Continuidad vs. ruptura: Keiko Fujimori y Pedro Castillo disputan la presidencia – Por Matías Caciabue, especial para NODAL

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Por Matías Caciabue*

El Covid-19 fue, sin dudas, el catalizador que permitió develar la profunda crisis económica, política y social que vive el pueblo peruano. Al igual que en Chile, la estabilidad financiera y el crecimiento sostenido del PBI no implican márgenes de equidad y justicia social para las mayorías sociales. El fujimorismo, esa particular combinación de violencia dictatorial, neoliberalismo económico y farandulización de la política, no es un pasado reciente.

Es, más bien, un presente continuo a través del protagonismo de su hija, Keiko. Sus prácticas políticas corruptas y autoritarias han colonizado a buena parte del sistema político. Dicho a la Argentina, el fujimoriato era una particular combinación de la dictadura de Videla y la piza con champán de Menem. Todo junto, en un explosivo y violento “2×1”. Pedro Castillo, un dirigente sindical docente de origen campesino, irrumpió sorpresivamente en la primera vuelta electoral del país y podría sintetizar una importantísima ruptura con un proyecto de país que no se ha modificado, sustancialmente, desde 1990.

 Crisis institucional

Luego de la tormenta desatada por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, tras las apariencias, sólo se estabaen una tensa calma.En septiembre de 2020, durante una sesión parlamentaria, se hizo público un audio del presidente Martin Vizcarra en los que pedía a dos colaboradoras, Miriam Morales y Karem Roca, que mintieran en una investigación parlamentaria sobre su relación con un antiguo asesor, el cantante y presentador Richard Cisneros, investigado por los contratos irregulares en el Ministerio de Cultura. En el audio se escucha a Vizcarra afirmando “primero hay que ver lo que es, y luego lo que se dirá. Hay que decir que entró dos veces [en lugar de las cinco]. Lo que está claro es que en esta investigación estamos todos involucrados”.

Manuel Merino De Lama, presidente del Congreso de la República,convocó una sesión con los líderes de los partidos para evaluar si se debía solicitar una comisión de investigación o promover la dimisión de Vizcarra por “incapacidad moral”.Martin Vizcarra por entonces se defendió diciendo que todo se trataba de un “complot contra la democracia”.

El 13 de septiembre, Keiko Fujimori, rechazó el pedido para destituir al presidente, Martín Vizcarra. La hija del padre peruano del neoliberalismo acudía en la defensa de Vizcarra, miembro del Partido Morado, una expresión política otrora reconocida por su prédica anti-fujimorista. “Hasta hoy no existen elementos suficientes ni procedimientos necesarios para vacar [destituir] al presidente.Si en el camino aparecen otros elementos adicionales que nos demuestren que esta medida es indispensable, no dudaremos en apoyarla. Hasta que ello suceda, debemos agotar otras posibilidades”.

Cuatro días después, el 17 de septiembre, el Tribunal Constitucional de Perú rechazó, por cinco votos en contra y dos a favor, la medida cautelar que interpuso Vizcarra para evitar que el Congreso votara al día siguiente el pedido de vacancia que podría punto final a su mandato. Sin embargo, esa primera moción de vacancia en el Congreso salió a favor de Vizcarra, 87 votos a 32.

El 22 de septiembre, por otro lado, el Tribunal Constitucional de Perú decidió rechazar una modificación al Código Tributario del país que favorecía a 158 empresas transnacionales y locales, las cuales se hubieran visto exoneradas de pagar impuestos. El Estado peruano habría dejado de facturar aproximadamente 3.000 millones de dólares. Entre las empresas que se podrían haber beneficiado con dicha medida, y que presentan las mayores deudas, se encuentran las del sector minero Minas Buenaventura, Antapaccay, Las Bambas, Cerro Verde, pero también las empresas de telefonía, LATAM y Scotiabank Perú, entre otras.

Hacia el 10 de octubre,Daniel Soria, titular del Ministerio Publico de Perú, dictaminó la apertura de investigación a Martin Vizcarra por delitos de tráfico de influencias y obstrucción en el caso de Richard Cisneros. Por entonces afirmó que la medida tenía “como fin fortalecer el sistema presidencialista y la institución presidencial -al margen de quién sea la persona que ejerce el cargo- con el fin de evitar situaciones de inestabilidad política”.

Rafael Vela, coordinador del equipo de fiscales encargados de investigar casos de corrupción de empresas en Perú, declaró el 20 de octubre pasado que un nuevo testigo acusó al presidente peruano, Martin Vizcarra, de recibir sobornos. Ante esto, el Congreso de la Republica de Perú acordó que el debate y votación de la admisión a trámite de la segunda moción de vacancia presidencial en contra de Martin Vizcarra, presentada por Unión Por El Perú –UPP, el partido ligado al ex militar nacionalista Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, que permanece preso desde 2005 por encabezar el levantamiento armado denominado “Andahuaylazo”.

El 27 de octubre se supo que Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lava Jato peruano, era la encargada de la defensa del Estado ante la investigación por sobornos del llamado “Club de la Construcción de Perú”. El 2 de noviembre, finalmente, el Congreso de Perú aprobó el inicio de un nuevo proceso de destitución contra Vizcarra. Esta vez el proceso fue aprobado con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, lo que dio aval a la moción N° 12.684.

Finalmente, el 9 de noviembre,el Congreso peruano destituyó a Vizcarra. Fue acusado de recibir un soborno para contratos de obras públicas en 2014, cuando era gobernador de la región sur de Moquegua.La oposición consiguió 105 votos de 130, muy por encima del margen de 87 votos necesario para sacarlo del poder.Vizcarra afirmó que los dos contratos en cuestión fueron designados por un organismo de las Naciones Unidas (ONU) y no por el gobierno regional de Moquegua. Ya era demasiado tarde y su defensa rápidamente quedaría en segundo plano. Manuel Merino, ahora aupado en sectores progresistas y nacionalistas del Congreso, conseguía desalojar a Vizcarra de la presidencia y ponerse él en su lugar.

 Las movilizaciones de noviembre de 2020

La misma noche de la destituciónse generaron protestas con marchas y cacerolazos espontáneos en las calles de Lima. Las consignas con las cuales los manifestantes se movilizan son “Congreso golpista”, “¡Merino ladrón, no serás presidente!”, “¡No hay congresistas!”. La Policía Nacional de Perú capturó a varios manifestantes en la Plaza San Martín, a pocas cuadras del Congreso.

Vinculado tempranamente al partido otrora progresista Acción Popular, Manuel Merino De Lamatuvo un primer periodo como congresista entre 2001 y 2006. Regresó al Legislativo para periodo 2011-2016 y, en un tercer momento, en el mandato 2020-2021 tras el cierre del Congreso por el expresidente Martín Vizcarra. “Es un momento muy difícil para el país. La crisis es innegable. Esta crisis hace que nos enfrentemos a dilemas permanentes y a la tarea de quienes asumimos un deber para el país nos corresponde actuar con responsabilidad”, señaló al asumir luego de dar un vulgar golpe de mano.

El 11 de noviembre, Merino nombró a Antero Florez Araoz, exministro de Defensa de Perú, como Primer Ministro. Florez es un partidario de posturas conservadoras que ha defendido durante 30 años de carrera política. La misma inició en 1986 inscribiéndose en el Partido Popular Cristiano (PPC) del cual llegó a ser uno de sus principales dirigentes. Fue congresista entre tres periodos: de 1995 al 2000, del 2000 al 2001 y del 2001 al 2006. También fue representantes del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) entre el 2006 y 2007 y Ministro de Defensa entre del 2007 y 2008.

Dos días después, la policía antidisturbios de Perú reprimió a manifestantes que protestaban contra la destitución del presidente Martín Vizcarra. José Vega, un manifestante en Lima, dijo que “todo el Perú está encendido, todos estamos muy enojados. Nos tratan mal. Solo hemos venido a protestar contra la injusticia… Todos sentimos dolor. Entonces, les digo a todos, no nos rindamos”.

El 14 de noviembre, en el quinto día seguido de protestas contra la destitución deVizcarra, hubo protestas y movilizaciones en ocho regiones del país, siendo las más grandes en Lima, donde hubo episodios de violencia incluso frente a la casa de Manuel Merino. La movilización, que en Lima concentró a más de 15.000 personas en la céntrica plaza San Martín, también reunió grupos de manifestantes en otros distritos limeños como Miraflores, Barranco, Lince, San Miguel, Chosica, Comas y Surco.

La escalada determinó que, finalmente, el día 15 de noviembre Manuel Merino renunciara como presidente interino. Apenas hizo el anuncio, las calles de Lima se llenaron de manifestantes que golpearon cacerolas y gritaron consignas, en una bulliciosa celebración.

Al día siguiente, el legislador Francisco Sagastifue elegido presidente en el Congreso. Sagasti, del Partido Morado igual que Vizcarra, ganó la presidencia en el Congreso con 87 votos a favor, asumiendo interinamente hasta el 28 de julio de 2021.

El elegido era el tercer mandatario en menos de una semana. Las manifestaciones dejaban dos muertos y 94 heridos, según responsables del Ministerio de Salud. Pero la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos afirmó que los lesionados son 112 y alertó que, además, había 41 manifestantes “desaparecidos” tras las marchas del sábado en Lima y otras ciudades del país.

A pocas horas de asumir, el 20 de noviembre, Sagasti participó de la 27° Cumbre del Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico, donde habló sobre la vacuna para el COVID-19 y el tratado de libre comercio Asia-Pacífico. Allí llamó a concretar el proyecto de Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico (FTAAP). Tres días después, el Gobierno dePerú anunció la venta de 1.000 millones de dólares de bonos con un vencimiento de 100 años, además de 2.000 millones de dólares de notas con vencimiento en 2060 y otros 1.000 millones de dólares de bonos a 12 años.

Shamaila Khan, jefe de estrategias de deuda de mercados emergentes en Alliance-Bernstein Holding L.P. de New York, señaló: “Creemos que Perú es un crédito sólido con grado de inversión a pesar de la volatilidad política. El país tiene una fuerte posición externa y un bajo nivel de endeudamiento”.Por su parte, Alberto Ramos, economista jefe para América Latina de Goldman Sachs, agregó que “el contexto político es desafiante. Genera volatilidad en los precios de los activos y añade incertidumbre a las perspectivas. Podría eventualmente en el futuro comprometer lo que ahora son fundamentos relativamente sólidos”.

En síntesis, la crisis político-institucional no deja de ser funcional al neoliberalismo. Sagasti emprendía, a las pocas horas de asumir, un rumbo de gobierno afín a los intereses del capitalismo transnacionalizado.

La movilización de noviembre de 2020 pervive en numerosos conflictos pese al Covid-19

 Hacia finales de noviembre de 2020, tanto la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), como el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) convocaron una jornada de protestasen exigencia del aumento presupuestal equivalente al seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, así como en demanda de su carácter gratuito y universal.

De igual forma, el 1 de diciembre de 2020, el Frente de Trabajadores Agrarios de Ica denunció que se pagan salarios mínimos por 12 horas de trabajo y bloquearon la carretera Panamericanaen demanda de derechos laborales plenos, demandan la anulación de la Ley de Promoción Agraria, denuncia maltratos y salarios muy bajos y exige la vigencia de derechos laborales en el sector. El conflicto escaló de tal manera que, a inicios del nuevo año, el 1 de enero, Francisco Sagasti instaló una mesa de diálogo con representantes de trabajadores agrícolas, luego de manifestaciones en rechazo a la nueva legislación agraria.

A fines de enero de 2021, el Poder Judicial de Perú fijó una audiencia contra Alberto Fujimori por el caso de esterilización forzosa de miles de mujeres indígenas en 1990-2000. Las autoridades no solo acusan a Fujimori, quien no acudió ni presenció la cita vía telemática alegando problemas de salud, sino también a los antiguos ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. Todos ellos están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse a procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad de las regiones rurales y de las comunidades indígenas del país.

Por otro lado, la Pandemia del Covid-19 golpea fuerte en el país. En los primeros días del año 2021, el Ministerio de Salud peruano reportó 1.305 personas internadas en estado grave por la pandemia de Covid-19 al inicio de esta semana, teniendo una ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) al 95%. La Defensoría del Pueblo de Perú había advertido que ya estaban ocupadas el 97,8 por ciento de camas UCI del país las cuales, según el organismo, solo llegan a 1.584 en todo el territorio peruano. Por esas fechas se supo que Perú afrontó entre abril y agosto del 2020 un desborde de casos de Covid-19 que superó su capacidad de atención hospitalaria y lo ubicó, en ese momento, como el quinto país con más casos del mundo y el primero en letalidad a nivel global. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hacia fines de enero de 2021, se reportaron en Perú 1.088.096 casos de infectados y 39.427 de muertos, en un país de pomo más de 30 millones de habitantes.

 Segunda vuelta: “Señora K” versus “El Profe”

 Es en este escenario institucional y social en el que se desenvuelven las elecciones de Perú. Keiko Fujimori, la “Señora K”, va por su tercer intento electoral para llegar a la presidencia del país. Su presencia lleva la marca del neoliberalismo, la impunidad de su padre y su propia estrategia de protección, dado que enfrenta un pedido de la fiscalía de 30 años de prisión en un próximo juicio por presunto lavado de dinero y otros cargos en el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.

Por otro lado, Pedro “el profe” Castillo escaló en aceptación electoral y se posicionó, contra todo pronóstico mediático, como el candidato más votado el 11 de abril y como el líder de las encuestas para la segunda vuelta. Pese a algunas contradicciones en relación a la agenda de géneros, Castillo es un candidato a presidente con una clara posición de izquierda y de un incuestionable origen social popular (siendo un destacado sindicalista docente rural).

Una de las frases que ha acompañado la campaña presidencial de Castillo es “¡Nunca más un pobre en un país rico!”. El expresidente Evo Morales, de la vecina Bolivia, ha dado un indubitable respaldo a Castillo, indicando la presencia de una articulación regional del candidato peruano oriundo del norteño Departamento de Cajamarca.

Según encuestas de IPSOS, Castillo podría estar derrotando el descrédito general en la política y en segunda vuelta contaría con un sólido respaldo en el interior del país –centralmente en el mundo andino-, con un 41% de apoyo en el norte, un 68% en el centro, un 58% en el sur y un 45%en el oriente amazónico. En la populosa ciudad de Lima las preferencias se dan vueltas y Keiko Fujimori recibe un 43% de intención de respaldo y Castillo apenas un 26%.

La segunda vuelta electoral podría resolver la continuidad o la ruptura con el neoliberalismo económico, la pobreza generalizada y la corrupción política en un país trascendente para la región.

* Investigador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (www.estrategia.la). Twitter: @MatiasCa


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