Colombia | Organizaciones denuncian más de 30 manifestantes asesinados y Duque inicia un diálogo pero sin los líderes del paro

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Temblores ONG denuncia 37 víctimas de “homicidio” en el Paro Nacional

Temblores ONG entregó el reporte actualizado de denuncias contra la Policía en el marco del Paro Nacional. Las víctimas mortales serían 37 y los casos por disparos con arma de fuego ascienden a 110, asegura la organización. “Será la Fiscalía la que determine quién provocó esas muertes”, dijo vocero de la Policía.

Temblores ONG sigue registrando posibles casos de abuso policial durante el Paro Nacional convocado inicialmente contra la reforma tributaria del gobierno Duque, pero que ha escalado en ocho días de violentos enfrentamientos en las principales ciudades del país. De acuerdo con la última actualización, las víctimas de “violencia homicida” ya serían 37 desde el pasado 28 de abril.

“Lamentablemente, tenemos que informar a la ciudadanía, a la comunidad internacional y a los medios de comunicación que nuestra plataforma GRITA ha podido registrar que, entre las 6:00 AM del 28 de abril y las 12:00 PM del 5 de mayo de 2021, ocurrieron, al menos, a nivel nacional, 1708 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública”, informó Temblores ONG.

La última vez que Temblores había entregado un balance de la grave situación en Colombia, informó sobre 1.443 casos de violencia policial, lo que significa un crecimiento de 265 denuncias en solo 24 horas. En el nuevo reporte, Temblores ONG entrega a la opinión pública un balance de 222 víctimas de violencia física, 831 detenciones arbitrarias, 312 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 22 víctimas de agresiones oculares, 110 casos de disparos con arma de fuego y diez denuncias por violencia sexual.

La organización aseguró que seguirá con su trabajo de registro y atención a las denuncias por violencia policial. Además, llamó la atención por el incremento en el uso de recalzadas -bolsas con elementos metálicos en su interior-, cortes simultáneos de la energía durante la noche -especialmente en Cali- y la suspensión del servicio de internet en zonas donde se estaba documentando la reacción de la Fuerza Pública.

Además, Temblores ONG realizó una serie de recomendaciones a los ciudadanos, teniendo en cuenta que desde hace días, según sus denuncias, no hay garantías plenas para ejercer el derecho a la manifestación pacífica. Invitó a quienes saldrán a las calles a regresar a sus casas alrededor de las 6:00 p.m., ingresar a la plataforma GRITA para documentar los casos de abuso policial y comunicarse vía WhatsApp ante cualquier arbitrariedad por parte de los uniformados.

“Por siete días consecutivos, y a pesar de la violencia con la que el Estado ha reprimido las protestas sociales, la ciudadanía ha salido masivamente a manifestarse y a reclamar sus derechos en las calles. A medida que se recrudece la violencia por parte del Estado, crece la indignación ciudadana y se aumentan nuestros registros de violencia policial. Durante todos estos días, hemos alertado a la comunidad internacional de la gravísima situación de derechos humanos que atraviesa el país”, explicó en el reciente comunicado.

Por su parte, la Campaña Defender la Libertad: asunto de todos/as, en su ejercicio propio de monitoreo, registró un total de 326 agresiones a la protesta en los últimos siete días. La organización defensora de derechos humanos tiene en sus cuentas 2854 detenciones, 1177 denuncias por manifestantes heridos, 27 lesiones oculares y el dato de 72 muertes durante el Paro Nacional, de las cuales 37 habrían sido cometidas por miembros de la Fuerza pública.

Entre tanto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicó su primer informe sobre “homicidios” en el marco de las protestas y el resultado es idéntico al denunciado por Temblores ONG hace un par de días: 31 muertes. El departamento más golpeado es Valle del Cauca, pues 25 de esos decesos se registraron allí. Indepaz asegura que el Esmad podría haber causado la muerte de 13 personas y policías regulares a otras cuatro.

Uno de los homicidios que, presuntamente, fue causado por agentes de la Policía, según Indepaz y testimonios ciudadanos, es el del joven de 19 años Santiago Andrés Murillo, a quien le dispararon en el tórax el pasado 1° de mayo en Ibagué. En el medio regional Ecos de Combeima quedó registrado cuando su madre, Sandra Milena Meneses, se enteró de que el manifestante había muerto en la Clínica Nuestra Ibagué. “Llévame contigo, hijo”, repitió esa noche y al día siguiente en una nueva jornada de manifestaciones.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, entregó las menores cifras en cuanto a muertes en el Paro Nacional. Según la entidad, solo se tiene reporte de 24 “fallecimientos” y uno de ellos corresponde al capitán Jesús Alberto Solano, quien murió el pasado 30 de abril tras recibir puñaladas en su espalda, cuando intentó frustrar un atraco en un local comercial de San Mateo (Soacha). Por otro lado, la Defensoría indicó a la Policía como posible autor de 11 muertes.

Policía pide debido proceso

El general Jorge Ramírez, inspector de la Policía Nacional, exigió este 5 de mayo que se respete el debido proceso: “Los 11 casos a los que hace referencia la Defensoría obedecen a que en esos lugares donde fueron reportados los fallecimientos había una intervención de la Policía. Pero eso no quiere decir que la Policía sea responsable de esas muertes. Será la Fiscalía la que determine quién provocó esas muertes. Como lo hemos dicho, la Fiscalía tiene siete procesos priorizados por homicidios y la Procuraduría asumió ocho casos de las 33 investigaciones abiertas”.

Mientras las cifras de heridos y muertos siguen engrosando las estadísticas de organizaciones sociales, tanto el fiscal general Francisco Barbosa como el ministro de Defensa Diego Molano responsabilizan al Eln y a las disidencias de las Farc por los actos vandálicos. Molano, de hecho, el pasado 1° de mayo señaló al grupo residual Gentil Duarte y a un movimiento conocido como JM19. Barbosa, por su parte, involucró en las investigaciones a grupos de narcotráfico pero no indicó cuales.

“Estamos concentrando toda nuestra acción en el esclarecimiento de los homicidios, quema y vandalismo de establecimientos públicos y privados, saqueos, abuso de la fuerza pública y contra la fuerza pública, obstrucción de vías, con lo cual se ha afectado derechos como la salud. Se ha bloqueado, por ejemplo, el ingreso de material médico vital como las vacunas COVID en la ciudad de Cali y otros derechos de alimentación de millones de ciudadanos de esta ciudad”, dijo Barbosa, anoche desde la capital del Valle.

El Espectador


Continúan las protestas mientras Duque arranca un diálogo sin manifestantes

Continúan las protestas mientras Duque arranca un diálogo sin manifestantes. Miles de personas volvieron este miércoles a las calles de Colombia para participar en el segundo “paro nacional” de protesta contra el Gobierno, que arrancó diálogos con distintos sectores políticos, económicos y sociales, pero sin invitar a líderes de los manifestantes ni de la oposición.

El paro, que ocurre en la octava jornada consecutiva de protestas, se ha realizado mayoritariamente en paz.

Las manifestaciones arrancaron el 28 de abril contra la ya retirada reforma tributaria del Gobierno colombiano y hoy continúan, entre otras cosas, en rechazo a la brutalidad policial, que según la ONG Temblores se ha cobrado la vida de 37 personas en los últimos ocho días.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo aseguró que las protestas han dejado 24 víctimas mortales y que en 11 de los casos la Policía es la presunta responsable de las muertes.

Continúan las protestas mientras Duque arranca un diálogo sin manifestantes
Este miércoles también comenzó el “encuentro para avanzar en una agenda sobre lo fundamental”, la convocatoria al diálogo que hizo el presidente Duque y en la que participaron representantes de universidades, organizaciones estudiantiles, líderes comunitarios, gobernadores y alcaldes, según el Gobierno.

Sin embargo, diversos sectores han criticado que en esta convocatoria inicial el presidente no haya tenido en cuenta a los líderes del Comité Nacional de Paro, organizadores de las protestas, ni a los opositores que han impulsado las manifestaciones.

“Se le abona al presidente Iván Duque su voluntad de diálogo, pero francamente no entiendo por qué no se reúne desde hoy a buscar acuerdos con el Comité del Paro, que espera diálogo serio desde el 2019″, expresó Juan Fernando Cristo, exministro del Interior.

También criticó al mandatario la alcaldesa de Bogotá, que ve necesario que Duque reconozca los abusos que ha cometido la fuerza pública, pues el presidente ha evadido esa discusión e incluso ha justificado las actuaciones policiales como respuesta al vandalismo que ha sido infiltrado “por las mafias del narcotráfico”.

“La salida política, y de acuerdo, a esta crisis que lleva más de ocho días la tiene el Gobierno Nacional en sus manos. Agradezco el llamado al diálogo, pero quisiera hacer un llamado a la sensatez: con los que hay que dialogar es con los que están en la calle, que son jóvenes”, dijo López.

Agregó: “Es a esos jóvenes a los que el Gobierno Nacional debe ofrecer un alto al fuego (…) Eso crece el dolor y la indignación. Hay que reconocer que ha habido abusos de lado y lado”.

Mientras tanto, los diálogos continuarán el jueves con la participación de los presidentes de las altas cortes, que hicieron además un llamado “a los líderes del país a aplicar genuina empatía en esas mesas de diálogo” y pidieron que “estos espacios incluyan a todos los actores involucrados en la protesta pacífica y malestar social”.

Según el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, que coordina estos diálogos, los dirigentes del Comité Nacional del Paro participarán en las conversaciones el próximo 10 de mayo, cuando se cumplirían 13 días desde el inicio de las manifestaciones.

Publimetro


En medio de las protestas en Pereira, disparan a dos jóvenes

Videos difundidos a través de las redes sociales mostraron el momento en que, en medio de una manifestación en Pereira, en el departamento de Risaralda, dos jóvenes son impactados por balas que dispararon desde un carro que pasó por el lugar.

Los hechos ocurrieron en el viaducto César Gaviria, el cual une a la capital del departamento con el municipio de Dosquebradas, cuando un carro color gris llegó al lugar, y mientras estaba cerca al grupo de manifestantes, uno de los ocupantes del vehículo disparó en repetidas ocasiones contra el grupo.

Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Aníbal Villamizar Serrano, dijo, según El Tiempo, que en total hubo tres heridos con arma de fuego en el sector mencionado de la ciudad.

’’Invitamos a los ciudadanos que tengan videos y material probatorio que por favor sean aportados urgentemente, la necesidad es que este hecho sea esclarecido en el menor tiempo posible’’, dijo el coronel.

Por su parte, el Secretario de Gobierno de la ciudad Álvaro Arias, aseguró: ’’rechazamos tajantemente este hecho y no vamos a permitir que se presenten más en Pereira. Exigimos que se esclarezcan los hechos sicariales presentados en esa noche, ofrecemos hasta $ 50 millones a cualquier persona que nos pueda aportar material probatorio’’.

Mientras uno de los heridos, que recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y el otro en su miembro inferior derecho, fue trasladado hasta el hospital San Jorge de Pereira, los otros dos fueron llevados hacia la clínica Los Rosales de Pereira y hospital Santa Mónica de Dosquebradas.

Otros videos difundidos en redes sociales muestran que los jóvenes afectados estaban haciendo pedagogía sobre las razones de las protestas en diferentes lugares de la ciudad. Antes del atentado habían recibido víveres y elementos por parte de quienes se sumaron al paro.

Vale la pena recordar que este 5 de mayo, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, sostuvieron una reunión en la que decidieron instalar una mesa interinstitucional de información en el marco de la protesta social, con el fin de informar de manera transparente y oportuna sobre los casos de homicidios y presuntos desaparecidos que se han presentado durante las manifestaciones.

Durante la reunión, la Defensoría del Pueblo reportó 24 homicidios, ejecutados durante las jornadas de protestas, de los cuales el ente acusador estableció, en el marco de sus competencias, que 11 muertes violentas se dieron dentro de las manifestaciones, 7 están en proceso de verificación y 6 más no tienen relación con las jornadas de movilización, acreditadas con los distintos informes de Policía Judicial.

Según lo indicado por el fiscal Barbosa, de los 11 casos de homicidios, 3 de esos hechos les serán imputados a miembros de la Policía Nacional.

La competencia que tiene la Fiscalía, en el caso de los desaparecidos, es activar los mecanismos de búsqueda urgente con la finalidad de ubicar a las personas de manera inmediata de los casos reportados por las diferentes entidades.

En ese sentido, el jefe del ente acusador destacó un equipo de fiscales y Policía Judicial del CTI, la Dijín y la Sijín de la Policía Nacional, que estará coordinado por un fiscal adscrito a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, tendiente a recaudar material probatorio que permita esclarecer los hechos reportados.

Igualmente, se contará con un delegado del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que estará encargada de que las personas reportadas como desaparecidas queden en el registro nacional. Además, apoyará en la ubicación de las personas a partir de la identificación plena de cadáveres.

Con relación a las desapariciones, la Defensoría, a través de sus mecanismos internos de quejas, presentó 89 casos. No obstante, al depurar la información, la Fiscalía con sus equipos en terreno y personal de la misma Defensoría lograron ubicar a 38 personas.

“La Defensoría del Pueblo ha recaudado información, quejas y reporte de toda la ciudadanía a través de los canales de atención en las 42 regionales en todo el país. Reportes sobre presuntas desapariciones y homicidios en el marco de la protesta social, para lo cual ha activado un mecanismo de búsqueda que consiste en visitar Medicina Legal, las Unidades de Reacción Inmediata, las estaciones de Policía y los centros de protección por traslado, así como también hospitales y clínicas”, señaló el defensor Carlos Camargo.

Semana


Paro Nacional: 23 organizaciones piden a la CIDH que visite Colombia

“Las organizaciones que suscribimos la presente comunicación constatamos con indignación, temor e impotencia que la violencia estatal no cesa y se ha ensañado contra sectores organizados y movilizados, la mayoría juveniles. Además de las valiosas acciones que la Comisión ha realizado en llamamiento al cese de la violencia, respeto y garantías a la protesta social y seguimiento a sus estándares, consideramos que dado el escalamiento de la situación se requieren otras acciones, como una visita in loco en la que se puedan documentar en terreno las denuncias de las víctimas y procesos organizativos afectados”.

Con esas palabras, 23 organizaciones de derechos humanos de todo el país se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitarle al organismo internacional que haga presencia en el país. “Queremos reiterar el incremento del autoritarismo y la cooptación de los mecanismos de rendición de cuentas”, señalaron los firmantes de la carta, pues, en su criterio, la Fiscalía y la Procuraduría “han evidenciado un comportamiento asimétrico y parcializado en la investigación de los hechos que alteran la protesta, enfocada en la investigación de denuncias de agentes estatales y omitiendo, al igual que en ocasiones anteriores, sus funciones en relación con las denuncias de agresiones a los manifestantes”.

En la misiva, la Defensoría del Pueblo, tan criticada estos últimos días, tampoco salió bien librada: “Por su parte, el Defensor del Pueblo ha incumplido sus obligaciones de acompañar el ejercicio de derechos en las marchas y sus funciones de garante de los derechos de la población”. Y agregaron: “De igual forma, notamos la ausencia de mecanismos en torno a la rendición de cuentas, registro y publicidad de las actividades de los operativos que permitan establecer responsabilidades posteriores. Por tal razón, consideramos conveniente impulsar y conformar un Grupo Especial de Investigación”.

El papel de organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han sido duramente criticados en los últimos días por quienes, principalmente, defienden el derecho a la protesta. La Fiscalía, por ejemplo, solo hasta hoy 5 de mayo estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cali con independencia de la fuerza pública, a pesar de que, desde el tercer día de protestas, era evidente que la capital del Valle era el epicentro de los mayores desmanes tanto de vandalismo como de militares y policías que han sido enviados a la ciudad.

En su primer gran pronunciamiento sobre el tema del paro, que lo dio ayer 4 de mayo, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que detrás de las movilizaciones en Cali hay narcotráfico, Eln y disidencias de las Farc. El Espectador preguntó a la Fiscalía qué soportes, evidencias o imputaciones hay para hacer esas aseveraciones pero, hasta el momento, no ha habido respuesta. En ese pronunciamiento, sin embargo, el fiscal no se refirió en lo absoluto a investigaciones, por ejemplo, por abusos de la fuerza pública en contra de la población civil.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, fue duramente criticado por su notoria ausencia el pasado fin de semana, mientras las movilizaciones subían de tono, los hechos de vandalismo aumentaban y los desencuentros entre manifestantes y uniformados también empezaban a dejar más saldos en rojo. Camargo, incluso, tuvo que salir a medios de comunicación a tratar de desmentir la versión de que se había ido a una casa de descanso cerca de Bogotá. Esta semana, sin embargo, tanto esa entidad como la Procuraduría se han mostrado un poco más involucradas en la realidad nacional, al punto que ya anuncian cuando menos indagaciones preliminares (el Ministerio Público) y sacan listados de reportes de personas desaparecidas (la Defensoría).

El panorama, sin embargo -y más allá de las omisiones de esas entidades estatales- sigue siendo muy complicado en el país. Por eso organizaciones como Dejusticia, Colombia Diversa, la Comisión Colombiana de Juristas, Sisma Mujer, dhColombia, Católicas por el Derecho a Decidir, Corporación Reiniciar o Women’s Link Worldwide piden la presencia de delegados de la CIDH en el país. El Grupo Especial de Investigación que proponen, dicen, debería hacerse cargo de casos de “violaciones a derechos humanos y graves crímenes cometidos por la fuerza pública en entornos de protesta y manifestaciones sociales que abarque los hechos de los últimos tres años”.

El Espectador


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