Luego de más de 20 años se reanuda la causa contra Fujimori por las esterilizaciones forzadas

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Esterilizaciones forzadas: Fiscalía sustentó cargos contra Alberto Fujimori

Tras más de 20 años, se retomó el caso de las esterilizaciones forzadas. Este lunes se instaló la audiencia pública en la que la Fiscalía sustentó los cargos en contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud por la muerte de cinco mujeres y lesiones graves contra otras 1.300.

La diligencia, presidida por el juez Rafael Martín Martínez, fue suspendida desde el 11 de enero debido a que la sala no contaba con un traductor de una variante del quechua para facilitar el mensaje a las víctimas que estaban presentes en la sesión.

En la audiencia de este 1 de marzo, el fiscal Pablo Espinoza Vásquez sustentó los cargos y la denuncia que también alcanza a Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quienes fueron titulares del Ministerio de Salud en el régimen fujimorista.

El último de ellos también es candidato al Congreso de la República por la región Lambayeque del partido fujimorista Fuerza Popular. Además, mantiene una relación cercana con Keiko Fujimori, hija del exmandatario y lideresa de la agrupación política en mención.
Fiscal formalizó denuncia contra Fujimori

El representante del Ministerio Público imputó a los investigados como presuntos autores mediatos de las esterilizaciones forzadas de más de 1.300 mujeres durante el régimen fujimorista.

“Este Ministerio Público formaliza denuncia penal como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves seguida de muerte en un contexto de graves violaciones contra los derechos humanos y por el delito de lesiones graves”, dijo Espinoza Vásquez en la audiencia.

El expresidente Alberto Fujimori decidió no participar en la audiencia. Su abogado César Nakazaki sostuvo que se mantiene en su condición de extraditado, por lo que considera que no debería ser procesado por este caso. “Asistir a la audiencia implicaría la renuncia a esa condición”, dijo el letrado.

Asimismo, algunas víctimas también estuvieron presentes en la sesión, junto a sus defensores legales, luego de que hayan incluido al intérprete del quechua para que puedan entender la conducción del proceso.

La sesión duró más de cuatro horas y media y el juez Rafael Martínez suspendió la audiencia de presentación de cargos hasta este martes 2 de marzo a las 9.30 a. m. Se espera que culminada la sustentación de la Fiscalía y la defensa de los imputados, el magistrado decida si inician una investigación judicial sobre el caso o no.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, son en total 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías ejecutadas entre 1996 y 2001 en personas campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.

Estas acciones fueron parte de la política de planificación familiar impuesta por el régimen de Alberto Fujimori. Las víctimas aseguran que fueron engañadas y obligadas.

La República


Caso ‘Esterilizaciones forzosas’: Las víctimas por fin podrán ser escuchadas

Entre 1996 y el 2000, en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, se realizó una campaña denominada “Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias”, en donde más de 270.000 mujeres y 22.000 hombres la mayoría de ellos provenientes de comunidades indígenas quechua y de familias con pocos recursos económicos, fueron esterilizados, de acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Salud. Ahora, en la Corte Superior de Justicia se escucharán sus historias por primera vez, para considerar si pueden proceder sus reclamos y compensación después de una batalla legal que lleva más de 25 años en marcha.

El programa de control de natalidad fue implementado como medida para combatir la pobreza, según el gobierno de turno, con el fin de reducir las tasas de natalidad en sectores de escasos recursos.

Al principio los responsables señalaron que los procedimientos quirúrgicos fueron realizados con el consentimiento de los pacientes, sin embargo, en el 2002, una investigación del Congreso de la República evidenció que había suficientes pruebas para demostrar que funcionarios de salud habían sido presionados para alcanzar cuotas de las esterilizaciones realizadas sin aprobación de las mujeres.

Más de 2.000 mujeres han manifestado que fueron forzadas, chantajeadas, engañadas o acosadas para dejarse practicar la operación, según entrevistas realizadas por la BBC y los reportes del Congreso.

– Historias desastrosas –

Algunas de las víctimas fueron entrevistadas por medios internacionales y contaron sus desastrosas historias. Es el caso de Serafina Ylla Quispe, quien en 1997 despertó en la cama de la morgue de un hospital de Cusco, después de que la declararon muerta durante una operación de ligadura de trompas. En ese entonces ella tenía 34 años y afirma que no autorizo el procedimiento quirúrgico.

Ese mismo año y en ese mismo hospital, Victoria Huamán fue supuestamente anestesiada y despertó varias horas después sin darse cuenta de que la habían sometido a un procedimiento de esterilización, cuando tenía apenas 29 años.

Por otro lado, en 1996, Rudecinda Quilla de 24 años en aquel entonces, los doctores le dijeron que no le iban a entregar el certificado de nacimiento de su cuarto hijo a menos que se hiciera la operación de ligaduras de trompas.

A pesar de que ella se rehusó, la pusieron por la fuerza sobre la cama de un hospital mientras le inyectaban un anestésico, de acuerdo con su testimonio, que ahora está siendo utilizado como evidencia legal.

Quilla se despertó horas más tarde y el personal de salud que la atendía le dijo que ya no “iba a seguir pariendo como un animal”.

-Crimen internacional –

Las esterilizaciones forzadas son consideradas un crimen contra la humanidad bajo la ley internacional. Por ello, el año pasado, la AMPAEF (Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas) presentó una denuncia en contra de Perú ante el Comité de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en la que pedía que el país investigara y ofreciera reparación a las víctimas de las esterilizaciones forzadas.

“Es básicamente falta de voluntad política, una falta de comprensión sobre lo que son los derechos humanos, falta de sensibilidad hacia las víctimas y una total negligencia por parte del Estado”, afirma la BBC, la vocera de la AMPAEF, Esther Mogollón.

Finalmente, un registro oficial para las víctimas fue finalmente en 2015 y desde entonces se han conocido más de 7.200 testimonios.

– Compensaciones –

Las victimas están reclamando por sus derechos, más no por “una caridad” así lo señala Mogollón. Además, a principios de este año, el Congreso peruano cambió la ley de reparaciones para incluir a las víctimas de delitos sexuales, lo que generó esperanzas entre quienes fueron esterilizados a la fuerza durante la década de los 90s.

Pero Mogollón dice que “después del cambió la ley, no han visto voluntad política para una indemnización integral a las víctimas”.

Perú 21


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