Brasil | Larissa Ramina, especialista en Derecho Internacional: “Bolsonaro decidió causar cientos de miles de muertes para mantener las actividades económicas”

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Entrevista a Larissa Ramina, especialista en Derecho Internacional

Por Denise Godoy, de la redacción de NODAL

El 27 de abril, el Senado de Brasil instaló una comisión investigadora contra Jair Bolsonaro por su manejo de la pandemia. Desde la llegada del coronavirus, el presidente ha mostrado constantemente su postura contra las medidas preventivas de asilamiento, siendo un gran promotor de métodos cuestionables en el tratamiento de la enfermedad como el uso de la cloroquina. Cuatro ministros de Salud han pasado por el cargo en el último año y en la actualidad ya se superan las 450 mil muertes.

En conversación con NODAL, Larissa Ramina, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Federal do Paraná (UFPR), analiza los principales argumentos que motivaron esta investigación contra el presidente.

¿Por qué se creó la comisión parlamentaria y cuáles son los principales cuestionamientos hacia Bolsonaro?

Hay sospechas de que el gobierno de Bolsonaro es responsable de la propagación descontrolada del Covid-19. Brasil es el epicentro de la pandemia, es responsable de casi el 13% de todas las muertes en el mundo. El sistema de salud pública está colapsando, con la falta de camas de cuidados intensivos y la escasez de suministros. Ante hechos tan trágicos, es natural preguntarse quién es el responsable de la crisis sanitaria más grave de la historia de Brasil.

En un contexto en el que el expresidente Lula fue declarado inocente por el Tribunal Supremo Federal (STF), al mismo tiempo que se confirmó la sospecha de Sérgio Moro, ex juez y exjefe de la Operación Lava Jato, y el consiguiente debilitamiento del gobierno Bolsonaro, se creó un entorno político favorable para que los parlamentarios de la oposición lancen el debate sobre la necesidad de investigar la catastrófica acción del gobierno ante la pandemia. No sin razón, esta ha sido llamada la comisión de investigación “del genocidio”.

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), conformada por la mayoría de senadores de oposición e independientes, busca los actos y omisiones del gobierno y el posible desvío de fondos, los fracasos en la compra de vacunas y de la apuesta en medicamentos sin eficacia probada como la cloroquina. Otro punto será investigar si el gobierno ha actuado deliberadamente contra las gobernaciones para contener la pandemia.

Es bien sabido que el gobierno ha contradicho las directrices de la OMS y ha subestimado la ciencia en general. Brasil fue contra el mundo y en lugar de tomar medidas que podrían haber ayudado a salvar vidas, predicó la llamada “inmunización colectiva”. La administración de Bolsonaro decidió causar cientos de miles de muertes evitables para mantener las actividades económicas y evitar el gasto público en medidas preventivas. Para empeorar las cosas, el gobierno hizo todo lo posible para obstaculizar los esfuerzos de alcaldes y gobernadores para contener la pandemia.

Serán investigados cuatro ministros de Salud que ocuparon el cargo durante la pandemia, incluido el excanciller Ernesto Araújo, quien durante su mandato hizo fuertes críticas a China, lo que generó una crisis diplomática con uno de los mayores proveedores mundiales de equipos de salud y vacunas, y el mayor socio económico y comercial de Brasil. Existe la sospecha de que pueda haber comprometido la adquisición de vacunas.

¿Cuáles serían los posibles escenarios cuando finalice la investigación en el Senado?

Una CPI tiene poderes de investigación propias de las autoridades judiciales. Sin embargo, no tiene poder para condenar. Si la comisión entiende que hubo una irregularidad en los hechos investigados, puede remitir el informe final al Ministerio Público que decide si procede o no con las investigaciones. Cabe recordar también que los órganos de investigación no dependen del informe de la CPI para promover ninguna investigación relacionada con los temas investigados. Si el informe de la comisión se utiliza como base para una investigación por parte del fiscal u otro órgano judicial, los acusados están obligados a responder judicialmente.

En el caso de una investigación que involucre al presidente, hay dos caminos que se pueden tomar si la CPI recomienda responsabilizarlo. Si hay denuncia de que el presidente ha cometido delitos comunes, la eventual investigación es responsabilidad de la Procuraduría General de la República. Si concluye que el presidente ha cometido un crimen común, la PGR presenta una denuncia al STF, que es responsable por el juzgamiento del mandatario.

Si el informe indica que el presidente ha cometido un “crimen de responsabilidad”, puede enfrentar la apertura de un proceso de acusación y un eventual juicio en el Congreso. Sin embargo, la decisión sobre la apertura de un juicio político le corresponde al presidente de la Cámara. Por eso es un proceso mucho más político que jurídico, que depende de la correlación de fuerzas en el Parlamento.

¿Cuál cree que sea el trasfondo de las medidas de Bolsonaro contra la cuarentena y el manejo de la pandemia en general?

Algunos expertos consideran que la tragedia de la salud en Brasil es el resultado de una “estrategia” institucional, y por lo tanto intencional, del gobierno para perjudicar la lucha contra el coronavirus y estimular su transmisión. Tan pronto como el covid llegó a Brasil el gobierno adoptó una estrategia para hacer creer a la gente que hubo un tratamiento temprano. Incluso habló de una “guerra” contra gobernantes que adoptaron medidas de aislamiento. Instó a la población a invadir los hospitales, tratando de demostrar que la pandemia no sería grave y que los hospitales no estarían llenos. Ordenó operaciones policiales contra miembros de los departamentos de salud y contra gobernadores.

En términos de “guerra ideológica”, las estrategias de comunicación utilizadas por el gobierno consistieron en la difusión masiva de desinformación, fake news y difamación, a partir de un discurso político que utiliza argumentos morales, religiosos, ideológicos, económicos para convencer a las personas que no se adhieren a medidas de salud pública.

Un hecho muy importante es que el enfoque del gobierno tiene un componente misógino explícito. A pesar de que varios estudios científicos demuestran el impacto desproporcionado de la pandemia en las mujeres, el gobierno ha exacerbado las desigualdades de género. Hubo un alto número de muertes de mujeres embarazadas y en posparto como resultado del covid-19. En lugar de buscar priorizar el acceso a estos servicios para las mujeres embarazadas, el Ministerio de Salud recomendó que las mujeres en Brasil pospusieran el embarazo.

Finalmente, parece que las cuestiones de género son fundamentales para el enfoque de inmunidad colectiva de Bolsonaro, cuando afirmó, por ejemplo: “Tenemos que dejar de ser un país de maricones”, o que sólo morirán los “débiles”, una forma de presentar a los ancianos, a las personas con comorbilidades o incluso la comunidad LGBTQ +, como únicas víctimas.


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