Colombia | Organizaciones sociales rechazan las declaraciones del ministro de Defensa tras el bombardeo en el que murieron niños

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Los niños no son máquinas de guerra

El pasado 2 de marzo, en horas de la mañana, La Fuerza de Tarea Conjunta Omega de las fuerzas armadas colombinas bombardeó la vereda Buenos Aires, del municipio Calamar, Guaviare; acción en la que presuntamente se habrían asesinado al menos 14 niños. Declaraciones del ministro de defensa calificaron a los menores como «máquinas de guerra».

Diego Molano, ministro de Defensa, aseguró que en esta operación militar se neutralizaron «cerca de 13 integrantes de las disidencias de las FARC”. Sin embargo, según han denunciado líderes territoriales y periodistas independientes en la operación habrían asesinado un número indeterminado de niños y jóvenes.

A pesar de que no hay claridad en la información, fuentes extraoficiales construidas entre organizaciones sociales y familiares de presuntas víctimas aseguran que se trata de entre 14 y 20 menores de edad.

No hay claridad en las cifras

El Ejército después de que confirmó la operación, aseguró que en el bombardeo murieron 12 personas y otras 3 fueron capturadas. Sin embargo, cuando anunciaron la operación aseguraron que no tenían certeza sobre las edades, sexo e identidades de las personas.

Según Medicina Legal, el pasado 4 de Marzo fueron recibidos 10 cuerpos sin identificar a la sede de Villavicencio, Meta.

Pese a ello, según lo denunciado por el periodista Holman Morris por lo menos 14 menores de edad murieron en el bombardeo. Asimismo, en el especial «Silencio en el Guaviare: ¿Qué paso después del bombardeo?» el mismo periodista publicó los nombres y edades de los niños, niñas y jóvenes que habrían sido asesinados en el bombardeo.

Respuesta de MinDefensa

Después de las denuncias realizadas por organizaciones sociales y periodistas, el ministro de Defensa, Diego Molano, a cargo del Ejército de Colombia reconoció que se conocía la posibilidad de que en el supuesto campamento de las Farc, que fue bombardeado, hubiera menores de edad.

Diversos sectores sociales reaccionaron a estas denuncias exigiendo que Molano se pronunciara aclarando los hechos.

Molano, quien paradójicamente fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y actualmente es ministro de defensa justificó el bombardeo y aseguró que los niños que estaban ahí eran “máquinas de guerra” reclutadas por las disidencias de las Farc y aseguró que la operación fue «legítima por parte de nuestras Fuerzas Armadas».

Estas dos afirmaciones de Molano, más allá de generar controversia, según expertos, dan cuenta de la ilegitimidad del operativo y dejan ver una sistematicidad en este tipo de operaciones que incumplirían el Derecho Internacional Humanitario.

Es preciso recordar que en el año 2019, el ministro de defensa de la época también justificó el asesinato de tres menores de menores de 12, 15 y 16 años en un bombardeo.

Jaime Lasprilla, general del ejército, se refirió al bombardeo realizado en Calamar la semana pasada justificando el hecho y asegurando que «Cualquier campamento bombardeado de las Farc es un blanco legítimo», y además, declaró que «si había civiles, es responsabilidad de ellos».

Dicha afirmación ha sido ampliamente rechazada, pues no sólo justifica el asesinato de civiles, sino que en el contexto del bombardeo en Calamar, asegura que es legítimo que niños, niñas y jóvenes mueran en estos operativos.

¿Quién responde por los niños, niñas y jóvenes en el conflicto armado?

En entrevista especial para Contagio Radio, Hilda Molano, coordinadora de la secretaría técnica de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes en el conflicto armado en Colombia, se manifestó con respecto a los hechos y las declaraciones del ministro de defensa.

Hilda Molano, afirmó que es indignante que el ministro haga esas afirmaciones que «legitiman resultados de una acción de que a las luz del DIH entra en debate» pues, según explicó, viola el principio de proporcionalidad, precaución y distinción.

Además, dijo que es grave que este tipo de hechos tenga antecedentes en Colombia (refiriéndose al bombardeo del ejército en 2019 en el que tres menores de edad fueron asesinados).

Hilda Molano aseguró que esta operación supone un debate jurídico entre los «tintes legales e ilegales« que se van configurando en el análisis del caso, sin embargo, realizó un llamado al Estado para que cumpla con su responsabilidad de proteger la vida de los niños y las niñas.

Respecto a la responsabilidad de cuidado del Estado colombiano, Hilda Molano aseguró que el reclutamiento no se queda en el hecho objetivo de que los niños ingresen al conflicto, «el reclutamiento ya los hace víctimas y el Estado debería garantizar desde el principio sus derechos».

Los niños no son máquinas de guerra: organizaciones sociales

Hilda Molano expresó que los niños y las niñas no son máquinas de guerra y que de su participación en el conflicto colombiano no puede desvincularse la responsabilidad del Estado que no protege ni garantiza la integridad de derechos de los niños, niñas y jóvenes.

Camilo González, presidente de Indepaz, aseguró que la respuesta del ministro de defensa no tienen ningún sustento, puesto que si hay conocimiento de que hay niños tomados como rehenes o reclutas forzados, está prohibido que sean declarados objetivo militar y que, «a la luz del DIH esta fue una operación de aniquilamiento, lo cual está prohibido».

Por otra parte, Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica, manifestó que los niños deben considerarse «víctimas de reclutamiento forzado» y contrario al cumplimiento de sus responsabilidades «el Estado los sigue bombardeando» y, finalmente, sentenció que se está practicando una estrategia de «paz con letalidad».

Wilson Arias, senador de la república por el Polo Democrático, aseguró que es indignante que el ministerio de defensa asegure que estos niños, niñas y jóvenes sean tratados de combatientes, «prácticamente de terroristas y enemigos del Estado, para convencer al país de que eran monstruos«; según el senador estas declaraciones pretenden «justificar su masacre».

Se habría violado el DIH

Camilo González además aseguró que las fuerzas militares tienen la capacidad tecnológica y logística para determinar que hay niños en campamentos o territorios con presencia de grupos armados ilegales y rechazó que para dar de baja a presuntos delincuentes «atropellan y cometen crímenes de lesa humanidad.»

En ese sentido, Iván Cepeda, anunció que de demostrarse que niños, niñas y jóvenes menores fueron asesinados en el bombardeo y el ministro tenía conocimiento; denunciará a Molano «por graves infracciones al DIH» y, añadió que la función del Estado es «rescatar a menores víctimas de reclutamiento forzado, no bombardearlos».

Diego Molano, aseguró que desde el ministerio de defensa y el ejército nacional se cumplieron con todo lo exigido por el DIH, razón por la cual, según él, la actuación de las fuerzas militares fue legítima.

Sin embargo, Camilo Umaña, doctor en criminología y profesor de la Universidad Externado en asuntos de Derechos humanos y DIH, cuestionó que desde el ministerio de defensa se tuvieran en cuenta todos los protocolos y disposiciones del DIH.

En primer lugar, Umaña aseguró que el ministro de defensa no tiene certeza de la edad de las personas que murieron en el bombardeo, lo cual deja ver que la información previa y trabajo de inteligencia del ejército no era clara.

Esto está vinculado a las responsabilidades estatales de garantizar la vida e integridad de niños, niñas y jóvenes puesto que menores reclutados de manera forzada son víctimas del conflicto y «prevalecen sus derechos y, por ende, se debe privilegiar medidas de atención y no medidas de combate”.

Umaña también afirmó que el DIH establece que «se debe escoger los medios que permitan distinguir a la población civil de las personas que participan en hostilidades«, en esa misma línea añadió que también se debe «prevenir al máximo los daños y sufrimientos no solamente de civiles sino de quienes participan de las hostilidades.»

Esta aclaración de Umaña pretende develar que un bombardeo «no es la medida adecuada de protección para quienes son víctimas de un crimen y, aunque el Estado tiene la obligación de prever seguridad, la única forma de lograr este fin no es el uso de fuerza letal».

Víctor de Currea- Lugo, afirmó que «aceptar el DIH implica que hay actores armados, opuestos al Estado, cuyo accionar puede ser calificado de potenciales crímenes de guerra, pero también de actos de guerra, siendo estos últimos lícitos a la luz del derecho humanitario.»

¿Máquinas de guerra?

A pesar de que dentro de las disposiciones del DIH no se refieren estrictamente a usos del lenguaje y al calificativo de «máquinas de guerra» que usó el ministro de defensa, Umaña manifestó que esto «sí indica una forma de organizar la guerra que aminora el margen de reconocimiento de la humanidad de esas personas a quienes se está combatiendo.»

Además, Andrés Valdivieso, profesor de la Universidad Javeriana aseguró que este tipo de categorías tiene notables “efectos sociológicos porque está prácticamente abriendo nuevos ciclos de violencia».

Expertos en conflicto armado ya han manifestado con anterioridad que la configuración del lenguaje dentro de la guerra es una herramienta de poder simbólico que se utiliza en beneficio y justificación de diferentes acciones de violencia directa.

OXFAM, confederación internacional de Derechos Humanos, con presencia en Colombia rechazó que se catalogara a los niños, niñas y jóvenes como «máquinas de guerra» e instó al Estado colombiano a tomar medidas que establezcan garantías para evitar el reclutamiento forzado de menores.

En esa misma línea Coalico emitió un comunicado en el que instó al gobierno colombiano a «respetar en todas sus acciones, declaraciones y pronunciamientos el deber de protección de niños, niñas y jóvenes.»

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos, comunidades en el Guaviare y todo el país exigen que se den respuestas institucionales claras que determinen con claridad todo lo sucedido en el bombardeo en Calamar.

Contagio Radio


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