Chile | Participación electoral y proceso constituyente – Por Felipe Ajenjo

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Por Felipe Ajenjo

Durante los últimos días se han conocido nuevos datos respecto al aumento de la participación electoral en el plebiscito del 25 de octubre. Hasta hace poco sabíamos que el plebiscito había sido la elección con mayor votación en la historia del país, lo que parecía confirmar un quiebre en una tendencia a la baja en la participación, sin embargo, esta se mantenía en niveles aún preocupantes, pues votó solamente el 50,9% de quienes estaban habilitados para hacerlo.

Las condiciones del plebiscito fueron muy particulares, dada la épica en torno a una elección histórica en el contexto de amplia movilización social, que adelantaba un mayor interés en la ciudadanía por votar, en un escenario de pandemia que amenazaba con afectar la participación en la dirección opuesta.

Hoy sabemos que ambas fuerzas afectaron de forma diferenciada a distintos grupos de edad. El 25 de octubre existió un marcado aumento en el voto de los jóvenes, con un incremento de más de 20 puntos porcentuales en los niveles de participación de la población entre 18 y 29 años, transformándose en el grupo de edad con mayor participación electoral (sobre el 56%).

Históricamente en Chile, la participación es más alta en los grupos de mayor edad, siendo las personas entre 60 y 74 años quienes votaban en mayor proporción (sobre 65% de participación en 2017) y con los jóvenes en gran mayoría al margen de los procesos electorales.

El plebiscito rompió cualquier tendencia al respecto, tanto por el mencionado aumento en los niveles de participación de los grupos jóvenes como por la caída en la votación de los grupos de mayor edad. La participación de las personas sobre 55 años y de mayor riesgo ante un contagio por COVID-19 cayó de forma importante, llegando a niveles cercanos al 50%, cuando históricamente superaban ampliamente el 60% de participación.

El aumento de la participación de los grupos jóvenes es una buena noticia. Ya en 2017 se constataba que, si bien todos los grupos de edad habían bajado su participación en comparación con 2013, el grupo entre 18 y 24 años la había aumentado levemente. La literatura internacional señala que la participación en procesos electorales y otras instancias de decisión colectiva, se transforma en una práctica que suele repetirse en el tiempo y, por ello, muchos de los esfuerzos por promover la participación se han orientado a los jóvenes, incluso en el ámbito escolar. Si el mayor voto de los jóvenes se mantiene y la caída en el número de personas de mayor edad que participan del proceso se debe solamente un factor pasajero, podríamos esperar mayores niveles de participación electoral a futuro.

Al igual que para el plebiscito, hoy nos enfrentamos a un proceso electoral que tiene muchas interrogantes desde el punto de vista de la participación. ¿Veremos nuevamente abstención de los grupos de mayor edad producto de la pandemia o, por el contrario, la cobertura de la vacuna generará la confianza necesaria para que retomen sus niveles de participación? ¿Se movilizarán nuevamente los jóvenes para la elección de convencionales como lo hicieron en la pasada elección o se ha perdido el ánimo constituyente, dada la distancia con el plebiscito? ¿Se reducirá la participación de los jóvenes debido a la desinformación respecto una elección más compleja y cuya relevancia parece menos clara?

Es valioso reflexionar sobre la necesidad de no esperar a conocer dichas respuestas y más bien intentar influir en ellas. Resulta necesario mantener el interés de la ciudadanía y de los nuevos votantes en un proceso que se ha dilatado producto de la pandemia, y trasladar ese impulso también a futuras elecciones. Será fundamental dedicar tiempo, trabajo y recursos a informar activamente sobre el proceso para evitar que el ánimo y atención se diluyan, perdiendo la oportunidad de seguir incluyendo a una mayor parte de la ciudadanía en procesos que son centrales para el funcionamiento de la democracia.

Será valioso también para la Convención reconocer el interés de la ciudadanía en el proceso, incorporando en su trabajo espacios para permitir la participación y la consulta con posibilidad de incidencia, demostrando que es posible permear las decisiones políticas desde la ciudadanía y a través de espacios institucionalizados.

Desde el 2020, el PNUD se ha abocado a promover la participación, transparencia e inclusión en todo el proceso constituyente, puesto que ello contribuirá a ampliar la legitimidad social de la nueva Constitución, clave para sentar bases de un nuevo pacto social y cimentar procesos democráticos cada vez más inclusivos.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.


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