Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia: “Hay información en las redes sociales de ataques desde Rusia y Venezuela”

1.275

Entrevista a Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia. Frente a la moción de censura, ¿tranquilo, asustado o envalentonado?

¿Cómo puede ser posible que el primer requisito de los del comité del paro sea el ‘respeto por la protesta’? Inclusive antes de solicitar cualquier reivindicación…

El presidente Duque y su gobierno tienen un talante democrático para el respeto por la manifestación pacífica. De hecho, ha habido más de 8.000 actividades de manifestación pública desde el 28 de abril, en más de 720 municipios, todas acompañadas por la fuerza pública. Pero en este periodo de tiempo se han presentado 948 disturbios que afectan, por violencia, a la institucionalidad y a los sistemas de transporte público. En esos casos ha tenido que intervenir la fuerza pública.

Ministro, ¿ha habido en Colombia abuso de la fuerza pública?

La fuerza pública ha actuado de acuerdo con los protocolos todo el tiempo. Cuando desafortunadamente se han presentado hechos violentos por los disturbios, pues ha tenido que actuar. Registramos 979 civiles y 966 uniformados lesionados. Cuando se han presentado denuncias especiales por algún tipo de acto irregular de la fuerza pública en este periodo de tiempo, inmediatamente se han abierto las investigaciones, 142 disciplinarias desde el 28 de abril hasta el momento.

¿Me puede discriminar esas investigaciones?

De esas 142 investigaciones, 68 han sido por abuso de autoridad; 10 por homicidio; 28 por agresiones físicas; 14 por lesiones personales. Inclusive, ya las procuradurías regionales están investigando 51 casos. La Procuraduría, por poder preferente, ha asumido 20, lo mismo que la Justicia Penal Militar, y la Fiscalía, por ejemplo, tiene 70 noticias criminales por presunto abuso de autoridad. Se trata de actos irregulares de una característica individual, porque en la generalidad, miles de policías que están en este dispositivo de apoyo durante esas movilizaciones han actuado en estricto apego a la ley.

En las últimas horas ha recibido usted una embestida, durísima, del ex- presidente Gaviria, con su propuesta de manejar los bloqueos a punta de fuerza pública. Incluso, ha anunciado que apoyará la moción de censura en su contra. ¿Qué le contesta?

Todo el respeto por el presidente Gaviria. Pero hay una afirmación suya de que yo he calificado los bloqueos como actos terroristas. Eso no es cierto.

Sí, incluso asegura que usted mandó a incendiar el paro…

El bloqueo no es un derecho constitucional. Tiene sanciones en el Código Penal y en la Ley de Seguridad y Convivencia, sobre todo cuando son bloqueos en vías primarias que afectan derechos de los ciudadanos. Hemos encontrado que cuando los bloqueos son de forma permanente, en situaciones prolongadas, que afectan abastecimiento de alimentos, de ciudades como Cali, o abastecimiento de combustibles, como Popayán, o que están afectando el empleo, como sucede en el norte el Cauca. Estos desbloqueos deben darse con estricto apego a la ley, pero tiene que intervenir la fuerza pública, porque afectan derechos de terceros, como es tener ciudades enclaustradas o regiones en situación de desabastecimiento.

Es decir, ¿el bloqueo es un acto delictivo?

Está establecido como un delito.

¿Es un acto terrorista?

Es un delito que afecta derechos de los otros y por eso tiene que actuar la fuerza pública. Mire el caso de Buenaventura: tenemos un puerto por el que entra el 60 % de las importaciones nacionales. Un bloqueo allí afecta directamente y de forma grave y severa los derechos de los demás colombianos. Y en ese caso es necesario intervenir.

¿Cómo ha sido la relación con los alcaldes? Algunos parece que no dejan actuar a la autoridad nacional, pero ellos tampoco lo hacen…

Algunos alcaldes que se han comprometido a desarrollar procesos de concertación para levantar los bloqueos, y han solicitado que no haya intervenciones de la fuerza pública; y después de que son acordados, a los dos días se rompen los acuerdos, como fue el caso de Buga, o de Yumbo, o lo del martes en Buenaventura. A pesar de que hemos avanzado en desbloqueo, hoy los bloqueos persisten en el suroccidente del país, en el Valle del Cauca, en Cauca, y en Nariño. Planeamos hacer concertaciones con comunidades indígenas, sobre todo en Cauca y Nariño, antes de hacer cualquier actuación de la fuerza pública.

¿Las caravanas humanitarias no son una burla al derecho de locomoción?

No compartimos ese concepto de caravanas humanitarias, porque aquí debería haber, primero, un derecho a la libertad y a la libre movilidad para todos los colombianos.

¿Ustedes, en materia de inteligencia militar y de policía, cómo describirían a la persona que está detrás de un vándalo?

Lo que hemos encontrado en sitios específicos, como es el caso de Cali y en algunas otras ciudades, es que hay un esfuerzo sistemático, premeditado, financiado, de afectar la estabilidad regional o la estabilidad institucional. Lo vimos en Cali, donde atacaron premeditadamente, primero la gobernación, luego la alcaldía, luego la Fiscalía, luego la Procuraduría, luego Dian. Al día siguiente, y es lo que pasa en otras ciudades también, sucedió en Pereira, después en Popayán. Atacan estaciones de sistemas de transporte público y las afectaciones han sido severas. Solo, por ejemplo, en ese esfuerzo sistemático, ha habido más de 1.099 buses de transporte público afectados, más de 183 estaciones de estaciones afectadas. En el caso de Cali, inhabilitaron durante más de semana y media todo el sistema de transporte público, porque quemaron buses y estaciones. Y han atacado sistemáticamente a la justicia, por ejemplo, el caso de las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía.

El bloqueo no es un derecho constitucional. Tiene sanciones en el Código Penal y en la Ley de Seguridad y Convivencia, sobre todo cuando son en vías primarias, que afectan derechos de los ciudadanos”

¿Y qué han encontrado en esas investigaciones?

Que allí hay unas organizaciones criminales que articulan esfuerzos con grupos de vándalos que buscan hacer ese ataque sistemático. Hasta el momento se han desarrollado más de 23 capturas, entre las 3 más relevantes está alias ‘Lerma’, en el caso de Cali, vinculado con el frente urbano del Eln . Lo encontramos desarrollando actividades de vandalismo en posesión de una granada aturdidora que habían llenado de explosivos y tenía una marca del Esmad, para afectar la credibilidad de la fuerza pública.

Encontramos también a alias ‘Jacobo’, de las disidencias de las Farc, encargado del desarrollo de actividades de financiación del vandalismo que se dio en Cali, inclusive instigando a la violencia a través de redes sociales. Lo mismo sucedió con alias ‘Barbado’, en Manizales, también capturado y comprometido en actividades vandálicas. Son organizaciones narcocriminales con el negocio del narcotráfico detrás.

¿Qué pasó en Cali, ministro? En cortico…

Hay un grupo muy importante de ciudadanos, sobre todo de jóvenes de las comunas, que tiene unas grandes preocupaciones sociales. Pero simultáneamente han surgido unas manos criminales que organizaron un ataque sistemático, premeditado, contra las instituciones, contra los establecimientos de comercio, y con bloqueos estratégicos para afectar la estabilidad en el Valle del Cauca.

¿Usted descarta que el Eln y las milicias urbanas y las disidencias de las Farc estén participando en ahondar los desórdenes de las marchas?

No. Por el contrario, están con todo el interés de ahondar y profundizar el vandalismo. No podría asegurar ninguna relación con las manifestaciones pacíficas, pero frente a hechos de vandalismo, sí. De hecho, las dos personas que han sido capturadas, ‘Lerma’, del Eln, tiene una relación directa con el frente urbano y con Marcos Pacífico. Esta semana hemos detectado que ya no solo quieren intervenir y desarrollar acciones en las ciudades, sino que han movilizado y han presionado, tanto el Eln como las disidencias de las Farc, a la movilización de cocaleros. Lo estamos viendo en el caso de Guaviare y Meta; en el caso del Catatumbo, donde han buscado presionar a los campesinos para que participen sobre todo en los actos de manifestaciones pacíficas; y en muchos casos con el objetivo de orquestar vandalismo, sobre todo para afectación a las estaciones de policía.

¿No es una ironía que hoy la policía sea considerada la enemiga de aquellos a quienes precisamente tiene que cuidar y proteger?

Una situación es la que se está viviendo en las calles, y otra la que se está viendo en las redes sociales. Y sí hemos visto un esfuerzo sistemático por desacreditar a la policía, inclusive en las cifras. Uno ve una cantidad de noticias falsas relacionadas con el número de personas afectadas, desaparecidas. Solo para mencionar, en un ejercicio de ciberseguridad que tenemos nosotros con la policía, en este periodo han salido 102 noticias falsas, identificadas en actividades de redes sociales; el 55 por ciento de esas noticias para desacreditar a la policía. Hay información en las redes sociales de bastantes ataques y movilizaciones, desde Rusia, desde Venezuela y, de hecho, por ejemplo, del total de cuentas falsas que hemos encontrado, engañosas, unas están en Bangladés, en México, en Venezuela. Y en otros, movimientos hashtag como el de “nos están matando”. Aquí también tenemos un reto enorme.

¿O sea, cuentas, bodegas falsas sí hay?

Sí, claro. Son trolls. Pero yo creo que cada vez tenemos una mejor policía, una que ayuda a defender las instituciones, para que sea más apreciada y querida por los colombianos. Pero sí vemos un enfoque sistemático para desacreditarla. En estos casos en los que se han presentado actos irregulares, individuales, porque no es una práctica generalizada, lo que hemos buscado es colaborar con la justicia, para que no haya impunidad.

El Congreso le tiene preparada para la semana entrante una moción de censura. ¿Eso lo tiene atortolado, asustado o envalentonado?

Lo primero es que la responsabilidad de todos los funcionarios es siempre dar y hacer rendición de cuentas ante el Congreso de la República, como nos corresponde. Vivimos en una democracia, creemos en las instituciones, en su legalidad y estaremos siempre prestos a entregar la información pertinente ante el Congreso.

Lo más importante es que hemos venido actuando con todo compromiso, dedicación para lograr restaurar el orden y la tranquilidad aquí en las zonas y ciudades más afectadas. Con estricto apego a la ley, con toda pasión, bajo dos compromisos: uno, que todos los colombianos tengan la seguridad de que no se verán afectados por el vandalismo; y segundo, tener la tranquilidad de que en nuestra fuerza pública, sobre todo, haya un respeto por los policías y soldados de Colombia, cuya única función es la preservación de la vida y la tranquilidad de los colombianos.

Y la pregunta del momento: ¿qué es lo cierto en todas las versiones sobre la muerte de ‘Santrich’?

Lo que sabemos es que fue dado de baja en una confrontación.

¿Confrontación entre quién y quién?

Entre bandas criminales.

¿O sea que ni el ejército venezolano ni el colombiano participaron?

La información que tenemos sobre Venezuela es únicamente por inteligencia. Y la que hemos podido recopilar es que ‘Santrich’ falleció en esa confrontación.

¿Pero cabría la posibilidad de que no esté muerto?

Mientras no verifiquemos otra cosa, esa es nuestra versión oficial. Pero no tenemos ninguna confirmación distinta de su muerte, eso está en validación.

El Tiempo


VOLVER

Más notas sobre el tema