El horror de los ‘’falsos positivos’’: a militares los medían por “litros de sangre” de vidas inocentes
El horror de los falsos positivos: a militares los medían por “litros de sangre” de vidas inocentes
Recientemente, la JEP dio a conocer la aterradora cifra de que en Colombia hay por lo menos 6.402 víctimas de falsos positivos , es decir, tres veces más de lo que se había reportado en la justicia ordinaria.
Hay ciertas zonas que son consideradas críticas y que fueron priorizadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para investigar estos casos. Una de ellas es el Caribe , entre el norte del Cesar y el sur de La Guajira.
En esta zona se tiene documentado que el 7,3% de las víctimas provienen del departamento de Cesar, es decir, más de 460 personas hacían parte de esta región en donde operaba, principalmente, el Batallón de Artillería N.2 La Popa.
La ejecución de los falsos positivos en esta zona del país se caracterizó por las alianzas entre miembros del Ejército y paramilitares.
Los horrores del Batallón La Popa en el conflicto
“El batallón era una máquina de guerra y por lo tanto tenían que verse los resultados operacionales”, así describe un mayor retirado del Ejército, quien comparece ante la JEP, los horrores cometidos por algunos miembros del Batallón de Artillería N. 2 La Popa.
El alto oficial, al igual que muchos otros, a quienes protegemos su identidad por razones de seguridad, decidieron contar una década después lo que pasó y quiénes pueden estar detrás de estos graves hechos.
“El discurso del señor coronel Mejía fue muy convincente, llegó con unas metas claras y él sabía que en ese posicionamiento, indudablemente, uno de los pilares era los resultados operacionales”, dice.
Y fue esa presión por resultados operacionales lo que habría llevado a que se creara una alianza de la muerte con el paramilitarismo.
“El comandante de La Popa, el coronel Mejía, era determinante en estos resultados operacionales. Él, con alias ‘39’, era quien coordinaba estas situaciones”, sostiene el mayor retirado.
Pero no era lo único ilegal que se movía con tal de sumar números y obtener resultados. Otro teniente retirado, también investigado, cuenta cómo se pagaban importantes sumas de dinero a los soldados por cada supuesto muerto en combate:
“Yo escuché a mi coronel decir que 500.000 (pesos) por arma corta y un millón (de pesos) por arma larga”.
La víctima podía ser cualquier persona, desde un campesino de la región o cualquiera que, como ellos mismos dicen, «oliera a guerrillero».
Se hacia el respectivo montaje del combate y se procedía a asesinar a quien fuera el próximo resultado operacional, tal como lo cuenta un cabo retirado:
“En el momento cuando ya tenían una operación planeada, él ya nos daba las instrucciones específicas, tan específicas como: ‘está un soldado trayendo a una o dos personas, se va a ir a tal sitio y se va a simular un combate’”.
“Es decir, ¿desde la planeación de las operaciones ya sabían que el combate iba a ser simulado?”, le preguntan desde la JEP. A lo que responde el cabo retirado: “Sí señor, desde que arrancábamos a la operación ya sabía o sabíamos que se iba a quitarle la vida a una persona simulando un combate”.
Según los uniformados de menor rango, cuando los superiores daban una orden, no había posibilidad de incumplirla. Era la vida de la víctima o era la vida del soldado.
“Cuando me le acerco al teniente le pregunto para qué me manda llamar y él me específica, me muestra a las dos personas que estaban separadas, y me dice: ‘vea que son guerrilleros, vaya mátelos’”, recuerda un soldado retirado adscrito a La Popa.
Aunque estas personas ya no hacen parte del Ejército y comparecen ante la JEP, aseguran que las presiones por cambiar la verdad no han cesado.
“La mayoría de soldados que están en estos procesos recibían mucha presión, su señoría. Como le digo, a mí lo primero que me dijo el abogado que me recomendó mi coronel Mejía fue: ‘ojo, no vaya a decir que Hugo existe’”, dice el teniente retirado.
Campesinos, pobladores de cascos urbanos, habitantes de calle y hasta población indígena del norte del país: esas fueron algunas de las víctimas de ese horror conocido como falsos positivos.
Precisamente, el dato sobre población indígena es grave, pues para la JEP representa el 2% de los casos.
El crudo panorama de Antioquia y Norte de Santander
El capítulo de Antioquia de los falsos positivos es el más escabroso de todos. Un capitán, miembro de la Cuarta Brigada del Ejército, a la que se le adjudican el 73% de los falsos positivos entre 2000 y 2013, cuenta descarnadamente lo que allí no debió suceder:
“Yo tenía soldados que eran de Medellín, soldados regulares, y a esos soldados yo los enviaba para que reclutaran víctimas y los trajeran mediante engaños y tácticas para las áreas de Medellín a Cocorná. Se determinó que debía ser población que fuera de la calle, ¿por qué? Porque era gente que estaba totalmente vulnerable. Eso era más o menos las indicaciones que yo le daba al reclutador”.
Para los militares, la elección de las víctimas tenía que ser minuciosa.
“Las instrucciones que yo le daba al soldado es que no fuera fácil de reconocer y que no fuera de esta región, para poderla presentar como muerto en combate, esa fue la instrucción que yo le di. Igualmente le decía que tuviera cuidado, que no se metiera en determinados sitios para que no resultara de pronto él con alguna situación especial o que de pronto resultara por allá cogido por la Policía”, detalla un capitán retirado de la Cuarta Brigada.
Aquí no hubo reclutadores externos, como fue el caso de Soacha, sino que esta tarea era asignada a un soldado de la brigada, quien recibía una pequeña remuneración.
“Le entrego entre 100.000 y 200.000 pesos al soldado para que hiciera ese reclutamiento”, precisa el alto oficial.
Sin embargo, la estrategia sí era la misma en la mayoría de los casos: engañarlos con falsas promesas de trabajo para después asesinarlos.
“La persona llegaba, se le hacía el lugar donde iba a dormir, se le daba comida y se le decía que al otro día teníamos que movernos para ir al sitio donde iba a ir a trabajar”, cuenta el capitán retirado.
Norte de Santander también fue una zona donde la práctica del horror se hizo evidente y en donde la orden también fue la misma: litros de sangre.
“Escuchaban los programas donde decían al Ejército: ‘los estamos midiendo por litros de sangre y carrotanques’ y pues los litros de sangre y los carrotanques los daban son los muertos, no los capturados”, expone un capitán retirado de la Brigada Móvil 15 en Norte de Santander.
“¿Quién lo decía y usted dónde oyó mencionar esto de los resultados del Ejército?”, le preguntan desde la JEP al oficial, quien responde: “En los programas, su señoría. En los programas que hacía el comandante del Ejército, que era mi general Montoya. Solamente programas en escucha, nosotros no podíamos interrumpir esos programas”.
Las remuneraciones llegaron a ser tan atractivas, que hasta contemplaban viajes al exterior.
“La presión nos lleva a eso. Si yo daba una baja tenía cinco días acumulados para salir a permiso, si llevaba una baja me podía candidatizar a un viaje a San Andrés o al exterior”, sostiene el capitán retirado.
Estos militares también experimentan, en parte, las consecuencias de lo que sucedió.
“Todo esto es lo que me decepciona de mí mismo, que a ni a mi familia he sido capaz de manifestarle la verdad. Ahorita, por ejemplo, mi señora tampoco tiene conocimiento de qué es lo que estoy diciendo acá realmente; vivo decepcionado”, comenta entre lágrimas un soldado de la Brigada Móvil 15 en Norte de Santander.
Muchos de los uniformados sostienen que por miedo a sus superiores ocultaron la verdad de lo que pasó, pero que están dispuestos a responder ante la justicia y a resarcir lo sucedido.
Los falsos positivos en el Casanare
“Desde que yo llegue allá al Gaula eso era mejor dicho, por así decirlo, el pan de cada día. Las bajas se veían ya como costumbre”, así narra un alto exoficial del Gaula en Casanare la «naturalidad» con la que se cometían las ejecuciones extrajudiciales.
“Eso no es un secreto, ya todos sabían cómo se realizaba esas operaciones y cómo lo instigaban a uno a presentar resultados”, añade el mayor retirado.
Y fue esa instigación la que también llevó a crear una alianza criminal en esta zona del país para obtener resultados en combate, pero esta vez no fue con ningún grupo ilegal.
“Voy a referirme primero al director de la seccional Casanare, doctor Orlando Ríos Escobar. Cuando llegué al Gaula ellos convencían a denunciantes de las extorsiones para que colocaran la denuncia directamente con ellos, luego cuadran todo con el director del DAS, doctor Ríos, para realizar la operación sin poner el denuncio ante la Fiscalía Quinta Delegada. El objetivo era adelantar esa misión y dar con la muerte de esa persona”, narra el exoficial del Gaula.
Según el mayor retirado, era el DAS Casanare el encargado de los pagos a colaboradores que reclutaban a las víctimas y del suministro de armas.
Incluso otro integrante del Gaula Casanare cuenta cómo en algunas oportunidades hasta llegaron a secuestrar a las víctimas.
“Legítimamente la retención del hombre no es legal porque realmente es casi un secuestro, diría yo, porque no había una orden donde me digan a mí que ese muchacho puede ser detenido”, reconoce un teniente retirado.
Este horroroso crimen no solo se habría usado para dar resultados operacionales, también, según algunos uniformados, se habría utilizado como favores políticos.
“Recuerdo una vez que nos envió mi coronel Torres a seguir a unos sujetos. Fuimos, hicimos el seguimiento, llegamos al sitio, capturamos a los tipos y la orden, por el teléfono, fue ‘mátenlos’, entonces nos tocó matarlos, quemar el carro y al otro día aparecieron los muertos. Ya después de todo eso nos enteramos que eran del pueblo de Aguazul, pero que estaban en una disputa con los políticos de la época, que después estuvieron aquí presos; a uno que le decían ‘Patón’ que fue alcalde de Aguazul”, revela un soldado retirado del Gaula Casanare.
El general retirado Henry Torres Escalante , excomandante de la Brigada 16, ha aceptado su responsabilidad en estos hechos, pero por omisión. Así como lo reveló Noticias Caracol.
“Acepto mi responsabilidad y las consecuencias que dicho reconocimiento se derivan en los dolorosos sucesos que lamento profundamente e insisto: no debieron ocurrir”, dijo en julio de 2020 el investigado por falsos positivos.
En el caso Casanare, además de gente inocente, que no tenía ningún tipo de deuda con la justicia, o de ser muchachos y pobladores de la región, otros de los predilectos eran desmovilizados o personas con antecedentes judiciales, ya que según los militares era fácil legalizarlos.
Pero no solo hay batallones implicados, también hay responsabilidad de altos mandos del Ejército. Entre los más cuestionados están los generales retirados Mario Montoya y Henry Torres Escalante, ambos ya han rendido versión voluntaria ante la JEP.
Lo que viene es aún más grande, la próxima imputación que realizará la Jurisdicción Especial para la Paz es por el caso de los falsos positivos y se espera que sea antes de mitad de año.
Medellín: cementerio tendría cuerpos de 906 posibles falsos positivos
Un informe presentado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de
Estado (Movice) dejó al descubierto que en el Jardín Cementerio Universal de Medellín habría, por lo menos, 906 cuerpos inhumados de personas no identificadas y que pueden corresponder a víctimas desaparición forzada y/o ejecuciones extrajudiciales (mal llamadas ‘falsos positivos’).
El informe del Movice, que fue entregado a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), hace parte de un proyecto para contribuir al hallazgo de víctimas de desaparición.
Este documento pone de relieve la falta de un archivo organizado con toda la información sobre cuerpos no identificados y cuerpos identificados sin entregar, exhumaciones y personas entregadas a las familias.
También se evidenciaron vacíos en licencias de inhumación e inconsistencias en información sobre zonas, datos y cifras, «revelando la necesidad de contar con protocolos claros para la presentación de estos importantes elementos», informó la UBPD.
Entre las recomendaciones presentadas por el movimiento se incluye la necesidad de una articulación con las instituciones involucradas en la búsqueda para sistematizar y hacer coherente la información; la urgencia de una intervención inmediata para lograr “la protección de cuerpos cada vez más expuestos”, entre otras.
La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, destacó la relevancia de este informe y se comprometió a hacer esfuerzos para coordinar un Plan de Búsqueda que incluya a este camposanto, que atienda a las necesidades de las víctimas y del territorio, así como los problemas de trazabilidad, articulación, sistematización de información y participación que se incluyen en el informe.
Por otra parte, la funcionaria aseguró: “Este informe, además, presenta un resultado concreto de la situación de las personas no identificadas en el Jardín Cementerio Universal: se evidencia que se les ha tratado como si estas personas no tuvieran un vínculo con sus familias”.
