El Salvador | El caso “Manuela” llega a la CorteIDH y da esperanza a la región – Por Luciana Mazzini Puga

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Por Luciana Mazzini Puga, de la redacción de NODAL

Este miércoles y jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos tratará el caso salvadoreño “Manuela”, una mujer que en 2008 sufrió una emergencia obstétrica y el personal médico la denunció por cometer el presunto delito de aborto. Fue condenada a 30 años por homicidio agravado y murió de un cáncer, privada de su libertad y en condiciones inhumanas.

Se trata de la primera denuncia de este tipo que llega a la Corte y que deja al descubierto la peligrosidad que genera la penalización absoluta del aborto. “Llevamos nuestro grito y demanda por la libertad de todas las mujeres que están en la cárcel de manera arbitraria debido a emergencias obstétricas”, afirma a NODAL Sara García, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Quién fue Manuela

Manuela era una campesina que vivía en condiciones muy vulnerables y no sabía leer ni escribir. Era madre de dos hijos, de 7 y 9 años, y estaba embarazada. El 27 de febrero de 2008 asistió a una letrina por un intenso dolor abdominal, se desmayó y sufrió una emergencia obstétrica. El personal del hospital la denunció asumiendo que había cometido un aborto y Manuela fue condenada por homicidio agravado a 30 años de prisión.

El Salvador es uno de los países más prohibitivos para acceder al aborto, su penalización es total -legislación que rige desde 1998-, y hay una fuerte persecución a las mujeres que sufren emergencias obstétricas. Según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, 181 mujeres fueron criminalizadas y perseguidas entre 1998 y 2019. “Son denunciadas, enviadas del hospital a la cárcel y esa es la realidad que enfrentó Manuela y que es sistemática en el país”, dice García.

Ya privada de su libertad, a Manuela se le manifestó un cáncer linfático, por cuyos síntomas ya había consultado, pero no fue tratada debidamente. En la cárcel no le fue garantizada asistencia ni tratamientos médicos adecuados. “Fue sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, llegados a niveles de tortura”, asegura Morena Herrera, defensora de derechos humanos. Manuela murió en 2010, con sólo 33 años.

La demanda legal

El 21 de marzo de 2012 la Colectiva de Mujeres por el Desarrollo Local, Center for Reproductive Rights y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico llevaron el caso, en nombre de Manuela y la familia, ante la CIDH y demandaron al estado salvadoreño por violaciones a los derechos humanos. La comisión lo admitió en 2017 y, dos años más tarde, resolvió enviarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser juzgado en audiencia pública y emitir la sentencia.

En las audiencias, las agrupaciones pedirán a la Corte la reparación integral de la familia, el reconocimiento público del Estado salvadoreño por la violación de los derechos de Manuela, el proceso de dignificación de su imagen tras la fuerte estigmatización que ella y su familia han vivido y la “no repetición” de la historia. También se exigirá la creación de políticas públicas relacionadas con el procedimiento médico y judicial adecuado para evitar la criminalización por eventos obstétricos y la revisión de la penalización del aborto en el país. “Aspiramos a que la Corte pueda ver el fondo y el contexto como un factor de discriminación por razones de género, lo que provoca estigmatización y violencia institucional contra las mujeres, y oriente medidas legislativas para superar el problema”, afirma Herrera.

Manuela es esperanza para la región

La sentencia de la Corte es primordial puesto que podrá crear estándares para que los Estados garanticen el derecho a la vida y el derecho a la salud de las mujeres, incluso las privadas de libertad. “Manuela representa para las luchas feministas una esperanza para que se reconozca que la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe es necesaria y que es un tema de salud pública”, señala Morena Herrera, y Sara García concluye: “Se criminaliza aquí, en Ecuador, en Guanajuato, entonces creemos que esto puede ser un precedente para avanzar en derechos sexuales y reproductivos en la región. Manuela es justicia y esperanza porque abre caminos para la transformación”.


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