Piñera fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad

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Baltazar Garzón y CChDH denuncian a Piñera ante Corte Internacional por crímenes de lesa humanidad

Entre los antecedentes presentados por los organismos de DD.HH. a la Corte Penal Internacional, abordaron las manifestaciones pacíficas en ejercicio de la libertad de expresión, iniciadas desde octubre de 2019, fuertemente reprimidas por las fuerzas de orden, además de la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera a las demandas sociales cargada de “violencia estatal”.

Hasta la Corte Penal Internacional (CPI) llegó un escrito enviado por el ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), acusando al Presidente Sebastián Piñera de crímenes de lesa humanidad.

El documento, dirigido a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, pide que el tribunal investigue al Presidente de la República, para después acusarlo e iniciar un juicio en contra suya y de sus colaboradores civiles, militares y policiales.

El texto aludido repasa los crímenes de lesa humanidad que habrían sido “cometidos de manera generalizada y sistemática” desde el inicio de la revuelta popular, en octubre de 2019.

A las 11:00 horas de Chile se presentó el documento legal ante el tribunal internacional, el cual pide la intervención de la CPI ya que los casos en el país “son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.

“En segundo lugar,”, agrega el escrito, “para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.

Por otro lado, denuncia que “los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional”.

Entre los antecedentes presentados por los organismos de DD.HH. a la Corte, abordaron las manifestaciones pacíficas en ejercicio de la libertad de expresión reprimidas por las fuerzas de orden, y la respuesta del gobierno a las demandas sociales cargada de “violencia estatal”.

Para lo anterior, repasaron cronológicamente los hechos ocurridos desde el 6 de octubre de 2019, cuando entró en vigor el alza tarifaria del servicio de transporte público en la Región Metropolitana, gatillando el denominado estallido social.
Crímenes de lesa humanidad

En ese sentido, el documento plantea que el gobierno, junto a las diversas instituciones estatales, “no cumplieron con sus obligaciones establecidas tanto en los tratados internacionales de Derechos Humanos como en la legislación interna aplicable”.

“En efecto, frente a las multitudinarias movilizaciones sociales realizadas durante semanas por el pueblo de Chile que exigía cambios profundos y demandas concretas, en vez de escuchar a su mandante y titular de la soberanía, el pueblo, el Presidente de la República declaró que estaba ‘en guerra’”, acusa el escrito.

Agrega que, en relación a lo anterior, Piñera “decretó un Estado de Excepción constitucional (Estado de Emergencia), dispuso que el Ejército ocupara las calles y optó por la aplicación de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, configurando un ataque contra la población civil constitutivo de crímenes contra la Humanidad”.

Quienes suscriben el documento aseguran que recurrieron al tribunal internacional porque “las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la Humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”.

Asimismo, repasan el “grave incumplimiento” de las recomendaciones que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos formuló en diciembre de 2019, al constatar que las políticas represivas ordenadas y consentidas por el Presidente Sebastián Piñera, e implementadas por las autoridades de gobierno, “continúan sistemáticamente dañando gravemente a la población civil, a los habitantes de los sectores más vulnerados, así como a los habitantes del histórico territorio Wallmapu”.

Por otro lado, basan sus argumentos en la “asimétrica respuesta” de los Tribunales de Justicia, que ha impuesto y mantenido medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social.

Al mismo tiempo, señalan, “ha liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde octubre de 2019 a la fecha”.

Presentación CPI by Talía Llanos Chacón

 

El Desconcierto


Reacciones a favor y en contra por denuncia contra Piñera ante la CPI

Luego que se conociera que el exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de DDHH y otras organizaciones presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad contra el Presidente Sebastián Piñera, desde el mundo político reaccionaron con distintas opiniones que van desde que es necesario que los hechos ocurridos después del estallido social no deben quedar impunes hasta que se trata de un “ataque político” en contra del mandatario y el Gobierno.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) dijo que “durante el Gobierno de Piñera se han cometido las más graves violaciones a los derechos humanos en Chile, desde el retorno a la democracia. Y con un Presidente que le declaró la guerra a su pueblo, que envió a reprimir las manifestaciones sociales, el estallido social de octubre de 2019, sin duda alguna que tendrá que responder frente a los tribunales de justicia a nivel nacional e internacional. Y esa responsabilidad penal se puede perseguir incluso más allá del término de su mandato democrático”.

“Me parece que en una democracia, por la propia salud de ésta, se deben perseguir las responsabilidades penales y políticas de quienes son responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, señaló.

Otra que reaccionó a la noticia fue la diputada PC, Karol Cariola, quien usó su cuenta en Twitter para señalar que “La justicia se abre camino. Arrancarle los ojos al pueblo y declararle la guerra, no puede quedar impune. Piñera tendrá que responder por las violaciones a los DDHH y si no es en Chile, será ante el mundo en la Corte Penal Internacional”.

or su parte, la también diputada PC, Carmen Hertz, señaló que “resulta una gran noticia para el conjunto de la sociedad chilena que un jurista de la talla de Baltasar Garzón, la CCHDH, la Asociación Americana de Juristas y la Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED) Italiana hayan pedido a la fiscal de la Corte Penal Internacional una investigación sobre los crímenes cometidos en Chile de manera grave, generalizada y sistemática que constituyen crímenes de lesa humanidad y no delitos comunes”.

Hertz explica que “en ese escrito se fundamenta que más de la mitad de las denuncias por las violaciones a los derechos fundamentales de las personas ocurridas a partir del 18 de octubre fueron cerradas, es decir en esta situación el Estado de Chile no investiga, no sanciona, por tanto, las graves violaciones a los DDHH y no repara de manera integral a las víctimas. Esta impunidad es la que se espera termine con la presentación ante la Corte Penal Internacional, ya que las máximas autoridades civiles y políticas de este país sí tienen responsabilidad penal internacional”.

A su vez, desde la otra vereda salieron a defender al mandatario, cuestionando la denuncia ante la CPI como fue el caso del diputado RN, Sebastián Torrealba, quien señaló que la acción “no es una novedad, se veía que es parte de una estrategia en contra del Presidente por parte de sectores extremos de nuestro país”.

“Los mismos que hicieron esto son los que recibieron a los violentos en el Congreso Nacional, que recibieron a la primera línea que destruyeron la vida a miles de personas en Chile, son aquellos que están impulsando hoy esta iniciativa”, mencionó.

En ese sentido, sostuvo que “la verdad es que no sorprende y evidentemente cualquier persona tiene el derecho de acudir a los espacios que quiera para demandar algo, pero detrás de eso hay solamente un ataque político hacia el Presidente de la República”.

En esa misma línea respondió el diputado RN, Andrés Longton, quien afirmó que “no se justifica en la medida que el Presidente no es el que toma las decisiones judiciales, son los tribunales y los tribunales son independientes en nuestro país, por lo que no se condice una acción contra el Presidente que pretenda cuestionar decisiones de los tribunales de justicia”.

“Tenemos un sistema judicial independiente y tenemos que dejar que opere, independientemente de las acciones que se puedan imponer contra el Presidente, pero en este caso obviamente que es una acción en tribunales internacionales respecto al cuestionamiento del Poder Judicial, me parece que no va por la vía de acusar al Presidente”, finalizó.

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