que se ve cada día más incierto. Políticas y medidas administrativas, unidas a discursos de tinte xenófobos y racistas, no detendrán el flujo migratorio (en particular la migración forzada)y fortalecerán los procesos irregulares con todos sus costos. Colchane, por ejemplo, es una comuna a 3.600 de altitud y con temperaturas bajo cero, que no tiene  electrificación las 24 horas del día, no hay supermercados ni red de alcantarillado, el consultorio de salud atendía a 30 personas y hoy ve a un par de centenas con los más de 1.100 migrantes irregulares con una evidente sobre carga para los funcionarios, donde además se han producido tomas de viviendas y actos delincuenciales en esta zona habitada por comunidades indígenasaymaras.

Si bien todavía no hay soluciones perfectasy siguiendo la lógica del primer discurso de política exterior del Presidente Joe Biden, los grandes dilemas mundiales como las crisis humanitarias (incluyendo las migraciones) deben ser tratadas desde una perspectiva de DD.HH. y mediante la cooperación multilateral. Resulta urgente una disposición para avanzar hacia ellas, tal como lo hizo Colombia al otorgar un estatuto de protección temporal a los venezolanos (as). El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, expresó que es “el gesto humanitario más importante que se ha hecho desde 1984”. El Presidente Piñera debería imitar a su par colombiano.


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