Muertes en Uruguay: responsabilidad moral y derechos humanos – Por Gustavo Pereira

804

Por Gustavo Pereira *

Quienes vivimos en sociedades democráticas tenemos responsabilidades que surgen de la condición de nuestra ciudadanía. Probablemente la más significativa sea la elección de nuestros gobernantes, que a su vez tienen la responsabilidad de garantizar las condiciones mínimas para nuestro ejercicio de dicha ciudadanía. La protección de libertades básicas, la garantía de oportunidades y el estímulo de condiciones propicias para la vida económica son parte de lo que se espera de un gobierno.

Sin embargo, dentro de estas responsabilidades hay una que se destaca por sobre las demás y es claramente prioritaria: la protección de la vida. Un gobierno democrático ante todo debe proteger la vida, y no hay nada que pueda tener prioridad sobre ello, ya que si pensamos en el disfrute de libertades, oportunidades o prosperidad económica, nada de esto tiene sentido si la vida no está adecuadamente garantizada.

En Uruguay la gestión de la pandemia ha evolucionado de tal forma que la cantidad de contagios y muertes que se dan a diario llama a preguntarse si el presidente, como consecuencia de las medidas que se ha negado a tomar, tiene responsabilidad en estos resultados. Es posible pensar casi intuitivamente que quien gobierna tiene responsabilidad política, pero además de esta hay otra más básica, la que tenemos por nuestra condición de seres humanos con igual dignidad, y que es la contraparte de los deberes de humanidad: la responsabilidad moral.

¿Qué quiere decir que alguien tiene responsabilidad moral? En la vida práctica la acción moral está referida a lo que todos podríamos querer en virtud de la condición de fines en sí mismos que compartimos; esta condición hace que tal acción sea incondicional, es decir, debe realizarse, no porque contribuye a algo más, sino porque su valor reside en sí misma.

El ejemplo más claro es la protección de la vida; si está en nuestras manos salvaguardar la vida de una persona, el imperativo moral nos conduce al deber de protegerla. Esta acción está mediada por la libertad, ya que simplemente podríamos no seguir ese imperativo; podríamos dejar que la persona del ejemplo muera, pero actuar moralmente es una acción libre y autónoma, y por ello es que se le puede atribuir responsabilidad.

Es decir, en el campo de la acción moral tenemos una trama conceptual constituida por tres elementos necesarios: libertad, autonomía y responsabilidad.

Esta forma de explicar la acción moral tiene algunas especificaciones necesarias, ya que tanto la posibilidad de actuar como la atribución de responsabilidad dependen de si las circunstancias relevantes están bajo nuestro control. Volviendo al ejemplo, podemos salvar una vida si vemos que una persona está siendo perseguida con un arma y le permitimos entrar a nuestra casa para su resguardo, pero no podemos hacerlo si esa vida depende de encontrar la cura para el cáncer. En el primer caso, las circunstancias están bajo nuestro control y por ello es que es posible atribuir responsabilidad, mientras que en el segundo no.

Vayamos ahora a la situación que vive nuestro país con la pandemia de covid-19. Tenemos desde hace semanas un incremento significativo de casos y muertes, y desde el 7 de febrero el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) ha advertido que es necesario tomar medidas de mayor restricción de movilidad, tales como “disponer que los bares y restoranes sólo estarán habilitados para hacer entregas a domicilio; limitar el tiempo de atención al público de los comercios no esenciales; considerar un límite de aforo en el transporte departamental; suspender los eventos sociales; suspender los torneos profesionales y amateurs; decretar el teletrabajo obligatorio del sector privado en actividades no esenciales; prohibir que se salga de los departamentos, en particular hacia y desde aquellos que tienen alta densidad de casos; y restringir la circulación por vía pública en horarios determinados (por ejemplo, desde la medianoche a las 6.00), salvo para trabajadores esenciales”.1

La respuesta del presidente ha sido ignorar estas medidas; en otras palabras, ha estado omiso frente a las recomendaciones de los científicos que le habían permitido al país sobrellevar los primeros meses de pandemia de la mejor forma. Está de más decir que ninguna de las medidas propuestas requiere medidas prontas de seguridad, por lo que no hay ninguna libertad básica amenazada, y que cuando el gobierno apela a esto no se sabe bien si es una manifestación de profunda ignorancia o de manipulación antidemocrática.

Como ya sabemos, para el presidente la clave de la mejora de la situación de la pandemia está en la responsabilidad individual de los ciudadanos. Por supuesto que el comportamiento ciudadano es imprescindible, pero también cabe preguntarse cuál es la responsabilidad del presidente, qué es lo que debe hacer un presidente en circunstancias como estas.

Suena extraño tener que recordar que el presidente en su condición de conductor de los destinos del país tiene la obligación y la consecuente responsabilidad de preservar la vida de los ciudadanos. Parece que esto se hubiese olvidado como si nada menos que el presidente de la República fuese inimputable frente a las decenas de muertes que todos los días ocurren por covid-19. Esto es inaceptable.

No hay ninguna justificación posible para actuar en forma prescindente o simplemente no actuar para proteger la vida. ¿Acaso hay algo que el presidente considere que está por encima de la vida?

¿Por qué las muertes por covid-19 pueden ser atribuibles al Ejecutivo y, en especial, al presidente? Simplemente porque ha tenido en sus manos la posibilidad de evitarlas, ha contado con toda la información, el mejor asesoramiento posible en el país, y con el poder para implementar medidas que las prevengan. Todas estas circunstancias estaban a su alcance, y al no actuar ante el imperativo de salvaguardar la vida de los ciudadanos es moralmente responsable de este terrible desenlace que nos lacera día a día.

Y la responsabilidad es moral porque la obligación que subyace es la de un deber de humanidad, un deber que tenemos por nuestra condición de seres en sí mismos valiosos que tenemos dignidad. Nada puede anteponerse a la dignidad humana; no hay nada por encima y nada puede justificar que se retacee. De ahí la gravedad de la omisión y pasividad del presidente. No hay ninguna justificación posible para actuar en forma prescindente o simplemente no actuar para proteger la vida. ¿Acaso hay algo que el presidente considere que está por encima de la vida?

La condición de fines en sí mismos que nos reconocemos unos a otros, y que caracteriza a la dignidad humana, además de ser el núcleo normativo para atribuir responsabilidad moral, es el corazón del concepto de derechos humanos. Así está expresamente recogido en el artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los derechos humanos son derechos morales, es decir, son exigencias que se realizan en virtud de nuestra condición de igual dignidad.

Esas exigencias se levantan ante quienes tienen posiciones de autoridad, y de ahí que las violaciones de derechos humanos, para ser consideradas como tales, deben ser oficiales. A esta altura cabe preguntarse si el presidente, que es la mayor jerarquía del poder oficial, con su pasividad y prescindencia para proteger la vida de los uruguayos no está incurriendo en una violación de los derechos humanos, en particular del artículo 3° de la Declaración Universal, que dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

A esta altura, con cifras escandalosas de muertes por covid-19que podrían haberse evitado, muertes que rasgan la vida de las familias uruguayas, y que nos sumen a todos en una angustia colectiva, es hora de que el presidente comience a cumplir con su mayor promesa de campaña: “hacerse cargo”.

* Doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia.  Profesor Titular y Director del Departamento de Filosofía de la Práctica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Coordinador de la Cátedra Unesco-Udelar en Derechos Humanos.


VOLVER

Más notas sobre el tema