Cada 72 horas asesinan a un líder social, según la Jurisdicción Especial de Paz

600

JEP revela graves estadísticas de masacres, asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros

Las cifras son del Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, quien también registra en las mismas fechas el desplazamiento de 1.691 personas desde diferentes regiones del país.

Así lo indica el más reciente reporte del Equipo de Investigación y Advertencia Oportuna de Riesgos de la JEP, que realiza un seguimiento permanente de los riesgos que puedan obstaculizar la participación efectiva de las víctimas, las organizaciones defensoras de derechos humanos y los comparecientes en los procesos que desarrolla la Jurisdicción en los territorios.

De acuerdo al reporte, en el periodo examinado un líder social fue asediando cada 72 horas y en el 60% de los casos la víctima era un líder de una comunidad indígena.

Entre el 8 y el 21 de febrero de este año También hubo una msacre cada cuatro días. Masacres que desplazaron a por lo menos 219 familias y 1.691 personas en diferentes regiones del país.

También según los datos de la JEP, se registraron en ese tiempo 16 combates entre la Fuerza Pública y estructuras criminales, más otros 3 enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

En cuanto a la celeridad de la justicia, la Fiscalía judicializó a 41 presuntos integrantes de estructuras criminales y la fuerza pública capturó a 188 presuntos integrantes de grupos armados.

Por otro lado, el sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP reportó que desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el pasado 21 de febrero, se contabilizaron 164 masacres que ocurrieron en el 78% del territorio, dejando un saldo de 663 fallecidos entre ellos 46 niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, la JEP advierte que la mayoría de las acciones intimidantes contra las organizaciones defensoras de derechos humanos que son intervinientes ante la JEP las hace el grupo criminal de las Águilas negras.

Blu Radio


Ser líder o lideresa social en Colombia: Una actividad de alto riesgo

En los últimos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto con su Unidad de Investigación y Acusación ha determinado que el año 2021 se perfila como uno de los años más violentos luego de la firma del Acuerdo de Paz, esto sumado a que en días recientes la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en Colombia analizó la situación y se estima que aproximadamente más de 500 personas que se reconocían como líderes y lideresas sociales en su territorio han sido asesinadas.

Ante estás terribles estadísticas se suma el hecho del pasado lunes primero de marzo en le corregimiento La libertad, en el municipio de San Onofre, Sucre, perteneciente a la subregión de Montes de María fue asesinado un líder social indígena.

Históricamente el corregimiento La libertad ha sido territorio de conflicto, puesto que en el pasado los cuerpos de las mujeres fueron tomados como armas de guerra por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Desde la noche del lunes su comunidad vive una situación de tensión ya que los hechos ocurrieron cuando la población se encontraba sin servicio de energía eléctrica, que probablemente días atrás cortaron los autores de este crimen.

Los medios de comunicación registran que Jaime Enrique Basilio Basilio de 61 años, murió a causa de disparos propinados por un integrante del Clan de Golfo. Jaime Basilio era el primer alguacil del Cabildo Indígena Libertad de la etnia Zenú. Su elección al igual que la de los 9 integrantes del Cabildo sucedió el pasado 8 de enero del 2021, justo en la casa de este ciudadano, dónde todos ellos se reconocieron como autoridad en la mesa directiva indígena del municipio de San Onofre.

El suceso ocurrió en su residencia en la la noche, que queda en la entrada del corregimiento. Él se encontraba sentado en su terraza y hasta allí llegó un hombre que sin mediar palabra le disparó dos veces. La Policía Nacional llegó hasta el día siguiente ya que la fuerte presencia y control territorial que tiene el Clan del Golfo impide a la fuerza pública atender inmediatamente estos hechos.

Un habitante comunicó lo ocurrido a través de redes sociales y algunos manifiestan que Jaime Basilio había recibido amenazas anteriormente por expresar públicamente su desacuerdo con la presencia de actores armados en su comunidad.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que en lo que va del 2021 han asesinado a 28 líderes y lideresas sociales y al mismo tiempo algunos congresistas afirman que en estas zonas del país hay proceso de reparamilitarización.

A su vez otro municipio de la subregión de Montes de María, El Carmen de Bolívar en las últimas horas fue escenario de combates entre la policía e integrantes de El Clan del Golfo, en un operativo que buscaba dar con dos cabecillas, responsables de las amenazas que han recibido sus habitantes. Por el momento existen tres personas que murieron en los enfrentamientos y que presuntamente hacían parte de este grupo armado, en la subestructura “Héroes del Caribe”, sin embargo durante el combate resultó herido un menor de edad.

Actualmente siguen ocurriendo combates en la zona rural entre estos grupos. La fuerza pública y los miembros de la Policía Nacional se han trasladado al municipio a tomar controles del tráfico de armas, ya que El Carmen de Bolívar es un territorio preferido por los grupos criminales para el tráfico ilegal y comercio de armas de alto calibre.

Frente a estas dos situaciones que amenazan con la tranquilidad de la ciudadanía en dos territorios del caribe que anteriormente han sido golpeados por el conflicto armado Caribe Afirmativo hace un llamado de atención al Estado para redoblar esfuerzos que protejan a los líderes y lideresas sociales, en especial a los grupos poblacionales como indígenas y personas LGBT que muy pocas veces cuentan con protección del gobierno.

Así mismo es importante verificar que en las zonas donde ocurran estos enfrentamientos no comprometan la vida de personas, principalmente menores de edad y civiles que habitan las zonas rurales y que muchas veces resultan heridos en estos altercados. Insistimos que es vital que el gobierno brinde una mirada a lo que ocurre en los municipios del caribe colombiano y se dé cumplimiento a los puntos del Acuerdo de Paz que se encuentran estancados con motivo de la presencia de actores criminales y el poco acceso de estas zonas a funcionarios públicos, que por causa de la pandemia siguen trabajando de manera remota y hay muy poca presencia del Estado en estas zonas.

Tanto la Alta Comisionada de la oficina de derechos humanos de la ONU, como demás organizaciones de la sociedad civil que estamos comprometidas con la construcción de paz en el país vemos necesario tomar medidas inmediatas que frenen la ola de violencia desmedida que a diario viven estas comunidades que en décadas atrás presenciaron la crueldad del conflicto armado.

Caribe Afirmativo


168 indígenas desplazados en Antioquia, Colombia

Diversas congresistas colombianas desde sus cuentas oficiales en Twitter denunciaron este jueves el desplazamiento forzoso de 168 indígenas de la comunidad de Turriquitadó, en el departamento de Antioquia, Colombia.

La senadora por el partido Comunes, Sandra Ramírez responsabilizó al presidente de esa nación, Iván Duque, y precisó que, “en Murindó, Antioquia, 48 familias Embera huyen del horror de la guerra por caminos minados para salvar sus vidas donde grupos armados ilegales los amenazaron y los desplazaron. ¿Por qué insiste en desconocer la realidad del país y de los más vulnerables”.

“Comunidades Embera en varias regiones del país son desplazados y amenazados por el conflicto. ¡Sus vidas están en peligro!”, dijo la también excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia-Ejército del Pueblo. Denunció asimismo la legisladora que en la comunidad Wayú en La Guajira, los niños mueren por desnutrición y no tienen agua potable.

El desplazamiento se produjo luego de que el pasado 28 de febrero, un niño de 12 años perteneciente a la comunidad pisó una mina y resultó gravemente herido.

Por su parte, la congresista a congresista colombiana Piedad Córdoba recordó que “son colombianos y colombianas amparadas por la Constitución, tienen derechos y tienen a un Estado que se reconoce pluriétnico y que tiene el deber de protegerlos (…) pero están solos. Solos y solas”.

Al mismo tiempo, la directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia, Luz Marina Monzón Cifuentes, informó el este martes en entrevista exclusiva con la televisora multiestatal Telesur que el departamento de Antioquia es la región que registra mayor número de desaparecidos.

“Solo en el departamento de Antioquia, en el período de 1997-2005 nosotros manejamos las lamentables cifras de 20.279 personas desaparecidas, 2.710 reclutadas y 7.618 secuestradas para un total de 30.000 desaparecidas”, reveló la experta.

Telesur

Más notas sobre el tema