Mujeres sin empleo, sin seguridad y con derechos limitados – El Espectador, Colombia

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Llegamos al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha histórica que comenzó por las exigencias de las mujeres pidiendo dignidad laboral, con una crisis de empleo. Si el COVID-19 generó una catástrofe para todos los colombianos, despedazando los avances históricos en la reducción del desempleo, fue peor para las mujeres. Antes de la pandemia, cerrando 2019, las colombianas tenían una mayor tasa de desocupación (12 %) que el desempleo general (10,5 %). En enero de 2021 cerramos con, léase bien, un 22,7 % de desempleo de las mujeres. Eso habla del fracaso en las políticas del Gobierno Nacional y los gobiernos locales por entender las raíces de esta desigualdad.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la brecha entre hombres y mujeres pasó de 5,4 puntos a 7,7 en el año del COVID-19. Peor aún, las medidas de impacto adoptadas por el Gobierno ayudaron a recuperar empleos, pero en sectores donde los trabajadores son principalmente hombres. Otros, donde abundan las mujeres, como el trabajo doméstico, llevaron a una masacre laboral que dejó desprotegida a una población que, por la informalidad, de por sí es particularmente vulnerable. Como referencia, el 7 % de todas las mujeres que estaban empleadas en 2019 lo hacían como trabajadoras domésticas. ¿Por qué no se hizo un plan diferenciado para ayudarlas en la crisis? La ausencia del enfoque de género ha sido desastroso.

No podemos exagerar el tamaño del problema. Estimaciones del año pasado apuntaban a que una de cada cuatro mujeres que querían trabajar se quedaron sin empleo. Por cada tres hombres desempleados había cinco mujeres en el mismo estado. Peor aún, como la mayoría de las mujeres del país son cabeza de hogar, el confinamiento y la ausencia de presencialidad en los colegios las afectó de manera desproporcionada: no podían salir a rebuscarse la subsistencia, pues tenían que cuidar a sus hijos.

Las políticas públicas, que han prometido tener en cuenta a las mujeres, han estado ciegas a esta situación. El Ingreso Solidario, que debía ser un salvavidas, no llegó a todas las que lo necesitaban y tampoco se dio en un monto suficiente. Como mencionamos, los sectores de la economía que se privilegiaron o reactivaron no reconocieron las dificultades particulares que tienen las mujeres para acceder al mercado laboral. El Gobierno parece creer que rescatar toda la economía iba a ser suficiente para ayudar a todos los colombianos. La realidad fue otra: se amplió la brecha, dejamos a muchas mujeres abandonadas y no parece haber solución a la vista.

Esa razón sería más que suficiente para las protestas que ha promovido el activismo feminista el día de hoy. Pero no es la única. A mediados de febrero de este año ya contábamos 39 feminicidios. Las líneas de atención por violencia intrafamiliar y de género estallaron con llamadas el año pasado, agravadas por el confinamiento con los agresores. Aunque desde la Vicepresidencia se ha liderado una campaña para frenar esta situación, las ambiciones del Estado se han quedado cortas. La tragedia continúa y el clamor del “ni una más” sigue más vigente que nunca.

Finalmente, los obstáculos institucionales a los abortos siguen ubicando a las colombianas en situación de riesgo. Esa crisis de salud pública, unida a la negación de la autonomía de las mujeres, sigue sin ser resuelta por el Congreso. La Corte Constitucional tiene la posibilidad de enmendar esa situación, pero sus magistrados han mostrado una timidez preocupante. No debería ser así. Si queremos que en Colombia haya igualdad y se respeten los derechos fundamentales de todas, hay que empezar a cumplir las promesas de la Constitución. Mientras tanto, las manifestaciones que veremos hoy están más que justificadas.

El Espectador


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