Puerto Rico | Investigan a la exgobernadora Wanda Vázquez por violar Ley de Ética

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Refieren a la exgobernadora Wanda Vázquez a Ética Gubernamental

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) refirió hoy a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros exfuncionarios públicos por, alegadamente, haber incurrido en actuaciones que pueden ser constitutivas de violaciones de la ley de ética.

Mediante comunicado de prensa se informó que tras haber recibido un voluminoso expediente de 117 páginas refrendadas por los fiscales especiales independientes Leticia Pabón y Miguel Colón, el Panel determinó referir a la OEG a la exgobernadora, junto al exsecretario de la Gobernación, Antonio L. Pabón Bathe; a la exsecretaria interina del Departamento de Justicia, Wandymar Burgos Vargas; y a la exdirectora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Famihia (ADSEF), Surima Quiñones Suárez.

“A la luz de la prueba recopilada, a dichos exfuncionarios se les atribuyen actuaciones que, sin duda, pueden ser constitutivas de violaciones a la Ley 1-20 12, (Ley Habilitadora de la OEG)”, establece la resolución del Panel.

La información trascendió en momentos en los que que también se dio a conocer que se radicaron cargos criminales contra la exsecretaria interina de Justicia, Wandymar Burgos, señalada de interrumpir un proceso legal en curso relacionado con la retención ilegal de un informe investigativo confidencial que llevaba a cabo el Departamento de Justicia y que se debía entregar al PFEI para la fecha del 6 de julio de 2020. En cambio, esto no ocurrió hasta el día siguiente, por alegadas instrucciones de Burgos Vargas. La investigación involucraba a la exgobernadora y estaba vinculada al despido de la exsecretaria del Departamento de la Familia, Glorima Andújar, cuando esta realizaba una investigación contra Quiñones Suárez por el mal manejo de repartición de ayudas para los afectados por el terremoto de enero del 2020.

El informe específica que asimismo, se refirió también por presuntas violaciones éticas a Andújar Matos.

Precisamente, fue la orden de renuncia fulminante que le dio la exgobernadora a la exsecretaria de la Familia lo que sentó las bases para la investigación preliminar realizada por el Departamento de Justicia. La dimisión surge luego que Andújar Matos removiera de su puesto a Quiñones Suárez, una decisión con la que la exgobernadora no estuvo de acuerdo. Trascendió que tanto Vázquez Garced como su secretario de la gobernación insistían en que no se suspendiera a Quiñones, quien había sido señalada de supuesta intervención política en la distribución de unos alimentos que eran sufragados con fondos federales.

En síntesis, los fiscales especiales independientes manejaron tres investigaciones entrelazadas: (1) los hechos denunciados por la exsecretaria de la Familia sobre la acción en su contra tras remover de su puesto a Quiñones Suárez; (2) todos los hechos relacionados con la fallida entrega de este caso al PFEI con la violación de la confidencialidad del informe; y (3) un conflicto de intereses de Burgos Vargas del que se advino en conocimiento por documentos recibidos tras una acción judicial en el Tribunal Federal de San Juan.

La OPFEI explicó que el referido de Andújar Matos a la Ética Gubernamental no está relacionado con su queja ante el Departamento de Justicia, sino con una serie de situaciones que surgieron como parte de la prueba recopilada en cuanto a estos hechos, de los cuales se obtuvo prueba en el curso de la investigación a fondo.

Sobre el despido de Andújar Matos, los FEI encontraron resistencia en la exsecretaria para sostener lo declarado bajo juramento ante el Departamento de Justicia, “Su testimonio distó mucho de la contundencia expresada anteriormente y no pudo aportar prueba que sustentara Ia misma”, informó el Panel en su resolución.

El referido a la exgobernadora y demás exfuncionarios se dio a conocer luego de que la jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra la exsecretaria interina del Departamento de Justicia por dos cargos de violación de la Ley de Ética Gubernamental y un tercero por resistencia y obstrucción a la autoridad pública.

Se le señaló una fianza de $15,000.

En la ampliación de la investigación contra Burgos Vargas, también se hizo un referido a la OEG, por su intervención al aprobar facturas de labores realizadas por su hermano, bajo contrato en el Departamento de Justicia, según consta en documentos de una demanda ante el Tribunal de Distrito Federal que fueron obtenidos en el transcurso investigativo.

De otra parte, entre los investigados figura la exsenadora Evelyn V Vázquez Nieves por alegaciones de beneficio político, tras su participación en la distribución de alimentos de ADSEF. De la prueba obtenida no surgió que, a los políticos presentes en la actividad se les hubiera permitido repartir los alimentos de ADSEF. Tampoco surgió pérdida de alimentos o que se hayan beneficiado a unas personas más que a otras por consideraciones político partidistas.

Se aclaró que la conducta señalada a Ia exsenadora, entre otras, el dar instrucciones a empleados de ADSEF, y contradecir órdenes dadas previamente por los supervisores de dichos empleados, podría ser constitutiva de infracciones éticas. Sin embargo, “Las infracciones de carácter ético de los legisladores son de la jurisdicción de los cuerpos legislativos. En vista de que la exsenadora no resultó electa, es inoficioso referirla a la Comisión de Ética del Senado porque carecen de jurisdicción sobre ésta”, se establece en el documento.

Del resultado de la investigación, no surge prueba que los lleve a proceder contra José A. Galarza Vargas ni María Teresa Zayas Gierbolini, ambos empleados de ADSEF, por lo cual se dispuso el archivo del caso contra estos.

Primera Hora solicitó una reacción a la exgobernadora pero al cierre de esta edición no se había recibido alguna respuesta.

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