Organización garífuna denuncia al Estado hondureño por genocidio

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Pueblo garífuna denuncia al Estado hondureño por actos de genocidio

La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) denunció al Estado por perpetrar un acto de genocidio contra la comunidad garífuna, que cumple este lunes 234 años de presencia en el territorio del país centroamericano.

“Manifestamos que después de más de dos siglos, hoy más que nunca, está presente la amenaza de un tercer destierro violento e intencional, por medio de un plan de genocidio contra el pueblo garífuna prepetratado por el estado de Honduras”, expuso la Ofraneh a través de un comunicado difundido por la red social Twitter.

Respecto a la efeméride, la organización insistió en que no hay nada por celebrar, y recordó los 40 asesinatos contra miembros de esa comunidad durante los últimos tres años, así como a los muchos otros que abandonaron sus comunidades debido a la violencia generalizada, amenazas, criminalización y persecución.

“Exigimos al Estado de Honduras el cumplimento ya de la sentencia por la Corte Interamericana de derechos Humanos en 2015 a favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Condenamos el incumplimiento de dicha sentencia después de más de cinco años, situación que ha incrementado la hostilidad en contra del pueblo garífuna”, reclamó la organización social que agrupa a los afrodescendientes hondureños.

Además, demandó el cese de amenazas y persecuciones contra líderes que defienden el territorio.

“Demandamos un alto ya del desplazamiento forzado al que estamos siendo víctimas (…) al obligarnos a dejar nuestras comunidades, convirtiéndose en una experiencia doblemente catastrófica porque nuestra vida está íntimamente ligada al territorio y el desplazamiento nos condena a vivir en espacios urbanos que nos alejan de nuestra relación ancestral con la tierra y la naturaleza”, expone otra parte del comunicado.

El documento rechaza la presencia militar en el territorio, que se justifica en la falsa lucha contra el narcotráfico.

“Reafirmamos nuestro derecho de defender y permanecer en nuestros territorios que son la vida y el sustento (…)”, agrega el texto.

El descargo de la Ofraneh concluye que su lucha por la defensa del territorio “ha estado presente desde el 12 de abril de 1797, mucho antes de la independencia de Honduras en 1821”.

El Periódico


Ataques y criminalización marcan 224 años de presencia Garífunas en Honduras

Un 12 de abril de 1797 llegaron a Punta Gorda, Islas de la Bahía, los Garinagu, mejor conocidos como Garífunas. Llegaron a Honduras provenientes de la Isla de San Vicente, luego de haber sido expulsados por el imperio británico y de haber naufragado en el caribe.

En el país, las comunidades garífunas se asentaron en la costa caribeña. Formando hasta la fecha, 46 comunidades distribuidas en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés e Islas de la Bahía. A pesar de la injerencia de otras culturas, conservan el idioma y tradiciones heredadas de los Arawak, Caribes y de los náufragos africanos.

Las comunidades en Honduras cuentan con títulos de propiedad colectivos o comunitarios, que según ley no permiten la compra/venta. La legislación hondureña es clara, ningún miembro de las comunidades ni los miembros de los patronatos pueden autorizar una venta de tierras comunitarias.

A pesar de esa prohibición, empresarios nacionales y extranjeros se han adueñado de grandes extensiones de tierra para la instalación de complejos turísticos y para la siembra del monocultivo de la palma africana, señala la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, Miriam Miranda.

“Hay grupos criminales que están disputando el territorio dentro de las comunidades y se llevan de encuentro a la población. Porque nosotros estamos ubicados en una zona estratégica, el Estado lo conoce y lo sabe, pero no hace nada”, cuenta Miranda.

La luchadora detalla que, en el país hay un proceso de violación sistemática a los derechos del pueblo Garífuna “gente está saliendo de las comunidades, no solamente por el factor económico, sino por salvaguardar su vida. Estamos viviendo una crisis humanitaria sin precedentes, el Estado está impulsado una política de exterminio de los territorios para entregarlos a los empresarios y producir palma africana, instalar proyectos hoteleros o Ciudades Modelos. Es un genocidio impulsado por el Estado, la clase política y empresarial”.

Desapariciones

En Honduras existen enormes presiones territoriales sobre la costa garífuna. La bahía de Tela en Atlántida y Trujillo en Colón son apetecidas por empresarios extranjeros que con la ayuda de empresarios y políticos hondureños se están apoderando de las playas y humedales para la construcción de emporios turísticos.

El Triunfo de la Cruz en Tela es uno de los destinos turísticos más visitados del país. Sus playas son de arena blanca y su mar es color azul turquesa. Por su belleza natural y su ubicación en la costa es una zona apetecida por empresarios y crimen organizado. Situación que, desde el golpe de Estado de 2009, ha desatado con mayor intensidad una oleada de violencia hacia la comunidad garífuna que la habita.

A tal grado que 4 de sus líderes, incluido el presidente del patronato Albert Centeno, fueron desaparecidos forzosamente por desconocidos que asaltaron sus viviendas con vestimenta policial en julio de 2020, cuando el país era regido por estrictas medidas de circulación producto de la pandemia de la Covid-19.

Don Juan Pablo Centeno, padre de Albert, dice que ni el gobierno, ni las autoridades policiales han proporcionado algún tipo de información a los familiares, por lo que ha tenido que ser necesario valerse de la solidaridad internacional para comenzar las investigaciones.

Este silencio es cómplice. Este no es un caso aislado, porque Honduras se ha convertido en uno de los países del mundo más peligro para defender el territorio y los derechos humanos, y ese es el trasfondo de la desaparición. El gobierno es cómplice y lo hemos comprobado en nuestras propias investigaciones”, señala Juan Pablo.

Frente a la falta de investigación del Estado hondureño en la desaparición de los líderes del Triunfo de la Cruz, las comunidades en coordinación con la Ofraneh y otras organizaciones nacionales a internacionales, conformaron un Comité de búsqueda llamado SUNLA (“Basta ya” en garífuna).

Miriam Miranda dice que el Comité tiene por objetivo buscar la verdad y la justica sobre el hecho que ha enlutado al pueblo garífuna. “Es importante que no se nos siga mintiendo. Queremos participar en la búsqueda de la verdad, la búsqueda de los jóvenes, pero sobre todo la aplicación de la justicia. Porque la misma comunidad fue testigo que quienes los secuestraron portaban vestimenta policial y militar”.

Agrega que, SUNLA está conformado por cinco mesas de trabajo, con organizaciones nacionales e internacionales. “Es un ente para todo el pueblo garífuna, no solo es para el caso de los jóvenes” dijo.

Incremento de la criminalización

Cesar Benedith, ha sido el presidente interino del patronato en la comunidad Triunfo de la Cruz, luego de la desaparición de Albert Centeno, dice que el 224 aniversario de la llegada a Honduras se da bajo un contexto donde el Estado da muy poca importancia a las comunidades garífunas.

“A pesar de todo el tiempo que ha pasado desde la desaparición de nuestros compañeros, carecemos de justica para las comunidades, somos criminalizados y en los últimos años han sido asesinados varios líderes garífunas; no tenemos nada que celebrar”, acota.

El municipio de Trujillo en Colón, es uno de rincones hondureños con mayor riqueza natural y un acumulado histórico muy propio de la bahía. Sin embargo, toda esa belleza y riqueza chocan con la precariedad en que viven la mayoría de las familias garífunas.

Sus vidas están marcadas por la pobreza, hacinamiento, el desempleo, precarios sistemas de salud, educación y una creciente amenaza de despojo de sus territorios por empresarios de origen canadiense señala Marvin Norales, dirigente de las comunidades de Cristales y Río Negro.

Norales dice que las comunidades están siendo marginadas y criminalizadas por el Estado, en complicidad con empresarios extranjeros. A tal grado que en dichas comunidades, entre doce y trece personas han sido criminalizadas en los últimos años, por el simple hecho de oponerse a los megaproyectos turísticos. Marvin Morales dijo a Radio Progreso que estos empresarios son personas ajenas, extranjeros con una visión de despojar al pueblo garífuna de su territorio ancestral.

En este contexto, Las hermanas Jennifer y Marianela Solórzano fueron detenidas el 3 de marzo de 2021 en Trujillo, Colón. Ambas son integrantes de la Organización Fraternal Negra. Su detención se da en un conflicto territorial desde que la zona se consideró por el gobierno como primera Ciudad Modelo, por lo que el capital canadiense se encuentra en la zona con apoyo de las autoridades, denuncia la Ofraneh.

Incumplimiento sentencia

La Ofraneh ha denunciado en reiteradas ocasiones la violencia y compra irregular del territorio garífuna. Esas denuncias provocaron que en 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontrara al Estado de Honduras internacionalmente responsable por la violación de varios derechos de las comunidades garífunas Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

Según la presidenta del Comité para el cumplimiento de la sentencia en Triunfo de la Cruz, Jenny Herrera, el Estado no tiene voluntad política para cumplir sus obligaciones. Explica que desde una revisión hecha hace un par de meses, el Estado quiere a penas comenzar a buscar mecanismos para poder implementar la sentencia.

“Ellos en ningún momento han mostrado voluntad. Nunca han llegado a decir que quieren trabajar con la comunidad para el cumplimiento de la sentencia. El mismo Estado, en vez de dar solución alarga el problema”, señala.

El pueblo garífuna es víctima de una violencia estructural promovida por el Estado que se expresa en amenazas, muerte, despojo cultural y territorial. El incumpliendo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a favor de las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, es pieza clave en el secuestro de los 4 líderes y los asesinatos perpetrados desde 2013, cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional y puso en marcha acelerada el tercer destierro del pueblo garífuna, concluye Miriam Miranda.

A 224 años de su llegada y con la fuerza de Satuye, Barauda y todos sus ancestros, el pueblo garífuna sigue siendo el guardián y heredero ancestral de las costas hondureñas. Un pueblo organizado y movimiento que desafía el viento y la tempestad del mar, así como desafía las políticas impuestas por el sistema capitalista y patriarcal, dice el posicionamiento de la Ofraneh.

Radio Progreso HN


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